El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha encendido varias alarmas sobre la situación de las finanzas públicas de Colombia, advirtiendo que la economía muestra señales de “recalentamiento” en medio de una elevada deuda pública y de un deterioro en las cuentas fiscales.
Para el Carf, este desbalance está obligando al Gobierno a recurrir a más endeudamiento, ya que los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto. De hecho, tras conocerse el Plan Financiero, el Ministerio de Hacienda confirmó que en 2026 recibirá $322,29 billones en ingresos, lo que deja un faltante de $26,53 billones frente a la meta presupuestal inicial. Aunque el Gobierno proyecta reducir el déficit total al 5,1% del PIB, el Comité considera poco probable lograrlo sin medidas adicionales.
Puede leer: Gobierno confirma hueco de $26,5 billones para financiar el presupuesto de este año, ¿cuentas infladas?
En entrevista con EL COLOMBIANO, Juan Carlos Ramírez, presidente del Carf, habló sobre las presiones fiscales que podrían elevar el faltante a más de $30 billones y que, de no aplicarse ajustes, el déficit primario —la diferencia entre lo que el Estado recauda y gasta sin incluir intereses de la deuda— alcanzaría 3,6% del PIB y el déficit total llegaría a 6,7%.
También explicó cómo este deterioro fiscal puede afectar el bolsillo de los colombianos, por qué la emergencia económica no estaba “justificada” y qué decisiones deberá tomar el próximo gobierno para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Podría interesarle: Gobierno Petro eleva inflación de 3,2% a 5,8% en su plan financiero 2026, ¿efecto del salario mínimo?
Desde el Carf han dicho que la situación fiscal del país es cada vez más preocupante, ¿cuáles son las principales alarmas?
“Entre los indicadores que seguimos está el deterioro en lo que llamamos el balance primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, sin incluir el pago de intereses. Esto es clave porque, cuando el balance primario es negativo de forma abultada y permanente, la deuda se vuelve insostenible. En ese escenario, cada año hay que acudir a más endeudamiento para cubrir el déficit.
En 2025 este indicador se deterioró en más de 1,5 puntos del PIB frente a lo que estaba programado y cerró en 3,5% del PIB, el nivel más alto de los últimos 30 años, si se excluyen los periodos de crisis macroeconómicas.
Vea también: “La situación fiscal es cada vez más preocupante”: Carf alerta que déficit primario en 2025 fue el más alto en 30 años
Desde nuestra perspectiva, para mejorar las cuentas fiscales este año sería necesario un recorte cercano a $30 billones. Nos preocupa que este déficit se mantenga en niveles tan altos o que resulte insostenible en el mediano plazo, porque eso también terminaría volviendo insostenible el endeudamiento.
Además, hay que tener en cuenta que existen nuevas presiones sobre el gasto público. Entre ellas están el incremento del salario mínimo, la entrada en vigor de la reforma pensional, los efectos de la reforma laboral e incluso los cambios en el Sistema General de Participaciones”.
Cuando se habla de deterioro fiscal muchas veces suena abstracto para la gente. ¿Cómo se traduce eso en el bolsillo de los colombianos?
“Hay varias formas en que esto puede afectar a la gente. La primera es que en el futuro el Gobierno podría tener que recortar el gasto público. Eso significa que algunos programas o beneficios que hoy reciben podrían reducirse o ponerse en riesgo, en algunos casos más pronto y en otros más adelante.
Segundo, un mayor endeudamiento del gobierno presiona los mercados financieros. El Estado es un agente muy grande que sale a buscar crédito, y eso puede empujar las tasas de interés al alza. Cuando las tasas suben, se encarecen los créditos de consumo y los créditos hipotecarios, que son los más comunes para los hogares, y también los préstamos para las pequeñas empresas.
Son impactos que no se sienten inmediatamente ni todos al mismo tiempo, pero en general terminan siendo negativos para la población.
Además, hay otra presión: la necesidad de buscar mayores ingresos fiscales, lo que podría traducirse en más impuestos o en nuevas cargas tributarias, que afectarían de manera distinta a los diferentes grupos de la población”.
Le interesa: Gobierno Petro gastó mucho más de lo que tenía: déficit fiscal, sin contar intereses, creció $60 billones entre 2023 y 2025
Con el nivel actual de déficit y gasto público, ¿qué tan realista ven que el Gobierno logre cumplir este año con las metas fiscales?
“Con la expedición y adopción de la cláusula de escape de la regla fiscal, que se produjo a mediados del año pasado, el Gobierno debe establecer una senda de regreso al cumplimiento de dicha regla.
Para lograr ese objetivo, vemos que este año existe un desfase entre ingresos y gastos, y sería necesario realizar ese recorte de entre $30 y $32 billones, dado que no hay expectativa de conseguir esos recursos en el corto plazo”.
Ustedes han advertido que el país estaría cada vez más lejos de cumplir con la regla fiscal. ¿Qué implica eso para la credibilidad del país frente a inversionistas y mercados internacionales?
“Lo que ocurre es que la senda de ajuste se vuelve más exigente en el próximo año y medio.
El impacto principal es que los agentes nacionales e internacionales que compran bonos del Gobierno (es decir, quienes le prestan dinero al Estado) pueden percibir mayores riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Si consideran que el retorno es más incierto, empiezan a exigir tasas de interés más altas. Eso aumenta la presión sobre el gasto público, porque cada vez una mayor proporción de los ingresos del Gobierno se destina a pagar intereses.
Por eso es importante que las propuestas de ajuste fiscal sean razonables, consistentes y creíbles, para que la carga de intereses pueda disminuir en el mediano plazo”.
¿Por qué es tan inflexible el gasto público en Colombia? ¿Se debe a razones legales o políticas?
“La inflexibilidad del presupuesto es algo relativamente común en muchos países, porque existe un cúmulo de obligaciones asociadas al gasto público.
Más noticias: Próximo presidente de Colombia heredará déficit histórico comparable con los años 90 y la pandemia
Algunas son de rango constitucional, como el Sistema General de Participaciones que financia parte de la descentralización. Para cambiar esas reglas se necesitarían reformas constitucionales.
Otras tienen origen legal, como el sistema pensional y el sistema de seguridad social en salud. Modificar esos esquemas requeriría cambios legislativos profundos.
También existen restricciones relacionadas con derechos adquiridos y con principios constitucionales, como el hecho de que el gasto social no puede disminuir de un año a otro.
Además, hay inflexibilidades derivadas de la propia operación del Estado: ciertas funciones públicas no pueden simplemente suspenderse.
A esto se suman compromisos políticos y decisiones tomadas en el pasado, como contratos de mediano plazo, vigencias futuras o beneficios tributarios a ciertos sectores.
La combinación de todos esos factores —institucionales, administrativos, políticos, legales y constitucionales— hace que al menos el 80% del gasto público sea difícil de ajustar en el corto plazo”.
¿Qué tan contradictorio ha resultado subir el salario mínimo 23% y al mismo tiempo declarar una emergencia económica?
“La responsabilidad institucional del Carf se centra en la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas, no en cada decisión específica. El aumento del salario mínimo en esa proporción genera una presión adicional sobre el gasto público este año, una presión que no estaba contemplada inicialmente y que obliga a hacer ajustes en otras partidas del presupuesto.
En cuanto a la emergencia económica decretada, consideramos que la situación macroeconómica difícil tiene como componente principal el problema fiscal. Este es un tema conocido y reconocido por el propio Ministerio de Hacienda; no es algo sobreviniente. Por eso pensamos que, en ese aspecto, no se justificaba declarar una emergencia”.
¿Creen que este año se cumplirá la meta de recaudo de la DIAN?
¿Qué decisiones fiscales tendrá que tomar el próximo gobierno para estabilizar las finanzas del país?
“Dado que el problema es de gran magnitud y los ajustes no son inmediatos ni fáciles, se requiere actuar en varias dimensiones.
Primero, racionalizar el gasto público, al menos en el corto plazo.
Segundo, mejorar los ingresos del sector público, tanto mediante medidas tributarias como a través de una mejor gestión de entidades como la Dian y la Aduana.
Tercero, establecer un plan de ajuste fiscal creíble, que permita reducir las tasas de interés que los mercados exigen para prestarle al Gobierno. Eso ayudaría a disminuir el peso del pago de intereses.
Y cuarto, impulsar mayor crecimiento económico, lo cual también contribuye a aumentar los ingresos fiscales y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Regístrate al newsletter