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¿Quién responde por la mala comida en la cárcel de Pedregal?
La alimentación de 3.500 internos está en riesgo por cierres de cocinas y falencias por parte del operador.
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Debido a nuevo cierre, operación de alimentación de internos de El Pedregal opera en cocina de Bellavista. FOTO julio
herrera
16 de octubre de 2021
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Los gritos por falta de comida trascendieron los muros de la cárcel El Pedregal esta semana. El jueves, por ejemplo, a las 12:00 del mediodía ni el desayuno había llegado. Una nueva sanción por parte de la Secretaría de Salud de Medellín al contratista que presta el servicio tiene en el limbo la alimentación de los 3.500 internos del complejo.
La problemática con este operador ajusta años, según los reclusos, pero la intoxicación de 620 reclusas en septiembre pasado ahondó las preocupaciones. Y más cuando en menos de un mes se conocerá el nuevo contratista de este servicio, pues la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tiene en curso esa licitación.
Además de la calidad de los alimentos, entre las líneas gruesas de esta problemática se cuentan los reparos al actual contratista y las presiones que, según las directivas de la cárcel, rondan el proceso licitatorio que hoy se ejecuta. La gravedad es tal, que el próximo 26 de octubre el tema será debatido en el Concejo.
Drama insoportable
La situación en El Pedregal es denigrante. Ese, por lo menos, es el balance de Luisa Botero, reclusa del pabellón 22, quien cuenta que las fallas en el servicio de alimentación ponen en riesgo a la población carcelaria, en particular a la que es vulnerable. “Aquí tenemos muchas personas enfermas: con cáncer, diabetes, VIH e hipertensión. Hay compañeras que, por la gastritis, ya están vomitando sangre”.
El derrotero de quejas es interminable: carne, papas y otros ingredientes descompuestos; olores putrefactos; incumplimientos con el menú y los horarios, además de falencias en salubridad. “Hemos gestionado ante todos los entes de control”, dice Luisa, “pero acá todo mundo viene, habla, nos dice que van a hacer algo y no pasa nada”.
Este panorama ha sido confirmado por la Secretaría de Salud, dependencia que tras el episodio de intoxicación de septiembre reiteró el sellamiento en las cocinas del complejo, lo que implicó que Nueva Aurora SAS, operador de la alimentación en El Pedregal —y en otros 11 centros carcelarios en Antioquia—, buscará un plan b para atender a los reclusos.
Ese plan de contingencia despegó en una sede en el sector de Guayabal, desde donde se preparaban y enviaban los alimentos a la cárcel, pero, según Luz Bibiana Gómez, líder del proyecto de Vigilancia Sanitaria de Medellín, nuevos incumplimientos condujeron a otro sellamiento.
Los riesgos comienzan por la compra de las materias primas. Según la funcionaria, Nueva Aurora SAS no tiene procesos de selección de proveedores y tampoco evidencia prácticas rigurosas de limpieza y desinfección. “Cuestiones técnicas básicas que cualquier operador de alimentos debería conocer”.
Los internos, según Luisa, tienen claro que para noviembre deberá elegirse el nuevo operador. Pero se pregunta si, hasta entonces, habrá garantías en el servicio “¡Es que son casi 15 días!”, se pregunta y luego asevera: “Sabemos que cometimos errores, y que le fallamos a la sociedad, pero tampoco es para que nos traten de esta manera”.
¿Quién responde?
Consultado por EL COLOMBIANO en la sede de Guayabal, Luis Olarte, asesor jurídico de Nueva Aurora SAS, operador de la alimentación en El Pedregal y la Uspec, dijo que el servicio se ha prestado con calidad y que el diagnóstico de la Secretaría de Salud no es preciso.
“Nosotros tenemos unos controles. Si los hubiéramos incumplido, la Secretaría tendría que haber decomisado los alimentos y eso no ha pasado”, afirma el abogado, quien califica como falso que la comida llegue en mal estado a las instalaciones de El Pedregal.
El retraso de esta semana, según este, se debió al sellamiento del cual fueron objeto. No hubo mayor tiempo, en sus palabras, para disponer de lo necesario en el lugar nuevo. Ese plan c, según Rosa Yolanda Sánchez, directora (e) de la Uspec, ya rueda en una de las cocinas de la cárcel de Bellavista, en Bello.
La funcionaria, contrario al diagnóstico de la Secretaría de Salud, expresa que los alimentos se entregan en buen estado. “Lo que no sabemos, y tampoco podemos garantizar, es el tratamiento interno que les dan”. Y en cuanto al cierre, esta alega que no existen factores de fuerza para haber tomado esa decisión: “Son 3.500 reclusos, la Secretaría debería analizar mejor los efectos de este tipo de medidas”.
Contrario a este alegato, Juan Diego Giraldo, director del complejo carcelario, confirma el panorama descrito por los internos y la Secretaría. Si bien le preocupa la situación de alimentación por la salud y los derechos de los reclusos, este detalla que podría avecinarse un motín. “Los internos han estado muy calmados, pero lo que tememos es que los incumplimientos con la alimentación se conviertan en un ‘florero de Llorente’ al interior de la cárcel”.
Giraldo pide, en ese sentido, que los entes de control vigilen con lupa la licitación que elegirá al nuevo operador. Ello porque ayer se conocieron los pliegos definitivos para el proceso y este mes concluye el contrato 128 de 2021, mediante el cual Nueva Aurora SAS suministra la alimentación.
El nuevo operador se elegirá por licitación pública, cuestión que es nueva para el sector. Antes la contratación funcionaba mediante el modelo de bolsa, en el cual se adjudicaba el contrato al mejor postor —quien ofreciera el paquete más barato—. “Ese cambio ha creado malestar entre los operadores”, dice Gómez.
Tal vez en esto coinciden la funcionaria de la Uspec y Giraldo, quien precisa que los reclusos se encuentran en la mitad de un fuego cruzado. “Quienes quieren prestar el servicio presionan para que el actual operador salga, mientras este trata de mantenerse”. Los internos no están seguros de aguantar ese tire y afloje por la contratación de su alimentación que, en esta ocasión, representa una adjudicación de $400.000 millones.
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