Esta semana salió a flote uno de los casos de contrabando y lavado de activos de empresas más grandes en la historia reciente de Colombia. A muchos tomó por sorpresa que Lili Pink, una reconocida marca de ropa interior femenina y una de las líderes del mercado a nivel nacional, estuviera presuntamente involucrada en una sofisticada red ilícita que lavó más de $730.000 millones. Se cree que la estrategia involucró un “carrusel” de empresas fachada. Se crearon múltiples importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que permitieron mover millones de recursos ilícitos a través de la economía formal.
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Las primeras apreciaciones de los expertos apuntan en general a un golpe reputacional para las empresas colombianas y a un llamado de atención a las autoridades por las pérdidas de ingresos fiscales para el Estado. El episodio es tan serio que recuerda el caso del ‘Zar de la Chatarra’, cuando compañías de papel defraudaron al Estado por miles de millones de pesos.
$430.000 millones en enriquecimiento ilícito
Lo primero que se debe acotar es que dicho entramado todavía es sujeto de investigaciones, pero los analistas jurídicos consideran que la Fiscalía General de la Nación debe contar en su carpeta con pruebas muy sólidas para haber realizado el megaoperativo del lunes, que terminó con medidas cautelares y la extinción de dominio de 405 locales de la marca, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que serán objeto de avalúo mientras avanza el proceso judicial.
El operativo fue de tal magnitud que se adelantó en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional. Incluso, hay órdenes de captura en curso con fines de imputación y medida de aseguramiento.
La Fiscalía documentó un presunto lavado de activos por más de $730.000 millones. El expediente da cuenta de un enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones. A esto se suman aprehensiones y decomisos realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), valorados en más de $54.000 millones. Y, finalmente, se estima un posible contrabando que superaría los $75.000 millones (ver infografía).
Los nombres comprometidos
Si bien, la Fiscalía no ha hecho públicos los nombres relacionados con la investigación, EL COLOMBIANO tuvo acceso a parte de la data que la Dian trasladó a la autoridad judicial para su pronto tratamiento.
En dichos documentos figuran las personas que presuntamente constituyeron más de 30 empresas del sector textil en un lapso de 20 años. Se leen los nombres de los fundadores de Lili Pink: David Abadi Hosmany y Max Marvin Abadi Arari; y también figuran otros como Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Luz Adriana López López, Martha Yolanda Rubiano Garzón y Jonnathan Villamil Soler.
Hay que recordar que Lili Pink fue creada hace 20 años por David y Max, familiares de Hyman Abadi, empresario colombiano de origen judío y que fue un referente del sector textil.
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No obstante, hacia 2015, la marca fue vendida al holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su principal propietario. Lo curioso es que una búsqueda rápida en LinkedIn arroja relaciones de ese conglomerado con David Abadi.
Adicionalmente, en Colombia la marca de ropa interior opera bajo la franquicia Fast Moda S.A.S., que fue constituida el 25 de junio de 2020, cuyo único accionista figura como Bestsea Blue S.A., constituida en 2020 en Ciudad de Panamá. El Registro Único Empresarial y Social (RUES) revela que Lorena Bernal Castro es la única representante legal de Fast Moda.
No fue por una devolución de IVA: así pescó la Dian a la presunta red de contrabando
Varios medios de comunicación han contado la versión de que la Dian pescó a esta red por una devolución de IVA, pero la realidad es mucho más compleja.
Todo se remonta a 2022, cuando la Dian puso en marcha un sistema interno de monitoreo conocido como “el Ojo de la Dian”, que detectó una presunta red de contrabando.
Ese año EL COLOMBIANO publicó el artículo Software de la Dian pescó a un zar del contrabando. Allí se contó cómo la Dian diseñó un software para vigilar en tiempo real el comportamiento de los funcionarios de la entidad. A través de esta herramienta, la entidad comenzó a detectar accesos inusuales a información tributaria, como consultas de datos de terceros que no correspondían a las funciones asignadas. Eso encendió las alarmas.
Las primeras señales de irregularidades surgieron cuando el sistema identificó un patrón repetitivo: varios funcionarios consultaban información relacionada con empresas registradas en una misma dirección en Barranquilla.
Como se mencionó antes, la autoridad de impuestos encontró que en ese mismo lugar se habían constituido más de 30 empresas del sector textil durante los últimos 20 años. Todas compartían características similares: operaban como proveedoras, tramitaban devoluciones de IVA y luego desaparecían.
Con base en estos indicios, las autoridades ubicaron una de las empresas que aún seguía activa y procedieron a realizar un allanamiento. En ese operativo se encontró una libreta con registros detallados de pagos de sobornos a funcionarios de la Dian.
La investigación de la Dian evidenció la existencia de un esquema organizado de fraude en el que se solicitaban devoluciones de IVA sobre mercancía que realmente había ingresado al país de forma ilegal. Para ello, se utilizaban facturas con impuestos inexistentes y operaciones simuladas que buscaban aparentar legalidad en las transacciones.
El modelo incluía el uso de empresas fachada como supuestos proveedores, el contrabando de textiles sin el pago de tributos y una cadena de intermediarios para encubrir el origen de los productos. Además, las pruebas confirmaron la participación de funcionarios de la Dian, quienes habrían facilitado estos procesos irregulares a cambio de sobornos.
¿Qué significa para el país?
El proceso que involucra a la marca Lili Pink es considerado por expertos como uno de los episodios más relevantes en materia tributaria y aduanera de las últimas décadas en Colombia. Así lo explicó Jonathan Andrés Gutiérrez, abogado y experto en impuestos, quien calificó la situación como “lamentable” y de gran alcance nacional.
“Es bastante lamentable. Desde hace tal vez unos 15 o 20 años no veíamos una situación de un alcance nacional tan claro. El último caso de este tipo fue cuando se conocieron los famosos carteles de la chatarra. Esto se ceñía a operaciones ficticias; en ese caso eran exportaciones, y en el actual serían importaciones sin pago de aranceles ni cumplimiento de requisitos aduaneros, respaldadas en operaciones ficticias”, recordó.
Gutiérrez fue enfático en señalar que, por ahora, no existe una declaración de culpabilidad. Añadió que el proceso se encuentra en etapa de investigación y que cualquier conclusión definitiva deberá ser adoptada por un juez penal, en respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
“Esa culpabilidad se vuelve más mediática que técnica en este momento”, afirmó el experto, al advertir que las decisiones judiciales pueden tardar años debido a las distintas instancias del sistema penal, incluida la eventual revisión en casación.
Para Cristian Quiñónez, exsubdirector de la Dian, el impacto no solo se mide en términos legales, sino también sociales, debido a la cantidad de empleos (unos 3.000) que dependen de la operación de la empresa, que cuenta con más de 400 tiendas. En ese sentido, advierte que cualquier decisión deberá considerar el efecto sobre trabajadores y proveedores para evitar consecuencias negativas en el tejido productivo.
Quiñónez atribuye la recurrencia de estos fenómenos a factores estructurales del país. “Colombia ha tenido históricamente un problema con la economía subterránea”, afirma, al tiempo que señala que las herramientas implementadas para combatir estas prácticas no han sido suficientes.
A su juicio, existe una cultura arraigada en torno a estas dinámicas ilegales que ha permeado distintos sectores, incluido el empresarial. Esto explica por qué casos de este tipo siguen presentándose con frecuencia, a pesar de los esfuerzos institucionales para frenarlos.
El exsubdirector de la Dian advierte que este tipo de investigaciones golpea la confianza en el entorno empresarial. Sin embargo, enfatiza que no se debe generalizar ni estigmatizar a todo el sector por el comportamiento de una sola compañía.
El principal aprendizaje radica en la necesidad de fortalecer los controles internos y la transparencia en las operaciones empresariales. Advierte que un crecimiento acelerado no siempre es sinónimo de éxito, si no está respaldado por prácticas legales y sostenibles.
Asimismo, hace un llamado a las instituciones de control a reforzar la vigilancia y a las empresas a revisar sus modelos de negocio. “La honestidad no pelea con nadie”, concluye, al señalar que la pérdida de confianza derivada de estos casos puede profundizar los problemas económicos del país si no se toman correctivos oportunos.
Lili Pink sigue abierta
Pese al proceso de extinción de dominio que avanza sobre la cadena de ropa, sus tiendas seguirán operando con normalidad en el país mientras se resuelve la situación judicial.
Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación, que precisó que “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social”, lo que en la práctica significa que los puntos de venta seguirán abiertos bajo administración provisional del Estado.
Rubén Castiblanco, abogado de Centro Jurídico Internacional, precisó que en estos casos la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administrará las tiendas.
Añadió que la empresa no podrá aplicar a un proceso por insolvencia, al no reunir los requisitos previstos en la Ley 1116 de 2006. Esto porque el objetivo de la reorganización empresarial se encuentra enfocado y orientado a las empresas que se encuentran en crisis financiera, salvaguardando el empleo y la recuperación del flujo de caja.
Pero, reconoció que puede llegar a existir la posibilidad de una liquidación judicial. “Esa posibilidad solo aplicará si no resulta viable la recuperación de la compañía y es necesario el cierre ordenado de las operaciones, dando paso a la venta de activos”.
Lo cierto es que este supuesto entramado llevaría varios años funcionando y, pese a que la Fiscalía tenía en su poder desde hace cuatro años los datos suministrados por la Dian, solo hasta ahora tomó acciones sobre el asunto, que todavía sigue en investigación y solo un juez podrá dictaminar la verdadera responsabilidad de los nombres aquí expuestos en la posible red de contrabando.
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