La reforma pensional que Colombia no se atreve a realizar

Desde distintas orillas se esgrimen razones para que el Gobierno no emprenda ajustes para ganar cobertura, equidad y sostenibilidad pensional.

FOTO COLPRENSA

La reforma pensional: tan vital como aplazada

Juan Fernando Rojas Trujillo

29 de abril de 2016

bookmark

1,2

millones de pensionados hay en el régimen público de Prima Media.

37 %

de afiliados al Sistema General de Pensiones (SGP) son cotizantes.

Hace un año el presidente Juan Manuel Santos afirmó que se necesita un sistema pensional “sostenible y equitativo” y que iniciaría la discusión para llevar el proyecto de ley al Congreso. En septiembre de 2015, el ya exministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, dijo que la reforma pensional se discutiría desde marzo de 2016 y retomaría la propuesta de su predecesor, Rafael Pardo, planteada desde febrero de 2013.

Pero ni lo uno, ni lo otro. La reforma pensional sigue engavetada. Y la realidad es preocupante: tres de cada diez personas en edad de jubilarse tiene una pensión; 34 billones de pesos del presupuesto nacional se van en pagar mesadas del régimen Público de Prima Media, con lo que alcanzaría para que todos los adultos mayores reciban un salario mínimo; de los 19,8 millones de afiliados, solo el 39 % cotizan; y de 1,2 millones de pensionados públicos, el 15 % se lleva el 85 % de recursos, porque quien se jubiló con 25 salarios mínimos recibe igual subsidio que quien tiene pensión con uno. (ver Infografía).

En todo caso, pese a los apuros fiscales y las obligaciones con la paz, hay consenso de que Colombia requiere una reforma pensional, como tanto han insistido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde). Este último club de países tiene entre su lista de chequeo para que ingrese Colombia, que en octubre próximo el Gobierno sí haya acometido la reforma pensional.

Y en esas condiciones, ¿por qué no se ha hecho? La pregunta sorprende a los consultados por este diario en los pasillos del noveno congreso anual de Asofondos, gremio de los fondos privados (AFP), en Cartagena, espacio académico en que esa reforma tiene carácter de urgencia desde hace años.

Pero al menos hay cinco razones que hacen poco probable que la pedida, esperada, sugerida y anunciada reforma, efectivamente se presente en el gobierno Santos: no hay una propuesta del Gobierno sobre la mesa; falta consenso entre actores clave; la coyuntura desplaza prioridades; diferencias entre ministerios de Hacienda y de Trabajo; y el momento político, atado a la conveniencia del sistema actual para que no crezca el déficit fiscal.

La idea sigue en veremos

El presidente Santos dio hace un año un compás a la reforma, esperando los estudios de la Ocde y el BID, que ya entregaron sus propuestas. Ya estarían definidos los pilares de la propuesta para el Congreso, según lo dicho en febrero pasado por el viceministro de Empleo, Luis Eduardo Gómez. Pero con la nueva ministra de Trabajo, Clara López, la voluntad política de impulsarla puede cambiar.

También trascendió que el Ministerio de Hacienda evalúa un modelo de estímulos y subsidios para que más colombianos puedan acceder a una pensión mínima.

Al respecto, EL COLOMBIANO intentó sin éxito conocer ayer la postura del ministro Mauricio Cárdenas.

En todo caso, el borrador que divulgó en su momento el ministro Pardo (ver Infografía), también tiene críticas al interior del Gobierno.

Le cuestionan la baja efectividad en aumentar la cobertura y se reduce en más de 30 % el ahorro pensional en las AFP, con el respectivo impacto en el mercado de capitales, en que invierten el ahorro de los trabajadores para obtener rendimientos.

Y sin que haya una propuesta cierta y pública sobre la mesa, difícilmente habrá un debate serio que escape a las especulaciones en parámetros polémicos como edad de jubilación, tasa de reemplazo, porcentaje de cotización, entre otros.

“Si se hace una reforma pensional, pues debe ser estructural, no es para luego ir haciendo reparcheos en el camino y que pueden ser insuficientes”, comentó ayer en su intervención el superintendente Financiero, Gerardo Hernández.

Falta construir consensos

Pero también es cierto que una reforma pensional, y más si es estructural, no se cocina de la noche a la mañana. Requiere una amplia discusión para que llegue con ajustes y mayor factor de éxito a un Congreso de la República que es un río torrentoso de intereses sectoriales y conveniencias políticas.

Según la orilla que se mire, habrá preferencias: el Ministerio de Hacienda buscará una reforma con beneficio fiscal; la postura de la cartera de Trabajo tenderá a ser más garantista; las centrales obreras presionarán que no se suba la cotización o la edad; los empleadores que bajen el aporte que realizan; y los fondos privados a que se fortalezca el régimen privado de Ahorro Individual (Rais) frente a la competencia desigual con el de Prima Media que maneja Colpensiones.

En ese sentido, para Jorge Humberto Botero, presidente de Faselcolda, gremio asegurador, indica que se debe seguir ejemplos como el de Chile. Que se nombre desde ya una comisión independiente de alto nivel para que alimente con criterios técnicos el posterior diálogo social y político que se pueda tener y se radique en el Congreso la reforma en 2017

“Al Gobierno no se le puede olvidar que la solución a los problemas fiscales pasan no solo por una reforma tributaria, también por una pensional”, puntualizó Botero.

Prioridades del presidente Santos

Sin propuesta clara ni consensos, también es cierto que la voluntad política del Gobierno para impulsar la agenda legislativa está puesta en dos temas: la reforma tributaria y la normatividad para implementar los acuerdos del proceso de paz con las Farc.

“La tributaria debe radicarse cuanto antes y que se abra una discusión que genere argumentos para hacer una reforma pensional. El tema fiscal no solo es pensar en más ingresos, sino en controlar gasto”, afirmó Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Por su parte, Fabio Arias, secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comentó a este diario que la preparación de la reforma pensional coincidió con la caída de los precios internacionales del petróleo, y con el déficit fiscal que eso ocasionó, se hizo más urgente una reforma tributaria, que si estaba programada para este semestre, solo se radicará en el segundo.

“El Gobierno debe resolver de hoy a agosto. Si de aquí a allá no ha firmado la paz y definido su refrendación, se vuelve muy complicado presentar la reforma tributaria y la pensional”, añadió el líder sindical.

Cruce de cables y enredos

Pero hay otra razón, más de orden político, que ha pospuesto la reforma pensional. En entrevistas a medios, foros y conversaciones en congresos gremiales se han hecho evidente los desacuerdos y roces que existieron en su momento entre el ministro Cárdenas y el exministro Luis Garzón por temas que implicaban a ambas carteras.

Eran evidentes los reclamos indirectos del último contra el primero por recorte en temas presupuestales, y los llamados a la cordura fiscal de Cárdenas frente a una fallida negociación del salario mínimo, en diciembre pasado.

Esas diferencias también se trasladaron en niveles inferiores a la hora de concertar una postura unificada de Gobierno frente a una reforma pensional que estuvo en la agenda de Hacienda y de Trabajo en los últimos años.

Ahora también resulta difícil que haya conciliación entre las posturas de un conservador ministro de Hacienda, defensor de las bondades del régimen de Ahorro Individual, y una nueva ministra de Trabajo, Clara López, quien como candidata presidencial del Polo, en 2014, planteaba una reforma pensional basado en un régimen de Prima Media para quienes devengan hasta dos salarios mínimos.

Pero, ¿es el Momento político?

Por último, la reforma pensional no escapa a los cálculos electorales que se hacen en Casa de Nariño como en el Congreso de la República. Ningún ajuste al sistema previsional ha estado exento de un alto costo político por lo impopular que pueden resultar medidas para asegurar la sostenibilidad del Sistema Pensional.

Y eso ha pasado en Colombia, países desarrollados y otras economías emergentes: se trata de una reforma que puede tocar intereses de los que votan hoy para arreglar el problema de los que votarán mañana.

“Si bien una reforma pensional es necesaria, también tiene un alto costo político para resolver el problema de futuras generaciones, pero sin resolver el problema fiscal que arrastra desde años atrás, pues hay unos derechos de los ya pensionados que no se pueden desconocer”, comentó Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia.

Además el reconocido economista Armando Montenegro, hoy presidente de BTG Pactual, argumenta que al Gobierno le conviene que la reforma no se haga aún, “pues en la medida que no se pase gente del régimen público al privado, pues le entra más plata que le ayuda a financiar el déficit”.

Desde la orilla política, el senador Antonio Navarro Wolff no ve que este Gobierno con bajos índices de popularidad tenga la “gasolina” suficiente para que se exponga al debate de fondo en los próximos dos años. “La tributaria no le dejará mucho espacio político para meterse en un tema tan sensible y en un año electoral (2017)”.

Y a eso se suma que en el Congreso el tema tampoco ha sido centro de la discusión en la actual agenda legislativa, como advierte Didier Bustos, representante a la Cámara, para quien no hay momento político para una reforma pensional, hay que construirlo.

“La única forma de que sea posible una reforma pensional es construir un pacto, uno en que se sienten todos los actores, gobierno, partidos, trabajadores, empleadores, Colpensiones, los fondos privados y tengan acuerdos, de lo contrario, no prospera”, concluyó el parlamentario.

*Por invitación de Asofondos.