La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) apretó el acelerador en sus labores de vigilancia y control esta semana, coincidiendo con el regreso de Cielo Rusinque a la cabeza de la entidad, un movimiento que no ha estado exento de controversia jurídica y política.
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El retorno de la funcionaria se dio apenas semanas después de que el Consejo de Estado anulara su primer nombramiento por no cumplir con los requisitos de experiencia y formación académica exigidos para el cargo. Sin embargo, en una maniobra administrativa, el Gobierno Nacional modificó los requisitos mínimos para los superintendentes a través de un decreto, permitiendo que Rusinque volviera a liderar la SIC.
Tras su posesión, la entidad desplegó una ofensiva administrativa que tocó fibras sensibles en sectores clave como las telecomunicaciones, el comercio minorista y las plataformas digitales. Esta semana, Movistar, Rappi y D1 han recibido sanciones o pliegos de cargos que suman miles de millones de pesos.
La dinámica sugiere que la hoja de ruta de la “nueva” administración será el uso riguroso de la facultad sancionatoria para dar golpes de opinión y corregir prácticas que, a juicio de la superintendente, vulneran a los consumidores.
¿Por qué la SIC formuló pliego de cargos a Movistar?
Las operadoras de telefonía e internet han sido históricamente el sector con mayor volumen de quejas, y justo el jueves la entidad puso el foco sobre Movistar, al formular un pliego de cargos tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos que reportaron facturaciones por servicios que nunca solicitaron. La investigación busca determinar si la empresa impuso cobros por equipos repetidores de WiFi, denominados “Baseport”, sin el consentimiento previo y expreso de sus clientes.
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La gravedad de este proceso radica en la presunta vulneración del derecho a la libre elección. Según los hallazgos preliminares de la superintendencia, los cobros sorpresa se habrían efectuado entre agosto de 2020 y mayo de 2024, lo que sugiere una práctica sostenida en el tiempo.
La SIC advirtió que, de hallarse responsable, el operador podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción.
Rappi y Stark Gym están bajo la lupa de la SIC
La plataforma de domicilios Rappi recibió uno de los golpes financieros más contundentes de esta semana. La SIC le impuso una multa de $4.003 millones tras evidenciar fallas críticas en la atención al cliente y publicidad engañosa.
Entre los hallazgos más graves destaca el cobro automático de membresías como Rappi Prime y Rappi Pro sin autorización de los usuarios.
Además, la entidad verificó que el servicio “Turbo”, que prometía entregas en 10 minutos, incumplía sistemáticamente estos tiempos. La reincidencia de la compañía, con tres sanciones previas en los últimos cinco años, fue un factor determinante para elevar el monto de la penalidad.
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En la misma línea de protección publicitaria, la cadena de gimnasios Stark Smart Gym fue multada con $285 millones. En este caso, la SIC encontró que la empresa promocionaba planes con información incompleta, omitiendo vigencias y condiciones de acceso.
Además, la investigación reveló que los contratos contenían cláusulas abusivas que limitaban el derecho de los usuarios a solicitar devoluciones o suspender sus planes de entrenamiento.
Esta medida hace parte de una vigilancia más amplia al sector de bienestar, donde las sanciones totales ya superan los $915 millones tras incluir a otros competidores del mercado.
Las razones de la SIC para formular pliego de cargos a Tiendas D1
Finalmente, la ofensiva alcanzó a Tiendas D1, uno de los principales jugadores en el mercado de descuento duro. La SIC formuló pliego de cargos contra la compañía tras analizar un volumen masivo de 13.000 quejas de usuarios acumuladas durante el segundo semestre de 2024.
Las denuncias se centran en la operación de su canal de comercio electrónico, donde se reportaron dobles cobros en transacciones digitales y fallas logísticas que resultaron en pedidos nunca entregados o cancelados sin explicación.
Lo más preocupante del caso D1 son los reportes sobre la calidad de los bienes. La superintendencia identificó al menos 700 quejas relacionadas con la entrega de productos en mal estado o con fechas de vencimiento expiradas. Asimismo, se investiga una posible publicidad engañosa por precios que variaban al momento de finalizar la compra en la plataforma.
Esta serie de medidas contra marcas tan cotidianas para el consumidor colombiano deja claro que la dirección de Cielo Rusinque parece apretar el acelerador en el remate de Gobierno y busca elevar el nivel de vigilancia sobre el sector privado durante los próximos meses.
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