Un asunto que por décadas ha estado en el centro del debate agrícola del país es el de la política comercial. Detrás del mismo están, de un lado, la defensa de la protección agrícola y las rentas que de la misma se derivan y, de otro, la apertura y la consolidación de nuevas oportunidades de producción y de exportaciones.
Como consecuencia de los intereses económicos que se derivan de la protección fracasaron los intentos de desgravación agrícola que se hicieron en los años noventa. Igualmente, un punto neural y crítico en las negociaciones de los tratados comerciales que se han emprendido con diversos países ha sido el agrícola.
En estas negociaciones siempre ha prevalecido la defensa de la protección al sector por encima de los intereses de los consumidores colombianos y de las potencialidades productivas y de exportación del sector agropecuario.
Además, mientras que para defender los intereses proteccionistas hay una estructura gremial fuerte y cohesionada, para los otros intereses dicha estructura es muy débil o no existe.
De allí que los períodos de desgravación agrícola acordados sean muy extensos, casi 20 años, y que la tasa a la que avanza dicha desgravación sea muy baja durante una alta proporción del tiempo.
En el reciente informe de la Ocde sobre la agricultura colombiana se señala que “el nivel de apoyo al productor fue positivo y estable durante el período 1992-2013, en torno al 20 por ciento”. Se dice, además, que este apoyo se basa en instrumentos de política que generan importantes distorsiones en la producción y el comercio.
Esto hace que, al comparar con otros países de la Ocde, el nivel de apoyo de nuestro país esté ligeramente por encima de la media de los países miembros de dicha organización y, particularmente, de naciones con agriculturas dinámicas como Nueva Zelanda, Australia, Chile y Brasil, así como de Estados Unidos y la Unión Europea.
En los años ochenta, naciones como Nueva Zelanda fueron capaces de transformar su ineficiente sector lechero en una actividad altamente productiva que le devoró el mercado a Estados Unidos y Europa. Algo parecido pasó en Brasil con la soya y los cítricos. Todo esto con niveles bajos de protección y mayores inversiones en bienes públicos, como investigación y tecnología.
Además, algunos de estos países consolidaron sólidos procesos de diversificación productiva, como ocurre con el sector frutícola neozelandés, que es un modelo altamente exitoso o con la creciente participación de los productos agroindustriales transformados en las exportaciones chilenas.
No hay que llamarse a engaños, la política comercial agrícola define qué opción de desarrollo se quiere para la agricultura colombiana: el lento y costoso avance de la protección o el dinamismo de la diversificación y la transformación productiva derivado de la mayor apertura comercial.
Pero esta discusión y su definición tienen implicaciones aún más amplias, pues dadas las sensibilidades y los intereses que se mueven a su alrededor, la política comercial agrícola puede poner en riesgo la entrada del país a la Ocde, que ha sido un propósito de este gobierno.
