Fuentes cercanas al caso informaron que el sobrino, Sergio Alexánder Tamayo Mesa, conocido con los apodos de “Álex Mentiras” o “Álex Chata”, fue arrestado este 20 de abril de 2026 en el municipio de San Vicente; mientras que el lugarteniente Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”) cayó en Copacabana.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), Sergio Alexánder Tamayo Mesa (“Álex Mentiras”) y, en el recuadro, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”). Fotos de cortesía.

Ambos son cabecillas históricos de la organización criminal “los Chatas”, originaria de Bello, la cual delinque también en Itagüí, Barbosa, Copacabana, Girardota, el Norte y el Nordeste de Antioquia.

Este grupo se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la urbanización ilegal de lotes, corrupción de servidores públicos, minería ilegal y lavado de activos, entre otros negocios.

La banda además está integrada a “la Oficina”, la confederación del crimen organizado del Valle de Aburrá, lo que le da influencia sobre decenas de combos de los barrios.

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La pistola Glock con adaptaciones para usar como subametralladora, que le encontraron a “Álex Mentiras”. Foto cortesía de Policía.

El golpe fue dado por agentes de la Sijín y comandos especiales de la Policía, en el marco de la Operación Doble Eje, los cuales allanaron dos escondites de los peces gordos, encontrando dos pistolas, dos escopetas, dos armas traumáticas, municiones de diferentes calibres y $5’000.000 en efectivo.

A los policías les llamó la atención que a una de esas armas, una pistola Glock 9 milímetros, adaptaron dispositivos de disparo en ráfaga, mira táctica y culata de fusil, para usarla como una especie de subametralladora.

Sobre alias “Jonás”, de 47 años, el reporte oficial del caso indica que tiene “una trayectoria criminal de aproximadamente 25 años (…). Ejercía dirección estratégica del componente criminal, con control del narcotráfico y administración de rentas ilícitas estimadas en cerca de $2.000’000.000 mensuales”.

Y en cuanto a “Alex Mentiras”, de 46 años y con una carrera ilegal de dos décadas, que “su cercanía y vínculo directo con alias ‘Tom’ le permitían ejercer mando decisorio, direccionando actividades delictivas y coordinando mandos medios dentro de la estructura”.

Alias “Jonás” es uno de los jefes históricos de “los Chatas” y principal hombre de confianza de “Tom”. Foto cortesía de Policía.

Los dos ya habían sido capturados en 2016, y tras pasar algunos años en prisión cumpliendo una pena por concierto para delinquir, regresaron a las calles a continuar su trabajo ilícito.

La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, los cuales negaron en la audiencia de control de garantías.

Esta no es la primera vez que familiares y lugartenientes de los voceros de la mesa de la cárcel de Itagüí son judicializados por la presunta comisión de delitos.

En julio de 2025 fueron detenidos el hijo, la exesposa y uno de los lugartenientes de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). Aunque un juez les otorgó la libertad mientras avanza el proceso, están inmersos en un expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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El Inspector.

El colombiano, conocido en el bajo mundo como “Yiyo” o “William”, está en poder del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por su sigla en inglés), desde el pasado 24 de junio, cuando acudió a su sede de Miami para renovar su estatus migratorio.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el poster sobre alias “Yiyo” que publicó la oficina en Florida del Partido Republicano, en la red social X. Foto cortesía de @FloridaGOP.

López se entregó a la DEA en 2009 y, luego de firmar un acuerdo de culpabilidad, fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a ocho años de cárcel por cargos de narcotráfico, homicidio, conspiración para obstruir a la justicia, ofrecimiento de sobornos a policías para filtrar información sobre operaciones de la DEA, y conspiración para apoyar a una organización terrorista internacional (las Autodefensas Unidas de Colombia).

La mayoría de la sentencia la pagó en el Metropolitan Correctional Center, de Manhattan. Luego fue enviado a una celda transitoria de migración, y su defensa le presentó un alegado a la corte, indicando que si lo deportaban a Colombia, podría ser asesinado debido a su cooperación con las agencias de seguridad de EE.UU.

El abogado invocó la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), y un juez le dio la razón.

“Yiyo” salió en libertad en julio de 2016 y se quedó a vivir en Nueva York con una Visa Parole, que le concede un estatus de protección temporal, el cual debe ser renovado cada año.

Al parecer estaba en ese trámite de renovación en Miami, cuando fue retenido por los agentes de ICE.

Bajo las nuevas políticas del presidente Donald Trump, todo migrante extranjero que tenga antecedentes penales es candidato para la deportación.

LA CÁRCEL PARA MIGRANTES
La detención fue confirmada por su abogada, la precandidata presidencial Sondra Macollins, quien también representó hace poco al excapo del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, hoy libre en Colombia.

“En los siete años que ha estado en libertad, no ha infringido la ley, ni siquiera que se haya pasado un semáforo en rojo”, dijo la jurista en la emisora La W, y agregó que “Yiyo” presentará otra vez un recurso judicial para evitar su regreso a Colombia.

Su situación se complicó cuando entró en una lista de candidatos a ser trasladados a la cárcel Alligator Alcatraz, inaugurada hace un mes para retener a los inmigrantes próximos a la deportación.

La oficina del Partido Republicano en Florida publicó su foto en su cuenta oficial de X, el pasado 7 de julio, en un poster titulado “Los archivos de Alligator Alcatraz, alojando lo peor de lo peor”.

Allí apareció reseñada su reciente captura, con algunos de los cargos por los que ya fue condenado.

El centro de detención migratorio fue construido en los Everglades de Florida, un gigantesco humedal en el que viven caimanes, serpientes y otros depredadores, lo que le ha dado un aura de terror a ese lugar, con capacidad para 5.000 internos.

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EL PRONTUARIO CRIMINAL
López Cardona es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc (2005) y luego fue uno de los cabecillas de la organización mafiosa “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá y tiene redes internacionales de narcotráfico y sicariato.

En 2009, cuando figuraba en el cartel de los más buscados de Medellín, decidió someterse a la justicia de EE.UU. Huyó a Costa Rica, donde abordó un avión de la DEA, y a cambio de la sentencia pequeña que recibió, se comprometió a brindar información.

Entregó una lista de 122 policías corruptos que trabajaban para “la Oficina”, según fuentes cercanas al proceso, y sirvió de enlace para el sometimiento a los gringos de un narco asociado al grupo, Luis Fernando Castaño, alias “Botija” o “la Firma”.

Este hombre pagó seis años por narcotráfico en EE.UU. y volvió a Medellín en 2016. Fue asesinado por sicarios el 22 de enero de 2018, cuando conducía una camioneta por una vía de El Poblado.

Este homicidio podría ser uno de los argumentos de la defensa de “Yiyo” para solicitar que no lo deporten, pues se expone al mismo destino.

Aunque por su militancia en las AUC y “la Oficina” participó en muchas muertes, López solo aceptó cuatro en el estrado de Nueva York, ejecutadas entre 2003 y 2007.

Dos de sus víctimas eran informantes de la DEA, Jéfferson Gastanera y un delincuente apodado “Sánchez”, ambos acribillados en Medellín. El otro fue Jéferson Martínez López (“Omega”), mano derecha del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), quien murió a balazos en Copacabana, Antioquia (2006).

Y el cuarto caso fue el más relevante: la muerte de uno de los máximos jefes de las AUC, Vicente Castaño Gil, en una finca de Nechí (2007).

Hasta ese lugar llegaron los matones de “la Oficina” y agentes corruptos del Gaula, y al verse rodeado, Castaño se suicidó dentro de un baño disparándose en la cabeza, según versiones de exparamilitares. Los criminales descuartizaron el cadáver, demolieron el baño y arrojaron los restos y los escombros al río.

En Colombia, “Yiyo” era investigado por concierto para delinquir y secuestro extorsivo, pero los expedientes quedaron inactivos cuando se entregó a la DEA.

PREOCUPACIÓN ENTRE CAPOS
El caso de López es un campanazo de alerta para otros antiguos paramilitares, narcos y jefes de bandas que se quedaron en EE.UU. después de pagar sus condenas allá.

Muchos viven como ricos, en condominios de lujo y con carros deportivos, administrando las fortunas que les dejó la cocaína y eludiendo a la justicia colombiana.

Entre ellos están Juan Carlos Sierra (“el Tuso”), Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) y Miguel Mejía Múnera (“el Mellizo”), de las AUC; Carlos Mario Aguilar (“Rogelio”), de “la Oficina”; Óscar Pulgarín Gañán (“el Señor de los Caballos”), del Clan del Golfo; Andrés Flórez (“Florecita”), del cartel del Norte del Valle; y los hermanos Javier y Enrique Calle Serna (“los Comba”), de “los Rastrojos”, por citar algunos casos.

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El Inspector.

Desde los 80 han cambiado varios aspectos en el modelo de esta actividad criminal, como la caída de los monopolios y el auge de mercados locales; y otras persisten, como el prohibicionismo y la cultura traqueta. Aquí, un análisis de la evolución del flagelo que no deja en paz al país, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fabio Ochoa, excabecilla del cartel de Medellín, regresó a Colombia en diciembre de 2024. Foto: cortesía.

El excapo Fabio Ochoa volvió a Colombia en diciembre de 2024, luego de pagar 25 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.; mientras que su antiguo socio, Carlos Lehder, volvió en marzo del presente años, tras purgar 33 años por el mismo cargo en aquella nación.

Seguramente se sintieron extraños en unas calles transformadas por la evolución del urbanismo, pero también se dieron que, desde sus tiempos hasta ahora, la droga sigue siendo el principal motor de la mafia. Entonces, ¿qué cambió?

 LOS CAMBIOS

1). Del monopolio a la democracia cocalera
En los 80, los carteles de Medellín y Cali ejercían el monopolio global de la producción y distribución de cocaína. En la práctica, si alguna organización quería participar del mercado, tenía que contar con la bendición de “los Extraditables” o de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, o pagarles una suerte de tributo para poder “trabajar”.

Hoy, si bien existen algunas organizaciones que actúan como carteles y dominan ciertos territorios, entre ellas el Clan del Golfo, carecen de la capacidad para ostentar un monopolio. Actualmente hay múltiples grupos participando en la cosecha, producción, transporte y exportación, que trabajan de manera articulada y cada uno se encarga de un eslabón de la cadena del narcotráfico.

El último monopolio que existió en el negocio lo protagonizó la antigua guerrilla de las Farc, que dominaba vastas áreas de cultivos, pero luego de su desmovilización en 2016, el acceso se democratizó, permitieron el surgimiento de múltiples redes de narcos independientes, la proliferación de 19 mafias extranjeras y la apertura de nuevas rutas de distribución.

En la época de Pablo Escobar y “los Extraditables”, la organización participaba en todos los eslabones de la cadena: el patrocinio de los cultivos de coca; su transformación en clorhidrato de cocaína en los laboratorios, como el de Tranquilandia en Caquetá; su transporte, acopio y exportación por vía aérea, marítima y terrestre, e incluso la comercialización en los destinos, como las calles de Florida, Nueva York y Los Ángeles.

Los grupos del siglo XXI, en cambio, operan en redes más complejas, con la participación de múltiples actores, cada uno especializado en un eslabón de la cadena.

Los colombianos ya no se encargan de la distribución final en los países destino, sino que le ceden este trabajo a sus socios; esto le ha dado un mayor protagonismo en el mercado de la cocaína a las mafias de México, Italia, Marruecos, Países Bajos y los Balcanes.

2). Mejor una cárcel en EE.UU. que una tumba en Colombia
En su momento, el lema de “los Extraditables” fue “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, y en él se fundamentó su confrontación terrorista contra el Estado, buscando suprimir la figura de la extradición de las leyes colombianas.

Hoy cambió esta percepción, y es común que los narcos se sometan voluntariamente a la justicia de EE.UU., buscando un acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que les genere una sentencia pequeña y la posibilidad de conservar sus fortunas.

“Si entregamos la mitad del dinero, el gobierno norteamericano nos deja vivir con la otra mitad, y nos quedamos en este país con varias ventajas”, confesó en un programa de TV Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), exmiembro del cartel del Norte del Valle, quien en 2023 fue detenido a su regreso a Colombia, por seguir en actividades ilegales.

Esto es posible porque también hay una flexibilización de las políticas antidrogas de EE.UU., que permite que la DEA y el Departamento de Justicia busquen negociaciones con los capos. “Esta política fue muy rígida al comienzo, pero ahora EE.UU. ha entendido que es más efectiva una negociación judicial, y los narcos también”, explicó Alejo Vargas, docente y analista de seguridad y defensa.

Entre los narcos que se han entregado a la justicia estadounidense en los últimos años se cuentan los hermanos Javier y Luis Calle Serna (“Doctor” y “Comba”), jefes de “los Rastrojos”; y Carlos Aguilar (“Rogelio”), Mauricio López (“Yiyo”), Carlos Arredondo (“Mateo”) y Fredy Mira (“Fredy Colas”), de “la Oficina”.

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3). Crecimiento de los mercados internos
En los días del cartel de Medellín, la cocaína que se producía era principalmente con fines de exportación, mientras que a los viciosos locales se les ofrecían sus subproductos (perico y basuco), marihuana y LCD; hoy, el mercado interno ha crecido tanto, que los grupos de crimen organizado producen para abastecer plazas de vicio locales, dado que todas las metrópolis colombianas, e incluso en regiones apartadas, hay narcomenudeo de clorhidrato de cocaína.

Como ejemplo, hay dos investigaciones del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC): la primera es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2023), que concluyó que el 31,4% de los delincuentes juveniles del país presentaron adicción a la cocaína durante ese año.

La segunda es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar (2022), que estableció que en Colombia la edad promedio de inicio de consumo es de 13,7 años.

4). Diversificación de las rutas al exterior
En los tiempos de Lehder y compañía, los narcos se abastecían de los cultivos de Bolivia y Perú, y en su trasiego a EE.UU. eran fundamentales las rutas de Centroamérica, las islas antillanas y el mar Caribe.

Hoy las trazados internacionales se diversificaron, explicó Vargas, y los traquetos colombianos abrieron rutas a China, África, Medio Oriente y Oceanía, donde un kilo de cocaína se vende en 200.000 dólares, mientras que en Florida el valor oscila entre US14.000 y US20.000.

La distribución en el Viejo Continente tiene puntos de llegada en los puertos de Amberes (Bélgica), Roterdam (Países Bajos) y la costa mediterránea de España e Italia; de allí se irriga a Europa Central, islas británicas, los Balcanes, la península escandinava y Rusia.

Ecuador y Venezuela cobraron gran importancia como zonas de trasiego y exportación del alcaloide.

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Carlos Lehder, antiguo narco del cartel de Medellín, ya está libre en Colombia. Foto: cortesía de Migración.

LO QUE NO HA CAMBIADO

5). El principal motor de la violencia armada
Tanto en los tiempos del cartel de Medellín como en la actualidad, las millonarias ganancias de la cocaína financian los ejércitos criminales que generan la violencia en el país, en las áreas urbanas y el campo.

El narcoterrorismo sigue, solo que hoy quienes ponen los carrobombas, secuestran y asesinan a los miembros de la Fuerza Pública son las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Una diferencia latente es que el cartel de Medellín pretendía doblegar el sistema de justicia del Estado, mientras que en nuestro tiempo los grupos armados buscan someter comunidades y territorios específicos, como el cañón del Micay (Cauca), el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Chocó.

Aunque se diversificaron las rentas ilegales con la minería de oro y la extorsión a casi todas las actividades económicas, el tráfico de cocaína sigue reinando, en parte por la devaluación del peso frente al dólar, que aumentó los ingresos; el crecimiento histórico de los cultivos, hoy tasado en 253.000 hectáreas; el incremento en la capacidad de producción, de 2.600 toneladas métricas anuales de droga de alta pureza; y el aumento del 20% en el consumo mundial en la última década, según la ONU, calculando que 25’255.000 personas han probado la cocaína.

6). Prohibicionismo sigue sin dar resultados
Las atrocidades del cartel de Medellín alimentaron la tesis de la “guerra contra las drogas”, declarada por el Gobierno de Estados Unidos y perpetuada por Colombia. Aunque cada vez le aparecen más detractores a esta política, la verdad es que la comercialización de cocaína sigue siendo ilegal.

“Continúa un régimen de prohibición absurdo en términos de regulación de las drogas, seguimos en la misma guerra contra las drogas, que no ha dado resultados ni en los 80 ni ahora”, opinó Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Gustavo Petro, con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, ha buscado descriminalizar la siembra para proteger al campesinado, y enfocar su lucha en la interdicción de los cargamentos de cocaína, pero esto ha fomentado un crecimiento nunca antes visto de las cosechas y las importaciones, favoreciendo en últimas a los narcotraficantes.

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7). La anticultura traqueta sigue vigente
En los días de Lehder y Fabio Ochoa se forjaron unos antivalores que se enquistaron en la cultura colombiana, especialmente en la juventud, los cuales hoy persisten: ver una opción de vida en la ilegalidad, el deseo de obtener poder por medio de la violencia y el anhelo de acumular riqueza cueste lo que cueste.

Esta tendencia sigue impactando los proyectos de vida de miles de jóvenes, que cada mes ingresan a las bandas y grupos terroristas por su propia voluntad.

La televisión, el narcoturismo y el comercio de artículos alusivos al cartel de Medellín terminaron por instalar ese modo de ver el mundo en la mente de extranjeros y jóvenes. “Esos usos que impuso el cartel en su momento dejaron rezagos en la cultura paisa que siguen vigentes, eso hay que reconocerlo”, contó preciado.

¿Y qué opinan los comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo? Los leo.

El Inspector. 

Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

Se trata de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “el Montañero”, jefe de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín. Bogotá, Soacha, Boyacá y varias subregiones de Antioquia, en asocio con el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“El Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”, está de nuevo en libertad. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” había sido transferido el año pasado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por gestión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Allí se llevan a cabo los diálogos con el Gobierno, junto a los principales jefes de las bandas del Aburrá que participan en ese proceso.

Fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a El Colombiano que está libre desde el pasado 14 de marzo.

“El Montañero” había sido capturado el 26 de octubre de 2019 en una finca de Aranzazu, Caldas. Fue condenado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Esto quiere decir que apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia, y que un juzgado de control de penas y medidas autorizó su libertad a pesar de tener a cuestas una investigación por homicidio.

El crimen en cuestión ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

“El Montañero” es un viejo conocido del sistema judicial en Colombia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá ya lo había condenado a 26 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo.

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La sentencia fue por liderar un asalto a un camión de transporte de valores en 2003, en el barrio Las Flores de Bogotá, en el que fue asesinado un policía de la Sijín. A pesar de esto, apenas estuvo nueve años preso y regresó a la calle en 2013.

Retomó las riendas de “el Mesa”, una organización que cuenta con unos 300 integrantes, dedicados al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, lavado de activos, desplazamientos forzados, secuestros y desapariciones.

Una de las maneras en las que suele evadir la justicia, según fuentes judiciales, es mediante el cambio de identidad. En los registros de la rama judicial figura en expedientes penales con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña. Con este último fue que obtuvo su libertad.

Por su influencia en el mundo criminal fue llamado a ser vocero de paz en la mesa de paz del Gobierno y las bandas del Valle de Aburrá.

Hasta ahora el Gobierno ha guardado silencio sobre esta libertad, y acerca de la manera en que seguirá participando en el proceso, dado que los demás voceros cumplen con la condición de estar reunidos en la cárcel de Itagüí.

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El Inspector.

El astro del fútbol colombiano terminó extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos, compartiendo la deshonra con otros ídolos salpicados por los negocios del hampa.

La penetración del narcotráfico en el fútbol colombiano se detectó en los años 80. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

Esta historia es narrada por El Inspector en la segunda temporada del pódcast Revelaciones del Bajo Mundo, titulado: “Los futbolistas convocados por la mafia colombiana”.

El episodio explica la forma en que la mafia ha penetrado los equipos más famosos del país, cobrando las vidas y reputaciones de varias estrellas que se dejaron envolver por el torbellino de la cocaína.

La crónica sonora rememora el asesinato de un árbitro, que obligó a cancelar el torneo profesional; las capturas por posesión de drogas de algunos jugadores de la Selección Colombia; y las muertes de otros “cracks” que quedaron atrapados en las disputas de poderosos carteles.

NOTA RELACIONADA: La guerra entre el cartel de Medellín y “los Pepes”, en el podcast de Revelaciones del Bajo Mundo.

Escucha todos los episodios en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano y Q’Hubo Medellín, y en la playlist que encuentras aquí en el blog.

Jhon Viáfara fue extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos. Foto cortesía de la Policía,

A continuación, puedes darle click a los siguientes enlaces para disfrutar cada episodio de la segunda temporada:

Capítulo 1: “La Barbada”: Crímenes de una bruja sangrienta.

Capítulo 2: El extranjero que silenció la música de Valentina.

Capítulo 3: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 1].

Capítulo 4: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 2].

Capítulo 5: Los futbolistas convocados por la mafia colombiana.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que combina el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas. La primera temporada del pódcast se lanzó en septiembre de 2022 y la segunda comenzó en agosto de 2023. ¡No se la pierdan!

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El Inspector.

El cabecilla y 13 de sus subalternos fueron capturados a principios de julio de 2023 por el Gaula de la Policía y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Elkin Mesa Vallejo, alias “Elkin Chata”, líder de la organización criminal “los Chatas”. Foto cortesía de la Fiscalía.

A todos los señalaron de integrar la banda “los Chatas”, originaria de Bello, pero con tentáculos en otros lugares del Valle de Aburrá, Oriente, Bajo Cauca y Norte de Antioquia.

El grupo se dedica, desde los años 90, al narcotráfico, sicariato, extorsiones, hurto, minería ilegal, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otros delitos.

En el caso puntual de “Elkin Chata”, las autoridades indicaron que asumió el control de la organización desde mayo de 2020, cuando salió de la cárcel con libertad condicional, luego de haber estado apenas tres años es prisión por concierto para delinquir.

En la primera semana de julio de 2023 fueron capturados por el Gaula 14 miembros de “los Chatas”. Foto cortesía de Fiscalía.

Ricardo Romero, delegado de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, explicó que Mesa Vallejo y sus hombres le estaban cobrando el llamado “impuesto de vigilancia” a los residentes de varios barrios de Bello.

A un habitante del barrio El Rosario le cobraron $8 millones, de los cuales solo alcanzó a pagar una parte. Como castigo, el pasado 19 de febrero fue secuestrado y retenido durante cuatro horas en una finca de la vereda Hato Viejo.

“Los Chatas” le exigieron a su familia $50 millones por la liberación, pero cuando los seres queridos tampoco pudieron reunir esa suma, los expulsaron a todos del vecindario, generando un desplazamiento forzado.

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En la audiencia de control de garantías, a “Elkin Chata” le imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y desplazamiento forzado. Aunque se declaró inocente, el juez lo envió a la cárcel como medida preventiva.

A los otros 13 miembros de la banda le imputaron cargos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, extorsión agravada, uso de menores de edad en la comisión de delitos, hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Entre los detenidos también se destacan Norbey Sánchez Layo (“Pepe”), presunto coordinador de extorsiones y venta de drogas en el municipio de Girardota, según la Fiscalía; Dúver Alberto García Tejada (“Rosadito”) y John Jairo Bedoya García (“Jairito”), supuestos coordinadores del grupo en los barrios bellanitas de El Mirador, Santa Ana, Pérez y Espíritu Santo.

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“Elkin Chata” es hermano de Juan Carlos Mesa Vallejo, apodado “Tom” o “Carlos Chata”, quien no solo es líder de “los Chatas”, sino también de “la Oficina”, la confederación que reúne a las bandas más importantes del Valle de Aburrá.

Actualmente está recluido en la cárcel de Itagüí y actúa como vocero en la mesa de paz de los grupos ilegales del área metropolitana con el Gobierno Nacional.

El Inspector.

El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo han reportado la situación, documentando hasta ahora nueve casos en los que miembros de grupos armados de Antioquia y Córdoba se presentan en los estrados como si fueran de comunidades indígenas. Algunos han logrado su cometido, mientras otros fueron detectados a tiempo.

Jhon Fredy Pabón (“Toño”) fue capturado en 2020 y condenado a seis años de cárcel por concierto para delinquir. Foto cortesía de la Policía.

El expediente más reciente es el de Jhon Fredy Pabón González, alias Toño, un exparamilitar de 41 años con más de dos décadas de prontuario, que delinquió en los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc.

Según fuentes judiciales, participó en la Operación Orión (2002), aliado con la Fuerza Pública para expulsar a las milicias guerrilleras de la comuna 13 de Medellín, y después de la desmovilización de las autodefensas conformó su propia banda, conocida como “los Paracos de San Cristóbal”, en el corregimiento del mismo nombre.

Allí se dedicó al sicariato, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados, desapariciones y venta ilegal de lotes, entre otros delitos, y sumó a su organización otras bandas más pequeñas de San Cristóbal, Robledo y Aranjuez, como “la Campiña”, “Las Flóres”, “Moravia” y “el Llano”.

Cabecillas de bandas delincuenciales que alegaron pertenecer a pueblos indígenas para pedir cambio de cárcel. Fotos de cortesía.

La última vez que cayó a la cárcel fue el 23 de julio de 2020, cuando la Policía lo capturó en el municipio de Copacabana. Logró un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a seis años por concierto para delinquir agravado.

Lo recluyeron en la cárcel El Pedregal, desde donde comenzó su treta jurídica para salir de la celda.

Presentando documentos de dudosa procedencia, tal cual consta en la sentencia STP6311-2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, trató de hacerse pasar como un indígena de la comunidad Umbra Guaqueramae, ubicada en la zona rural de Quinchía, Risaralda. Y, en consecuencia, pidió que lo trasladaran a un “centro de armonización” en el resguardo de esa etnia, para estar bajo custodia de los indígenas.

Otros cabecillas que pidieron traslados a resguardos indígenas. Cortesía.

PETICIÓN DENEGADA
Aunque nació el 9 de octubre de 1981 en Medellín, su cédula es de Bello y siempre ha delinquido en el Occidente de Medellín, “Toño” se sumó a otros cabecillas que han pagado dinero a comunidades aborígenes para que los incluyan en sus censos. Así lo han hecho, según la Fiscalía, miembros de “Pachelly”, “el Mesa”, el Clan Oriente, “ ” y Clan del Golfo (ver Anexo).

El Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Antioquia negó la solicitud en julio de 2022. “Toño” apeló ante el Tribunal Superior del departamento, que en marzo de 2023 volvió a negarla.

Su defensa elevó un recurso de casación ante la Corte Suprema, alegando que a Pabón le estaban violando su “integridad étnica y cultural“.

El alto tribunal también rechazó la solicitud y conceptuó en su sentencia del pasado 27 de junio: “No se aportó al expediente alguna certificación del resguardo que diera cuenta de la integración de Pabón a la comunidad indígena, la base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas del MinInterior no muestra algún registro en los censos que corresponda al accionante”.

Al mismo tiempo, la Corte señaló que “lo observado podría significar que Pabón pretende instrumentalizar a la jurisdicción indígena, con miras a lograr un traslado del centro de reclusión en el que se encuentra (…). Acceder a su pretensión permitiría que fenómenos de criminalidad organizada permeen ese ámbito sociocultural (…) y se transformaría en burla a la justicia”.

Y, a modo de conclusión, recalcó que no se pueden avalar “deleznables fenómenos de ‘camuflaje’, a los que recurren criminales de alto impacto para evadir castigos proporcionales a sus actos”.

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ANEXO: JEFES DE BANDAS QUE DICEN SER INDÍGENAS
Además de “Toño”, estos son otros miembros de bandas que alegaron ser indígenas para pedir traslado de cárcel a un resguardo, desde el 2020 a la fecha:
- De “Pachelly”, en 2022 Albert Henao (“Alber”) pidió traslado al resguardo Umbra Guaqueramae, en Risaralda, y se lo negaron.
- De “los Triana”, en 2023 Maximiliano Gil (“Tombito”) pidió traslado al resguardo Kwe Sx Yu Kiwe, en Valle, petición que está en curso.
- De “el Mesa” hubo tres solicitudes: Jhonathan Castrillón (“Pirry”), Róbinson Tobón (“el Perro”) y Néstor Rodríguez (“Peluche”). Pidieron ser llevados a resguardos de Valle, Risaralda y Caquetá, y aún están en trámites.
- Del Clan Oriente, Hugo Gómez (“don Hugo”) pidió traslado en 2022 al resguardo Ismuina, en Solano (Caquetá), y un juez se lo concedió en diciembre.
- Del Clan del Golfo pidieron traslados en 2022 Ángel Jiménez (“Indio”) y Antonio Trejos (“Maxi”), y un juez se los concedió, para el resguardo Zenú del Alto San Jorge (Córdoba).

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El Inspector.

En un evento realizado en la mañana de este viernes, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, las partes oficializaron el inicio de la fase pública de las conversaciones, luego de 10 meses de acercamientos exploratorios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son algunos de los jefes de las bandas que asistieron al evento, de izquierda a derecha: alias “Pocho”, “Vallejo”, “Iván el Barbado”, “Carlos Pesebre”, “Grande Pa” y “Tom”. Foto de Manuel Saldarriaga.

El anuncio se realizó en una placa polideportiva ubicada junto a la entrada del penal, con asistencia de representantes de la Iglesia, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría, la OEA, Fuerza Pública, ONGs carcelarias y de DD.HH., organizaciones de víctimas y medios de comunicación.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció a los integrantes de la delegación gubernamental (ver el anexo) y señaló que en la primera fase de los acercamientos siempre hubo testigos, tanto de la iglesia como de la comunidad internacional.

“Esos meses de acercamientos no eran clandestinos, sino de reconocernos y generar confianza. Algunos de ellos (refiriéndose a los cabecillas) fueron víctimas de montajes judiciales, ¿cómo no iban a tener desconfianza de acercarse al Gobierno?”, expresó.

El comisionado reconoció que este proceso contempla varios riesgos, entre ellos el hecho de que aún no existe un marco jurídico específico para aplicarles a los futuros desmovilizados de las bandas.

La llamada Ley de Sometimiento, que reglamentaría la reinserción de estos grupos, fue presentada la semana pasada al Congreso y todavía no comienzan los debates de su articulado.

“Podríamos sentarnos a esperar a que al Gobierno le aprueben ese proyecto de ley, pero el clamor de la gente de Medellín y del Valle de Aburrá es que se pare la violencia. Y ese clamor no está supeditado a tener ese marco jurídico, necesitamos avanzar, tenemos que responderle al pueblo hastiado de violencia”, dijo Rueda.

Y recalcó que hasta ahora las actuaciones han estado fundamentadas en el artículo 22 de la Constitución Política, que reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

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Carlos Correa, alias “don Pepe” (izquierda), cabecilla de la banda “la Unión”, de Itagüí, será uno de los voceros de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

PROTOCOLOS EN ESTUDIO
Asu turno, el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, quien fungirá como coordinador de la delegación del Gobierno, manifestó que todavía no están definidos los protocolos que regirán las conversaciones ni los mecanismos de resolución de conflictos, puesto que estos serán acordados en conjunto durante el diálogo.

Por ahora hay un borrador elaborado por la Oficina del Alto Comisionado (Oacp), el cual está en proceso de revisión por las partes.

Los representantes tendrán conversaciones quincenales, como mínimo, en la cárcel de Itagüí, adonde fueron trasladados hace meses los representantes de las bandas que estaban en otras penitenciarías.

Los voceros de los combos tendrán acceso a dos computadores donados por la Mapp OEA y a teléfonos celulares monitoreados por las autoridades, para que puedan desarrollar su gestión de forma más eficaz.

“Ninguno tuvo reparos cuando les dijimos que esos celulares podían interceptarse”, acotó Rueda.

De izquierda a derecha: alias “el Saya”, de la banda “la Terraza”; “el Ronco”, de “la Unión”; y “Carlos Pesebre”, de “los Pesebreros”. Foto de Manuel Saldarriaga.

LA VOZ DE LAS BANDAS
Al evento asistieron 18 jefes encarcelados del crimen organizado del Valle de Aburrá, vistiendo camisetas blancas y representando a las principales confederaciones ilegales que agrupan a, por lo menos, 200 combos de barrio.

Allí estaban presentes cabecillas condenados de “la Oficina”, “los Chatas”, “el Mesa”, “Pachelly”, “Caicedo”, “la Terraza”, “Niquía Camacol”, “los Pesebreros”, “Altos de Aranjuez”, “la Unión”, “la Silla” y “la Agonía”.

De ellos, siete fueron seleccionados como voceros principales y otros diez como suplentes (ver los anexos).

El vocero suplente Sebastián Murillo (“Lindolfo”) leyó un comunicado a nombre de todos, expresando su compromiso por el proyecto de la paz urbana y haciendo un llamado a la comunidad y al sector productivo para que también se involucren en el proceso.

“La historia de la violencia tiene otra versión que no ha sido escuchada: la de los muchachos de los barrios que hicieron y sufrieron la guerra”, relató el representante.

Añadió que “nosotros hemos sido fuente de empleo de muchos jóvenes y familias que no han tenido oportunidades por parte del Estado (…). La sociedad debe preguntarse sobre las razones de nuestra existencia”.

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Sebastián Murillo, alias “Lindolfo” (centro de la foto), leyó el comunicado de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

ANEXO 1: LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El coordinador de la delegación del Gobierno Nacional será Jorge Mejía Martínez, exconcejal, exsecretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín. En el equipo estará la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico y defensora de DD.HH. en Antioquia, es especial con el movimiento Ríos Vivos. También participará la arquitecta Lucía Victoria González, excomisionada de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. El grupo lo cierra María Gisela Quintero, lideresa social y víctima de la violencia. La delegación tendrá además tres asesores: Fernando Quijano, Joan Édison Giraldo y Mijael Lancher.

ANEXO 2: VOCEROS DE LAS BANDAS

Voceros principales:
1). Jorge Vallejo Alarcón (alias “Vallejo”) será el secretario de la mesa por parte de las bandas. Miembro de “la Oficina” y “el Mesa”.
2). Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), jefe de “los Chatas”.
3). Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez (tiene dos identidades), alias “el Montañero”, de “el Mesa”.
4). Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza”.
5). Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”.
6). Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.
7). Mauricio Morales Múnera, abogado de bandas de Bello, procesado por sobornar a un funcionario de la Fiscalía.
Voceros suplentes:
8). Óscar Salazar Gutiérrez (“el Compa”), mano derecha de alias “Douglas”, uno de los jefes de “la Oficina”.
9). Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”), de “Niquía”.
10). Iván Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), narco al servicio de “la Oficina”.
11). Elder Zapata Rivera (“Gran Pa”), de la banda “Altos de Aranjuez”.
12). Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de la banda “Caicedo”.
13). Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de “Pachelly”.
14). Jhon Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”.
15). Carlos Correa López (“don Pepe”), de “la Unión”.
16). Jesús Hernández (“Chaparro”), de “Caicedo”.
17). Andrés o Edilberto Oliveros (dos identidades), alias “Mundo Malo”, de “la Silla”.

Aunque no fueron incluidos entre los voceros, en la mesa de las bandas hubo otro par de cabecillas: Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”), de la banda “la Unión”; y Paulo Andrés Gómez Torres (“Pocho”), de “la Agonía”. Ambos grupos ilegales también se comprometieron con el proyecto de “paz total”.

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El Inspector.

El anuncio lo hizo mediante una carta enviada a un medio de comunicación, en el que se difundió un supuesto comunicado que anunciaba la paz para esa zona de la ciudad.

Alias “Julián Machete” está detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá, pendiente de un juicio oral. Foto de archivo.

Como contexto, es importante indicar que, tal cual ha venido informando Revelaciones del Bajo Mundo, desde septiembre de 2022 ocurrió una división interna en la organización delincuencial “los Pesebreros”, también llamada “Robledo” por parte de la Policía.

La fractura quedó expuesta con el asesinato de Javier Ventura Marín, alias “Tatú”, el pasado 11 de septiembre. Él era el subcomandante de la estructura hasta ese entonces.

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El hecho provocó múltiples rencillas entre los combos asociados, que tuvieron su punto crítico en la última semana de noviembre, con 10 muertos en diferentes vecindarios del Occidente de Medellín. A raíz de esto, la zozobra amilanó a la comunidad y la Policía incrementó su vigilancia.

Fuentes que participaron en uno de los consejos de seguridad señalaron que, según la información de Inteligencia, tres cabecillas de “los Pesebreros” estarían presuntamente involucrados en la racha violenta: los encarcelados Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”) y Julián Jiménez Monsalve (“Julián Machete”); y Luis Aníbal García Gómez (“Maicol”), quien obtuvo su libertad recientemente.

El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, circuló un comunicado sin firma por distintas redes sociales, anunciando una supuesta tregua entre los actores ilegales de Robledo. Decía: “Es un gran día para Medellín, se sella un pacto de no agresión entre las estructuras Aures, la Campiña y los Pesebreros. El propósito es preservar la vida y la integridad de los habitantes de Robledo (…). El señor Julián Alberto Monsalve, sr. Freyner Alonso Ramírez García y el sr Luis Aníbal García Gómez, hacen un compromiso público de aportarle a la paz del área metropolitana (…)”.

La carta, presuntamente falsa, que circuló por redes sociales el 28 de diciembre de 2022. Cortesía.

Aunque no hubo ninguna autoridad que certificara la veracidad del comunicado, varios medios de comunicación locales hicieron eco del tema, lo que suscitó la respuesta de “Julián Machete” desde la cárcel La Picota, de Bogotá.

“Es falso ese documento, puesto que nunca he acordado ni celebrado pacto alguno con los otros señores que mencionan, pues no soy miembro ni líder de organización al margen de la ley y grupo o banda delincuencial de las cuales se me está involucrando en el citado documento, pues veo que ese oficio es falso en su contenido y firma, y esto me hace un gran daño por el proceso en el cual me estoy defendiendo”, expuso Jiménez en un mensaje dirigido al noticiero regional Hora 13.

El proceso al cual se refiere “Julián Machete”, es un juicio en el que la Fiscalía lo acusa de haber ordenado cuatro asesinatos y una tentativa de homicidio, perpetrados por sicarios de la banda “el Coco” en la comuna 13, entre 2010 y 2018.

Hay que recordar que este hombre fue detenido en enero de 2019 en República Dominicana, donde se movía con documentación falsa, y ya tiene una sentencia en su prontuario. El 2 de octubre de 2020, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó a 37 meses de cárcel por el delito de extorsión.

Fragmento de la carta de “Julián Machete” enviada desde la cárcel a un medio de comunicación. Cortesía.

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De otro lado, por la racha de crímenes ocurridos en Robledo a finales del año pasado, las autoridades apenas han capturado a un sospechoso.  Se trata de Juan Manuel Cerón Castaño, alias “Juancito”, de 30 años y presunto integrante del combo “la Campiña”.

La Policía lo detuvo en diciembre en el barrio Robledo, por su presunta participación en el doble homicidio de Emiro Tuberquia y Édison Fabio Sossa López, supuestos miembros de la banda “la Huerta”, quienes fueron secuestrados el 29 de noviembre, asesinados a tiros y sus cadáveres envueltos en costales. Al día siguiente fueron abandonados en un taxi robado, en el barrio Trinidad de Medellín.

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El Inspector.

Se trata de José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, jefe de las organizaciones “La Oficina” y “La Terraza”, y quien está preso desde abril de 2009, pagando una pena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, uno de los jefes de “la Oficina”. Foto de archivo.

Este miércoles 21 de diciembre, en una entrevista con la emisora La W, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó lo que ya era un secreto a voces: que “Douglas” está en la fila para ser nombrado “gestor de paz”, con sus respectivos beneficios judiciales, como salir de la cárcel.

El jefe de “La Oficina”, la confederación que reúne a las principales bandas del Valle de Aburrá, está en la lista de espera desde el criticado “Pacto de La Picota”, en plena campaña presidencial, cuando delegados de Gustavo Petro adelantaron conversaciones con líderes de la mafia en la citada cárcel bogotana, exponiéndoles su propuesta de “paz total”.

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Una vez Petro llegó al poder, “Douglas” le envió una carta, ratificando su interés de participar en dicho plan. Varios de sus lugartenientes y abogados ya se han reunido con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, abordando las cuestiones preliminares del posible desarme de algunas bandas de Medellín.

Para que se concretara su salida, el entorno cercano de Muñoz Martínez estaba pendiente de dos cosas: la aprobación en el Congreso de la Ley de Orden Público para la Paz Total, y de la expedición del decreto que normatiza a los llamados “gestores de paz”. Ambas cosas ya sucedieron.

Sin embargo, no hay una fecha exacta para su salida de prisión. Uno de los asuntos que sopesa el Gobierno es quiénes deberían salir primero, si los integrantes de la Primera Línea, a quienes en campaña les prometieron ayudarles a dejar la cárcel; o los cabecillas del crimen organizado y otras facciones narcotraficantes.

“Douglas”, además, no es el único que está pendiente del visto bueno del Gobierno. Otros líderes de “la Oficina”, como “Tom” y “Carlos Pesebre”, también esperan el llamado para ser gestores de paz. De momento, Muñoz sigue detenido en Bogotá.

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El Inspector.

Se trata de un antiguo integrante de la cúpula de “la Oficina”, la organización criminal que regenta el bajo mundo en el Valle de Aburrá; además, llegó a ser el máximo líder de “la Terraza”, uno de los principales tentáculos de “la Oficina”, con redes delincuenciales en cinco comunas de la ciudad y el Suroeste antioqueño.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) ha pagado 12 de los 32 años de cárcel de su condena. Foto de cortesía.

“Douglas” estaba en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue incluido en la lista de seis personajes que serán trasladados a otros establecimientos por orden del nuevo director (e) del Inpec, el coronel Joaquín Medrano Muñoz.

Los demás reseñados son el excomandante paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Jiménez (“Macaco”); Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Babalao” o “Andrea”), procesado por ser un presunto narco y lavador de activos asociado con el Clan del Golfo en Antioquia y la Costa Caribe; y José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, señalado de tener nexos con la guerrilla del ELN.

El listado lo complementan Emilio Tapia Aldana, condenado por el célebre cartel de la contratación en la Alcaldía de Bogotá e implicado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados; y el excongresista Eduardo Enrique Pulgar Daza, condenado por tráfico de influencias en la rama judicial.

Según la Resolución 001497 del 3 de marzo de 2022, la primera orden firmada por Medrano, “Douglas” y los otros cinco presos serán trasladados “a otro pabellón o centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad”.

Como justificación para la medida, el documento señaló que “por su perfil y situación de seguridad se hace necesario ordenar sus traslados, a fin de proteger el derecho a la vida de la población privada de la libertad y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, añadió que la decisión también se tomó “luego de investigaciones que permiten concluir que algunas personas privadas de la libertad pueden ejercer influencia en los establecimientos en los que permanecen recluidos”.

En el caso de Muñoz Martínez, el traslado será para el pabellón 34 de la cárcel Picaleña, de Ibagué, una penitenciaría en la que ya había estado preso en 2013. En ese entonces fue llevado allá junto a otro jefe de “la Oficina”, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”).

El director del Inpec del momento, general Gustavo Ricaurte, dijo en aquella oportunidad que la remisión de los dos cabecillas se originó “porque es necesario impedir que los detenidos de alto perfil delincuencial afecten el orden, la disciplina en los centros de reclusión o continúen o inicien estructuras delictivas que puedan afectar la seguridad ciudadana“.

Sobre “Douglas”, las agencias de seguridad han manifestado en varias oportunidades que, presuntamente, continuó dando órdenes desde las celdas. Por este motivo ha sido rotado por varias prisiones, que incluyen El Pedregal (Medellín), Cómbita (Boyacá), La Paz (Itagüí), La Picota (Bogotá) y de nuevo Picaleña.

Muñoz fue capturado en abril de 2009, en un apartamento de El Poblado. Luego de cinco años de audiencias y juicio oral, fue condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La víctima del caso fue la empleada de una agencia de aduanas de Barranquilla, a quien “la Oficina” secuestró durante un mes en Medellín para cobrarle el dinero que perdió por la incautación de un cargamento de cocaína en el puerto.

Hay que recordar que el cuerpo de custodios de La Picota quedó en entredicho esta semana, cuando se descubrió que el empresario Carlos Mattos, procesado por cargos de corrupción, salía de la celda “como Pedro por su casa”, escoltado por funcionarios del Inpec, para atender diligencias personales en su oficina privada en Bogotá.

Como consecuencia de eso, fueron despedidos de sus cargos los directores del Inpec y de La Picota, en el inicio de una pugna que promete relevar a más funcionarios. La prisión será intervenida, según el ministro de Justicia.

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El Inspector.

El caso fue detectado en la madrugada del pasado jueves 13 de mayo, en los calabozos de la estación Manrique, ubicada en el sector conocido como San Blas. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Manrique, en el nororiente de Medellín, donde se produjo la fuga de 18 personas. La Institución ofreció una recompensa de hasta $5 millones para quien brinde información que ayude a recapturarlas. Foto de Manuel Saldarriaga.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que 18 detenidos escaparon por un hueco en la llamada “sala de reflexión”, que los condujo hacia la zona exterior de la guarnición.

En el recinto había otros 30 capturados que no quisieron huir, o no alcanzaron. Entre los prófugos, cuyas fotos y nombres ya circulan en volantes distribuidos por las autoridades, hay tres condenados y 15 indiciados.

Esta es la tercera fuga masiva que se presenta en estaciones policiales de la capital antioqueña desde 2019. El 27 de diciembre de ese año, 16 detenidos rompieron parte del techo en la estación del Doce de Octubre, localizada en el barrio Santander, y por ahí desaparecieron.

Entre los evadidos estuvo Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, presunto cabecilla de la organización criminal “la Raya”, que delinque en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado, al igual que en el municipio de Itagüí. A la fecha no ha sido recapturado.

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El 15 de octubre de 2020 forzaron las cerraduras de la sala de detención de la estación Belén, en el barrio San Bernardo, y se escaparon 50 personas.

En ese grupo iba Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), supuesto líder de la banda “la Campiña”, de Robledo. Los investigadores lo recapturaron a los cuatro meses, el siguiente 13 de febrero, en el municipio antioqueño de Sopetrán.

Otros importantes cabecillas se han esfumado en escapes individuales, en ese mismo periodo de tiempo. El 12 de septiembre de 2019, Héctor Palacios Tapia (“Chavo”) aprovechó una pelea pactada entre otros reclusos para volarse del parqueadero de la Sijín, en el barrio Caribe, donde los detenidos eran custodiados en un corral improvisado.

En medio de la trifulca que distrajo a los guardias, subió a una mesa y después saltó un muro, hacia su libertad. Según el expediente de la Fiscalía, este hombre estaba detenido por la comisión de cinco homicidios, era el presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Turbo, Antioquia, y ya fue ascendido por esa organización a comandante de zona.

Hoy “Chavo” continúa en la clandestinidad, al igual que Roger Jiménez Flórez (“Roger”), segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en los municipios de Bello y Copacabana.

Estaba condenado a 16 años de prisión por tentativa de homicidio y tenía otros procesos en curso, pero mediante el pago de sobornos salió a pie de la estación Belén, para nunca más volver, el 20 de diciembre de 2019.

PROBLEMA NACIONAL
Según la Policía Metropolitana, sus uniformados actualmente custodian 2.710 detenidos en las 22 estaciones y sedes con las que cuenta esa institución en el Valle de Aburrá.

En condiciones normales, la capacidad de todas las celdas, sumada, es de 350 cupos, por lo que a los custodios les ha tocado improvisar para albergar a los presos, como pasó en la fuga de la Sijín, en la que había 160 personas en una especie de corral en el estacionamiento interno.

Hay que recordar que esta es una problemática de carácter nacional, derivada del hacinamiento en las cárceles de Colombia. La estadística del Inpec señala que, a la fecha, hay 97.412 personas privadas de la libertad en sus 132 establecimientos penitenciarios, cuya capacidad máxima es de 81.500.

Esto implica que hay una sobrepoblación de 15.912 individuos y un índice de hacinamiento del 19.52%. Además, hay 73.875 personas con detención domiciliaria, de las cuales 34.873 están repartidas en celdas transitorias (como estaciones de policía y edificios de la Fiscalía) y apenas 5.504 tienen dispositivo de rastreo asignado.

En Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación están gestionando ante el Gobierno Nacional, desde hace más de dos años, la construcción de una cárcel en Andes, la ampliación del establecimiento del corregimiento San Cristóbal y la adecuación de la penitenciaría agrícola en Yarumal, pero hasta ahora no se ha puesto ni el primer ladrillo.

POSIBLES SALIDAS
Tras enterarse de los ocurrido en Manrique, Jorge Carmona Vélez, defensor de DD.HH. de la población carcelaria en Antioquia, cuestionó a las autoridades locales por su “desinterés” para buscar más espacios en los que se pueda albergar a los detenidos en condiciones más dignas.

“La situación de altísimo hacinamiento carcelario, los tratos degradantes, la falta de humanización y alimentación en las distintas estaciones de Policía de Medellín y el área metropolitana, pueden ser el detonante para que este tipo de situaciones se presenten”, publicó Carmona en un comunicado.

El penalista Óscar Santamaría resaltó que las estaciones de Policía no están acondicionadas para detener semejante cantidad de personas, y que “la función de los policías no es custodiarlas, sino brindarle seguridad a la ciudadanía en las calles”.

La Policía Metropolitana indicó que para la vigilancia de los detenidos utiliza 450 uniformados, que deben abandonar sus labores de patrullaje cotidiano.

El abogado comentó que “a pesar de la crisis de hacinamiento, la Fiscalía sigue solicitando medidas de aseguramiento carcelarias por todo, y los jueces están avalando eso, en vez de aplicar soluciones alternativas. Es un tema de política criminal al cual hay que ponerle la lupa”.

Como propuesta para superar esta situación, Carmona indicó que la Alcaldía debe acatar “los fallos de las altas cortes de la República, que ordenaron ubicar un espacio digno para los 3.000 privados de la libertad”.

Santamaría recordó que hay muchos detenidos que tienen, por ley, acceso a varios beneficios jurídicos, como la detención domiciliaria o libertad condicional, pero no gozan de ellos por falta de representación judicial ante los jueces de ejecución de penas.

“Esta situación podría mejorar si hay una participación más activa de la Defensoría Pública y de los consultorios jurídicos de las universidades”, propuso.

Mauricio Beltrán, abogado especialista en Derecho Penal, opinó que, “aunque parezca frase de cajón, hay que construir más cárceles. Y mientras eso sucede, trasladar a todas las personas que están en las estaciones de Policía a los establecimientos del Inpec, cuya función es precisamente esa, custodiar”.

Y añadió: “Porque ahora están llevando a todo el mundo a centros transitorios de todo tipo, y los dejan ahí hasta por nueve meses. No falta sino que empiecen a encerrarlos en iglesias”.

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El Inspector.

Se trata de Jerónimo Vásquez Zapata, supuesto líder del combo “Villa Flora”, que delinque en el barrio del mismo nombre, en la comuna de Robledo. La decisión fue tomada por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por concierto para delinquir agravado, los cuales él rechazó. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “el Mudo” fue capturado en San Jerónimo, Antioquia. La recompensa en su contra era de $50 millones. Foto cortesía de la Policía.

“El Mudo”, de 36 años, fue capturado por la Policía el 4 de julio de 2020, en un finca del sector Los Cedros, en la vereda Quimbayo de San Jerónimo, Antioquia.

Jerónimo Vásquez Zapata, alias “el Mudo”. Cortesía.

En su informe de captura, la Policía Metropolitana detalló que la banda “Villa Flora” se dedica al cobro de extorsiones, sicariato, desplazamiento forzado y tráfico de drogas, entre otras actividades delictivas. Administran una reconocida plaza de vicio de la zona, conocida como “el Morro” o “el Jumping”, y sus rentas ilícitas sumadas generarían de 300 millones de pesos mensuales, de acuerdo con los cálculos policiales.

Al momento de la detención, el coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, detalló que este grupo pertenece a la organización criminal “Robledo”, una confederación de bandas del noroccidente de Medellín. Su líder es Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, quien están en prisión, y “el Mudo” sería uno de sus principales lugartenientes.

NOTA RELACIONADA: Los supuestos motivos de “Carlos Pesebre” para atentar contra el alcalde.

Además, Vásquez es señalado de articular una alianza de “Robledo” con “La Terraza”, otra estructura que agrupa combos del centro y el nororiente de la ciudad. Estaba en el cartel de los más buscados y por información que llevara a su captura ofrecían hasta $50 millones.

La Policía precisó que llevaba al menos 12 años delinquiendo y que se convirtió en el supuesto cabecilla de “Villa Flora” luego de la muerte violenta de su antiguo jefe, Frank González Herrera (“Frank Rea”), el 31 de mayo de 2015.

OTRAS CAPTURAS

En lo que va de julio, las autoridades han capturado y enviado a prisión a otros miembros del crimen organizado del Valle de Aburrá. Uno de ellos fue Yoni Mauricio Jaramillo Sierra, alias “la Rosa”, presunto coordinador de narcotráfico de “la Terraza”, encargado de la distribución de estupefacientes para las plazas de vicio del centro de Medellín.

El hombre de 33 años cayó en un allanamiento realizado en el barrio Manrique, donde le encontraron un kilo de marihuana prensada, 575 cigarrillos de hierba ya armados y cuatro dosis de cocaína.

En el barrio Triana, del municipio de Itagüí, la Policía capturó a Juan Pablo Cuervo Calle (“la Chinga”), quien al parecer sería un sicario al servicio del combo de “San Gabriel”, sospechoso de participar en asesinatos perpetrados este año en esa localidad y en La Estrella, según la Policía.

Y el 2 de julio, en una calle del barrio Villa Linda, de Bello, arrestaron a Andrés Felipe Mendoza Lopera ( “Mendocita”). “Es presunto coordinador de sicarios de la banda ‘Pachelly’. Esta captura se da en el marco del programa de pago recompensas de la administración municipal, que ya ha entregado más de $161 millones por información que nos ha dado la ciudadanía”, según Daniela Ortega, secretaria de Gobierno de Bello.

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El Inspector.

Este es el capítulo más reciente de una contienda ilegal que ajusta un año y dos meses, y que ha tenido como protagonistas a la estructura de “Pachelly” contra las de “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Desde febrero de 2019 ese conflicto ha sido el principal detonante de homicidios, en particular en las comunas de Niquía, Altos de Niquía, Bellavista y La Cumbre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, fue detenido en enero de 2019 en San Carlos, Antioquia. Y Édgar Pérez (“el Oso”) fue capturado el pasado diciembre en Bello. Fotos cortesía de Policía y CTI.

El pasado de 21 marzo mataron a Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, supuesto líder de “Pachelly”, en la cárcel de Cómbita (Boyacá). Estaba allí luego de su captura en enero de 2019, acusado por el cargo de concierto para delinquir.

El crimen sucedió a las 2:00 p.m., cuando caminaba por uno de los corredores del patio N°2, en compañía de otras personas. Ahí se desató una riña entre dos grupos de internos, en la cual “Titi” murió de 40 puñaladas. En el mismo hecho perdió la vida Fabio Rojas Osorio (“Dany”) y un tercer convicto que sobrevivió herido.

Sobre la autoría de este hecho existen dos hipótesis: la primera fue difundida en su momento por fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), según la cual “Dany” habría atacado a “Titi”, y después fue acuchillado en venganza por los escoltas de aquel.

La otra versión es analizada por la Fiscalía 9° Seccional de Tunja, bajo la noticia criminal N°152046300150 202080072. En ese expediente, que está en fase de indagación preliminar, figura como indiciado del homicidio Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), supuesto cabecilla de “el Mesa”, y quien estaba detenido desde octubre de 2019 por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público. Él también resultó lesionado en la reyerta y después fue trasladado a La Picota, en Bogotá.

NOTA RELACIONADA: A “el Montañero” no le sirvió el disfraz contra las autoridades.

El sobreviviente del ataque se convirtió en el principal testigo para resolver el caso, por lo que los entes judiciales solicitaron que sea aislado y protegido en la penitenciaría.

En la disputa de grupos criminales de Bello, además de pelear por el dominio de los negocios ilegales, fueron asesinadas personas cercanas a cada bando. Entre las víctimas estuvo Darío Rodríguez, campesino de 80 años y tío de “el Montañero”, a quien mataron el 05/3/19 en una finca de San Jerónimo, Antioquia.

Y a los familiares de Mazo Pulgarín les tramitaron medidas de protección, por las constantes amenazas. Francisco Mazo (”Pocho”), hermano de “Titi”, está en el cartel de los más buscados y es perseguido por las agencias de seguridad.

A pesar de que “Pachelly” y “el Mesa” estaban en guerra en las calles de Bello, “Titi” y “el Montañero” fueron enviados al mismo patio de Cómbita. El Colombiano. solicitó una respuesta al Inpec por esta decisión, sin obtener su postura, pues la entidad está “a la espera de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía”.

EL FINAL DE “EL OSO”
La segunda muerte de un supuesto líder mafioso de Bello ocurrió este lunes 6 de abril. Un ataque cardiaco, después de un traslado de cárcel, es la teoría principal sobre la muerte de Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), del combo de “Niquía Camacol”.

Su abogado Mauricio Morales contó que el deceso se produjo a la 1:00 a.m. en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagüé. Según la historia clínica, “el Oso”, de 50 años, padecía diabetes y tenía antecedentes de enfermedad cardíaca.

El rostro de Pérez figuraba en el cartel de los más buscados de Bello y el pasado 8 de diciembre fue capturado en una casa del barrio Camacol. La Fiscalía le imputó concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y extorsión, cargos que él negó. El Juzgado 19 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Itagüí.

El domingo 5 de abril a las 5:00 a.m. le notificaron que sería trasladado a la prisión de Picaleña, en Ibagüé, a lo cual se opuso por su estado de salud y porque la citas de revisión las tenía programadas en Medellín. “Yo hablé con el Inpec, y me dijeron que era necesario el traslado dizque porque había una posibilidad de fuga”, manifestó el abogado.

El viaje por tierra duró siete horas hasta la capital tolimense. “Cuando lo vieron allá, estaba descompensado”, prosiguió Morales. A las 10:00 p.m. fue revisado en el área de sanidad de la cárcel y el médico determinó que estaba en riesgo de infarto, confirmó el Inpec.

Por eso fue remitido al hospital, donde más tarde falleció por infarto al miocardio, diagnóstico que deberá ser confirmado por Medicina Legal.

NOTA RELACIONADA: Con “el Oso” se reduce la lista de cabecillas buscados de Bello.

Pese a la cuarentena, una multitud recorrió las calles de Niquía el 7 de abril, en marcha fúnebre por la muerte de “el Oso”. Cortesía.

VIGILANDO A BELLO
Marzo fue el mes con más homicidios en Bello este año, con 20 casos superó a Medellín, que apenas contó 19 gracias a la cuarentena; en abril solo se ha presentado uno (al cierre de edición), el de un joven de 17 años enterrado en una fosa en el barrio La Araucaria N°1.

Varios pobladores del municipio, cuyas identidades reservamos, comentaron que hay temores después de las muertes de “Titi” y “el Oso”, pues esto podría generar retaliaciones u ofensivas de los enemigos.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, señaló que “frente a las consecuencias (de esas muertes), aún no hemos notado confrontaciones. Esperamos las investigaciones de Fiscalía y Medicina Legal”.

Agregó que después del consejo de seguridad con el Ministro de Defensa, Carlos Holmes (marzo 5), se incrementó el pie de fuerza, el cual tuvo que duplicar sus tareas, entre la vigilancia habitual y las campañas de prevención por la pandemia de covid-19.

“Tenemos un equipo de investigadores trabajando con la Fiscalía, revisando en qué casos podríamos aplicar medidas de extradición y extinción de dominio”, concluyó el oficial.

NOTA RELACIONADA: Mataron en la cárcel a alias “Titi”, cabecilla de “Pachelly”.

El Inspector.

Fuentes policiales y del Inpec informaron que el hecho ocurrió a las 2:00 p.m. de este sábado 21 de marzo, en el patio n°2 de esa prisión de máxima seguridad ubicada en Boyacá. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alejandro Mazo (“Titi”), al momento de su captura en 2019, en un operativo del CTI y el Ejército en San Carlos, Antioquia. Foto cortesía del Ejército.

En dicho lugar, conocido entre los presos como “el patio de los paisas”, se desató una pelea, en la cual se emplearon armas cortopunzantes de fabricación artesanal. Según la información preliminar, un hombre apodado “Dany” mató a Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, cabecilla de la banda “Pachelly”.

Varios de sus compañeros reaccionaron y también asesinaron al agresor, antes de que la contienda fuera controlada por el personal de guardia. El nombre del segundo muerto no ha sido revelado por las autoridades.

Mazo Pulgarín tenía entre sus antecedentes una condena de siete años por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. En 2016 obtuvo la libertad condicional, y fue capturado de nuevo el 16 de enero de 2019, en una finca de San Carlos, Antioquia (Ver la NOTA RELACIONADA: Siete años de condena para cabecilla de “Pachelly”).

Según la Fiscalía, “Tití” volvió a la ilegalidad tras su salida de la cárcel, por lo cual lo acusó otra vez por concierto para delinquir. Fue por esta razón que estaba en el patio n°2 de Cómbita.

De acuerdo con un funcionario del Inpec, cuya identidad reservamos por seguridad, en dicho patio había un acuerdo de paz entre los reclusos, que pertenecían a diferentes facciones, “pero por problemas en la calle, hoy se rompió ese pacto”.

Ver la NOTA RELACIONADA: Los cabecillas alias “Titi” y “el Boyaco” caen a la cárcel.

Esos inconvenientes callejeros a los que se refiere la fuente, están relacionados con la reactivación de un conflicto entre “Pachelly” contra las organizaciones criminales “el Mesa” y “Niquía Camacol”.

Esta disputa inició en febrero de 2019 y tuvo una tregua en octubre, que terminó en febrero del presente año, tal cual ha denunciado este diario. Desde entonces, el índice de homicidios aumentó en el municipio. En la última semana, por ejemplo, se han reportado 10 muertes violentas en Bello.

Por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre las muertes de Cómbita.

NOTA RELACIONADA: Tres bandas volvieron a encender las alarmas en Bello.

El Inspector.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportó hoy que el reo salió libre el pasado 21 de enero de la cárcel La Dorada (Caldas), en la cual estaba pagando una sentencia de 16 años por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

El beneficio fue otorgado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de La Dorada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo” o “Pavarotti”, miembro de “la Terraza” y “la Oficina”. Foto de archivo El Colombiano.

Rojas fue capturado en Panamá el 11 de febrero de 2013. Luego deportado a Colombia y, tras hacer un preacuerdo con la Fiscalía, condenado en julio de ese año por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín.

En el marco de la investigación trascendió que “Pichi Gordo” era cabecilla de la banda “la Terraza” y jefe de sicarios de “la Oficina”, la principal confederación de bandas del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Señalan a “Pichi” por masacre y muerte de policías).

El homicidio por el cual fue sentenciado ocurrió el 10 de agosto de 2008 en el barrio Campo Valdés, del nororiente de la ciudad. La víctima fue el empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, quien conducía una motocicleta en compañía de su esposa, cuando fue tiroteado por sicarios; la mujer quedó herida, pero sobrevivió. En las conversaciones interceptadas por la Fiscalía quedó claro que lo mataron por error, creyendo que era otra persona.

Rojas también fue investigado como presunto autor intelectual del homicidio de dos policías encubiertos de la Dirección Antinarcóticos, los subintendentes Franklin Moreno López y Sergio Castro Castro, quienes pretendían infiltrarse en “la Oficina” y fueron acribillados por mercenarios en la entrada del Jardín Botánico, el 12 de julio de 2012; sin embargo, la Fiscalía no lo acusó por esos hechos.

Ver la NOTA RELACIONADA: Mataron a dos policías que investigaban a “la Oficina”.

En septiembre de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó sanciones administrativas al incluirlo en la llamada Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras y las de otros siete cabecillas de “la Oficina”.

Según la fecha de detención, este hombre nacido en Medellín y practicante de la santería, solo estuvo tras las rejas por seis años y 11 meses, es decir, menos del 50% de su pena, gracias a los beneficios y descuentos que obtuvo por estudio y buen comportamiento en prisión.

“Pichi Gordo”, de 46 años, se suma a otros cabecillas históricos de “la Oficina” que han obtenido su libertad en los últimos cinco años, como “Beto”, “Frank”, “el Indio”, “Víctor Colitas”, “el Cebollero”, “el Ronco”, “Yiyo”, “Rogelio” y “Percherón”.

NOTA RELACIONADA: Libertad condicional para antiguo jefe de “la Oficina”.

El Inspector.

El hecho más reciente sucedió en la madrugada de este viernes 27 de diciembre, en la sede policial ubicada en el barrio Santander de la comuna 6 (Doce de Octubre). Según el primer reporte de las autoridades, 16 personas que estaban detenidas de manera transitoria escaparon de las celdas del recinto, al parecer por un hueco que hicieron.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La estación de Policía del barrio Santander, donde se produjo la fuga, también llamada estación del Doce de Octubre. FOTO: archivo.

“Rompieron el techo y aprovecharon la oscuridad de la madrugada para emprender la huida”, precisó el coronel Ómar Rodríguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Entre los fugados está Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, uno de los supuestos líderes de “la Raya”, una banda dedicada al narcotráfico, el sicariato y la extorsión, que delinque en el municipio de Itagüí y en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado.

Este hombre había sido capturado el pasado 16 de octubre en el sector La Raya (límites de los barrios Guayabal y San Fernando de Itagüí), cuando asistía a una reunión de delincuentes; en el procedimiento le incautaron dos granadas de aturdimiento, un proveedor para subametralladora y 10 municiones de fusil 7.62.

Un juez de control de garantías le había dictado medida de aseguramiento y, debido al hacinamiento en las cárceles del Valle de Aburrá, fue conducido de forma temporal a la estación de Santander o del Doce de Octubre, como también es llamada.

Ver la NOTA RELACIONADA: La cárcel para “Monopepe” y “Talo”, la muerte para “Chelmur”.

Otro de los implicados en la fuga es Kevin Alexánder Uribe, capturado el pasado 9 de julio en el municipio de Bello, por porte ilegal de armas y municiones. Se transportaba junto a otras personas en un taxi con placas adulteradas, con el cual trataron de atropellar a un grupo de policías y se enfrentaron a tiros con ellos.

En la inspección posterior al vehículo fue encontrado un maletín con un fusil MP5, tres pistolas 9 milímetros, dos silenciadores y 79 cartuchos de diferentes calibres.

Wilson Ríos López (“Monopepe”), antes de fugarse de la estación policial. Cortesía.

En la huida también estuvieron Daniel Atencia Contreras y Edwar Francisco Correa Quiceno, quienes habían sido arrestados el 6 de abril anterior en el barrio Robledo, por su supuesta participación en el secuestro extorsivo de un comerciante de Envigado, que le debía dinero a un pagadiario.

Las otros detenidos que escaparon de la estación son: Luis Fernando Restrepo Vergara, Johan Esteven Gutiérrez Román, Jean Carlos Londoño Bedoya, Luis Fernando Gómez, Brayan Foronda, Juan Pablo Agudelo y Sergio Andrés Higuita.

La lista continúa con Nelson Andrés Ríos Flórez, Jader Andrés Varela, Johan Amud Gómez, Jesús David Brand y Nelson Esteban Henao.

El coronel Rodríguez indicó que la mayoría están involucrados en delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Al momento de la fuga, en los calabozos había cerca de 90 reos, cuando su capacidad máxima es para 20. La estación de Santander ya había sido escenario de una reyerta el 6 de octubre anterior, cuando los presos se enfrascaron en una riña con armas blancas que dejó 15 heridos. La causa del tropel fue el cobro de extorsiones a varios internos por parte de otros que se erigieron como los “caciques” del lugar.

“En este momento tenemos 1.839 detenidos en 24 estaciones de Policía, donde lo que hay son salas de reflexión, no acondicionadas para retener a personas por mucho tiempo”, aclaró Rodríguez.

Sobre los hechos, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, declaró: “Es una situación altamente preocupante. Si bien sabemos que es producto del hacinamiento que se presenta en toda la ciudad, en gran parte por culpa del cierre de varios patios de la cárcel Bellavista, no deja de ser preocupante que se escapen personas de una estación de Policía, y en particular ‘Monopepe’. Ya el comandante de la Policía Metropolitana está al frente del asunto y esperamos que los puedan recapturar pronto y que esto no siga sucediendo en Medellín”.

LA OTRA FUGA

Las autoridades también están tras la pista del presunto cabecilla de una organización criminal del municipio de Bello, quien se fugó el pasado viernes 20 de diciembre de la detención transitoria en la estación policial de Belén.

Se trata de Roger Stiven Jiménez Flórez (“Roger”), señalado de ser el segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en las comunas bellanitas de Acevedo y Fontidueño.

En circunstancias que son materia de investigación, el reo se evadió por la parte trasera del recinto, aprovechando la oscuridad de la noche.

Según las autoridades, Jiménez había sido capturado el pasado 29 de mayo, en el marco de la operación “Temis”. En ese momento, agentes del Gaula y de la Seccional de Inteligencia (Sipol) apresaron a 15 personas por cargos de extorsión, tráfico de drogas, uso de menores para la comisión de delitos y desplazamiento forzado.

Entre sus antecedentes también hay una condena de siete años y tres meses de prisión por concierto para delinquir (2014).

Fuentes judiciales informaron que este hombre ya había sido capturado en 2014 por una tentativa de homicidio, en la que la víctima fue un menor de 17 años de edad; de acuerdo con el expediente, el adolescente se hacía pasar como integrante de la banda para cobrar vacunas extorsivas, por lo que varios integrantes, incluyendo a “Roger”, lo raptaron el 1 de junio de 2012 en el sector El Tapón de Bello.

Lo llevaron a un paraje desolado de Niquía, conocido como La Carrillera, donde le propinaron nueve cuchilladas y lo arrojaron por un barranco. El joven sobrevivió, fingiendo que había muerto, hasta que los agresores se fueron y unos ciudadanos que pasaron por ahí lo llevaron al hospital.

A pesar de todo, el 10 de mayo de 2016 Jiménez fue absuelto en primera instancia por el polémico Juez Primero Penal del Circuito de Bello, Luis Armando Vásquez García. Este jurista fue detenido y enviado a la cárcel la semana pasada, indiciado de aceptar sobornos de las bandas para beneficiarlas con sus decisiones judiciales.

Ver la NOTA RELACIONADA: Juez de Bello sospechoso de ayudar a los presos de “Pachelly”.

Su fallo fue revocado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín (radicado N° 05212 6000201 2012 03927), que el 24 de mayo de 2019 condenó a Jiménez a 16 años y ocho meses de cárcel por su coautoría en la tentativa de homicidio agravada. En la actualidad, tienen orden de captura vigente para cumplir dicha sentencia.

Esta es la estación policial de Belén, donde se produjo la fuga anterior. En el recuadro aparece alias “Roger”. FOTOS: cortesía.

El coronel Rodríguez manifestó que ya hay un grupo especial de policías tras la pista del personaje y solicitó a la comunidad el apoyo con información de su paradero a la Línea 123.

Debido a la congestión en las cárceles convencionales, como Bellavista, El Pedregal y La Paz, cientos de procesados permanecen de manera transitoria en estaciones de Policía y celdas de la Fiscalía del Valle de Aburrá, lo que ha derivado en varias fugas en el último año, pues estos lugares no cuentan con las instalaciones adecuadas para la custodia de presos.

Uno de los casos más recientes fue el escape de Héctor Emilio Palacios Tapia, alias “Chavo” u “Ocho”, presunto cabecilla urbano del “Clan del Golfo” en el municipio de Turbo. El 12 de septiembre anterior se evadió de la sede de la Sijín, en el barrio Caribe de Medellín, aprovechando que en la madrugada se presentó una riña.

En ese momento había 160 personas detenidas en un corral con vallas, ubicado en el parqueadero de la edificación. “Chavo”, señalado de participar en al menos cinco asesinatos, continúa prófugo.

NOTA RELACIONADA: Presidiarios inauguran la cárcel con una fuga.

El Inspector.

El hecho se presentó a las 4:00 p.m. de este domingo 1 de septiembre en el noroccidente de Medellín, a pocas cuadras de la sede de la Sijín y del búnker de la Fiscalía de Medellín.

El automóvil en el que viajaban las víctimas quedó en el parqueadero de la EPS, en el barrio Córdoba de Medellín. Foto de Rodrigo Martínez.

De acuerdo con el informe inicial de la Policía Metropolitana, Melisa Jasmyn Correa Ruiz, de 34 años, y Nara Yanuaria Álvarez Gil, de 33, fueron a la visita familiar al establecimiento penitenciario del municipio de Bello, donde están recluidos sus esposos Maicol Mazo (“Gordero”) y Diego Armando Pulgarín (“Tato”), respectivamente.

“Gordero” y “Tato” están detenidos por cargos de concierto para delinquir y extorsión, desde el pasado mes de mayo, por ser presuntos integrantes de la banda “los Paracos del Llano”, que delinque en el corregimiento San Cristóbal.

Al concluir la visita, Melisa y Nara fueron recogidas por sus familiares en un automóvil KIA Rio. Junto a ellas, en el vehículo iban un joven de 19 años (conductor), una señora de 65 (copiloto), una joven de 21 y un niño de cuatro años.

Tomaron la ruta por la autopista Norte y a la hora señalada pasaban por la glorieta de la terminal de transportes, en el barrio Caribe, cuando fueron interceptados por dos sicarios a bordo de una motocicleta Pulsar blanca. El parrillero se acercó caminando al carro, aprovechando el semáforo en rojo, y se ubicó junto a la ventanilla de las mujeres que iban en la silla trasera.

Según los testigos, desenfundó un arma de fuego y pidió que le entregaran la plata; sin embargo, antes de que le dieran algo comenzó a disparar. Luego corrió a la moto. A pesar de las sofisticadas cámaras de seguridad de la Alcaldía, de la cercanía con las sedes de la Sijín y la Fiscalía, y de que el crimen sucedió en plena autopista, los agresores escaparon con facilidad.

El conductor llevó el carro hasta la sede de la EPS Sura en el barrio Córdoba, donde lograron estabilizar a Nara Álvarez. En la silla trasera del vehículo falleció Melisa Correa, con un balazo en la frente y dos en el brazo izquierdo.

La Policía logró establecer que 15 días antes del suceso, “Gordero” y “Tato” tuvieron una riña en el patio 8 de Bellavista con presos de otra banda delincuencial. Por esa razón, el 27 de agosto les advirtieron a sus esposas por teléfono que no fueran a visitarlos, pues temían retaliaciones en contra de ellas.

No obstante, al día siguiente les dijeron que “las cosas ya se habían calmado” y que podían ir sin problema.

Hasta el momento no se ha revelado de qué combo eran las personas con las cuales pelearon “Gordero” y “Tato” en la cárcel, pero los investigadores descartaron el intento de hurto y presumen que ese pleito fue la causa de la fatal agresión hacia las mujeres.

El Inspector.

De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, el arresto de este ciudadano, llamado Julián Isaza Puerta, se produjo en la mañana de este lunes 12 de agosto, después de varias semanas de seguimiento internacional por parte de investigadores de la Dijín. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Julián Isaza Puerta, alias “Chucky”, durante su traslado de Bogotá a Medellín. Foto cortesía de la Policía.

En contra de “Chucky” había una orden de captura por concierto para delinquir agravado, solicitada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.

Según la investigación preliminar, el detenido es sospechoso de coordinar el aparato sicarial de “la Terraza” en la actualidad y también estaría inmerso en el cobro de extorsiones. “Es uno de los sicarios más relevantes que tiene esa estructura”, reiteró el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

Fuentes policiales indicaron a El Colombiano que “Chucky”, presuntamente, estaba en Chile para expandir el negocio ilegal del “Gota Gota”.

Este tipo de préstamos usureros se han expandido por toda Latinoamérica, por cuenta de bandas colombianas, en especial de Medellín, que exportaron el sistema hace una década.

Además del dinero que circula, con intereses superiores al 50% en algunos casos, el “Gota a Gota” o “Paga Diario” requiere de un violento esquema de cobranzas, en el que el deudor moroso recibe amenazas, palizas, destierros y hasta la muerte. Tales actividades, al parecer de los agentes de la Dijín, las coordinaba “Chucky”.

Isaza Puerta fue trasladado a Medellín, donde se realizaron las audiencias de control de garantías. Ante el juez aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado y recibió medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal.

En lo corrido de este año la Policía ha capturado a otros miembros de la cúpula de “la Terraza”, como “Guasón”, “Keiler” y “Chicho”. quienes recibían órdenes de los máximos líderes de la organización, a los cuales ya se unieron tras las rejas.

NOTA RELACIONADA: “Guasón” salió de las sombras y cayó a prisión.

El Inspector.