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Los enredos que llevarían otra vez a “Popeye” a la cárcel
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Jhon Jairo Velásquez alias Popeye durante la audiencia de este viernes. Foto: Santiago Mesa Rico -
Audiencia de Popeye en la Fiscalía. FOTO: Santiago Mesa Rico -
Jhon Jairo Velásquez alias Popeye junto a su abogado durante la audiencia de este viernes. Foto Santiago Mesa Rico -
Foto: Santiago Mesa Rico
26 de mayo de 2018
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El supuesto cobro de 55.000 dólares a una familia, fruto al parecer de negocios ilegales desarrollados en EE.UU., como lo informó la Fiscalía en las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos, es uno de los delitos que podría poner otra vez a John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, tras las rejas.
Todo comenzó en febrero de 2016 cuando el afectado y su familia recibieron una llamada de varios personajes que se identificaron como “trabajadores de Popeye” y le dijeron al personaje implicado, de quien se reserva la identidad por motivos de seguridad, que debía responder por el dinero que se había robado en EE. UU., y que era una deuda que debía cancelarse en el menor tiempo posible.
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El implicado aseveró que nunca se había robado este dinero y que no debía nada a nadie, razón por la cual se intensificaron las llamadas y, tiempo después, llegaron las amenazas.
Según el informe entregado por la Fiscalía, a esta persona “Popeye” le puso varas citas con sus “muchachos” en varios centros comerciales de Medellín, en los que intimidaban al supuesto deudor y le decían que tenía que pagar o pagar.
Las intimidaciones llegaron al extremo de que una vez llamaron a la casa del deudor y contestó la mamá. En el informe del fiscal, se reseñó que este hombre le habló de la deuda del hijo de la señora, pero ella le contestó que este no les debía nada y que el que nada debe nada teme.
Acto seguido, los supuestos hombres al servicio de Popeye llamaron al deudor y le dijeron que su mamá era muy grosera, que les tenía que pagar “o que si no la sacaban a ella a la fuerza de la vivienda y se quedaban con la casa”.
Audiencia de Popeye en la Fiscalía. FOTO: Santiago Mesa Rico
La presión por este cobro llevó al implicado a tratar de negociar la presunta deuda y, en un acto de desespero, en junio de 2016 le entregaron un vehículo Aveo tasado en 33.500.000 pesos. Con este acto, el presunto deudor les dijo a los supuestos hombres de Popeye que no tenía dinero y que eso era lo único que les podía entregar
“La entrega del vehículo se hizo en un centro comercial de Medellín (El COLOMBIANO se reserva el nombre del establecimiento) hasta donde llegaron los hombres de Popeye. Allí fueron al parqueadero y había otros en una camioneta”, reseño el fiscal en la audiencia de imputación de cargos realizada en la noche del viernes en el Palacio de Justicia de Medellín.
Por este cobro la Fiscalía el imputó los cargos a “Popeye” de extorsión que podría levarle a una condena de hasta 27 años de cárcel según indicó el juez en la diligencia judicial.
El otro delito
El cobro de los 55.000 dólares como pago por una deuda evidenció los otros delitos que al parecer seguía cometiendo quien en otrora fue el jefe de sicarios de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín quien murió en un operativo el 2 de diciembre de 1993.
Concierto para delinquir agravado es el otro delito por el que la fiscalía solicitó medida de detención intramural contra John Jairo Velásquez Vásquez.
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Datos recopilados por el fiscal reseñan que al parecer alias “Popeye” lideraba un grupo de personas que se dedican al cobro de deudas a través de constreñimientos.
Jhon Jairo Velásquez alias Popeye junto a su abogado durante la audiencia de este viernes. Foto Santiago Mesa Rico
Además, según versiones recopiladas por el ente investigador, el general de la Mafia (como se hace llamar y reza uno de los tatuajes que tiene “Popeye” en su brazo derecho) tenía el control de varios grupos delincuenciales que tienen su asentamiento en los barrios Enciso, Buenos Aires, El Salvador y Aranjuez.
En este último sector en el nororiente de Medellín, señala la Fiscalía por versiones de testigos, las relaciones eran directas con un personaje conocido con el alias de “Taborda”, y se centraban en el control de la venta de estupefacientes en esta comuna. Junto a “Taborda” estaría alias “Chuta”, encargado “de todo el cannabis en Aranjuez”, aseveró el fiscal encargado del caso.
En las audiencias de imputación de cargos y legalización de captura, el fiscal indicó que Taborda es hermano de alias “Jordi”, una persona señalada por la Policía y la Fiscalía como jefe de “la Terraza” y quien ordenó el asesinato de dos agentes que investigaban la llamada “Oficina”. El doble homicidio se produjo en el Jardín Botánico el 12 de julio de 2012.
“Una vez hubo una reunión en La Bayadera. Hasta allá llegó Popeye y se reunió con un personaje en un taller por dos horas. Mientras tanto llegó un carro con otras personas y pidieron que le pasara un maletín al carro de la mamá (“Popeye”). Ahí había armas como pistolas y otras cosas que no alcancé a identificar, pero pesaba mucho”, relató el testigo a la Fiscalía.
Así mismo, el fiscal indicó que por relatos de otros versionados, alias “Popeye” estaría encargado de otras plazas de vicio en Belén.
Foto: Santiago Mesa Rico
Con las anteriores pesquisas, la Fiscalía le solicitó al juez medida de aseguramiento intramural porque considera que de no hacerlo así, “Popeye” podría seguir delinquiendo, además “porque representa un peligro para la sociedad”.
En medio de un descanso, John Jairo Velásquez se le acercó al fiscal, y en una conversación más informal, le asevero que no tenía nada que ver con las pruebas que se le endilgaban, que no era jefe de ninguna banda y que incluso, todo esto podría ser un montaje de los personajes que atestiguaron en su contra en la investigación preliminar.
Ya ante el juez, alias “Popeye” expresó que no aceptaba los cargos endilgados por la Fiscalía y que tenía claros todos los procedimientos que seguían en el curso de la investigación.
Por este último delito imputado (concierto para delinquir), el sindicado podría pagar una pena de 12 años de cárcel que contaría con un beneficio en caso de colaborar con la justicia, y obtendría una rebaja de dos años de prisión.
Para este sábado quedó programada una nueva audiencia de imputación de cargos, esta vez por las presuntas amenazas que el exjefe de sicarios del Cartel de Medellín profirió sobre un candidato presidencial que participa en las elecciones 2018.
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