Las víctimas ya no están para narrar lo que pasó antes de que las asesinaran. No contarán nunca lo que pensaron momentos antes de que la muerte cruel les llegara de forma inesperada. No dirán si hacía frío o si escucharon tiros antes de que les dispararan ni cuánto miedo sintieron ni qué fue lo último que les dijeron ni a quién recordaron por última vez. No se sabrá si miraron a los ojos al victimario o si alcanzaron a pronunciar palabra. Lo que se reconstruya del horror que pasaron los instantes finales de su vida depende de testimonios que dieron por cuatro días los exmilitares que planearon, ejecutaron y encubrieron sus homicidios, mancillaron su dignidad señalándolos como falsos delincuentes, haciéndolos pasar como bajas en combate.
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Desde el martes 27 hasta este viernes 30 de mayo, se hicieron en Medellín las audiencias convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para escuchar los aportes de verdad y reconocimiento de responsabilidad de 43 comparecientes de la fuerza pública, quienes pertenecieron a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Afeur N.° 5 y que participaron en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en distintas zonas del Valle de Aburrá, entre 2004 y 2008. Hablaron ante las familias de las personas asesinadas.
De ellos, 40 no han sido seleccionados como máximos responsables, pero otros tres —Beismarck Salamanca Nempeque, Édgar Andrés Torres Hurtado y Hernando García García— fueron declarados máximos responsables de los hechos y asistieron como testigos a las diligencias, presididas por el magistrado Pedro Díaz y en las que se habló de 18 personas asesinadas.
Hubo detenciones ilícitas para poder ejecutar a las víctimas
Si no se planeó el homicidio de estos jóvenes, entonces, ¿para qué llevaban dos armas hechizas? (...) Este hecho confirma que sí había un planeamiento y una intención de cometer un crimen.
Esas palabras son del compareciente Andrés Cervantes Blanco, exintegrante de la Afeur, quien llegó con otros compañeros de esa unidad a Santa Cruz, comuna 2 de Medellín, el 14 de septiembre de 2004. Estuvieron varias horas en lo alto del barrio, escondidos en un cafetal, vigilando; un hombre del sector, su informante y que llaman “Rubelio”, les había dicho que en la cancha solían estar jóvenes que practicaban acciones delictivas, un dato falso que terminó con la muerte de dos inocentes, Adrián Mauricio Sierra Torres, de 16 años, y Ferney Alfonso Múnera, de 25.
Los dos jóvenes aparecieron por el sector y uno de los soldados los vio. Bajaron por ellos, los interceptaron, los requisaron, los interrogaron y los llevaron a una zona boscosa donde los retuvieron varias horas. Uno de los soldados se quedó en un lugar con Adrián y otro con Ferney. La instrucción era asesinarlos. En la audiencia no quedó claro quién fue el primero en recibir los disparos, pero lo que sí que el otro, al escuchar los tiros, se cayó al piso como por el susto.
En ese momento los demás soldados debían disparar al aire para que pareciera que hubo un combate. Cuando llegó el silencio, el joven caído se paró y salió caminando, tal vez no pasó por su cabeza que querían ejecutarlo, no había una razón, tal vez pensaba que su amigo estaba vivo, que simplemente quedaron en medio de un combate por casualidad. Pero entonces, cuando otro militar lo vio andando le disparó por la espalda.
Ese testimonio lo dio el compareciente Jenry Alberto Herrera Pereira, quien afirmó que las víctimas no fueron groseras ni intentaron escapar mientras los tuvieron retenidos. Román Alberto Gutiérrez Jaramillo, otro compareciente, dijo que al subir al furgón hacia Santa Cruz empacaron dos armas hechizas, las mismas que luego les pusieron a los jóvenes después de muertos para fingir que eran integrantes de grupos criminales.
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El caso de Adrián y Ferney es solo una muestra de dos modalidades en las que se enmarcan los crímenes analizados en las audiencias. La primera, la detención ilícita de víctimas para luego ejecutarlas y presentarlas como falsas bajas en combate, como milicianos de guerrillas o delincuentes.
Según Juan Felipe García, del Grupo de Análisis de la Información (GRAI), usaban personas que actuaban como guías para señalar a las víctimas, pero no se verificaba la veracidad de esa información ni la identidad ni los perfiles para hacer las capturas. Además, se estigmatizaba a las víctimas según las zonas de residencia o comportamientos como el consumo de drogas.
De hecho, las ejecuciones extrajudiciales analizadas se dieron en medio de una situación de conflicto en Medellín y municipios aledaños que fue variando conforme pasaron los años, pero que estuvo marcada por operaciones militares contra las milicias urbanas de las guerrillas y el dominio y control paramilitar en muchas zonas. García recordó que la Afeur N.° 5 fue creada con otras nueve de esas unidades en abril de 2001 y se destinó específicamente para el Valle de Aburrá, con sede en el batallón de artillería Bajes, ubicado en Buenos Aires, comuna 9.
Las víctimas que escogían eran personas vulnerables
El soldado Sierra manifestó que tenía un joven para ejecutarlo.
El compareciente Juan Guillermo Gutiérrez Morales recuerda que el 11 de abril de 2005 salieron en un furgón, él y otros compañeros a una operación en San Javier, comuna 13, pero hicieron una parada en Manrique, comuna 3. En esta última vivía Róbinson Carvajal Herrera, de 19 años. Ese día salió de casa con unos amigos, en bicicleta. En la zona donde estaban paró el furgón y lo hicieron subir con la excusa de revisar sus antecedentes.
El joven no parecía nervioso, pero inquieto preguntaba para dónde iban. A una base, le respondieron. En el camino, aún en el vehículo, le hicieron firmar un documento para confirmar si escribía con la mano derecha o la izquierda, para saber luego en cuál ponerle el arma con la que pretendían que pareciera una baja en combate. Cuando llegaron a San Javier, por La Loma, lo asesinaron. La instrucción era que cuando se escuchara el primer disparo los demás hicieran tiros para dar más credibilidad a un enfrentamiento.
Este tipo de perfiles de las víctimas fue reiterativo en las audiencias. El magistrado Díaz reiteró que, como Róbinson, todas las víctimas de estos falsos positivos tenían la particularidad de que eran en su mayoría jóvenes de 18 a 25 años —a excepción del menor de edad Adrián—, de hogares pobres, con condiciones de vulnerabilidad social y económica, algunos habitantes de calle, muchos de ellos trabajadores informales, vendedores ambulantes, oficiales de construcción, celadores, mecánicos, lavadores de buses, a quienes sus familias recuerdan como buenas personas y que las investigaciones han establecido que no tenían vínculos con grupos armados.
Los exmilitares también se aprovechaban de esto, tal como ellos mismos lo reconocieron, para engañar a algunas víctimas con falsas promesas de empleo o diciéndoles que los necesitaban para apoyar una acción operacional, todo con el fin de trasladarlas a las zonas donde las asesinaban.
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La selección de las víctimas se hacía además en zonas estigmatizadas por la alta incidencia de grupos armados delincuenciales, porque eran barrios pobres o donde la presencia estatal era escasa. Los ciudadanos sobre cuyos asesinatos se dieron detalles en las audiencias eran de las comunas 2, Santa Cruz; 3, Manrique; 7, Robledo; y 8, Villa Hermosa; los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de Prado y una vereda de Girardota.
Montaban escenas para encubrir los crímenes y daban falsos reportes
Estuve en la reunión en la que se planeó. Estuve en donde se montó el retén; viajé con los señores. Fui la persona que iba punteando (el grupo) y quien asesinó a la primera persona de esa noche.
El compareciente Óscar Darío Jiménez se refirió así al asesinato de Héctor Arley Peláez Chalarca, Carlos Andrés Herrera Mejía y John Andrés Gómez, el 22 marzo de 2007, en la vereda Boquerón, en San Cristóbal.
Según los testimonios, en esa zona hicieron un retén. Estaban pendientes de que un taxi hiciera señal con las luces, para detenerlo. En él iba un soldado que llevaba a las víctimas mediante engaños. Al inspeccionar el carro, encontraron una bolsa o un costal en el que habían empacado previamente armas que fingieron que eran propiedad de las víctimas. Con la excusa de requisas los bajaron y a cada uno se lo llevaron militares distintos.
El compareciente Saír de Jesús Pérez reconoció haber asesinado a otro de los jóvenes. Dijo que caminó un tramo con él y conversaron; que después le dijo que se quedara quieto y le disparó. Antes de ser ejecutadas, las tres víctimas estaban tranquilas, porque les habían dicho que iban a una base, porque confiaban en la fuerza pública y su deber de proteger a la gente. No podían saber que sus muertes estaban planeadas.
El resto es historia, armaron la escena para que pareciera un combate. “Fui la persona que colocó algunas de las armas a las personas que se encontraban sin vida en el lugar”, dijo el compareciente Jorge Alberto Díez Silva.
Tras los relatos sobre este caso, Luis Carlos Téllez, padre de crianza de Jhon, dijo que no creía que los jóvenes no habían sido maltratados antes de morir: “Fui a reconocer el cuerpo en la morgue y le vi lo moretones en la cara, magulladuras en los brazos”. Otro familiar elevó su voz afirmando que nunca los podrían perdonar por lo que hicieron.
Según los comparecientes, además de planear las ejecuciones y establecer tareas específicas para cada uno, tras asesinar a las víctimas hacían disparos al aire para simular enfrentamientos; montaban escenas para hacerlos pasar como delincuentes; les ponían armas que ellos mismos llevaban al lugar, como fusiles, escopetas, revólveres o granadas; fingían decomiso de equipos de comunicación; los trasladaban a las morgues como bajas en combate.
Pero además de todo esto, luego se reunían en la base militar para acordar las versiones que darían y falsear los reportes e informes, incluso con datos mentirosos sobre labores de inteligencia, con el fin de dar aire de legalidad a los crímenes que acababan de cometer. Esto, dijeron algunos, también se daba en medio de presiones de los altos mandos de la IV Brigada o la I División del Ejército, a la que tuvo pertenencia la Afeur, con el fin de que mostraran resultados. Por estos hechos, a algunos les daban permisos en diciembre, aseguraron.
Incluso, el compareciente Cervantes Blanco sostuvo que las investigaciones de la justicia penal militar que se abrían por algunos de estos hechos eran una “mentira”, un simple protocolo en los que les escuchaban y avalaban las declaraciones, a veces, hasta con conocimiento del juez penal de turno del Bajes de que se trató de una ejecución extrajudicial.
Desde la JEP recordaron que la justicia transicional restaurativa establece que “un compareciente no es máximo responsable cuando, a pesar de haber participado en los hechos, no tuvo un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o la puesta en marcha de un plan criminal ni en la definición y ejecución de los patrones criminales determinados” por el alto tribunal.
Al final de la diligencia, el magistrado Díaz dictó una serie de órdenes para verificar detalles y elementos señalados por los comparecientes en sus aportes de verdad, que también se hicieron sobre las ejecuciones extrajudiciales de Gilmer Darío Pino Álvarez, Diego Alfonso Ortiz Muñoz, Róbinson Úsuga Manco, José Joaquín Idárraga Naranjo, Norberto de Jesús Pérez Restrepo, Josué Quinto Bran, Yeison Andrés Torres Blandón, Víctor Leon Betancur Perra, Hawin Parra Rentería, Juan Andrés Quejada Palomeque, Yeison Alfonso Acosta Gutiérrez y Julián Darío Villa Rúa. Todos ellos civiles inocentes, hijos, hermanos, padres, esposos, amigos; que tienen con estas audiencias un mínimo de reivindicación a su memoria, limpiando sus nombres y su dignidad, que también fueron mancillados cuando les arrebataron la vida.
Otros comparecientes no máximos responsables que participaron en las audiencias
Además de los comparecientes ya mencionados, los otros que estuvieron en la audiencia son: Abelardo de Jesús Rivera Garcés, Jaime Alcónide Aguirre Bedoya, Albeiro Pedrozo Villarruel, Willington de Jesús Duarte Durango, Álvaro Alfredo Gamba Quiroga, Carlos Andrés Sánchez Ibargüen, Darío Blandón Ruiz, Diver de Jesús Quiroz Tobón, Diego José Sánchez Boyeneche, Elixánder Antonio Flórez Sepúlveda, Jairo Manuel Polo Lozano, Jesús Antonio Pérez Pérez, Yonny Alberto David Taborda, Jhon Jairo Posada Arroyave, Leonardo Paz Medina, Walter Levis Mena Moreno, Marino Alberto Carvajal López, Nelson Yair García Sandoval, Nilson Fidel Vera Useche, Wilfrido Segundo Acuña Valle, Wilson Adrián López Monsalve, Joaquín Ferney Hidalgo Higuita, John Janer Ortiz Higuita, Gildardo Antonio Montoya López, Gerardo Hernández Hernández, Heriberto Martínez Muñoz, Hernán Darío Duarte Buitrago, Diego Fernando Hidalgo Padierna, Juvenal de Jesús Higuita Suárez, Fabio León Torres Quintero, Delio Antonio Valencia Zea y Juan Javier Gallego Varelas.
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