Sin la participación de Fenalco se celebró la sesión de apertura de conversaciones para definir el salario mínimo para el año próximo.
Luego de una reunión de unas cuatro horas, la mesa tripartita, conoció algunos de los indicadores claves presentados por el Dane, y la tarea será definir cuál es el dato de productividad laboral con que se completará el análisis para definir el porcentaje que se aplicará.
Inicialmente, se pactó que el 9 de diciembre las partes oficialicen en la mesa los porcentajes que, desde su óptica, serían los más apropiados para el reajuste salarial.
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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que la discusión del salario mínimo para 2026 debe darse sin especulaciones, con rigor técnico y con la voluntad de alcanzar un consenso antes del 15 de diciembre a las 11:59 p. m., el plazo legal para anunciar un acuerdo.
Confirmó que la Comisión quedó formalmente instalada bajo los lineamientos de la Ley 278 de 1996 y que desde hoy empezó la revisión del factor de productividad, una de las variables clave para definir el incremento del salario mínimo.
“El salario mínimo es vital para 12 millones de trabajadores. Impacta directamente su vida, su mínimo vital y la justicia laboral”, insistió Sanguino, quien defendió los aumentos aplicados durante el actual gobierno.
Según dijo, el incremento real de los últimos años supera el 17%, mientras que el aumento nominal acumulado ronda el 37,6%, resultados que, según el ministro, han impulsado el crecimiento económico, reducido el desempleo al 8,2% (la tasa más baja del siglo) y fortalecido los ingresos reales gracias a la inflación controlada.
El ministro también subrayó que la discusión técnica incluirá insumos del Dane, Planeación Nacional, los ministerios de Hacienda y Comercio y las consideraciones finales del presidente Gustavo Petro, quien tendrá la última palabra sobre la posición del Gobierno.
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La ausencia de Fenalco
De otro lado, en una carta radicada ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, Fenalco ratificó su decisión de no participar en la mesa de concertación salarial, luego de que el Gobierno Nacional sugiriera de manera pública y anticipada que el aumento del salario mínimo debe ser de doble dígito.
Según el gremio de los comerciantes, esta actuación del Ejecutivo representa una “salida populista” de cara a las elecciones del próximo año.
El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, afirmó que los anuncios del Gobierno vulneran el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación. De acuerdo con su pronunciamiento, una determinación anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, “vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.
Desde Fenalco también se advirtió que el incremento anunciado por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti estaría muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la productividad, lo que a juicio del gremio evidencia una decisión improvisada que deteriora la confianza en el sistema de concertación.
El dirigente gremial subrayó que impulsar un aumento del salario mínimo de dos dígitos, es decir, más del doble de la inflación, en las actuales condiciones de la economía colombiana, enviaría una señal de que no se pretende que la inflación ceda en el país, lo cual sería un hecho sin precedentes.
Además, Fenalco advirtió que los principales afectados por esta forma de proceder serían los trabajadores, las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos, debido al impacto negativo en el empleo formal, la informalidad y el costo de vida. Para el gremio, la fijación del salario mínimo exige rigor técnico, análisis responsable y deliberación transparente, y no puede quedar sometida a simples anuncios políticos.
En la misiva enviada a la Comisión, el gremio reafirmó su compromiso con un diálogo social serio, respetuoso y técnicamente informado. No obstante, sostuvo que no es posible legitimar una mesa en la que, según su criterio, “las decisiones fundamentales ya fueron tomadas y comunicadas de manera unilateral por el propio Gobierno”. En ese sentido, advirtió que participar en esas condiciones equivaldría a avalar una práctica contraria a la esencia misma de la concertación.
El ministro Sanguino lanzó una crítica abierta al presidente de Fenalco, Jaime Cabal, quien se ausentará de la mesa. “Se comporta más como opositor político que como líder gremial”, dijo.
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Agregó que los tenderos y pequeños comerciantes “deben estar molestos” con esa postura. Saludó, en contraste, la asistencia de la Andi, la SAC, Confecámaras, Acopi y los demás gremios que sí respondieron al llamado.
Sobre el impacto del salario mínimo en vivienda, advirtió que el Gobierno examinará cómo evitar que el ajuste golpee el acceso a vivienda de interés social, cuyo valor está indexado al salario mínimo.
El ministro también se refirió al cálculo del salario vital, indicador de la OIT que establece cuánto necesita una familia para vivir con dignidad. Según Sanguino, aún con el aumento del año pasado, existe una brecha del 13,3% entre el salario mínimo vigente y ese referente internacional. “No es una camisa de fuerza, pero sí un buen espejo”, apuntó.
El funcionario terminó sus declaraciones reiterando el objetivo, que es lograr un acuerdo antes del 16 de diciembre, de preferencia por consenso entre empresarios, trabajadores y Gobierno.
Acopi sí está en las conversaciones y pide un enfoque técnico para 2026
Mientras Fenalco se margina del proceso, el gremio de las pequeñas empresas, Acopi, confirmó que participa en la Mesa Tripartita de Concertación, donde se analizan las variables económicas que orientarán la definición del salario mínimo para 2026.
Acopi señaló que durante los encuentros se estudian indicadores clave como la inflación, la productividad y otras variables fundamentales para garantizar que la decisión final sea técnica, equilibrada y sostenible para el país. El gremio insistió en que la discusión debe priorizar la realidad de las mipymes, que representan la base del empleo formal y uno de los principales motores del desarrollo económico en Colombia.
Asimismo, Acopi respaldó la postura del sector empresarial de que el ajuste del salario mínimo debe ser el resultado de un acuerdo concertado entre el Gobierno, los trabajadores y el sector privado, como vía para avanzar hacia un marco laboral más estable y competitivo.
Anif advierte por la politización y el impacto fiscal
Desde el centro de estudios económicos Anif, su presidente José Ignacio López anticipó un escenario de alta tensión en la negociación, dado que tanto el Gobierno como los sindicatos han hablado de un aumento de doble dígito, cercano al 11%.
Según sus estimaciones, la inflación de cierre del año estaría alrededor del 5,3%, por lo que el punto de partida técnico para el incremento debería ubicarse cerca del 6,3%. En ese contexto, un aumento del 11% o 12% representaría casi el doble de la inflación proyectada.
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López también manifestó su preocupación por la politización del debate, en un contexto preelectoral, y advirtió que cada punto adicional en el aumento del salario mínimo aumenta la presión sobre la situación fiscal del país. Esto impacta no solo los costos del Estado como empleador, sino también como pagador de pensiones, ya que cada incremento eleva de forma significativa las obligaciones del Gobierno.
La controversia alrededor del salario mínimo para 2026 deja en evidencia las tensiones entre el Gobierno, los gremios empresariales y los centros de análisis económico. Mientras unos denuncian una ruptura del diálogo social, otros apuestan por mantener la concertación con criterios técnicos. En todo caso, la discusión se perfila como uno de los debates económicos más sensibles del próximo año, con implicaciones directas sobre la inflación, el empleo, las finanzas públicas y el bienestar de millones de trabajadores colombianos.
Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Cuál es la fecha límite para definir el Salario Mínimo de 2026 en Colombia?
- El plazo legal para que la mesa tripartita (Gobierno, empresarios y trabajadores) llegue a un acuerdo es el
15 de diciembre a las 11:59 p.m. De no haber consenso, el Gobierno Nacional tiene la facultad de fijar el aumento por decreto.
- ¿Qué indicadores clave se usan para calcular el aumento del Salario Mínimo?
- Las dos variables técnicas principales son el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación, y la
Productividad Laboral. Estos datos, presentados por el DANE, son la base para determinar el incremento.
- ¿Por qué el aumento del Salario Mínimo genera tensiones en la economía?
- Un aumento excesivo, especialmente uno de doble dígito, puede presionar la
inflación y aumentar los costos para las
mipymes y el
Gobierno (en pensiones y costos fiscales). Esto podría afectar negativamente el empleo formal.
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