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En los dos últimos años la Contraloría General de Antioquia (CGA) fue noticia por escándalos de corrupción que incluyeron las más altas esferas. Primero fue el contralor Sergio Zuluaga, suspendido por falsificar información de su hoja de vida y más tarde imputado por presunta corrupción junto con su subcontralor, Rubén Darío Naranjo. Otros ocho contralores también están respondiendo ante la justicia por presuntas irregularidades.
Este año la abogada y contadora pública Elsa Yazmín González Vega fue elegida como contralora, aunque solo estará en el cargo por dos años, pues en septiembre del año pasado se aprobó el Acto Administrativo No. 04 que dispuso que el periodo de alcaldes y gobernadores no debía coincidir con el de contralores y decretó que este sería un período de transición. Así va hoy la CGA:
¿Cómo encontró la entidad?
“Llegamos a erradicar la corrupción trabajando desde el interior. Comenzamos con responsabilidad fiscal y encontramos más de 40 procesos próximos a prescribir, del año 2015 y 2016. Por eso estamos fortaleciendo la oficina con más abogados para poder evacuar estos procesos. Como soy segunda instancia, no puedo meterme porque contamino el proceso, por eso tengo personas que están controlando la situación y vigilando que no se nos vayan a prescribir. En el momento, debido a la pandemia, tenemos cinco abogados que trasladamos de otras áreas, además de algunos nuevos que han llegado”.
¿Qué más ha cambiado?
“En lo que tiene que ver con el plan anual de auditorías, no se escogen los auditores a dedo sino a través de balota, por sorteo, y si alguna de las personas seleccionadas ya estuvo auditando ese municipio se cambia para evitar caer en amiguismos o en favorecimientos.
Respecto a denuncias, estamos conformando un grupo de reacción inmediata que irá a las regiones cuando hace falta. Yo voy a estar muy pendiente de ese grupo, contrario a como se venía haciendo, que es que el jefe del área designa quién va y prácticamente siempre estaban las mismas personas. Eso puede generar riesgo.
Desde la oficina jurídica hemos estado avanzando en el modelo integrado de planeación y gestión. Llegué y no existía siquiera un plan anual de vacaciones. Eso se está organizando para que la casa esté ordenada y podamos exigirles a nuestros sujetos vigilados que puedan poner en orden las suyas.
Y para poder ingresar a la Contraloría, desde el momento en el que yo me posesioné, es necesario tener el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, que da el Departamento Administrativo de la Función Pública, porque no podemos permitir que a una entidad totalmente técnica lleguen personas que aunque tengan experiencia en el sector privado, no sepan nada de lo público, porque eso hace que la gestión no avance.
Además, está totalmente prohibido para los funcionarios reunirse con los alcaldes o exalcaldes. Cuando llegué, los sujetos vigilados, incluso con investigaciones, entraban y salían como Pedro por su casa sin ninguna dificultad”.
“Estamos un poco cortos porque más del 90 % de nuestros recursos se van en los gastos de nómina y asociados a personal. Entonces los dineros para desplazarnos a las diferentes regiones están muy limitados, no es suficiente. Estamos haciendo convenios interadministrativos y creando una red de veedores, porque somos más de 300 empleados pero tenemos más sujetos vigilados que funcionarios”.
“Hemos creado dos grupos de trabajo: uno enfocado en atender la contratación que se viene de las urgencias manifiestas que han expedido algunos alcaldes y el Departamento, y otros para las denuncias relacionadas con la covid-19. El primer grupo está dividido en cuatro comisiones: asuntos alimentarios, asuntos hospitalarios, publicidad y comunicaciones; y otros asuntos como educación, transporte y relacionados. Todas están coordinadas por el auditor delegado, yo las presido y tenemos abogados y equipos de apoyo trabajando desde las casas.
El otro grupo es de reacción inmediata que atiende denuncias. Solamente vamos a ir a aquellos municipios en los que se requiera el traslado para tomar evidencia”.
“Tenemos varias denuncias, estamos trabajando sobre ellas y sobre las urgencias manifiestas. Hay municipios priorizados porque hay denuncias que han llegado de Abejorral (ya se corrió traslado), Segovia, Jericó, Rionegro, Barbosa, y la mayoría por contratos de mercados” .