Lehder, de 75 años de edad, hizo parte del cartel de Medellín en los años 80, una organización responsable de asesinatos selectivos, secuestros, masacres, carrobombas, magnicidios, corrupción y toda suerte de delitos, pero no pagará por sus penas en esta nación. ¿Por qué? Esta es la respuesta a esa pregunta, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Enrique Lehder Rivas pagó 33 años de cárcel en Estados Unidos y ya está libre en Colombia. Foto cortesía de Policía.

El 28 de marzo de 2025 el cofundador del cartel de Medellín fue detenido por la Policía a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con rimbombancia, la institución anunció que lo trasladaría a los calabozos de la Dijín, a verificar su situación judicial.

En las bases de datos aparecía que Lehder fue condenado el 24 de noviembre de 1995 por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, que lo halló responsable por los delitos de tenencia y conservación ilegal de estupefacientes, armas de fuego y municiones de uso civil y privativo de las fuerzas armadas.

La pena fue de 24 años de cárcel y una multa de $1’250.000, la cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Nacional el 5 de agosto de 1996.

En ese momento, Lehder estaba preso en una celda de Estados Unidos, adonde había sido extraditado en 1987 bajo cargos de narcotráfico.

Recuperó la libertad en 2020 y fue repatriado a Alemania, en un movimiento jurídico en el que primó su nacionalidad germana, heredada de su padre. Estuvo allá hasta marzo del presente año, cuando decidió volver al país que atormentó en los 80; sin embargo, una alerta de pasaporte en el software de Migración le provocó la posterior captura.

En su argumentación sobre el caso, el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, en cuyo estrado fue presentado, explicó que la sentencia que lo afectaba ya prescribió, razón por la cual se decretó su libertad.

“Dado que Lehder fue condenado a 24 años de prisión, es claro que la prescripción de la sanción penal será de 24 años, según lo contemplado en el artículo 89 del estatuto punitivo. Así las cosas, desde el 30 de agosto de 1999, data de ejecutoria de la sentencia a hoy, han transcurrido 25 años, 7 meses y 1 día, lo que permitiría concluir que ha pasado el tiempo requerido para que opere la prescripción de la sanción penal”, expuso la juez Martha Delgado Molina en su auto interlocutorio.

El excapo salió libre en la mañana del 31 de marzo pasado, con una sonrisa en su rostro envejecido y diciendo ante la prensa “¡Viva Colombia!”. Lo acompañaba su abogada Sondra Macollins.

“Lehder recupera su libertad porque su pena estaba prescrita y porque tenía derecho a seguir siendo un hombre libre. Doy gracias a Dios porque en Colombia todavía tenemos institucionalidad, y aunque nos parezca un poco impopular la decisión, triunfó la Constitución y la ley”, recalcó la defensora, quien en sus redes sociales se presenta como “la abogada de hierro”.

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¿UN DESCUIDO DEL ESTADO?
En su decisión, la juez Delgado enfatizó en que el Gobierno de Colombia pudo haber solicitado a las autoridades de Estados Unidos o de Alemania que deportaran a Lehder antes de que la sentencia perdiera validez, pero que no lo hizo por un aparente “descuido”.

“(…) También es cierto que por descuido no se realizó de manera oportuna el trámite correspondiente de solicitud ante el Estado que lo tenía preso, para que lo dejara a disposición de estas diligencias para el cumplimiento de la pena, sino que se permitió salir en libertad y se obró en el entendido que el penado no estaba retenido”, acotó la togada.

Esto implica que durante los 33 años que Lehder duró preso en EE. UU., las autoridades colombianas no le notificaron a la Casa Blanca la sentencia en nuestro país, para que una vez saliera, lo deportaran de inmediato a Bogotá; tampoco lo hicieron ante las autoridades alemanas, en cuyo suelo estuvo desde 2020.

Para estas notificaciones, indicaron fuentes judiciales, hay múltiples mecanismos: peticiones de Cancillería, solicitudes de la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Fiscalía, circulares de Interpol y tratados binacionales, ninguno de los cuales se aplicó.

La responsabilidad del aparente descuido recae en las decenas de funcionarios que han dirigido la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía desde 1995 hasta 2023, cuando todavía estaba activa la sentencia.

¿Y ahora qué sigue para Lehder? Las fuentes jurídicas consultadas por El Colombiano, con reserva de identidad, manifestaron que el cartel de Medellín está involucrado en muchos delitos que no han prescrito, como los magnicidios y asesinatos de policías y servidores de la Rama Judicial. “Esos expedientes se pueden reabrir con un interrogatorio a Lehder, quien a diferencia de otros miembros del grupo, como ‘Popeye’, nunca cooperó con la justicia colombiana”, indicaron.

El político Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo e hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), señaló que “Ledher es corresponsable de los crímenes del cartel de Medellín. En particular, los cometidos antes de su extradición: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, declarado por la Fiscalía crimen de lesa humanidad dentro del exterminio del Nuevo Liberalismo. En EE. UU. pagó una condena por narcotráfico, pero no ha respondido ante la justicia por los crímenes cometidos en Colombia”.

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El Inspector.

Parece una siniestra regla general, pero cada vez que esta banda ejecuta a uno de sus socios, el crimen queda en la impunidad.

Así se reportó en México la desaparición del exagente del Gaula y miembro de “la Oficina”, Carlos Alberto Zapata, alias “Camilo Carracas”. Foto de cortesía.

También suelen quedar sin esclarecer la mayoría de masacres perpetradas por la facción, pues aunque en esas acciones no se elimina el cadáver, nunca aparecen los testigos o se activa una red de corrupción que desvía la investigación. Para citar algunos ejemplos, porque la lista es interminable, están: la masacre de nueve personas en una finca de Envigado, donde murió el cabecilla alias “Morro” (2012); el cuádruple homicidio en un apartamento de Envigado, donde pereció el mercenario apodado “Yayo” (2009); y la matanza de cinco personas en una vivienda de Guayabal, las cuales integraban la banda “la Unión” (2011).

Basta decir que la justicia colombiana ha sido incapaz de probarle un solo asesinato a los máximos jefes de la organización, como “Rogelio”, “Yiyo”, “Douglas”, “Valenciano”, “Sebastián”, “Beto”, “el Cebollero” o “Frank”.

En este mar de impunidad sobre los crímenes de “la Oficina”, hay ocho desapariciones forzadas que, si algún día no muy lejano se investigan a fondo, podrían dejar en evidencia a los principales jefes y aliados ocultos de la banda, que hoy disfrutan de la libertad o de condenas judiciales minúsculas, por cargos de poco peso.

Daniel Alberto Mejía Ángel, alias “Danielito”, “Daniel Rangel” o “Daniel Bum”

Fue un agente de Tránsito corrupto del municipio de Envigado, que llegó a convertirse en uno de los máximos líderes de “la Oficina”. Se desmovilizó en 2005 como comandante del bloque Héroes de Granada de las Auc.

Daniel Mejía, alias “Danielito”. Foto de archivo El Colombiano.

Mientras Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), el fundador de la organización, estaba negociando con el Gobierno y los demás jefes paramilitares el Pacto de Ralito, para desmovilizar a las Autodefensas, “Danielito” asumió la jefatura. Queriendo asegurar su poderío, ordenó matar al número dos de “la Oficina”, Gustavo Upegui, y en un atentado dejó herido a uno de sus principales socios, Hugo Albeiro Quintero (“el Patrón de Bello”).

Estos hechos preocuparon a otros miembros de la cúpula, que temían ser los siguientes en la lista negra de “Danielito”, así que “don Berna” y Carlos Mario Aguilar (“Rogelio”) autorizaron aniquilarlo.

El operativo ilegal contó con apoyo de miembros corrompidos del DAS y la Policía, que ubicaron a Mejía Ángel en una finca del municipio antioqueño de Copacabana, en noviembre de 2006.

Lo que le hicieron no ha sido comprobado por autoridades judiciales, pero hace parte de los mitos urbanos de la mafia local: que lo hicieron firmar documentos para el traspaso de bienes, que lo secuestraron y lo mataron de un disparo en la cabeza. Después habrían desmembrado el cadáver, incinerado sus restos en una caneca y arrojado las cenizas en la vía a la antigua cárcel La Catedral, en Envigado.

En esta desaparición, “la Oficina” al parecer dejó ver su cruel ironía, pues en vida, “Danielito” fue el encargado de administrar hornos crematorios en los que varias víctimas de los paramilitares y del narcotráfico fueron quemadas.

Julio César Correa Valdés, alias “Julio Fierro”

Fue narcotraficante y socio del capo Pablo Escobar Gaviria. Según la Fiscalía, tras la muerte del líder del cartel de Medellín, “Julio Fierro” continuó traficando droga hacia Estados Unidos.

Julio Correa, alias “Julio Fierro”. Foto de archivo.

Cuando las autoridades de ese país le abrieron un expediente y solicitaron su extradición, él ya estaba casado con la modelo paisa Natalia París, hecho que aumentó su fama y le dio una notoriedad social que antes evitaba.

Entre 1999 y 2000 estableció acercamientos con las autoridades norteamericanas, para acordar un sometimiento y trato preferencial a cambio de suministrar información del negocio y sus socios.

Esta situación se filtró y otros narcotraficantes decidieron pagar dinero para eliminarlo. Artículos de prensa indican que algunos paramilitares desmovilizados contaron a la Fiscalía que el contrato fue ejecutado por “la Oficina”, que habría raptado a “Julio Fierro” en agosto de 2001 en una finca del municipio de Guarne. Lo retuvieron varias horas, mientras firmaba documentos de traspaso de bienes y lo torturaban, y después lo habrían incinerado en uno de los hornos crematorios de “Danielito”.

Vicente Castaño Gil, alias “el Profe”

Uno de los cofundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 1997, al igual que promotor de la creación de la banda criminal “los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas” en 2007. En marzo de ese mismo año, sus antiguos socios paramilitares decidieron eliminarlo, enviando un comando armado a la finca Sal si Puedes, del municipio antioqueño de Nechí.

Vicente Castaño, alias “el Profe”. Foto de archivo El Colombiano.

Los sicarios de “la Oficina”, siguiendo órdenes de los comandantes “don Berna” y “H.H.”, actuaron en compañía de miembros corruptos de la Fuerza Pública para incursionar en el predio. Al verse rodeado, según el relato de exparamilitares, Vicente Castaño se suicidó con un revólver calibre 32 que portaba. Su cadáver fue desmembrado y arrojado al río, por lo que sus restos nunca fueron hallados.

Por este crimen no hay personas condenadas en Colombia, pero sí en Estados Unidos. Mauricio López Cardona (“Yiyo”), cabecilla de “la Oficina” en ese entonces, confesó su participación en la desaparición del cadáver de Castaño. Por este y otros delitos fue condenado a 8 años de cárcel por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ya pagó su sentencia y en julio de 2016 salió en libertad bajo vigilancia, quedándose a vivir en ese país con un permiso especial concedido por el Gobierno.

Ver la NOTA RELACIONADA: Hallaron la tumba del precursor del paramilitarismo y “los Pepes”.

Nelson Eugenio Aristizábal Martínez, alias “One Two Three”, “Juantutri” o “Uno dos tres”

Señalado por la Policía de Colombia y la DEA de dirigir una red de narcotráfico y lavado de activos para “la Oficina”, en especial para los cabecillas “don Berna”, “Yiyo” y “Douglas”.

Nelson Aristizábal, alias “One Two Three”. Foto de cortesía.

Era dueño y accionista, en compañía de otros siete empresarios, de compañías inmobiliarias, de cárnicos, hoteles y centros de servicio automotriz en el Valle de Aburrá, por medio de los cuales habría lavado al menos 50 millones de dólares para la banda.

Según las investigaciones conjuntas, la ruta de narcotráfico y blanqueo de capitales quedó al descubierto en la Operación Fuego-Hielo de 2008, y hacía tránsito por la Costa Caribe colombiana, Jamaica y Miami. En el marco de los operativos, varios cargamentos de cocaína fueron decomisados, por lo que “One Two Three” habría quedado en deuda con “la Oficina”, por una cifra cercana a los 5.000 millones de pesos.

También peligraba porque una corte de Estados Unidos lo solicitaba en extradición, y sus socios querían evitar delaciones. La organización lo desapareció en 2008. Se cree que lo mataron, pero el cadáver tampoco apareció.

Diego Alejandro Mejía Parra, alias “28”

Desmovilizado del bloque Héroes de Granada y cabecilla de la “Odín Calatrava” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos que delinquía en Itagüí y el sur del Valle de Aburrá para “la Oficina”.

Diego Mejía, alias “28”. Foto de cortesía.

Las bandas bajo el control de Mejía Parra estaban al servicio del capo Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), durante aquella guerra interna de “la Oficina” contra el ala de Ericson Vargas (“Sebastián”) desatada desde 2008.

Su desaparición fue orquestada por el bando contrario, en asocio con policías corruptos que simularon un retén vial en el municipio de La Estrella, el 29 de mayo de 2009. Alias “28” conducía un automóvil en compañía de tres colegialas inocentes, que terminaron sufriendo su misma suerte.

Los uniformados, liderados por el comandante de la estación policial de Itagüí, mayor Luis Augusto Manrique, entregaron a los cuatro retenidos a un grupo de sicarios de “la Oficina”, en Barrio Colombia, en el suroriente de Medellín. Jamás de volvió a saber de “28” ni de las jovencitas, pero extraoficialmente se ha dicho que sus cadáveres fueron arrojados al río Cauca, en algún paraje del Occidente de Antioquia.

Ver la NOTA RELACIONADA: Condenaron al Mayor por su obsesión criminal.

 Jader Alberto Botero Jaramillo, alias “Gancho”

Desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, miembro de la organización criminal “la Oficina” y líder de la banda “Pachelly”, su principal tentáculo en el municipio de Bello y el norte del Valle de Aburrá.

Según la denuncia formulada por su familia, desapareció el 14 de julio de 2010, cuando salió de visitar a su madre en Bello rumbo a su apartamento, en El Poblado, al que nunca llegó.

Jader Botero, alias “Gancho”. Foto de archivo.

Desde entonces sus allegados le perdieron el rastro. En el bajo mundo se especuló que fue secuestrado y llevado a la Costa Atlántica (unas versiones hablan de Córdoba y otras de Barranquilla), donde lo habrían ejecutado y borrado del mapa el cadáver. La desaparición se presentó en el marco de la guerra interna en “la Oficina”, entre las huestes lideradas por “Valenciano” y las de “Sebastián”.

Mientras “Gancho” estuvo al frente, según la Policía, la banda de “Pachelly” estaba alineada con “Valenciano”; tras su ausencia, el mando lo asumieron alias “Guayabo” y “Alber”, y el grupo se cambió al bando de “Sebastián”.

No falta quien diga, en el municipio de Bello, que Jader Botero aún vive, que solo fingió su desaparición para escapar de la justicia y de sus enemigos. Sin embargo, en la actualidad no queda nada de su antiguo poder, su influencia es nula y los negocios ilegales que antes gobernaba, ya son de otros.

Ferney Alonso Moreno López, alias “el Montañero”

Desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, miembro de “la Oficina” y cabecilla de la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a combos del Doce de Octubre, Castilla y el centro de Medellín.

Ferney Moreno, alias “el Montañero”. Foto de archivo.

Su familia reportó que desapareció el 10 de septiembre de 2012, cuando iba a una reunión en el Centro. Desde ese momento no volvieron a saber de él, aunque se tardaron tres meses para poner la denuncia por desaparición forzada en la Fiscalía.

Según versiones judiciales, “la Oficina” orquestó su asesinato. No hay evidencia física para demostrar un homicidio, pero el trono ilegal que había construido en sus territorios fue arrebatado y entregado a alias “Soto”.

Ver la NOTA RELACIONADA: Denuncian desaparición del cabecilla “el Montañero”.

Carlos Alberto Zapata Herrera, alias “Camilo Carracas” o “Cumbamba”

Fue agente del Gaula de la Policía y miembro de “la Oficina”, presuntamente encargado de secuestros, homicidios, desapariciones y transporte de droga para esa organización.

Desde 2007 figuró en el organigrama de esa banda, en poder de las autoridades, señalado de conformar una red de policías corruptos que servían a la facción, al lado de “Orión” y “Careguayo”; sin embargo, las autoridades nunca lograron imputarle nada.

Estuvo investigado por la desaparición forzada de Vicente Castaño Gil y algunos agentes de la Fiscalía señalaron que él fue quien descuartizó el cadáver con un machete. También habría orquestado asesinatos y desapariciones de otros miembros de “la Oficina” y de la banda “los Urabeños”.

Carlos Zapata, alias “Camilo Carracas”. Foto de archivo.

La Policía de Medellín lo detuvo el 17 de noviembre de 2013 para que respondiera una citación a un interrogatorio, ya que una fiscal lo requería para que expusiera su testimonio sobre el homicidio y tortura de un secuestrador en el año 2000. “Camilo Carracas” manifestó que no estuvo presente cuando sucedió el hecho y fue dejado en libertad al día siguiente, pues la fiscal desconocía todos sus antecedentes y la Policía no se los suministró.

Eso fue lo último que se supo de él en Colombia. Después se especuló que el hombre de 45 años había viajado a México y que allí fue desaparecido, al parecer por asuntos de narcotráfico. Esta versión no había sido confirmada, hasta que el aviso de su desaparición se hizo público este mes.

El diario La Opción de Chihuahua publicó el pasado 9 de agosto una noticia, en la que indicaba que la familia estaba buscando a Zapata Herrera desde hacía tres años. Según la denuncia instaurada en la Procuraduría General de la República de ese país, la última vez que lo vieron fue el 3 de junio de 2014, en Ciudad de México.

Ver la NOTA RELACIONADA: Libertad para “Camilo”, presunto miembro de “la Oficina”.

Por estas desapariciones forzadas solo se han presentado condenas en dos hechos: la de alias “28”, por la cual hay cinco sentenciados en Colombia, incluyendo a cuatro policías; y la de Vicente Castaño, por la que condenaron a “Yiyo” en Estados Unidos.

Al resto de casos los rodea ese manto de impunidad que caracteriza a los crímenes de “la Oficina”, en especial los que implican ajustes de cuentas dentro de la misma organización.

NOTA RELACIONADA: Los enigmas que rondan al Caso “Rogelio”.

El Inspector.

Durante esta semana, el periódico El Colombiano estará ejecutando unas mejoras a su plataforma de blogs, pensando en aumentar la calidad del servicio a sus lectores.

Además de las modificaciones en el diseño de la plantilla, habrá facilidades para navegar por las secciones y hacer las búsquedas del archivo histórico, con artículos publicados desde mayo de 2008. La navegación en los dispositivos móviles será más sencilla.

Mientras finalizan estas reformas, es posible que haya algunos retrasos en la publicación del material en la web, como nuevos artículos y comentarios de ustedes. Les ofrezco disculpas por los inconvenientes temporales que provoquen estos cambios.

El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo están mejorando, para entregarles a ustedes la mejor información.

Cordialmente,

El Inspector.

Revelaciones del Bajo Mundo ajustó siete años y siete meses desde su creación, siguiendo el propósito incansable de informar a la comunidad sobre los principales hechos relacionados con la criminalidad y la seguridad en Medellín y Antioquia.

Nuestro mayor deseo es brindar elementos para que los ciudadanos tomen las mejores decisiones en cuanto a su seguridad y contribuir a la denuncia de los hechos de ilegalidad.

A la fecha, se han publicado 568 artículos y 17.908 comentarios de los navegantes del blog. Esperamos mejorar cada día para ofrecer a nuestros lectores la mejor información y análisis, así como contar con su acompañamiento y aportes.

Feliz Año Nuevo.

El Inspector.

Un micrófono oculto en un carnet, interceptaciones telefónicas y testigos clave develaron la trama que llevó a la muerte de dos policías antinarcóticos y un golpe letal a la banda “la Terraza”.

En nuestra sección CASO CERRADO, recordamos la historia de la caída de “Yordi”, quien en la actualidad paga una condena de 16 años de cárcel por dos asesinatos (ver la NOTA RELACIONADA: Miembros de “la Terraza” reconocen actos de sicariato). El reportaje fue elaborado en equipo por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Desde la audiencia de control de garantías, Juan Pablo Taborda, alias “Yordi”, supo que estaba perdido.

El informante “Arbey” estaba entre la espada y la pared: de una lado, la Policía Antinarcóticos sospechaba que había fraguado una traición mortal; del otro, la mafia lo tenía en la mira por considerarlo “un sapo”.

Fue por eso que, en medio del nerviosismo, llamó a un amigo recluido en la cárcel de Barbosa, con la promesa de contarle todo y desahogarse, sin saber que la línea telefónica estaba interceptada.

Los investigadores estructuraron así una operación de espionaje, tendiente a descifrar la trampa que el 12 de julio de 2012 terminó con la muerte de los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, integrantes de la Dirección Antinarcóticos que investigaban a la organización ilegal “la Oficina” (ver la NOTA RELACIONADA: Mataron a dos policías que investigaban a “la Oficina”).

Los elementos probatorios, que terminaron en la medida de aseguramiento intracarcelaria contra cuatro sospechosos, fueron destapados por la Fiscalía 24 adscrita a la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes, en las audiencias de control de garantías.

La cita de “Arbey” con su socio se llevó a cabo el domingo 05/8/12. Mientras hacía los trámites de registro para acceder a los patios, un funcionario le entregó una tarjeta de visita, con la advertencia de que debía portarla en un lugar visible y no extraviarla, so pena de tener pagar $20.000.

En el carnet iba oculto un micrófono de alta tecnología, que permitió a los agentes grabar a distancia la sombría confesión de “Arley” a su amigo.

El informante relató que meses antes fue contactado por “Estiven”, un antiguo amigo de la infancia, preso en la cárcel de Barranquilla. Le dijo que había una gente de Honduras ofreciendo $50 millones a quien les ayudara a ubicar a alias “Pichi” y “Barny”, dos jefes de “la Oficina” que al parecer le debían dinero a su patrón.

“Arbey”, residente en el nororiente de Medellín, accedió a colaborar y reunirse con los supuestos emisarios del patrón hondureño, ajeno al hecho de que se trataba de policías. Su contacto sería “Javier”, el nombre clave que usó el subintendente Moreno para infiltrarse en la banda.

Luis Arbey Aguirre, alias “Arbey”. Cortesía.

Tras una reunión en cercanías del C.C. El Diamante, acordaron verse a las 7:00 a.m. de aquel 12 de julio en la entrada del Jardín Botánico, para luego ir a una finca de Santa Rosa de Osos, donde al parecer pernoctaban los jefes buscados.

La Fiscalía sugiere que “Arbey” jugó en ambos bandos y les habría notificado a los de “la Oficina” la acción que se tramaba. Estos le habrían ordenado que debía entregarles a esos tipos para matarlos, lo que efectivamente sucedió.

LOS TESTIGOS
Minutos antes del fatídico encuentro con el informante, las cámaras de dos establecimientos públicos grabaron los movimientos de un par de motociclistas, quienes daban vueltas a una estación de gasolina y entraron a un granero aledaño al Jardín.

De igual manera, dos patrulleros que hacían la ronda detuvieron un taxi sospechoso, que iba detrás de las motos. En el registro al conductor no le hallaron nada inusual y lo dejaron partir, ignorando lo que pronto ocurriría.

A las 7:20 a.m., un policía que había terminado su turno laboral en la comuna 13, pasaba por el lugar en un carro, justo cuando dos mercenarios descendieron de las motos y acribillaron a bala a los ocupantes de una camioneta Toyota Fortuner.

“¡Central, acaban de sicariar a una gente en el Jardín Botánico, estoy siguiendo a los sicarios, son dos motos XT 660, una tiene la placa tapada por un protector de zapato, termina en 5A, se acaban de perder por la plaza de Campo Valdés!”, narró el policía en su llamada a la Línea 123.

Las interceptaciones y los relatos de testigos, derivaron en órdenes de captura contra Luis Carlos Vásquez Barrera, alias “Maní”, quien al parecer era usado por la organización en casos de fleteo y homicidio, por ser un motociclista experto; Juan Pablo Álvarez Quintero, “el Gordo”, conductor del taxi en el que al parecer transportaron las armas para el doble asesinato; y Luis Arbey Aguirre Gutiérrez, “Arbey”, quien les habría señalado las víctimas a los sicarios.

La recompensa de “la Oficina”para este hombre fue más plomo. El 08/8/12 lo citaron a Girardota para entregarle unas “facturas”, tal cual se oye en las grabaciones. Para la Fiscalía, ese encuentro era para pagarle el dinero por la delación de los policías.

Cuando llegó al sitio, “Arbey” fue atacado por un sujeto que descendió de un taxi. Gracias a su ágil reacción, sobrevivió con apenas un balazo en el antebrazo.

EL JEFE
Las interceptaciones arrojaron que “Maní” y “el Gordo” tenían un patrón: Juan Pablo Taborda Zamora, alias “Yordi”, “el Gomelo” o “Mono”.

Juan Pablo Taborda, alias “Yordi”. Cortesía.

Según el informe oficial de la Policía, él fue “autor intelectual de la muerte de los uniformados”. Lo tildaron de ser jefe de sicarios de “la Oficina” y la “Odín la Terraza” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con influencia en las comunas 3 y 4, al servicio de “Pichi” y “Barny”.

La Fiscalía presentó audios que lo relacionan con la supuesta comisión de homicidios y extorsiones, entre ellos una conversación en la que su hermano “Tavo”, que está en la cárcel, le da la dirección y el nombre de un ciudadano para cobrarle “una plata”.

El 6 de agosto de 2013 fueron capturados “Maní”, en Manrique, y “Yordi” y “el Gordo” en el parqueadero del Éxito de El Poblado (ver la NOTA RELACIONADA: Ni la magia negra pudo proteger a alias “Yordi”).

Un suboficial de Antinarcóticos relató que “a Taborda lo capturamos en compañía de un médico, a quien consultaba porque hace tres años le dieron unos balazos que le comprometieron órganos digestivos”.

En la audiencia, la Fiscalía les imputó a “Maní” y a “el Gordo” las conductas de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de la Fuerza Público; y a “Yordi”, concierto para delinquir agravado.

“Arbey” había sido detenido el pasado 10 de abril por tráfico de estupefacientes y recluido en la cárcel El Pedregal.
Ahora le imputaron homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno de ellos aceptó la culpa en su momento, pero más tarde fueron sentenciados.

GOLPES A LA ORGANIZACIÓN
Antes del presente operativo, la “Odín la Terraza” había sido golpeada con la captura de Édinson Rodolfo Rojas, nombre de pila de “Pichi”.

Lo sorprendieron en una casa de Panamá (10/2/13), donde se dedicaba al culto de la santería para evadir a las autoridades. El general José León Riaño, director de la Policía, dedicó el éxito de ese arresto a los subintendentes Castro y Moreno.

La práctica de la brujería le habría salvado la vida a “Yordi” el 29/12/12, cuando le dieron un balazo en un aparente atraco en el sector El Plan de Aranjuez. El proyectil le rozó la nuca y partió una cadena de oro “rezada” que siempre portaba, de acuerdo con los investigadores.

En las conversaciones interceptadas, se escucha cuando una mujer le reporta a “el Gordo” que “el ‘Monito’ está bien, gracias a mi Dios”.

Dos días después fue asesinado un importante socio de esta estructura, en la masacre de nueve personas en Envigado: Jorge Pérez Marín, alias “Morro” (ver la NOTA RELACIONADA: Las huellas dispersas de la masacre de Envigado).

Durante las audiencias, los abogados defensores no apelaron las decisiones de la juez Primera Penal Municipal Ambulante de Antioquia, quien legalizó las capturas y les dictó a todos medida de aseguramiento en la cárcel. “Sin objeciones”, decían.

Cada vez que la Fiscalía ponía las interceptaciones en los audioparlantes, “Arbey” clavaba más la cabeza entre sus piernas, y “Yordi” se tomaba el cabello, apoyado en una columna de la sala 34 del Palacio de Justicia.

Una Fiscalía de Bogotá también lo investiga por su presunta participación en el homicidio de Jorge Montoya Negrete (31/1/12), el gerente de Coopebombas, la firma de taxis más grande del país (ver la NOTA RELACIONADA: Un año del crimen que enlutó a los taxistas).

A “Maní” le espera otra próxima imputación, pues los elementos preliminares lo relacionan con el fleteo a un ciudadano, a quien le robaron $2 millones.

El futuro para estas personas es tan opaco como la brujería que antes los protegió, según sus creencias. En palabras de “Arbey”, extraídas del diálogo espiado en la cárcel, “los patrones me dijeron que no me perdiera de vista”.

El Inspector.

Cuando el blog se aproxima al séptimo año desde su creación (7 de mayo de 2008), a la fecha sumamos 512 artículos publicados y 15.410 comentarios de los lectores y navegantes.

En términos de criminalidad, el 2014 que ha pasado estuvo marcado por una reducción histórica de los homicidios en Medellín, la persecución del gobierno de Estados Unidos a los cabecillas de “la Oficina”, la consolidación territorial de “los Urabeños” en el país, las divisiones de combos en el centro de la capital antioqueña y las capturas de cabecillas importantes del crimen organizado en el Valle de Aburrá, como “Tuto”, “don Daniel”, “Benavidez”, “Saya”, “el Ratón”, “Calvo Ruiz” y “Pocho”, entre otros.

Estos fueron los cinco artículos más comentados del año:

1. Monitoreo a 78 teléfonos públicos llevó a la captura de “Tuto”.

2. En una finca arrestaron a “Saya”, cabecilla de “la Terraza”.

3. General Mendoza les declara la guerra a “los Chatas”.

4. Golpe al combo “Curazao” frena avance de la mafia en Robledo.

5. Por fin las autoridades actuaron contra “el Coco” y “los Tobón”.

Los invito a seguir participando con sus lecturas y comentarios. Feliz Año Nuevo.

El Inspector.

Muchos horrores de aquella época han quedado en la impunidad. Uno de ellos son los crímenes de “los Pepes”, una organización enemiga de Escobar, que desangró a la ciudad a punta de bombas, secuestros y sicariatos, en su carrera vengadora contra el capo. Solo un hombre fue condenado por esos hechos, y está muerto. Esta es la historia, reconstruida por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así quedó la finca La Manuela, en el municipio de El Peñol, luego de que "los Pepes" la dinamitaran en 1993. Pablo Escobar la había llamado así en honor a su hija menor. Archivo El Colombiano.

El primero de marzo de 1993 un comando de mercenarios con prendas de la Fuerza Pública ingresó de madrugada a la urbanización Villa Jardín, de El Poblado, y secuestró al constructor Luis Guillermo Londoño White.

Su cadáver magullado apareció, horas más tarde, en un paraje del barrio Loreto, con un letrero que decía: “Servil testaferro iniciador de secuestros al servicio de Pablo Escobar”, firmado por “los Pepes”.

Tres días después, otro grupo armado que vestía atuendos del DAS torturó y asesinó al abogado Raúl Jairo Zapata Vergara. El cuerpo fue hallado en el sector La curva del Diablo, de Moravia, con un cartel que pregonaba: “Por inescrupuloso defensor del cartel, abogado de Escobar, Santiago Uribe (jurista), Salomón Lozano Cifuentes, Gilberto Gómez, Luis Ángel y Claudia de la Procuraduría”, signado por el mismo grupo.

Con una serie de atrocidades similares, se dio a conocer ese año un clan de vengadores, autoproclamado “Perseguidos por Pablo Escobar”, que firmaba sus acciones con la rúbrica de “los Pepes”. Su objetivo era aniquilar todo aquello que guardara una relación, así fuera por mera sospecha, con el patrón del cartel de Medellín.

En una sentencia de radicado 766F-10.676 (del año 1997), un juez regional sin rostro definió así los alcances de la cofradía: “Al desatar la guerra interna, algunas víctimas deciden su entrega a las autoridades en procura de protección estatal, y a cambio suministran información para ubicar a integrantes de la terrorista agremiación, iniciándose así la desarticulación del cartel”.

Y prosigue: “Pero otros que habían sobrevivido al exterminio de los Moncada y los Galeano, pusieron en marcha su plan de venganza para la ejecución del jefe del cartel y sus esbirros, amparados por un aparato terrorista tan o más sanguinario que aquel que el cartel había estructurado, acuñado bajo el rótulo de ‘los Pepes’, destruyendo en el oriente, sur y suroeste antioqueño innumerables propiedades, sumándose los crímenes de varios agentes cercanos al capo y sus abogados, obligando a los familiares de este a viajar al exterior. Lo que condujo al desenlace final el 2 de diciembre de 1993, ya conocido públicamente”.

Para los investigadores, el origen de esta facción data de los días posteriores al 4 de julio de 1992, cuando Escobar ordenó la muerte de sus socios Gerardo “Kiko” Moncada y Fernando “el Negro” Galeano en la cárcel La Catedral, por considerar que lo habían traicionado. Al doble homicidio le siguió el saqueo de sus propiedades y la eliminación sistemática de sus trabajadores.

ABSOLUCIONES
En indagatorias ante la Fiscalía, posteriores a su reclusión en el penal de Itagüí, Roberto Escobar Gaviria manifestó que “los Pepes” estaban conformados por antiguos socios del cartel de Medellín, paramilitares, la cúpula del cartel de Cali y miembros corruptos de la Fuerza Pública con apoyo del gobierno de E.U.

El grupo operó entre 1992 y 1993, detonando bombas, secuestrando, destruyendo edificaciones y aplicando el sicariato desenfrenado.

Pese a estas conductas, la justicia ha obrado con una sorprendente parsimonia. A la fecha, señalan fuentes judiciales, apenas hay una sentencia contra “los Pepes” y el condenado no pagará un solo día de prisión por ello, porque está muerto: Fidel Castaño Gil, alias “Rambo”, precursor de las autodefensas en Colombia.

La sentencia con radicado 11220-50217-0770 fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, el 30 de noviembre de 2001. En ese expediente fueron procesados los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, así como Eugenio León García Jaramillo, apodado “Lucho” o “el Taxista”.

Los delitos que les endilgaban eran incendios, terrorismo, conformación de grupos armados ilegales, homicidio agravado, porte ilegal de armas, lesiones personales y secuestro extorsivo, por su presunta militancia en “los Pepes”.

No obstante, muchos de quienes los denunciaron, incluyendo al propio Roberto Escobar, se retractaron a lo largo del proceso.

En consecuencia, el juzgado absolvió a Carlos, Vicente y García, y condenó a Fidel por apenas uno de los delitos investigados:conformación de grupos armados ilegales.

La pena fue de 13 años y medio de celda y una multa de 3.000 salarios mínimos legales vigentes, proferida siete años después de su asesinato en San Pedro de Urabá (ver la NOTA RELACIONADA: Hallaron la tumba del precursor del paramilitarismo y “los Pepes”).

LOS INFORMANTES
En el citado expediente, así como en otros procesos contra lugartenientes de Escobar, hay múltiples referencias a dos integrantes de “los Pepes”, antiguos trabajadores del narcotraficante “el Negro” Galeano: alias “el Ñato” y “Semilla”, temidos por su crueldad contra los miembros del cartel.

En un fallo del Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (radicado 10.676-766C-E-H-99000430 del 21 de julio de 2001), se cita la declaración de un testigo, quien reseñó que había ocultado la muerte de un secuaz de los Galeano porque “me daba miedo de ‘Semilla’ y ‘el Ñato’, que eran íntimos amigos de ‘Bocadillo’ (el occiso), miedo de que me mataran o a mi familia si se enteraban de que yo lo había hecho”.

El paso del tiempo confirmó que estos motes hacían referencia a los hermanos Diego Fernando y Rodolfo Murillo Bejarano.

Diego (“el Ñato”), también apodado “don Berna”, llegaría a ser jefe de las organizaciones criminales “la Terraza”, “la Oficina” y los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc, así como inspector general de las autodefensas en Colombia.

Lo extraditaron en 2008 y hoy paga una condena de 31 años en E.U., por narcotráfico.

“Semilla” fue asesinado en un concesionario de carros de la avenida El Poblado, el 28 de octubre de 2001.

En uno de sus diálogos con la prensa, Murillo reconoció que su grupo era el tercer puntal en la mesa contra Escobar. Los otros dos eran la DEA y el gobierno colombiano.

Según estudios de Inteligencia en poder de la justicia, estos hermanos fueron informantes del Bloque de Búsqueda contra Escobar, cuando el comandante era el coronel Hugo Rafael Martínez Poveda (1992/93).

A cada uno se le asignaba un código, correspondiéndole a “el Ñato” el V0027 y a “el Taxista” el V0016.

De “los Pepes”, el Bloque contaba con cinco informantes reclutados y 36 voluntarios, entre los cuales había antiguos socios del “Patrón”, como “Julio Fierro” (muerto) y “Perra Loca” (extraditado); la lista de fuentes la complementaban 37 personas que enviaban correos en Medellín, 96 que lo hacían en Bogotá y 802 catalogados como “informantes casuales”.

De “los Pepes” originales, han muerto los hermanos Castaño, “Doble Cero”, “el Tigrillo”, “Semilla” y otros. El sobreviviente más visible es Murillo, ¿entonces por qué la justicia no lo ha procesado por esos crímenes?

DURO DE INVESTIGAR
Entre 1997 y 1999 fueron asesinados por sicarios 12 investigadores del CTI de Medellín, los cuales tenían a su cargo investigaciones contra “los Pepes”, “la Terraza”, “la Oficina” y las Auc, es decir, las organizaciones en las cuales participaron “el Ñato” y sus amigos (ver la NOTA RELACIONADA: Así exterminaron a la temible banda “La Terraza”).

La Fiscalía 15 adscrita a la Unidad Nacional de Justicia y Paz le imputó a Murillo las muertes de esos servidores públicos el 4 de septiembre de 2012, porque este las había reconocido durante las versiones libres ligadas a su reinserción.

El proceso de confesiones marchaba sobre ruedas, Murillo  había aceptado su responsabilidad en los asesinatos de personajes tan sonados como el jurista Jesús María Valle y el humorista Jaime Garzón, pero cuando la Fiscalía iba iniciar los interrogatorios relacionados con las acciones armadas de “los Pepes”, un imprevisto ocurrió.

Murillo, desde la prisión de La Florida, trató de dilatar el momento, al parecer, por temor a delatar a algunos exaliados que ahora ocupaban cargos importantes en el Gobierno, según una fuente cercana al extraditado, que pidió la reserva de su nombre.

Luego la Dirección Central de la Fiscalía relevó de su cargo a la fiscal 15, Patricia Hernández Zambrano, trasladándola a un despacho en Florencia (Caquetá). Ella, entre otros casos, tenía a cuestas las versiones libres de Murillo y las indagaciones sobre su supuesta militancia en “los Pepes”.

El traslado provocó que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el pasado 16 de enero, enviara una carta al fiscal General Eduardo Montealegre, en la que sustentaba un “serio motivo de preocupación” por esa medida.

“La decisión significa un desestímulo para la mencionada fiscal quien, a juicio de la Sala, era una de las dos mejores fiscales con que contaba la Unidad de Justicia y Paz de Medellín y estaba comprometida con el esclarecimiento de la verdad y la celeridad en el proceso de Justicia y Paz. Estos procesos, por la magnitud de los delitos cometidos y la trascendencia para el país, necesitan de los mejores fiscales y su desmantelamiento paraliza la gestión de la Sala de Justicia y Paz”, dice la misiva.

A pesar del reclamo, hubo cambio de titular en la Fiscalía 15. Al preguntarle por la suspicacia que generaba en el ambiente el traslado de funcionaria, antes de iniciar las versiones libres por los actos de “los Pepes”, el vicefiscal General, Jorge Perdomo, argumentó de esta manera lo decidido: “No debe haber lugar a sospechas, es una decisión que tomamos para darle más realce al caso, asignaremos a una persona de más perfil”.

A la fecha, sin embargo, no han comenzado las diligencias con Murillo.

El expediente sobre la agrupación clandestina permanece en un silencio tan sepulcral como el de aquellos tiraderos de cadáveres, donde hace 20 años aparecían las víctimas con un letrero manchado de sangre, firmado por “los Pepes”.

El Inspector.

La Fiscalía tiene un 90 por ciento de certeza sobre el hallazgo de unos restos en el Urabá antioqueño, que pertenecerían al comandante paramilitar nacido en Amalfi. Esta es la reconstrucción de la historia, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los restos óseos de Fidel Castaño estaban dentro de una caneca, en esta fosa. Cortesía de la Fiscalía.

El director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Juan Pablo Hinestroza, anunció que la evidencia más fuerte es la carta dental, aunque está pendiente un cotejo de ADN para estar plenamente seguros de la identidad.

En sus versiones libres, el desmovilizado Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, había prometido entregar la ubicación de la tumba de su antiguo jefe. Los datos fueron recepcionados por la Fiscalía 179 de Justicia y Paz, que tuvo que aplazar la diligencia varias veces por el clima y el orden público.

El pasado jueves (septiembre 26) salió una comisión de funcionarios desde Montería, rumbo al municipio de San Pedro de Urabá, donde el 6 de enero de 1994 fue asesinado Fidel en un supuesto choque con una escuadra del Epl.

En la biografía “Mi Confesión”, del escritor Mauricio Aranguren Molina, Carlos Castaño relata que su hermano tuvo una primera sepultura en la finca Las Tangas, de Córdoba. A los cuatro meses, él y un par de primos lo desenterraron y transportaron a otro lugar del Nudo del Paramillo.

La razón para tanto sacrilegio era que “el misterio convierte a los guerreros en mitos que se alimentan de la incredulidad de los hombres”, una estrategia de distracción en plena guerra con las Farc.

La delegación judicial, en la que también estaba “Monoleche”, centró la búsqueda en la vereda La Cejita del corregimiento Santa Catalina. En la mañana de este sábado (septiembre 28) encontraron la fosa en un predio de la finca Casaloma.

Fuentes judiciales relataron que un ciudadano llamado Manuel Castaño Gil, quien asegura ser hermano del finado, les comentó que su familiar se había realizado un tratamiento odontológico. La pista coincide con la carta dental de un cráneo desenterrado.

El procedimiento, coordinado por el Grupo de Exhumaciones de Justicia y Paz, también pretende establecer si dos de los cadáveres restantes son de los hermanos Jorge y Jimmy Lucena Brito, procedentes de la Costa Atlántica y excabecillas de las Accu, y alias “el Salado”, exescolta de Carlos Castaño. De igual manera, se investiga si otros restos son de una campesina de la región y su hijo.

Hasta ahora han registrado seis fosas, no solo en Casaloma, sino en las finca La 30 y Puente Maturana. Las inspecciones continúan.

“Después de la identificación por ADN, los restos serán entregados a la familia, no sé cuánto se demora el proceso”, afirmó Hinestroza.

HISTORIA DE TRAICIONES

Los devenires de la familia Castaño Gil están estrechamente ligados a la historia de la violencia en Colombia.

Fidel Castaño Gil, alias "Rambo". Archivo El Colombiano.

El clan, de ascendencia campesina y ganadera, formó su primera estructura de autodefensa tras el secuestro y asesinato de su patriarca Antonio de Jesús Castaño González, a manos de las Farc (1979).

Ese fue el germen de lo que luego se llamaría Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), una organización con influencia en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre.

Los negocios ilícitos condujeron a los hermanos Castaño hacia el cartel de Medellín a finales de los 80, pero las traiciones mafiosas acabaron enemistándolos con el capo Pablo Escobar y conformando la banda “los Pepes”.

Al frente de ese grupo, el clan orquestó una conspiración en la cual participaron integrantes del cartel de Cali, la Fuerza Pública, los gobiernos de Colombia y E.U. y exmiembros de la cofradía de Escobar.

La disputa entre ambos bandos derivó en la peor racha de homicidios en Medellín, que dejó 17.756 víctimas de 1991 a 1993, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía (Sisc).

La capacidad de liderazgo de Fidel impulsó las primeras alianzas para concretar el proyecto nacional antisubversivo, pero no viviría para ver materializada la unión de todos los bloques paramilitares.

Junto a una carretera destapada de San Pedro de Urabá encontró su final, tal cual han narrado varios reinsertados. Un balazo en el pecho extinguió su aliento en una supuesta escaramuza con la guerrilla. El tiempo, sin embargo, desenterraría una teoría más macabra.

Fidel, Carlos y Vicente, los Castaño más conocidos, compartieron el mismo destino: terminaron traicionados por su propia sangre y sepultados en parajes indómitos, sin un cura que los santiguara ni mujer que los llorara.

Una venganza por un lío de faldas habría provocado que Carlos orquestara la muerte de Fidel, disfrazándola de tiroteo con la subversión, han dicho algunos exparamilitares. En la operación participaron, entre otros, “Monoleche” y alias “Salvador” o “Santomano”, un antiguo escolta de Pablo Escobar que luego se pasó a la filas de la Casa Castaño.

“Visitamos ese sitio con unos expertos y no encontramos evidencia de que allí hubiera ocurrido un combate”, contó un investigador, quien pidió la reserva de su nombre.

El 16 de abril de 2004, en una operación fraguada por Vicente en San Pedro de Urabá, los “paras” acribillaron a Carlos, cuyos acercamientos con agentes de E.U. y tropeles con otros comandantes lo habían convertido en estorbo. Su despojo fue exhumado en agosto de 2006 en Valencia (Córdoba).

El 12 o 17 de marzo de 2007 (hay dos versiones), un comando de las Auc le arrebató la vida a Vicente en una finca de Nechí. El anecdotario dice que lo descuartizó alias “Camilo”, un expolicía del Gaula.

Los restos no han sido hallados, el río o el monte los debe estar consumiendo, como a los de su hermano Fidel.

El Inspector.

El fin le llegó de manera natural, de un infarto, y no de los cientos de enemigos adquiridos en sus guerras contra el cartel de Cali, la guerrilla y los gobiernos de Colombia y E.U. Este es el perfil de uno de los capos más conocidos del Cartel de Medellín, elaborado por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Foto de 1991 en la cárcel de Itagüí, donde estuvieron recluidos los hermanos Ochoa Vásquez. De izquierda a derecha: Fabio, Jorge Luis y Juan David. Archivo El Colombiano.

Tal cual él mismo confesó, Juan David integró el clan Ochoa en la década de los ochenta, una de las facciones más representativas del cartel de Medellín. Sus hermanos Fabio y Jorge Luis lo acompañaron en esa empresa criminal, que tendió redes desde las selvas colombianas hasta las calles norteamericanas, introduciendo toneladas de cocaína en embarques y vuelos clandestinos.

Al mismo tiempo, los capos mantenían la fachada de hacendados, caballistas y comerciantes, codeándose con la gente más prestante de la nación.

Una de las primeras pugnas armadas lideradas por el clan se derivó del rapto de su hermana Martha Nieves, a manos de subversivos del M-19. Sucedió el 12 de noviembre de 1981, cuando ella cursaba séptimo semestre de Economía en la Universidad de Antioquia.

Con apoyo del cartel, decidieron no pagar el rescarte y el 2 de diciembre del mismo año crearon el grupo MAS, “Muerte a Secuestradores“, dedicándose a asesinar a todo aquel que oliera a subversión o se dedicara al secuestro.

Fue tal el derramamiento de sangre, que el M-19 optó por liberar a la mujer el 16 de febrero de 1982 en Armenia, sin recibir un solo centavo. Analistas aseguran que esa estructura fue el primer movimiento paramilitar de Colombia.

Juan David también integró una cofradía mafiosa que se hacía llamar “los Extraditables”, liderada por Pablo Escobar, la cual cometió brutales ataques para presionar al Gobierno Nacional y a la justicia local, con el fin de evitar sus traslados a prisiones de Estados Unidos.

Ya en los noventa, el conflicto contra el cartel de Cali, más la persecución combinada de la DEA, la CIA y la Policía colombiana, terminaron arrinconando a los Ochoa. Los tres hermanos aprovecharon la política de sometimiento ofrecida por el presidente César Gaviria y uno a uno comenzaron a entregarse, a cambio de beneficios judiciales.

Juan David fue el último en presentarse a la justicia, en febrero de 1991, y fue condenado a cinco años y medio tras las rejas. En1996 ya estaba libre. En aquel entonces, la sentencia fue calificada de “ridícula” por el ministro de Justicia, Carlos Medellín. Y Tomas Constantine, el director de la DEA, la comparó con la que los narcos recibían en E.U., para señalar lo débil que era el sistema penal colombiano.

Jeremy McDermott, exmilitar británico y cofundador de Insight Crime (fundación que estudia el crimen organizado en América), señaló que “la supuesta jubilación de los Ochoa le dejó el camino libre a ‘don Berna’ para apoderarse del hampa en Medellín, pues en el cartel él tenía una posición mucho más baja que ellos”.

Juan David se puso a la tarea de reducir su perfil y las apariciones en escenarios públicos. Se dedicó al negocio familiar de los criaderos de caballos y escuelas de chalanería, como la ubicada en una casa finca de El Poblado.

En 1999 Fabio fue arrestado en la Operación Milenio, luego extraditado y condenado a 30 años por narcotráfico. “A los otros hermanos no pudieron comprobarles más delitos en el marco de la violencia indiscriminada ejecutada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha; al parecer su manera de asumir el negocio fue al estilo de la gente de Cali, de sentarse y resolver”, comentó McDermott.

Entre las investigaciones cursadas en E.U. contra el clan familiar, además de los asuntos de drogas, está la muerte del informante Adler “Barry” Seal. Según la DEA, este expiloto y exsocio del Cartel fue asesinado el 19 de febrero de 1986 en Luisiana, semanas antes de testificar contra Jorge Luis.

En la madrugada de este jueves (julio 25), sus seres queridos internaron a Juan David en la clínica Medellín de El Poblado, donde su corazón dejó de latir. Un veterano investigador judicial consultado, quien pidió la reserva de su nombre, opinó que con él “murió una parte de la historia violenta del país, se fue sin pagar ante la justicia y sin contar todo lo que sabía“.

NOTA RELACIONADA: Mataron a “la Madrina” de los narcos colombianos.

El Inspector.

Culminamos el año 2012, el quinto desde la creación de Revelaciones del Bajo Mundo, con la publicación de 352 artículos y 8.048 comentarios de ustedes.

Les deseo un 2013 cargado de éxitos, en lo familiar, laboral y personal. Los invito a seguir contribuyendo con sus opiniones y comentarios a la seguridad de Medellín, Antioquia y Colombia.

Espero seguir mejorando para ofrecerles a ustedes, los ciudadanos, información completa y verificada sobre los hechos que afectan el orden público y nuestra seguridad, para aportarles datos que les permitan tomar mejores decisiones en su cotidianidad. Felicidades y próspero Año Nuevo.

El Inspector.

Sus acciones, auge y caída regresaron a la memoria colectiva la semana pasada, cuando la Fiscalía le imputó la muerte y desaparición de los miembros de su cúpula a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Con base en lo dicho por este extraditado, las indagaciones del ente acusador, las versiones de exmiembros del clan y entrevistas a investigadores judiciales, Revelaciones del Bajo Mundo reconstruye el expediente judicial de ‘La Terraza’.

Tres jefes de 'La Terraza', de izquierda a derecha: 'El Negro' Elkin, 'El Zarco' o 'San Pedro' y 'Gorra'. Cortesía de la Fiscalía.

Esta historia comienza a principios de 1994, después de la muerte del capo del Cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria (2 de diciembre de 1993). El clan ‘Perseguidos por Pablo Escobar’ (‘Los Pepes’), una vez cumplida su misión de acabar con el Cartel, se disuelve.

Sus líderes continúan en la ilegalidad, aunque ahora pensando en construir estructuras paramilitares que combatieran a la guerrilla en todo el país y afianzaran el negocio del narcotráfico. Entre ellos estaban la familia Castaño Gil, Diego Murillo (‘Don Berna’) y Carlos Mauricio García Fernández (‘Rodrigo’ o ‘Doble Cero’), entre otros.

La ausencia del patrón Pablo Escobar, provocó el caos en el mundo del hampa, pues las bandas, ahora sin patrocinador, comenzaron a buscar sus propios ingresos. “Se disparó el secuestro extorsivo, saqueaban los camiones repartidores en los barrios, atracaban bancos, creció el robo de motos y carros”, recuerda un investigador policial que vivió aquellos tiempos.

Pero el trono de la criminalidad del área metropolitana no estuvo vacío por mucho tiempo y ‘Don Berna’ se apoderó de él. Entre las primeras cosas que hizo fue organizar a todas las pandillas en estructuras bajo su mando, y delegó la tarea y los contactos en dos hombres de confianza: Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’ o ‘Daniel Bum’, y Miguel Ángel Pérez Madrid, apodado ‘Tigrillo’, según el expediente policial. El primero había sido agente de Tránsito de Envigado y el segundo era hermano de Marlon Pérez Madrid, quien fue jefe del Departamento de Orden Ciudadano (DOC) de Envigado, una institución pseudopolicial al servicio del Cartel.

Estos personajes fueron los voceros de Murillo Bejarano en las comunas y lograron ‘alinear’ a los cabecillas barriales en la causa del nuevo patrón. Todo se jerarquizó bajo ‘La Terraza’, una banda que había existido en los tiempos del Cartel y logró sobrevivir, contrario a otras de su misma estirpe como ‘Los Magníficos’, ‘Los Cascos de Oro’, ‘La Ramada’ y ‘Los Priscos’, que se extinguieron.

Este nuevo ejército irregular se encargó de organizar el cobro de ‘vacunas’ extorsivas al comercio y también se financió con aportes de narcotraficantes como ‘Berna’, ‘Pacho’ Cifuentes y ‘Colorete’, para citar algunos.

Desde un principio, ‘La Terraza’ comenzó a tomar alas propias, a ganar autonomía y demostrar que a futuro se saldría de las manos de sus jefes. Por eso, para imponer condiciones, se ordenó la ejecución de ‘Tigrillo’, quien a juicio de los altos mandos pretendía independizarse y exponía las operaciones del grupo con un estilo de vida extravagante. En febrero de 1995, mientras estaba en la funeraria Ochoa de Envigado, lo acribillaron a bala.  Su lugar en la cofradía lo asumió Elkin Sánchez Mena, alias ‘El Negro’, ‘Digno’ o ‘El Viejo’.

SICARIOS DE ÉLITE

Así murió uno de los 12 funcionarios del CTI asesinados por 'La Terraza', entre 1997 y 1999.

Mientras en la zona rural de la nación, las Autodefensas Unidas de Colombia (1997 en adelante) sembraban el terror en el marco de su lucha antisubversiva, en el área urbana ‘La Terraza’ ejecutaba sus trabajos de “alto perfil”.

Según las investigaciones de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, que lidera las imputaciones contra el extraditado ‘Don Berna’, esa banda realizó varios de los asesinatos y secuestros más sonados a finales de los años noventa y el 2000, en Medellín y Bogotá.

Los hombres de ‘El Negro’ Elkin, siguiendo las órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño y de ‘Don Berna’, asesinaron al penalista Jesús María Valle Jaramillo, al humorista Jaime Garzón y a los investigadores sociales Mario Calderón y Elsa Alvarado. También raptaron a la congresista Piedad Córdoba y a cuatro investigadores de la ONG Instituto Popular de Capacitación, en cuya sede del barrio Prado Centro arrojaron una bomba.

De igual manera, entre 1997 y 1999 mataron a 12 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, los cuales estaban tras la pista de las Autodefensas y ‘La Terraza’.

A principios de 1999 surgieron rencillas entre los patrones y la organización, que reclamaba una mayor participación en el negocio. Un investigador de la Fiscalía cuenta que había celos porque “la gente de ‘La Terraza’ no ganaba tanto dinero como otros hombres que siempre fueron protegidos por ‘Berna’, es decir, la gente que luego formó ‘La Oficina': ‘Rogelio’, ‘Valenciano’ y ‘Yiyo’ estaban entre esos preferidos”.

La situación se complicó cuando ‘La Terraza’ asaltó el edificio Villa Paola en Laureles, donde hubo varios muertos. “Carlos Castaño aseguró que se robaron una plata (millones de dólares) que debía ser para él, mientras que los de la banda dijeron que allá no habían encontrado nada”, relata la fuente.

El punto de quiebre fue la ‘Operación Milenio’, ejecutada por la DEA y la Policía Nacional en octubre de 1999 en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y México, en la cual arrestaron a 31 narcotraficantes, incluido Fabio Ochoa Vásquez, sobreviviente de la época del Cartel.

Varias rutas de tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa quedaron huérfanas y ‘Don Berna’ y sus protegidos empezaron a apoderarse de ellas. ‘La Terraza’ solicitó parte de esas redes, y se les negó, por lo que declararon su independencia. Castaño y Murillo no iban a permitir la insurección y entonces comenzó la guerra.

EL EXTERMINIO

Si entre enemigos la guerra es despiadada, entre amigos es mucho peor. ‘La Terraza’ y los paramilitares conocían bien los asuntos del uno y del otro, y en las calles y campos empezaron a morir los aliados e integrantes de cada bando.

A ‘Don Berna’ le asesinaron a su hermano Rodolfo Murillo Bejarano, alias ‘Semilla’, en un concesionario de carros de El Poblado, en el 2000. Después le acribillaron a un hombre de confianza, apodado ‘El Míster’, en el sector Mangazul de Envigado. En ese episodio, ocurrido el 20 de septiembre del mismo año, perdió la pierna Félix Alberto Isaza Sánchez, alias ‘Beto’, otro protegido de ‘Don Berna’ y futuro cabecilla de ‘La Oficina’.

Precisamente, los protegidos de Murillo encabezaron la guerra urbana contra ‘La Terraza’ y así nació ‘La Oficina’ en el 2000 (que es diferente a la que operó en la época del Cartel a órdenes de Pablo Escobar). ‘Danielito’, ‘Rogelio’, ‘Yiyo’, ‘Valenciano’, ‘Douglas’, ‘Nito’, ‘Sebas’ y ‘Frank’ enfilaron sus aparatos sicariales contra sus antiguos socios y sus familias, muchas bandas se retiraron de ‘La Terraza’, se unieron a ‘La Oficina’ y la sangre corrió una vez más por las ya teñidas esquinas de Medellín.

Sin embargo, esta guerra no se decidió en la capital antioqueña, sino en el vecino departamento de Córdoba. Con la excusa de pactar una tregua, Carlos Castaño invitó a la cúpula de ‘La Terraza’ a una fiesta de desagravio en la finca Perra Perdida, ubicada en el corregimiento Villanueva, del municipio de Valencia. ‘El Negro’ Elkin, con su organización diezmada, no tuvo más remedio que aceptar meterse a la boca del lobo.

El 3 de agosto de 2000 se ejecutó el exterminio en aquel predio. Un comando integrado por combatientes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), liderado por ‘Móvil 5′, ‘El Rino’ y ‘El Amigo’, se enfrentó a los miembros de ‘La Terraza’, interceptándolos en un camino cuando viajaban en tres camionetas.

Según la Fiscalía 45 de Justicia y Paz, en el hecho murieron nueve personas de la cúpula y escoltas de la banda: el jefe Elkin ‘El Negro’ Mena Sánchez; Wilson Raúl Mosquera, alias ‘Gorra'; Alexánder Londoño Londoño, con el mote de ‘El Zarco’ o ‘San Pedro'; Jaime Mateus Moya, ‘Lotar’ o ‘El Tatuado'; Yeimar de Jesús Arboleda Suárez, ‘Yeimar'; Hugo Iván Correa Correa; Giovanni Figueroa Mosquera; Juan Fernando Cárdenas, ‘Papo'; y el último permanece como NN.

Algunos quedaron en la carretera, otros lograron llegar al planchón del río Sinú, donde los apresaron y les dieron muerte. A todos los arrojaron a ese afluente, por lo que los cadáveres nunca aparecieron; tan solo se recuperó el de ‘Yeimar’, que flotó hasta la superficie.

En el tiroteo fallecieron también dos miembros de las Accu, incluido ‘El Amigo’. Ese mismo día, la estructura paramilitar mandó un comunicado público a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, anunciando lo ocurrido. “Consideramos que, ya descabezada la cúpula de estas bandas delincuenciales, será más fácil para las autoridades erradicar la desbandada delincuencial que esta acción ha originado. Estamos seguros que nuestro método de justicia, radical pero inevitable, contribuye a la paz y tranquilidad del pueblo antioqueño”, escribieron con ironía los paramilitares.

La retaliación de ‘La Terraza’ no solo fue con sicariato y bombas, sino mediática. Comenzaron a enviar a mensajes en video y escritos a los medios de comunicación, y a conceder entrevistas, en las que sindicaban a Carlos Castaño y a ‘Don Berna’ de ordenar los asesinatos. Así mismo, señalaron a los miembros de la Fuerza Pública que, al parecer, trabajaban con aquellos.

Escena del carro-bomba en el parque Lleras. Archivo de El Colombiano.

Algunos de los oficiales mencionados en esos documentos son los generales Enrique Mora Rangel y Harold Bedoya, del Ejército (ambos retirados hoy), y el entonces mayor de la Policía Mauricio Santoyo Velasco, quien llegó al grado de General, fue jefe de Seguridad del presidente Álvaro Uribe y hoy está en una cárcel de Estados Unidos, donde aceptó el cargo de conspiración para apoyar a una organización terrorista (por sus nexos con las Auc y ‘La Oficina’).

La guerra continuó y el 10 de enero de 2001 explotó un carro-bomba en el parqueadero del centro comercial El Tesoro, de Medellín, que dejó una muerta y 53 heridos. El 16 de mayo del mismo año mataron a Ronald Arroyave Castaño, alias ‘Ronald’, un cabecilla de ‘La Terraza’. Al día siguiente estalló una bomba en el parque Lleras de Medellín, dejando ocho civiles muertos y 138 lesionados. Hay que decir que la autoría intelectual de las dos bombas no se ha esclarecido aún por parte de las autoridades, pero los principales sospechosos son ‘Don Berna’, ‘La Terraza’ y después la guerrilla.

El último líder asesinado de la banda fue Dany Alberto Posada Patiño, alias ‘El Flaco’ o ‘New Wave’. A su cónyuge, Ángela María Torres George, la gente de Murillo la desapareció el 14 de septiembre de 2001. Según ‘Don Berna’, ella era integrante de ‘La Terraza'; la mamá de la mujer, Raquel George, se niega a creerlo y solo pide que le digan dónde está el cadáver.

Para el año 2002 no quedaba nada de esa organización y las fuerzas de Murillo, que en ese entonces también habían conformado los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Autodefensas, se concentraron en una nueva guerra: acabar al bloque Metro, que comandaba ‘Doble Cero’, su antiguo compañero de ‘Los Pepes’.

Hoy en día, ‘Don Berna’ paga una condena de 31 años de prisión en Estados Unidos, por narcotráfico, y la justicia colombiana apenas ha iniciado las imputaciones en su contra por los delitos cometidos en nuestro país.

LA OTRA ‘TERRAZA’

“Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”, dice el refrán popular. Después de semejante derramamiento de sangre, ha surgido otra banda en el sector La Terraza, una zona ubicada entre los barrios Santa Inés y Las Granjas, de la comuna 3 de Medellín (Manrique).

Como aquellos de la década del noventa, se hacen llamar ‘La Terraza’ y tienen influencia en las comunas 3 y 4 (Aranjuez), al mando de alias ‘Chicho’. Hoy en día obedecen los designios de ‘La Oficina’ y controlan combos más pequeños.

Entre 2010 y 2011 protagonizaron sus propias batallas, en particular contra la extinta banda de ‘El Desierto’, y también perdieron a un cabecilla: ‘Fresita’ o ‘Juanfer’, descuartizado por órdenes de la propia organización. Habrían ejecutado crímenes de alto impacto, como la muerte del coordinador del Grupo de Bandas Criminales del CTI y el atentado al presidente del Concejo de Medellín. ¿Será que las autoridades logran desarticularla, antes de que haya más muertos?

Una vez más, “quien no conoce su historia…”.

El Inspector.

Hoy terminamos el 2011 con buenas expectativas, ya que el blog completó su cuarto año de funcionamiento, y el 2012 promete mejoras en la plataforma, el diseño y los contenidos, para que ustedes tengan la mejor información en materia de criminalidad, denuncias y seguridad.

Un abrazo, que disfruten con sus familias estas festividades y sigan conectados de Revelaciones del Bajo Mundo.

El Inspector.

Hoy terminamos el 2010 con 186 artículos y 2.564 comentarios de ustedes publicados. Muchas gracias por mantener vivo este blog con sus apreciaciones y visitas.

En 2011 seguiremos mejorando para estar más actualizados, visibilizar el bajo mundo e informarlos sobre lo que ocurre en nuestras calles. Feliz Año Nuevo para todos.

El Inspector. 

Su torcido camino llegó al punto de no retorno tras el asesinato de su novia de 15 años y su bebé recién nacido en el municipio de Bello, hecho por el cual fue condenado a la máxima pena que otorga la legislación colombiana.

Este es Juan Fernando Peláez Vega junto a su defensora, durante una audiencia en Bello.

La historia de este homicida comienza, como muchas otras de su especie, con un entorno de violencia familiar y deja la moraleja (si es que este concepto aplica aquí) de que la malcrianza de un infante puede tener consecuencias nefastas. Siempre debemos acompañar de buena manera el desarrollo de los niños.

Pero esto no ocurría en el hogar del barrio bellanita El Porvenir. Según las denuncias de su propia madre ante la Fiscalía, Juan Fernando se drogaba desde muy pequeño y se robaba las cobijas y la ropa de la casa, incluso una vez sustrajo la bicicleta de una hermana.

Julied Vega, consciente de que no era capaz de controlar a su hijo, lo envió a un internado. Mas el muchacho escapó del establecimiento y se fue a vivir en un circo ambulante, donde aprendió el oficio de trapecista.

De vez en cuando visitaba a la familia y peleaba con todo el mundo. A su mamá, quien padece ataques de epilepsia, la llamaba “la loca” y ella, según consta en las denuncias, llegó a decir que Juan Fernando era “el diablo”. Él respondía pegándole y una vez le tiró una caneca a los tobillos.

EL DOBLE HOMICIDIO

Cumplidos los 18 años, Peláez Vega tenía una novia quinceañera en el barrio La Maruchenga. Y la chica, llamada María Alejandra Flórez Barrientos, quedó embarazada al parecer de otra persona.

A las 11:15 a.m. del 2 de julio de 2008, los vecinos lo vieron entrar a la casa de la muchacha, en la carrera 67 con la calle 25BB. Una hora más tarde salió, cargando una caja de manera muy sospechosa.

Una vecina, observando desde su balcón, tuvo un mal pálpito y le ordenó a su hijo que fuera a la vivienda. La puerta no tenía cerradura y varios habitantes de la cuadra entraron a ver qué pasaba. Encontraron a María Alejandra tirada en el piso, asesinada por diez terribles heridas de arma blanca.

Junto a ella, sobre una cama, yacía su bebé Juan Pablo. El niño solo vivió 35 días en este mundo, hasta que a su corta edad apareció Peláez Vega. El análisis forense reveló después que el bebito tenía el cráneo fracturado por un fuerte golpe y que murió por asfixia mecánica, al parecer sofocado con una cobija.

La escena del crimen estuvo rodeada por decenas de vecinos.

El horrible hallazgo enfureció a la comunidad y los ciudadanos comenzaron a buscar al autor del crimen. Lo pillaron cerca a la quebrada La Loca y lo persiguieron con ganas de lincharlo. El sujeto no tuvo más remedio que soltar la caja y emprender una desesperada huida.

Dentro de la caja había un televisor y un reproductor de DVD, los cuales había hurtado de la casa de su novia muerta. También había una mochila, en la cual estaba el cuchillo ensangrentado. El trapecista se arrojó por los matorrales de la cañada, sufriendo varias heridas en la piel por las ramas.

Una patrulla policial dio una ronda por el lugar y el perseguido apareció sobresaltado, pidiéndoles a los uniformados que lo protegieran de la gente enardecida.

Al otro día fue llevado a la audiencia de control de garantías, donde el fiscal le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto agravado. Pero ante la pregunta del juez, Pélaez Vega negó esos cargos y se declaró inocente.

Su defensa trató de evitar que lo enviaran a la prisión, alegando que el procesado era casi un menor de edad (había cumplido los 18 años hacía seis meses). La defensora de oficio también recordó su infancia retorcida y la degradación por los estupefacientes, tratando de usar esos factores como atenuante para influir en la decisión del juez. No lo logró y al detenido le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel Bellavista.

El proceso judicial continuó y más adelante Peláez Vega, quien para ese entonces era conocido públicamente como ‘El cirquero asesino’, aceptó la culpabilidad. Buscaba al parecer una negociación con la Fiscalía para obtener una rebaja de pena, pero sus víctimas fueron dos menores de edad y la nueva Ley de Infancia impedía otorgar beneficios a los asesinos de niños (al menos en este caso, la justicia aplicó esa ley, porque hay excepciones).

El 14 de noviembre de 2008 se hizo pública la sentencia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello condenó a Juan Fernando Peláez Vega a pagar 60 años de cárcel, la máxima condena de la jurisprudencia colombiana. Salvo alguna eventualidad, el trapecista saldrá de la prisión a los 78 años de edad.

Se criará, prácticamente, detrás de los barrotes, y sus tutores serán otros criminales como él. Allí pasará de la adolescencia a la adultez y después a la vejez. Y todo esto parecía advertido desde el principio de su vida.

NOTA RELACIONADA: ‘CHUKI’, EL ASESINO de las dos niñas

El Inspector.

El punible fue concierto para delinquir (sin ningún agravante para la justicia) y el cobijado fue Alirio de Jesús Rendón Hurtado, otrora considerado un gran empresario antioqueño de la industria licorera y comerciante de la central de abastos Plaza Mayorista.

Así se entregó 'El Cebollero' a las autoridades en 2009, agobiado por problemas de salud.

Según un informe de la Fiscalía, “‘El Cebollero’ financió a un grupo ilegal armado que tuvo influencia en Envigado y en la Plaza Mayorista de Itagüí”.

Y dice el mismo reporte, publicado en la página web del organismo judicial: “A ese grupo, la Fiscalía le atribuye la comisión de una serie de hechos delictivos como homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados”.

Recuerdo el día de la captura del Rendón Hurtado, fue en la madrugada del 21 de mayo de 2008, en un apartamento del exclusivo sector El Poblado, al suroriente de Medellín.

Horas más tarde se convocó a una rueda de prensa para dar la buenanueva, en la cual asistieron el alcalde Alonso Salazar, el general Marco Pedreros (comandante de Policía Metropolitana) y hasta el ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos. Los adornaba una sonrisa de oreja a oreja, felicitaciones iban y venían para quienes participaron en el operativo y no les faltó sino destapar la botella de champaña frente a las cámaras de televisión.

Pero este logro de las autoridades comenzó a empañarse un año después, cuando el procesado salió de la cárcel por el concepto de vencimiento de términos. Los fiscales se durmieron y la defensa del sujeto cobró por ventanilla.

Así de dichosos estuvieron el ministro Santos y el alcalde Salazar en la rueda de prensa de la captura. ¿Qué pensarán ahora?

Y los padres de la Patria pusieron el grito en el cielo, desde el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, hasta el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien anunció una purga interna de su organismo. Como siempre, la Procuraduría dijo que iba a investigar a “raimundo y todo el mundo”, pero nadie pagó por el descuido.

Otra vez dictaron la orden de captura y el aparato judicial, ya desgastado, se activó en búsqueda del objetivo. Pero fue él mismo, aduciendo delicados problemas de salud, quien se entregó con la intermediación de la Personería y fue internado en una clínica con vigilancia policial.

Hoy, cuando se anunció la sentencia después de semejante odisea, no queda sino un manto de dudas e inconformidad. Varios policías e investigadores judiciales que consulté, se mostraron frustrados y se quejaron por el desgaste institucional.

Por todos es conocido que la organización criminal ‘La Oficina’ y sus guerras internas, son la principal causante de la oleada de violencia que afecta al Área Metropolitana. La Policía, el Gobierno Nacional y las alcaldías locales sindican a esa mafia de miles de asesinatos, extorsiones, desapariciones forzadas y cuanto crimen atroz exista en el código penal.

Y entonces, ¿cómo así que a uno de los cabecillas de esa peligrosísima estructura delincuencial le dan apenas 50 meses de prisión? ¿Cómo así que, debido a las garantías del sistema, podría tener libertad condicional en unos dos años?

El personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, bien lo dijo: “ese es el sistema judicial que tenemos, ¿para qué rasgarnos las vestiduras? Hay que trabajar en fortalecerlo”. Rendón, después de haber negado muchas veces las acusaciones en su contra, aceptó los cargos ante el juez para obtener la rebaja de penas respectiva.

El proceso judicial y la sentencia posterior del juzgado en el caso de ‘El Cebollero’ no tienen nada de ilegales, pero a mi juicio son el ejemplo de cómo los criminales confesos de ‘alto perfil’ pueden aprovecharse de las excesivas garantías que les da nuestra ley, que a veces es ilógica.

NOTA RELACIONADA: EXTRAÑAS DECISIONES de la justicia

El Inspector.

Respecto al tema de seguridad en nuestra región, seguimos añorando que la situación mejore cada día más y que en los próximos meses nos lluevan excelentes noticias de paz.

Gracias a ustedes por hacer de Revelaciones del Bajo Mundo uno de los blogs más leídos de El Colombiano. Desde su creación, se han publicado 118 artículos y 1.416 comentarios por parte de ustedes.

¡Que el 2010 nos traiga un mayor crecimiento y lectores! Me gustaría recibir sus sugerencias, acerca de los temas que quisieran ver publicados en este espacio y sobre los cuales les agradaría debatir. También estoy abierto a sus recomendaciones para mejorar este blog.

De nuevo, y con afecto, ¡felicidades para todos!

El Inspector.

Es también la historia de unos de los peores crímenes ocurridos en los últimos  años en Medellín, cuyo perpetrador pasa hoy los días en prisión, con horribles cicatrices en el cuello y la cabeza que de seguro le recuerdan a diario su error.

Giovanny Pérez nació en San Andrés de Cuerquia y se crió en Donmatías, Antioquia.

Todo comenzó en diciembre de 2006, cuando el celador Giovanny Evencio Pérez Zapata, en ese entonces de 27 años, se convirtió en el novio de Angie Yurley Fernández Gómez, de 16. La madre de la menor, doña María Luzmila Gómez, consintió la relación porque al principio el vigilante se comportaba como un caballero.

Las cicatrices de la autoagresión, en cuello y cabeza.

La pareja se fue a vivir a un apartamento de la calle 94D con la carrera 83A,  en el barrio Robledo La Pradera. Pero la personalidad celotípica de Pérez comenzó a tornar el paraíso en un infierno de gritos, peleas y golpizas. Angie quedó embarazada y al parecer su novio no quiso reconocer a la criatura.

Angie Fernández, de 17 años, estudió dos semestres de Mercadeo y Ventas.

En octubre de 2007, la adolescente no lo soportó más y regresó a la casa de su madre.

Fue en esta época cuando el hombre comenzó a desquiciarse y a planear su descenso al averno.

En su celular empezó a grabar un terrible monólogo interior, en el cual decía cosas como: “Giovanny, tenés que matarla”, “no importa que haga el amor tan chimba”, “hay que matarla”. Estas grabaciones serían usadas por la Fiscalía en el futuro, como evidencia en su contra.

Angie tuvo una hermosa bebé, a quien llamó Yeily. El 20 de diciembre de 2007 la nena cumplía 14 días de nacida y Pérez, en un gesto inesperado, pero quizá lógico dentro de la atmósfera navideña, decidió que le daría su apellido.

María Luzmila recordó que su hija estaba contenta cuando acudió con la bebé a la cita en la Notaría Séptima. Después del papeleo pertinente, el vigilante se llevó a su ex novia y a su hija al apartamento de Robledo La Pradera, donde cerró la puerta con cerrojo para que nadie saliera.

Angie estaba en la cama cuando el sujeto apareció en el cuarto con un enorme cuchillo de cocina. La degolló y la apuñaló hasta el cansancio. Luego se acercó a la niña y no hubo piedad ni consciencia que lo hiciera detenerse.

Contemplando su maléfica obra, se cortó el cuello dos veces, pero continuaba vivo. La irracionalidad se desbordó y se enterró el cuchillo en la sien, pasándolo de lado a lado. Pudo morir desangrado, pero una hermana suya entró por una ventana rompiendo el vidrio.

La bebé Yeily solo vivió 14 días.

Tras el aviso llegó la Policía. El mayor Castañeda, jefe de la estación policial de la jurisdicción, me contó aquella vez que nunca había visto algo así. “¡El cuchillo le atravesó toda la cabeza, parecía de esas diademas de broma que venden en la calle!”, dijo. Un posterior análisis de toxicología, comprobó que el homicida había consumido marihuana.

Así fueron creadas las cicatrices que hoy acompañan al recluso Pérez. Por la apariencia, los agentes del CTI que llevaban el caso lo llamaron ‘Chuki’, como el muñeco diabólico que tiene la cara cortada.

El 18 de julio de 2008, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Medellín lo condenó a pagar 39 años de cárcel y una multa de 80 millones de pesos como reparación a las víctimas, en este caso los padres de Angie.

Durante el proceso, la defensa alegó que su cliente era incapaz de comprender la condena y lo que estaba pasando en las audiencias, pues las heridas autoinflingidas lo habían afectado de forma severa. En efecto, en el estrado el tipo parecía demente, con la mirada desorbitada, aunque a veces respondía a las preguntas del juez con claridad.

Declararlo inimputable era la idea, pero la Fiscalía logró demostrar que al momento de cometer el doble asesinato estaba consciente de lo que hacía, incluso con la cabeza fría para planificarlo.

Estuve en aquella audiencia condenatoria, y María Luzmila dijo después de la tasación de la pena: “Gracias a Dios se hizo justicia, aunque hubiera preferido una pena más alta”.

Pérez con la foto de la bebé.

Llevaba consigo las fotos de Angie y Yeily, y se las mostró a Pérez cuando los guardias del Inpec lo llevaban hacia el calabozo. Con las manos esposadas las recibió una a una. La intención de María Luzmila era, al parecer, afligirlo mentalmente por lo que había hecho, que sintiera remordimiento mientras veía los rostros de su hija y su ex novia.

Pero la mente de Giovanny Evencio Pérez Zapata ya estaba en otro mundo, con toda su alma podrida. ¿Qué remordimiento iba a sentir? 

Con esta condena, el expediente en contra del celador no quedó clausurado. En el Juzgado Tercero Penal del Circuito se abrió otro proceso por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. El personaje fue implicado en el abuso de una niña de 10 años, prima de Angie, en hechos ocurridos en 2007.

Esta es una historia atroz, pero ustedes y yo sabemos que podría repetirse debido a las características de nuestra sociedad. Por lo menos luchemos para evitar que ocurra en nuestros hogares y los de quienes conocemos. Así estaríamos aportando al rompimiento del círculo de la violencia.

El Inspector.

Les informo que Revelaciones del Bajo Mundo cambió su dirección de internet, por una mucho más fácil de acceder y memorizar. Ahora podrás encontrar las noticias judiciales y los análisis de criminalística en:

http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo

Para quienes tienen a Revelaciones en sus favoritos o se suscribieron al blog por RSS, los invito a actualizar el vínculo y continuar comentando los artículos. Gracias.

El Inspector.

Les presento una nueva sección en Revelaciones del Bajo Mundo, llamada ‘Caso Cerrado’. Con esta propuesta se pretende abarcar aquellos hechos de alto impacto en la sociedad, los cuales ya fueron resueltos en los estrados judiciales.

Sin embargo, fueron tan atroces los actos criminales, que la comunidad debe hacer el difícil ejercicio de no olvidarlos y, sobre todo, aprender de ellos. “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”, reza el adagio, y en Medellín y Antioquia sí que se aplica porque la violencia ha marcado en gran medida su devenir.

Y es hora de superar las épocas más crueles, mas no echando tierra y olvido sobre los acontecimientos, sino recordándolos con respeto y siempre con espíritu de denuncia.

El Inspector.

 Ha sido creado con la intención de presentar una realidad desenmascarada y un panorama claro de la situación judicial de nuestras ciudades.

 Te invito a participar en el debate entorno a la información expresada, y construir así entre todos una opinión pública acertada, diversa y sensible sobre estos temas que a todos nos importan.

Cordialmente, El Inspector.