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Huecos y lecciones que ya deja al país el largo paro camionero

  • Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
    Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Por David Ortiz Castaño | Publicado el 19 de julio de 2016

Más allá del aumento en fletes de carga, de focos de desabastecimiento en el país, de falta de combustible, de desmanes que acabaron con la vida de un fabricante de carrocerías en Duitama (Boyacá) y del estancado diálogo entre transportadores y Gobierno, la factura que ya pasó este paro camionero al país solo puede pagarse si se aprenden las lecciones.

Por un lado, es imperiosa la necesidad de una revisión estructural de los problemas que aquejan a los transportadores, grandes y pequeños. Pero se debe hacer con sentido honesto y realista: que las partes despejen sus dudas, propongan salidas y, sobre todo, se hable el mismo lenguaje de desarrollo.

Por otra parte, hay una evidente dificultad del Gobierno para contener en fronteras legales una protesta social. La de los camioneros, según ellos por cuenta de infiltrados, rompió la barrera del delito una y otra vez. Por eso es clave que el Ejecutivo cree una metodología de trabajo para evitar el escalamiento, tanto en el discurso que convoca la protesta, como en actos vandálicos que desencadenen las manifestaciones .

EL COLOMBIANO consultó a expertos que han visto el “paro desde la barrera” y cómo se exige cumplimientos de promessas a un sector económico y la promoción del bienestar general sobre el particular. Esta puja deja cuatro lecciones necesarias para que cuando se transite la vía del paro, no se vuelva a caer en los mismo huecos.

En definitiva
Al Gobierno le queda una lección clara: debe actuar rápido y tener bien delimitada la frontera entre el respeto por el derecho a la protesta y el vandalismo. Mientras tanto, queda la tarea de mayor diálogo para cumplir estructuralmente las promesas que se hicieron para levantar paros anteriores.

Contexto de la Noticia

El país de los incendios

El paro camionero que lleva 44 días desbordó las previsiones del Gobierno y de los mismos representantes de los transportadores.

Sin embargo, más allá de las demandas camioneras o las decisiones coercitivas del Gobierno, los 44 días de protestas, pacífica y con desmanes, desnudaron una triste realidad.

“Los gobiernos están viendo los paros como incendios y las necesidades estructurales se tratan de suplir con medidas coyunturales que terminan acumulando el descontento de ciertos sectores”, indicó a EL COLOMBIANO, la exministra y analista Cecilia López.

Para ella, al país le llegó la hora de entender que la protesta tiene una base: el descontento de las promesas incumplidas. Ejemplo de ello es que, en los últimos 15 años se han realizado 13 paros camioneros en que las exigencias son, de fondo, prácticamente las mismas: costo de fletes, precios de combustible, chatarrización y tarifas de peajes.

“La lección que le deja este paro al Gobierno y a todos los colombianos es que necesitamos que, detrás de cada ministerio haya gente capaz, con memoria histórica, para que los puntos de la protesta estén claras desde el principio y cada titular de la cartera llegue a aprenderse el tema”, explicó López.

A la par de todo esto, el exministro Juan Camilo Restrepo, indicó que el Gobierno no puede permitir que se fijen, en este caso, tarifas artificiales en el mercado de transporte para manejar la oferta y demanda de la carga en Colombia.

“Hay que tener en cuenta lo que resiste la economía, y en este caso no resiste mucho más con exigencias sin tino y desconociendo la competitividad”, señaló.

Para el economista, muchas de las exigencias de este paro, como ya sucedió con el agrario, entre otros, se basan en puntos que no se pueden conciliar, “porque tenemos que pensar en productividad”.

Justo esto, nos lleva a la segunda lección: pensar competitivamente.

Sufre la competitividad del país

Día a día, mientras evolucionó la protesta, el desabastecimiento se acentuó, las pérdidas de la industria sumaron ceros a la derecha y la inmovilización de los camiones también significó un bache a la economía que tardará en recuperarse.

“Esto nos deja una lección: el cúmulo de promesas incumplidas y su consecuente malestar terminó mal. Pero hay que ver más allá. Había propuestas que iban en contra de la competitividad del país y eso no se lo puede permitir ni el Gobierno ni la sociedad”, aseguró a este diario José Manuel Restrepo, economista y rector de la Universidad del Rosario.

Claramente, el efecto sobre los ciudadanos se vio en términos inflacionarios, los precios de los alimentos y artículos perecederos han repuntado. Mientras tanto, los productores nacionales han vivido con impotencia tener su mercancía retenida y pudriéndose en bodegas o a orilla de las carreteras.

Los camiones que no se unieron al paro han cobrado hasta dos y tres veces el valor “normal” por llevar una carga, costos que diezman la productividad.

“Nos queda un mensaje urgente para organizar de manera conjunta una política frente al desarrollo que necesitamos. No puede ser que por unos pocos, todo el país se paralice y, peor aún, se pierda control de una protesta que pudo atajarse antes”, agregó el analista.

Ahora bien, las cosas se pueden complicar, porque así el paro termine pronto, es probable que el germen de la protesta descontrolada afecte más al país.

“Veo un incremento muy importante de la protesta social sin orden. Veníamos acostumbrados a que la protesta se solucionaba relativamente fácil, pero esto nos demostró que no y, cuidado, que ya viene una reforma tributaria que generará mucho descontento”, acotó Restrepo.

La protesta social se sale de control

La dimensión de lo que ha sucedido con el paro no ha sido menor y la protesta se le salió de las manos a los promotores del paro y ha desbordado la capacidad de control territorial del Ejecutivo.

“Espero que este nuevo paro le deje claro al Gobierno que necesita una metodología para darle trámite a estas crisis. No es aceptable que la reactividad sea la única respuesta. Lo mismo pasa con los campesinos y con cualquiera que proteste”, indicó Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

El experto cree que ha sido errónea la forma en que se ha llevado a cabo el diálogo y era necesario que, desde el primer momento, gobernadores y alcaldes estuvieran al lado del Ministerio de Transporte.

Más allá de los yerros e intransigencias en la mesa, de parte y parte, la posibilidad de protestar y su amparo constitucional se salió de todos los libretos. Así lo consideró el exmagistrado Jaime Arrubla. A su juicio, las decisiones tardías del Ejecutivo dieron ventaja a los manifestantes.

“No se puede confundir el derecho constitucional a la protesta con el vandalismo o los delitos. No podemos escudarnos en una malentendida protesta social e irnos en contra de la economía y del bienestar general”.

Para el jurista, desde el primer momento en que se obstruyó una carretera, la Fuerza Pública debió impedirlo, pues en el avance de esos actos “se permite que los bandidos se apoderen del país”.

A su juicio, el Gobierno tomó una actitud tolerante ante el vandalismo y “no era necesario que saliera el presidente a anunciar medidas. Todo lo que se puede hacer para mantener la estabilidad y el bienestar está en la ley, y si se cumple, se evitan desmanes”. Con todo, queda una lección: no olvidar la segunda parte del lema del escudo nacional, el llamado al orden.

politización, infiltraciones y demoras

A la par de la protesta, las inconformidades de los transportadores (justificadas, o no) y de la lenta reacción del Gobierno, el paro se salió de la vía del diálogo por la intervención de intereses que llamaron a la inestabilidad.

“Vimos sectores políticos que intentaron sacar partida de este paro. En ese momento, el foco de la manifestación se amplió demasiado y perdió su objetivo principal”, indicó el analista Ariel Ávila.

No solo fueron partidos o contradictores del Gobierno quienes intentaron pescar en río revuelto, también ganaron los violentos.

Mientras tanto, “no se nos puede olvidar y debe quedar como lección que, de la firmeza del Gobierno dependemos todos. El paro tiene una salida, una evidentemente compleja, cuando nos damos cuenta que ya no son solo los transportadores y que las intenciones ahora están contagiadas de visos políticos”, acotó el exministro Juan Camilo Restrepo.

El economista hizo un símil curioso. La situación con los camioneros se parece a la que vive el Gobierno, la plataforma Uber y los taxistas: “el punto medio es cada vez más esquivo, pues los intereses, que tiran para lado y lado no permiten el avance”.

Ahora bien, lo que más preocupa a analistas consultados es que, de cara a la firma de un acuerdo con la guerrilla de las Farc, el Gobierno no sepa manejar una situación de crisis derivada de una legítima protesta social. “Hay promesas de por medio, en todos los sectores económicos del país que hay que revisar para darle vía a la protesta, pero con fundamentos”, enfatizó el rector de la Universidad del Rosario.

Sin embargo, discernir entre la coyuntura y la estructura será la tarea pendiente, de los mandatarios y de la sociedad civil, de manera tal que “estos paros, estas manifestaciones, estas muestras de descontento no terminen, nuevamente, escondidas bajo la alfombra de la corrupción y con los leves paliativos de siempre”, concluyó la exministra y analista Cecilia López.

Cifras

1 persona fallecida y otra más con muerte cerebral son el saldo trágico de este paro camionero en el país.

250 mil vehículos de carga estuvieron detenidos en el país en los días críticos del paro camionero.

$1,5 billones es el estimado de pérdidas para el sector en los primeros 40 días de inmovilización.

220 millones de toneladas es la carga que se moviliza al año en el país.

100 puntos de concentración en todo el país alcanzó a tener el paro camionero.

20 % de los camiones que circulan por las carreteras del país tienen más de 20 años de uso.

Juan Fernando Rojas Trujillo

Reportero por vocación. Convencido de que el periodismo es para mejorar la vida de la gente. Ahora escribo de temas económicos en El Colombiano.

David Ortiz Castaño

Escribo sobre economía y negocios. Periodista y estudiante de Ciencia Política.

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