El Decreto 1475 de 2025, expedido en el marco de la Emergencia Económica, ha generado preocupación en el sector de licores al incrementar de manera significativa la carga tributaria sobre bebidas alcohólicas como aguardientes, rones y vinos. De acuerdo con actores del mercado, esta medida podría estimular el contrabando y la informalidad, al encarecer los productos legales y desplazar la demanda hacia canales no regulados.
Según estimaciones del gremio licorero, el precio final de los licores podría aumentar hasta un 48 %, un ajuste que consideran perjudicial para la sostenibilidad del sector, la competitividad de los productores y la estabilidad de la cadena comercial.
Productores y comercializadores advierten que, en subcategorías como el aguardiente, donde el consumo es altamente inelástico, el mayor impacto se dará en la sustitución del producto legal por opciones ilegales. En este escenario, la mayor presión fiscal tendría un efecto contrario al esperado por el Gobierno, traduciéndose en menores ventas, reducción del recaudo tributario y pérdida de empleos en la industria licorera.
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Incremento de precios del licor por emergencia económica es casi del 50%
Esteban Ramos Maya, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, hizo notar que el ajuste causará un incremento en el pago total de impuestos desde $17.500 hasta $33.000; esto en el caso de una botella de 750 ml de aguardiente. Y hay que recordar que esta es la bebida espirituosa más consumida en Colombia, con cerca de 40 % de participación en el mercado, sin incluir la cerveza.
Mientras la Corte Constitucional se pronuncia con respecto a la exequibilidad o inexequibilidad del Decreto, según Ramos, la FLA no ha facturado una sola botella en lo corrido de 2026, puesto que en los anaqueles del comercio hay existencias que se pusieron sin cargar el aumento exigido por el Gobierno y mezclarlas con aquellas que incluyen las nuevas tarifas crearía un caos de precios de cara al comprador.
“Nosotros a la fecha no hemos facturado una sola botella de aguardiente a ninguno de los distribuidores en todo el país. Y muy seguramente, al 30 de enero, tampoco lo vamos a hacer. O sea que la FLA ya tendrá una afectación directa en rentabilidad y no se podrán transferir a los departamentos los $30.000 millones previstos solo en impuesto al consumo, de los que $8.000 millones son para Antioquia y $22.000 millones para el resto de regiones. Yo he hablado con gerentes de otras licoreras y están en la misma situación”, comentó.
Diego Angelillis Quiceno, gerente de la Industria Licorera de Caldas, ILC, detalló cuál será la variación del precio sugerido al público en sus dos marcas más fuertes e indicó que, por ejemplo, Amarillo de Manzanares pasará de $49.705 a $71.112, lo que se traduce en una subida de 43 %. Además, el Ron Viejo de Caldas estándar aumentará de $54.545 a $84.694.
Tal como lo expuso, “en otros países en los que se ha aumentado el precio del licor para reducir su consumo, se ha visto que, por el contrario, se desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en alto riesgo la vida de las personas. Según la firma Euromonitor, en Colombia cerca de 24 % del licor consumido es ilegal, cifra que podría aumentar a niveles alarmantes ante el alza en los precios de las bebidas”.
Recursos ya no llegarán a los departamentos
Adicionalmente, enfatizó en que todo el recaudo adicional que el Gobierno espera inducir con el Decreto 1475 no irá a las arcas departamentales. “Es decir, estos recursos no llegarán a las regiones para salud y educación, sino que pasarán al Presupuesto General de la Nación”.
Luz María González, vicepresidenta jurídica de Dislicores y presidenta de Asovinos, indicó que “el Decreto no solo afecta a la industria formal, sino que también tiene consecuencias directas sobre el consumidor final. En un mercado sensible al precio, como el colombiano, el consumidor promedio tiende a sustituir productos de mayor calidad por opciones más económicas”.
Señaló que si en última instancia la Corte Constitucional no declara inexequible el Decreto, irremediablemente decrecerá el tamaño de las cadenas: “habría que reducir estructura porque no habrá manera de seguir, no habrá rotación de productos porque además se quebrarán muchísimos bares; la situación será de contracción total”.
“Lo ideal es que se suspenda la medida porque el sector ya paga muchísimos impuestos y si los aumentan, gana el contrabando”, puntualizó.
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