El pasado 3 de julio, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI), de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó 62 certificados de amnistías en el marco de una jornada de capacitación en el AETCR —Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación— de Becuarandó, ubicado en Mutatá, en el Urabá antioqueño, con la participación de cerca de 150 firmantes de paz.
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La actividad estuvo presidida por la magistrada Xiomara Balanta, presidenta de la SAI, y por las también magistradas de la sala, Alexandra Sandoval y Marcela Giraldo. Contó con la presencia de organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, en su rol de organismos internacionales, promueven la implementación del Acuerdo Final de Paz y legitiman la labor judicial de la JEP.
Los AETCR, administrados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), son lugares donde los excombatientes de las extintas Farc-EP desarrollan su proceso de reincorporación a la vida civil, al lado de sus familias, y adelantan proyectos productivos para garantizar su sustento. Durante la jornada presentaron dos: uno de piscicultura, liderado por mujeres firmantes, y otro de cultivo de cacao.
“Ya llevan 9 años apostándole a la paz”, reconoció la magistrada Xiomara Balanta a los firmantes al inicio de su intervención, y continuó: “Gracias por los esfuerzos que han hecho durante todos estos años. No han desfallecido en esta labor”.
Sobre la experiencia de tránsito hacia la vida civil, el firmante de paz Juan de Dios Quintero Urrego, instó: “Sigamos comprometidos por la paz en Colombia; no hay otra alternativa, sino la paz (...). Todo hay que resolverlo de una manera conversada, dialogada, porque todos merecemos respeto y que nos traten como humanos, independientemente de las dificultades y de las diferentes opiniones que tengamos”.
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Por su parte, la magistrada Balanta aclaró a los firmantes el papel que desempeña la SAI en la JEP, con respecto a la concesión de beneficios jurídicos: “Tenemos la función de investigar, juzgar, sancionar los más graves crímenes, pero, sobre todo, de proteger los derechos de las víctimas y garantizar la seguridad jurídica de quienes firmaron la paz”, dijo.
La magistrada Sandoval resaltó que las amnistías se aplican a las conductas, no a las personas. Señaló que cuando se otorga una amnistía la investigación que cursa contra esa persona se suspende; si la persona había sido condenada, la condena desaparece y, si esta se encontraba en la cárcel, debe otorgársele la libertad. “Lo más importante que hace la amnistía es que borra el delito, pero también borra los antecedentes”, reiteró.
Al finalizar esta jornada, la sala entregó los 62 certificados de amnistía, un paso definitivo para resolver la situación jurídica de algunas de las personas que participaron en este encuentro.
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