El Gobierno Nacional esperará hasta este miércoles para que la Corte Constitucional reactive la emergencia económica, que suspendió el pasado 29 de enero. Si eso no sucede entonces el plan del Ejecutivo obedece a decretar una nueva para recaudar recursos y atender la ola invernal que afecta a numerosos municipios colombianos.
El propio Armando Benedetti, ministro de Interior, dijo en declaraciones a medios de comunicación que la idea del Gobierno Nacional es esperar hasta mañana (miércoles 11 de febrero) para que la Corte levante la suspensión a la declaratoria económica, de lo contrario, el Ejecutivo hará la nueva declaratoria por orden del presidente Gustavo Petro.
De hecho, este 10 de febrero se realizó un consejo de ministros en Córdoba, uno de los lugares más afectados por la crisis climática. En ese espacio, el Gobierno anunció que solicitó a la Corte Constitucional dejar sin efecto la suspensión de la emergencia económica.
Y también brindó detalles sobre su plan: el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el Ejecutivo no puede quedarse inmóvil ante la crisis climática actual y que, por el contrario, está obligado a explorar mecanismos y alternativas que permitan conseguir los recursos adicionales necesarios para enfrentar esta situación.
Ávila aclaró que, de concretarse una nueva emergencia económica, las medidas que se adopten deberán ser diferentes a las incluidas en la anterior declaratoria, que fue suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional.
Juristas consultados por EL COLOMBIANO consideran poco probable que la Corte levante esa suspensión. La Corte la dejó sin efectos al concluir carencia de hechos sobrevinientes e imprevistos: el Gobierno no demostró que existieran circunstancias nuevas y extraordinarias que justificaran el uso de poderes excepcionales.
Además, los magistrados aclararon que los estados de excepción son medidas extraordinarias y deben usarse solo en situaciones que realmente lo ameriten, para evitar abusos de poder.
El camino más fácil es declarar una nueva emergencia
Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y especialista en derecho tributario, advirtió que la actual crisis climática no subsana “de manera retroactiva el defecto de origen que la Corte identificó en la emergencia suspendida”, por lo que considera poco probable que pueda reactivarse.
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El alto tribunal dejó sin efectos esa declaratoria al determinar que no se acreditaron hechos sobrevinientes e imprevisibles, es decir, que el Gobierno no probó la existencia de circunstancias nuevas y extraordinarias que justificaran el uso de facultades excepcionales.
Asimismo, la Corte recordó que los estados de excepción son herramientas extraordinarias que deben aplicarse únicamente cuando la situación lo exige de forma estricta, con el fin de evitar posibles excesos en el ejercicio del poder.
En ese contexto, Correa sostiene que no habría fundamento jurídico suficiente para levantar la suspensión. Por ello, estima más viable que el Gobierno avance hacia una nueva declaratoria de emergencia con medidas tributarias renovadas o similares a las anteriores.
Se recogerán 8 billones con un impuesto al patrimonio de empresas
El Ministerio de Hacienda propone concentrarse en una medida central de financiamiento: un impuesto al patrimonio con criterio progresivo, similar a experiencias previas de impuestos a la riqueza implementadas en años anteriores.
El gravamen se aplicaría exclusivamente a personas jurídicas con patrimonios elevados, con el objetivo de no afectar a la pequeñas y medianas empresas. Según detalló Ávila, el impuesto comenzaría a cobrarse a partir de patrimonios líquidos de 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.000 millones.
Para el año 2026, estos patrimonios tendrían una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT —cerca de $30.000 millones—. Los patrimonios que superen ese umbral (es decir, superiores a $30.000 millones) pagarían una tarifa de 1,2%.
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