La decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos no fue un movimiento deseado, pero sí, según su gerente general, Leonardo Villar, “una medida inevitable”.
Durante un reciente diálogo con el grupo de Políticas Públicas, Villar explicó que la Junta Directiva evaluó la posibilidad de reducir las tasas, pero concluyó que hacerlo habría sido incompatible con la estrategia de inflación objetivo, que guía la política monetaria del país desde hace más de 25 años.
“Nos hubiera encantado bajar estas tasas de interés, pero hacerlo era totalmente inconsistente con nuestro mandato constitucional”, afirmó.
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Inflación estancada y riesgo de perder credibilidad
Según el gerente del Emisor, la principal razón detrás del ajuste fue el estancamiento del proceso de desinflación. Tras las reducciones observadas en 2023 y 2024, la inflación dejó de ceder durante todo 2025, y las proyecciones para 2026 encendieron nuevas alertas.
“El problema ya no era solo que la inflación no se acercara a la meta, sino que empezara a alejarse de ella”, advirtió Villar.
En ese escenario, mantener las tasas sin cambios habría puesto en riesgo la credibilidad del Banco de la República, un elemento que calificó como “la esencia” de la estrategia de inflación objetivo.
Perder esa credibilidad, explicó, habría tenido consecuencias más graves y duraderas para la economía que el costo inmediato de una política monetaria más restrictiva.
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¿Qué está presionando la inflación en Colombia?
El Banco de la República estima que la inflación cerrará 2026 en 6,3%, muy por encima de la meta. De acuerdo con Villar, el repunte de la inflación y de sus expectativas desde 2025 obedece a tres factores principales:
- El fuerte crecimiento del déficit fiscal primario del Gobierno.
- El impulso de la demanda interna, alimentado por mayor gasto público, el aumento de las remesas y los ingresos del sector cafetero.
- Los incrementos del salario mínimo, que subió 11% en 2025 y 23,7% en 2026, elevando los costos laborales.
Este conjunto de presiones llevó a la Junta a concluir que era necesario iniciar un nuevo ciclo alcista de tasas para evitar que la inflación se desborde y se consolide en niveles altos.
Crecimiento, empleo y un ajuste más rápido de lo previsto
En su más reciente Informe de Política Monetaria, presentado el 5 de febrero, el Emisor proyectó que la inflación solo comenzará a ceder de forma más clara en 2027, cuando bajaría al 3,7 % hacia diciembre.
El documento señala que la economía colombiana mantiene un buen ritmo de crecimiento, con altos niveles de empleo y un consumo privado y público dinámico. Sin embargo, ese mismo dinamismo, sumado a mayores costos laborales, mantiene vivas las presiones inflacionarias.
“La economía estaría entrando en la fase final de su recuperación, presionada por un endurecimiento monetario más rápido de lo previsto”, advierte el informe.
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Tasa de cambio: el Banco marca distancia
Villar también se refirió a la reciente revaluación del peso, aclarando que esta responde principalmente a la depreciación global del dólar frente a otras monedas.
En menor medida, influyeron la entrada de divisas del Gobierno para financiar su déficit y las expectativas frente al decreto que obliga a repatriar inversiones de los fondos de pensiones.
En todo caso, fue enfático en que el Banco de la República no controla la tasa de cambio, y que su foco sigue siendo la inflación.
“Medidas dolorosas, pero necesarias”
El gerente del Emisor reconoció que las decisiones que vienen no serán fáciles. “Son medidas complejas y dolorosas, pero necesarias... y serán necesarias aún más”, afirmó.
Según Villar, el objetivo final de estas decisiones impopulares es proteger el crecimiento sostenible y, sobre todo, a los sectores más vulnerables, que suelen ser los más golpeados cuando la inflación se descontrola.
Con este mensaje, el Banco de la República dejó claro que, al menos por ahora, la prioridad seguirá siendo contener la inflación, incluso si eso implica mantener tasas altas y asumir el costo político y económico de esa estrategia, con tal de cumplir con el mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de los colombianos.
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