Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) atribuye esa oleada de homicidios a un intento por desprestigiar la mesa de conversaciones con los cabecillas que participan en la mesa de paz con el Gobierno Nacional, lo cierto es que se trata de una disputa interna en la banda “la Terraza”.

Estos son los personajes más buscados de Manrique, señalados de participar en la oleada de homicidios que inició en julio. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el primer muerto de la racha violenta fue Johan Daniel Mira Taborda, en la tarde del 25 de julio de 2023. Conducía una motocicleta BWS por las vías del barrio Manrique Central N°2, cuando fue interceptado por sicarios en una moto de alto cilindraje.

Mira Taborda, de 36 años, murió en medio de una lluvia de balas. Su historia era bastante particular: según habitantes del vecindario, vestía atuendos similares al uniforme de la Policía e incluso portaba un carné falso de esa Institución, con el cual simulaba ser policía en algunas situaciones.

El finado prestó su servicio militar en la Policía, entre los años 2006 y 2007, pero una vez terminado no continuó la carrera. “Este sujeto en diferentes actividades que desarrollaba manifestaba ser miembro activo de la Policía Nacional. Manifestamos que no ha sido parte de la institución como policía profesional en el servicio”, advirtió el coronel José Cristóbal Fonseca, subcomandante (e) encargado de la Policía Metropolitana.

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A partir de este suceso, se registraron múltiples ataques sicariales que afectaron el orden público en Manrique, entre los meses de julio y agosto. Las autoridades documentaron ocho asesinatos en las últimas semanas, al parecer todos relacionados con la misma situación, y Manrique, que en 2022 solo registró siete homicidios entre enero y el 26 de agosto de 2022, en idéntico lapso de 2023 ya ajusta 19 (un incremento superior al 150%).

Asesinato de Johan Mira Taborda, quien portaba un carné falso de la Policía. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Entre los crímenes más graves está también un brutal ataque ejecutado el 31 de julio, en el que hubo dos muertos y dos heridos. Sucedió en la carrera 43A con la calle 67 del barrio Manrique Oriental, adonde llegaron los asesinos en una moto de alto cilindraje y acribillaron a los presentes. Murieron  Yeison Alberto Gaviria Aguirre y Milton Alexis González García, de 34 y de 43 años, respectivamente.

Entre el 4 y el 9 de agosto circularon panfletos en varios vecindarios del área, anunciando una supuesta “limpieza social”, con imágenes de calaveras y fusiles, y mensajes como: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores y fumadores de drogas, foqueros, mariguaneros, ladrones callejeros, violadores, patinadores de carro, motos y fanfarrones”.

El 11 de agosto se produjo una balacera entre matones en moto, en el barrio Las Granjas, y las balas perdidas dejaron una persona muerta y tres heridas, que nada tenían que ver en la confrontación. El fallecido fue Jhon Jairo Muñoz, de 44 años, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, quien al momento del tiroteo estaba instalando unas redes de comunicaciones.

La situación de inseguridad generó dificultades de movilidad en la comuna, pues muchos taxistas se niegan a hacer carreras a Manrique. La Policía tuvo que reforzar sus patrullajes con 80 uniformados y creó un equipo de agentes judiciales y de Inteligencia para atender la problemática.

Este es el panfleto distribuido en agosto de 2023 en varios barrios de Manrique. Cortesía.

La Alcaldía ofrece hasta $100 millones de recompensa por información que conduzca a los responsables y se están repartiendo volantes con los alias de los más buscados de la zona, sospechosos de participar en la confrontación. Allí figuran 12 personajes: “Don Mármol”, “So”, “Tajada”, “Cerezo”, “Maquiud”, “Rayo”, “Beto”, “Camilito”, “Ochoa”, “Cabe”, “Juanjo” y “Coco”.

El incremento de la violencia generó cuestionamientos de la sociedad hacia la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, instalada formalmente el pasado 2 de junio, entre el gobierno de Gustavo Petro y 17 voceros de las principales bandas del Valle de Aburrá. ¿Por qué se disparó la inseguridad, si se supone que todos los peces gordos están participando en el proyecto de paz?, se preguntaron los medellinenses en redes sociales y ante la prensa.

En respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) emitió un comunicado el 12 de agosto, indicando que estas acciones “buscan enrarecer el ambiente y sabotear el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”.

Pero lo que en verdad parece ocurrir es una disputa interna en la organización criminal “la Terraza”, la cual agrupa a todas las bandas que delinquen en Manrique.

Las razones exactas no se han revelado, más allá de las clásicas rencillas territoriales por las plazas de vicio y las cuadras para extorsionar. Sin embargo, los investigadores temen que esto sea el inicio de un relevo en el mando de “la Terraza”, aprovechando que varios de sus jefes tradicionales planean “jubilarse” pactando un acuerdo con el Gobierno, que les permita retirarse conservando parte de la fortuna que cosecharon martirizando a la sociedad.

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El Inspector.

La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

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HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

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REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

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ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

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El Inspector.

En Manrique (comuna 3) el aumento es de 160% en el índice de asesinatos, al pasar de cinco casos en 2020 a 13 en lo que va del presente año (con corte a junio 30), según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía. En Aranjuez (comuna 4) el incremento es del 91%, con 21 casos, mientras que en el mismo lapso de la anterior anualidad iban 11.

Este es el análisis de la situación elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los patrullajes de la Policía en Manrique y Aranjuez no han sido suficientes para mermar el índice de homicidios en 2021. Foto de Manuel Saldarriaga.

Los hechos se dan en el marco de un leve crecimiento de este indicador negativo en la ciudad. En 2020, a esta fecha, ocurrieron 190 muertes violentas, que subieron a 210 este año, es decir, 10.5% más.

El secretario de Seguridad, José Acevedo, comentó que era de esperarse un incremento de este tipo, teniendo en cuenta que en 2020 se dieron los confinamientos más severos de la pandemia, mientras que ahora la ciudadanía está retomando su cotidianidad.

Sin embargo, que esta situación se presente en Aranjuez y Manrique es sorpresiva, porque en estas dos comunas hay una hegemonía ilegal de la banda “la Terraza”, que desde hace cuatro décadas ha impuesto una suerte de gobernanza criminal. Esto incluye la regulación de los homicidios, con el propósito de no atraer la atención de las autoridades. ¿Qué está pasando ahora?

GOBERNANZA CRIMINAL
“La Terraza” se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsiones, desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, lavado de activos, pagadiario y cobro de deudas mafiosas, entre otros delitos. La primera generación se formó en Manrique en los 80, y bajo la comandancia de la banda “los Priscos” (de Aranjuez) hizo parte de la coalición del cartel de Medellín.

En 1993, con la desintegración del cartel y de “los Priscos”, se convirtió en la estructura más poderosa de Manrique y Aranjuez, al servicio del capo paramilitar Diego Murillo (“don Berna”) y como mercenaria de las Autodefensas.

En 1999 la ambición por escalar en el mundo del narcotráfico la llevó a una guerra interna con las huestes de “don Berna”, de la cual salió derrotada en 2002. Su cúpula fue aniquilada, dando origen a una segunda generación de cabecillas, asociados a “la Oficina”, la confederación mafiosa que agrupa hoy a la mayoría de combos del Valle de Aburrá.

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“La Terraza” tiene redes clandestinas en Villa Hermosa, La Candelaria y Castilla, pero su base de operaciones sigue estando en Manrique y Aranjuez. En total, hay 65 combos a su servicio (sin contar los de fuera de Medellín).

En la última década el índice de homicidios de estas dos comunas venía por debajo del promedio de la ciudad, pues la organización mantenía bajo control los conflictos entre combos, lo que no ocurría en otros sitios como Altavista, San Javier, Robledo o Bello.

Los académicos llaman a esa conducta “gobernanza criminal”. El estudio titulado “La ley de las bandas: entendiendo y contrarrestando la gobernanza criminal” (Gang rule: understanding and countering criminal governance), publicado en febrero de 2021 por las universidades de Chicago y Eafit, toca ese aspecto.

Chris Blattman, uno de los investigadores, le contó a El Colombiano el 22 de febrero que hay tres razones por las que las bandas hacen ese control social y delictivo: “Como una línea de negocios (ingresos por multas, por ejemplo); porque les gusta el estatus y respeto que eso genera en algunos barrios; y porque eso los protege de la acción del Estado, ya que promover esa especie de orden evita que la Policía esté yendo al vecindario a arreglar problemas”.

¿DEBILIDAD ESTRUCTURAL?
El aumento de homicidios en su principal área de influencia implicaría que esta gobernanza criminal se ha debilitado. La teoría de Acevedo es que dicha inestabilidad se relaciona con los golpes de la Fuerza Pública. “A ‘la Terraza’ se le han dado golpes duros, eso genera fricciones al interior de la organización, comienzan a culparse entre ellos, y esas culpas las arreglan asesinándose”, dijo.

Entre los operativos más destacados de los últimos tres años están las capturas de cabecillas, como “Keiler”, “Chicho”, “Guasón”, “Tréllez”, “Mocho Vives”, “Gallina” y “Cheto”.

Las detenciones se han extendido a los combos asociados: 19 miembros de “los de la Plaza de Campo Valdés”, 14 de “los Calvos” y siete de “la convivir de San Benito”; este último caso incluyó el embargo de bienes por $10.000 millones, entre ellos 14 taxis.

Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía, expuso que la fragilidad en la línea de mando también se relaciona con la reciente salida de la cárcel de algunos jefes tradicionales de la banda, como “Pichi Gordo”, “Barny”, “Richard” y “Yordi”.

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“De algún modo quieren retomar el control absoluto de las rentas criminales y eso ha generado una confrontación interna”, advirtió la penalista.

En ese escenario murieron socios e integrantes de la coalición de “la Terraza”. El 21 de agosto de 2020 los sicarios mataron al “Negro Andrés” en el barrio Córdoba, y al “Gomelo” en el barrio Aranjuez; y el 4 de enero de 2021 acribillaron a “Hache” en Bello.

Todo indica que en la organización no hay un único jefe que aglutine a los demás, lo que se está traduciendo en la aparición de contrapoderes al interior de la jerarquía.

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ASESINO EN SERIE
Acevedo señaló que hubo hechos de intolerancia que aportaron a la estadística negativa. De los 13 crímenes cometidos en Manrique, ocho fueron con arma cortopunzante y objeto contundente; y en Aranjuez, de esa misma manera mataron a 13 de las 21 víctimas.

Las autoridades no asocian esas modalidades con el sicariato, sino con riñas y delincuencia común, lo que implicaría que “la Terraza” ya no tiene control de esas dinámicas mediante intimidación y vigilancia ilegal, o que simplemente ya no le interesan.

En este punto resalta la macabra historia de un presunto asesino en serie, quien habría matado a cuatro personas en 10 días, tres de ellas en la comuna 4. Se trata de Johany Acuña Hernández, un habitante de calle, que según la Fiscalía atacaba a otros mendigos cuando dormían en las aceras, aplastándoles la cabeza con algún objeto pesado.

Natalia Rendón, directora de Fiscalías de Medellín, narró que la primera víctima fue César Tobón Álvarez, a quien le descargaron un bloque de cemento en el rostro, el pasado 15 de abril, cuando pernoctaba en una calle del barrio Sevilla.

El 19 de abril mataron con un ladrillo a Luis Miguel Osuna, en el barrio San Pedro; y el 24 de abril, en El Chagualo, con una roca le quitaron la vida a Sandro Echavarría Gallego. Al día siguiente, cerca del cementerio de San Pedro, otra piedra fue usada para asesinar a Jhon González Calle y dejar herido a otro mendigo NN que estaba con él.

Sobre la problemática en Manrique y Aranjuez, el secretario de Seguridad manifestó que “la institucionalidad está haciendo un esfuerzo puntual, las investigaciones prosiguen y hay unos hechos que han ocurrido últimamente por los que habrá más capturas”.

Según las autoridades, de los crímenes perpetrados en Manrique en 2021 se han esclarecido ocho, y cinco de los acaecidos en Aranjuez, incluyendo la captura de Acuña por la sistemática muerte de los habitantes de calle.

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El Inspector.

El caso fue detectado en la madrugada del pasado jueves 13 de mayo, en los calabozos de la estación Manrique, ubicada en el sector conocido como San Blas. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Manrique, en el nororiente de Medellín, donde se produjo la fuga de 18 personas. La Institución ofreció una recompensa de hasta $5 millones para quien brinde información que ayude a recapturarlas. Foto de Manuel Saldarriaga.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que 18 detenidos escaparon por un hueco en la llamada “sala de reflexión”, que los condujo hacia la zona exterior de la guarnición.

En el recinto había otros 30 capturados que no quisieron huir, o no alcanzaron. Entre los prófugos, cuyas fotos y nombres ya circulan en volantes distribuidos por las autoridades, hay tres condenados y 15 indiciados.

Esta es la tercera fuga masiva que se presenta en estaciones policiales de la capital antioqueña desde 2019. El 27 de diciembre de ese año, 16 detenidos rompieron parte del techo en la estación del Doce de Octubre, localizada en el barrio Santander, y por ahí desaparecieron.

Entre los evadidos estuvo Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, presunto cabecilla de la organización criminal “la Raya”, que delinque en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado, al igual que en el municipio de Itagüí. A la fecha no ha sido recapturado.

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El 15 de octubre de 2020 forzaron las cerraduras de la sala de detención de la estación Belén, en el barrio San Bernardo, y se escaparon 50 personas.

En ese grupo iba Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), supuesto líder de la banda “la Campiña”, de Robledo. Los investigadores lo recapturaron a los cuatro meses, el siguiente 13 de febrero, en el municipio antioqueño de Sopetrán.

Otros importantes cabecillas se han esfumado en escapes individuales, en ese mismo periodo de tiempo. El 12 de septiembre de 2019, Héctor Palacios Tapia (“Chavo”) aprovechó una pelea pactada entre otros reclusos para volarse del parqueadero de la Sijín, en el barrio Caribe, donde los detenidos eran custodiados en un corral improvisado.

En medio de la trifulca que distrajo a los guardias, subió a una mesa y después saltó un muro, hacia su libertad. Según el expediente de la Fiscalía, este hombre estaba detenido por la comisión de cinco homicidios, era el presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Turbo, Antioquia, y ya fue ascendido por esa organización a comandante de zona.

Hoy “Chavo” continúa en la clandestinidad, al igual que Roger Jiménez Flórez (“Roger”), segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en los municipios de Bello y Copacabana.

Estaba condenado a 16 años de prisión por tentativa de homicidio y tenía otros procesos en curso, pero mediante el pago de sobornos salió a pie de la estación Belén, para nunca más volver, el 20 de diciembre de 2019.

PROBLEMA NACIONAL
Según la Policía Metropolitana, sus uniformados actualmente custodian 2.710 detenidos en las 22 estaciones y sedes con las que cuenta esa institución en el Valle de Aburrá.

En condiciones normales, la capacidad de todas las celdas, sumada, es de 350 cupos, por lo que a los custodios les ha tocado improvisar para albergar a los presos, como pasó en la fuga de la Sijín, en la que había 160 personas en una especie de corral en el estacionamiento interno.

Hay que recordar que esta es una problemática de carácter nacional, derivada del hacinamiento en las cárceles de Colombia. La estadística del Inpec señala que, a la fecha, hay 97.412 personas privadas de la libertad en sus 132 establecimientos penitenciarios, cuya capacidad máxima es de 81.500.

Esto implica que hay una sobrepoblación de 15.912 individuos y un índice de hacinamiento del 19.52%. Además, hay 73.875 personas con detención domiciliaria, de las cuales 34.873 están repartidas en celdas transitorias (como estaciones de policía y edificios de la Fiscalía) y apenas 5.504 tienen dispositivo de rastreo asignado.

En Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación están gestionando ante el Gobierno Nacional, desde hace más de dos años, la construcción de una cárcel en Andes, la ampliación del establecimiento del corregimiento San Cristóbal y la adecuación de la penitenciaría agrícola en Yarumal, pero hasta ahora no se ha puesto ni el primer ladrillo.

POSIBLES SALIDAS
Tras enterarse de los ocurrido en Manrique, Jorge Carmona Vélez, defensor de DD.HH. de la población carcelaria en Antioquia, cuestionó a las autoridades locales por su “desinterés” para buscar más espacios en los que se pueda albergar a los detenidos en condiciones más dignas.

“La situación de altísimo hacinamiento carcelario, los tratos degradantes, la falta de humanización y alimentación en las distintas estaciones de Policía de Medellín y el área metropolitana, pueden ser el detonante para que este tipo de situaciones se presenten”, publicó Carmona en un comunicado.

El penalista Óscar Santamaría resaltó que las estaciones de Policía no están acondicionadas para detener semejante cantidad de personas, y que “la función de los policías no es custodiarlas, sino brindarle seguridad a la ciudadanía en las calles”.

La Policía Metropolitana indicó que para la vigilancia de los detenidos utiliza 450 uniformados, que deben abandonar sus labores de patrullaje cotidiano.

El abogado comentó que “a pesar de la crisis de hacinamiento, la Fiscalía sigue solicitando medidas de aseguramiento carcelarias por todo, y los jueces están avalando eso, en vez de aplicar soluciones alternativas. Es un tema de política criminal al cual hay que ponerle la lupa”.

Como propuesta para superar esta situación, Carmona indicó que la Alcaldía debe acatar “los fallos de las altas cortes de la República, que ordenaron ubicar un espacio digno para los 3.000 privados de la libertad”.

Santamaría recordó que hay muchos detenidos que tienen, por ley, acceso a varios beneficios jurídicos, como la detención domiciliaria o libertad condicional, pero no gozan de ellos por falta de representación judicial ante los jueces de ejecución de penas.

“Esta situación podría mejorar si hay una participación más activa de la Defensoría Pública y de los consultorios jurídicos de las universidades”, propuso.

Mauricio Beltrán, abogado especialista en Derecho Penal, opinó que, “aunque parezca frase de cajón, hay que construir más cárceles. Y mientras eso sucede, trasladar a todas las personas que están en las estaciones de Policía a los establecimientos del Inpec, cuya función es precisamente esa, custodiar”.

Y añadió: “Porque ahora están llevando a todo el mundo a centros transitorios de todo tipo, y los dejan ahí hasta por nueve meses. No falta sino que empiecen a encerrarlos en iglesias”.

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El Inspector.

Fuentes cercanas al caso contaron que la captura se presentó a las 5:00 p.m. de este martes 11 de febrero, en una vía pública del barrio El Porvenir de Bello, cuando Andrés Fernando Bustamante Osorno (“Tréllez”), de 37 años, salía de una reunión con otros presuntos delincuentes de la localidad.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Tréllez” fue capturado por la Dijín en el municipio de Bello y será trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá. Foto de cortesía.

La detención de este hombre se convirtió en un objetivo para las autoridades debido a una oleada de homicidios que sacudió al nororiente de Medellín, Envigado y Sabaneta entre 2018 y 2019. La razón fue una división interna en la banda “la Terraza”, una de las más antiguas del Valle de Aburrá.

De acuerdo con información de Inteligencia, se presentó una disputa por el poder de la organización, entre los cabecillas Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”) y su exsocio “Tréllez”, quien junto a otros integrantes decidió formar una disidencia.

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La disputa se tornó violenta el 22 de mayo de 2018, cuando unos sicarios, al parecer recibiendo órdenes de “Tréllez” y con la promesa de cobrar $100 millones, atentaron contra “Chicho” afuera del establecimiento de polígono El Viejo Oeste, en el barrio Los Colores de Medellín.

“Chicho” sobrevivió con heridas en las piernas, y uno de los mercenarios que participó en el ataque fue acribillado el 16 de septiembre siguiente en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

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La confrontación se desplazó hasta Envigado y Sabaneta, donde la disidencia de “Tréllez” controlaba algunos sectores para el cobro de extorsión y el tráfico de estupefacientes. Según una investigación de El Colombiano, hubo 14 muertos y ocho heridos entre mayo de 2018 y enero de 2019.

La disputa se recrudeció cuando las fuerzas de “Chicho” (hoy capturado) recibieron apoyo de la banda “Trianón”, la más fuerte de Envigado, mientras que las huestes de “Tréllez” lograron patrocinio de “los Chatas” de Bello.

La audiencia de control de garantías se realizó en la tarde de este miércoles 12 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, donde un fiscal de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó a Bustamante cargos por concierto para delinquir agravado (por su calidad de cabecilla) y tentativa de homicidio agravada (por el caso de “Chicho”).

El afectado no aceptó los cargos y el juez Tercero Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento en la cárcel, por lo que en los próximos días será trasladado a La Picota en Bogotá.

Durante su visita a Medellín, el presidente Iván Duque Márquez felicitó a la Fuerza Pública por este caso.

“Es un golpe contundente contra la criminalidad organizada, contra una de las estructuras más peligrosas que ha tenido el área metropolitana. Este es un mensaje de tranquilidad para los antioqueños”, señaló el Jefe de Estado, agregando que “Tréllez” llevaba más de 20 años de carrera delincuencial.

Reiteró que, según la información que le entregó la Policía, “Tréllez” venía trabajando de la mano de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), líder de “los Chatas”, quien actualmente paga una sentencia de 16 años de cárcel. “A esta estructura la queremos llevar a su mínima expresión”, acotó.

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El Inspector.

El asesinato ocurrió a la 1:30 p.m. de este martes 30 de abril, en el establecimiento público ubicado en el kilómetro 20 de la Autopista Norte.

Imagen extraída de un video de seguridad, en la que se observa a los homicidas y a su víctima, “Luis el Paraco”. Imagen de cortesía.

Dentro del sitio había tres sicarios, de acuerdo con lo observado en uno de los videos de seguridad del lugar. Dos de ellos en sillas separadas, y uno más de pie cerca de un mostrador.

Luis Henry Jaramillo, alias “Luis el Paraco”. Cortesía.

Jaramillo Jiménez, de 37 años, estaba en las afueras del estadero hablando por celular. Cuando quiso regresar, uno de los homicidas, cuyo rostro estaba cubierto por un casco de moto, se levantó de la silla y le disparó de frente con una pistola, a un metro de distancia.

La víctima se desplomó y fue rematado en el suelo por los tres asesinos, que se turnaron para acribillarlo contra el suelo. El ataque no duró más de 10 segundos, y luego huyeron en motocicletas, ante los gritos de varios de los comensales.

“Luis el Paraco”, según las autoridades, era uno de los líderes de “la Viña”, una organización criminal con base de operaciones en la comuna de Manrique, en el nororiente de Medellín, dedicada al narcotráfico, secuestros, extorsiones, sicariato y hurtos a mano armada.

A pesar de tener una larga carrera delictiva, en la actualidad no había órdenes de captura en su contra, tal cual reconoció el comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho.

La muerte violenta de Jaramillo Jiménez estaba cantada, pues en los últimos cinco meses le habían hecho dos atentados. El primero de ellos fue el 1 de diciembre en el barrio Manrique, cuando verdugos a bordo de tres motos de alto cilindraje lo abalearon en una esquina; sobrevivió con una pierna herida (ver la NOTA RELACIONADA: Atentaron contra presunto cabecilla de “la Viña” en Manrique).

El siguiente episodio ocurrió el 27 de febrero, en el mismo barrio Manrique, cuando de nuevo aparecieron sicarios y le dispararon en vía pública. Recibió cuatro impactos en el tórax, el hombro derecho, la mano izquierda y el glúteo derecho. En Policlínica, donde fue hospitalizado, insistió en decirles a los policías que él era un comerciante y no un cabecilla, como ellos afirmaban, pero nadie le creyó.

A pesar de estos antecedentes, y a las recomendaciones de varios allegados, “Luis el Paraco” no quiso alejarse de la ciudad. Tal vez confiaba en que los miembros de su organización lo iban a defender, pero esto no sucedió, y al tercer intento la muerte vino a reclamarlo.

Sobre este caso, los investigadores manejan dos hipótesis: la primera es que hay una disputa entre “la Viña” y “la Terraza”, que motivó los atentados y la muerte de este hombre; la segunda, es que se trató de un ajuste de cuentas dentro de “la Viña”, porque los otros líderes de la estructura, “la Teta” y “Andrés el Cerdo”, le perdieron la confianza a “Luis el Paraco”.

NOTA RELACIONADA: Así actúa la banda de Manrique que tres gobiernos tienen en la mira.

El Inspector.

Los uniformados del Grupos de Operaciones Especiales (Goes) y de la Dijín lo sorprendieron a las 12:30 p.m. de este jueves 25 de abril, cuando conducía un lujoso Mercedes GLA 200. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el momento de la captura de alias “Keiler”, en el barrio Laureles de Medellín. Foto cortesía de la Policía.

El sospechoso iba desarmado y sin escoltas. Al verse perdido, no hizo oposición cuando le apretaron las esposas. Después los agentes allanaron su apartamento en el mismo vecindario, donde encontraron dos celulares y documentos, los cuales incautaron, al igual que el vehículo, valorado en más de $160 millones.

En su contra había una orden de captura vigente, solicitada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, por el cargo de concierto para delinquir agravado, por su condición de cabecilla.

De acuerdo con fuentes judiciales, “Keiler” era el hombre de confianza de Mauricio Zapata Orozco, alias “Chicho”, quien lideraba la banda en las calles hasta el día de su captura, el pasado 3 de abril (ver la NOTA RELACIONADA: “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa).

Bajo sus órdenes habría participado recientemente en dos disputas mafiosas. La primera, entre mayo de 2018 y enero de 2019, contra una disidencia de “la Terraza” encabezada por “Tréllez”, que dejó 14 muertos en el nororiente de Medellín, San Jerónimo, Envigado y Sabaneta, tal cual denunció El Colombiano en su momento.

El segundo conflicto, contra la banda “la Viña”, ha dejado cinco muertos desde el pasado mes de diciembre, en las comunas de Manrique y Aranjuez.

Según la investigación, Keiler Álvarez Tabares se había cambiado la identidad en 2016 y ahora andaba con documentos a nombre de Matías Álvarez Tabares, al parecer para evadir la persecución judicial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó a las autoridades por la captura y en Twitter reiteró que “Keiler”, quien figuraba en el reciente cartel de los más buscados, era el “segundo al mando de ‘la Terraza’, responsable de ordenar la confrontación en Manrique y los municipios de Sabaneta y Envigado”.

Y el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, advirtió: “mientras este personaje andaba en vehículos de alta gama y lucía ropa de marca, a los integrantes de su organización les toca robar a diario para poder sostenerse. Es importante que los jóvenes entiendan que solo unos pocos se benefician de sus actividades criminales”.

En el allanamiento a su apartamento, los investigadores le encontraron a “Keiler” una colección de gorras, zapatos y gafas de marcas de lujo.

En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín.

LAS REDES DE LA BANDA
Esta empresa criminal, cuya base de operaciones es Manrique, despliega tentáculos hasta las comunas de Aranjuez, Villa Hermosa, La Candelaria y El Poblado, en Medellín.

Las autoridades también tienen registro de sus actividades en el Suroeste y el Oriente de Antioquia, al igual que de sus exportaciones de cocaína a China, empleando la modalidad de correos humanos (ver la NOTA RELACIONADA: Captura de “Serrucho” revela vínculos de “la Terraza” con China).

“La Terraza” se dedica al sicariato, narcotráfico, extorsiones, desapariciones forzadas, desplazamientos, amenazas y secuestros, entre otros delitos.

Para llevar a cabo estas tareas ilícitas, se coordina con varios combos en los citados territorios, a los cuales agrupa en una especie de confederación. Para mencionar ejemplos, entre esos están los combos de “la Arboleda”, “Balcones de Jardín”, “la Oficina de la 3o”, “13 de Noviembre”, “los Gomelos” y “el Faraón”.

En este último grupo, que delinque en Manrique, inició la carrera criminal de “Keiler”. Investigadores judiciales señalan que fue ascendiendo en los últimos años, hasta lograr un puesto en la cúpula de “la Terraza”. Ahora su lugar está tras las rejas.

NOTA RELACIONADA: Medellín, Envigado y Sabaneta padecen la rebelión en “la Terraza”

Extracto del cartel de los más buscados de Manrique, del cual “Keiler” fue el primer capturado. Cortesía.

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ANEXO: PARA LA ALCALDÍA ES UNA CAPTURA ESTRATÉGICA

“Keiler” es el primer capturado de los 134 miembros de grupos delincuenciales que aparecen en el último cartel de los más buscados, publicado por la Alcaldía y la Policía el pasado miércoles 24 de abril. Su apodo figuraba entre los supuestos cabecillas y coordinadores de Manrique (comuna 3). Tras la detención, los que siguen activos en esa zona de la ciudad, según el cartel, son: alias “Guasón”, “el Chivo”, “Paraco”, “Máximo”, “Florecita”, “Gallina”, “el Zarco”, “el Manco” y “Jojoy”. Por información que contribuya a su judicialización, ofrecen hasta 50 millones de pesos.

 El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió a El Colombiano una breve entrevista sobre el tema:

¿Cuál es la importancia de esta captura?

“‘Keiler’ es el segundo al mando de ‘la Terraza’ después de la desarticulación que sufrió esta estructura. Recuerden la captura de ‘Chivo’ y ‘Chicho’. En este momento el primer cabecilla es alias ‘Guasón’. ‘Keiler’ lleva entre 15 y 20 años en este mundo criminal, perteneció siempre a ‘la Terraza’ e hizo parte desde el principio de ese círculo de confianza de los directivos de esta estructura. Estaba participando en la confrontación que se dio en Manrique en contra de “la Viña” y generó otras dinámicas de violencia en Sabaneta y Envigado. Esta captura debilita la capacidad de mando y genera un importante obstáculo a la capacidad de recambio criminal una vez caiga ‘Guasón’, que es un objetivo importante”.

¿Por qué “la Terraza” es un objetivo estratégico?

“No solo es una de las 11 GDO de la ciudad, sino que es la que lidera una de las dos grandes facciones que tienen presencia en Medellín y el área metropolitana, conocida como la Alianza de las Estructuras Criminales. Ha hecho mucho daño, estas estructuras son violadores sistemáticos de derechos humanos, responsables de homicidios, extorsión, desplazamiento, de tanta adicción a drogas en la ciudad y en ese sentido cada uno de ellos tiene que pagar por lo que han hecho”.

El Inspector.

Se trata de “la Viña”, una facción que lleva más de dos décadas delinquiendo en la comuna de Manrique, y que gracias a una sociedad con narcotraficantes comenzó a hacer trabajos “mayores” para la mafia, desde el año 2012.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

En estos costales estaba la cocaína camuflada con estuco, en una finca de la vereda El Zarzal de Copacabana. Según la Embajada del Reino Unido, iba para Europa. Cortesía de la Cuarta Brigada.

Investigadores que le siguen la pista a este grupo, narraron bajo reserva de identidad que después de la reciente guerra de combos que sacudió a Medellín y el Valle de Aburrá, entre las huestes de los capos “Valenciano” y “Sebastián” (2008-2011), “la Viña” comenzó a prestar servicios independientes.

Sus cabecillas conocidos como “la Teta”, “el Cerdo” y “el Paraco”, se asociaron con el narcotraficante colombiano John Jairo Cardona García, apodado “Ojitos”, el cual trabajaba para el cartel mexicano de Sinaloa en el tráfico internacional de cocaína. Los primeros trabajos que hicieron los integrantes de la banda para este narco estuvieron ligados a la escolta personal y vigilancia de cargamentos clandestinos.

En 2013, “Ojitos” fue capturado en la capital antioqueña y posteriormente extraditado a una prisión en el estado de Virginia, EE.UU. A su partida, dejó a sus socios de “la Viña” instalados en las redes de narcotráfico que conectan a Colombia con México.

“BODEGUEROS” EN BARÚ
Con ese conocimiento, los jóvenes del combo continuaron brindando seguridad a los cargamentos de otras organizaciones exportadoras de cocaína, como “los Urabeños” (o “Clan del Golfo”). La evidencia de esta relación quedó plasmada en una operación de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, realizada el 5 de mayo de 2015.

Un grupo de Comandos Jungla fue desplegado en la Isla de Barú (Bolívar), una zona de reserva ecológica, donde descubrieron un centro de acopio de cocaína oculto en la vegetación. En esa oportunidad, los uniformados decomisaron una tonelada del alcaloide, perteneciente a “los Urabeños” y valorada en 33 millones de dólares.

El informe oficial del caso señala que desde ese sitio turístico, la droga sería transportada en lanchas rápidas hacia Centroamérica. En el operativo fueron capturados dos hombres de 31 y 42 años, oriundos de Medellín y presuntos integrantes de “la Viña”: Luis Camilo Ospina Ospina y Héctor Bayron Zapata Bernal, a quienes les incautaron una subametralladora MiniUzi con silenciador, tres proveedores y municiones.

El general Ricardo Restrepo, quien en ese momento era el director Antinarcóticos, precisó que los detenidos cumplían la función de “custodios y bodegueros” de la mercancía. Esta situación puso al combo de Manrique en la mira de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La droga incautada en la Isla Barú estaba en una caleta bajo tierra. Cortesía Dirección Antinarcóticos.

CAMUFLAJE SOFISTICADO
Desde principios de 2016, agentes adscritos al CTI comenzaron a recibir información sobre una finca en la vereda El Zarzal, del municipio antioqueño de Copacabana. De acuerdo con las fuentes, en dicha propiedad, de fachada recreativa, frecuentemente se hacían rumbas con reconocidos DJ y cantantes de reguetón.

El organizador de los jolgorios sería “la Teta”, el máximo cabecilla de “la Viña”, quien visitaba la residencia en compañía de familiares y socios delincuenciales.

El pasado mes de septiembre, detectives de la Embajada del Reino Unido en Colombia enviaron una alerta a la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Fiscalía colombiana, pues tenían información de que en dicha propiedad había un cargamento de droga que sería enviado a Europa, en especial a los puertos de Holanda, España y Portugal.

Gracias a esta cooperación internacional, el 3 de septiembre se realizó un allanamiento en la finca Villa Luisa de la vereda El Zarzal, liderado por el CTI y con apoyo de soldados de la Cuarta Brigada del Ejército.

El hallazgo fue sorprendente, pues descubrieron un laboratorio para el procesamiento de cocaína y un extraño mecanismo para camuflar el estupefaciente. Los agentes encontraron dos toneladas de pegante para la construcción, una sustancia grisácea similar al estuco, contenida en varios costales.

Al hacer las pruebas forenses, recuperaron 300 kilos de cocaína que los traficantes habían mezclado con cemento para evadir los controles legales.

El general Jorge Romero Pinzón, comandante de la Cuarta Brigada, declaró que “esta es una nueva modalidad delincuencial, en la que se alteran las características del clorhidrato de cocaína, en cuanto a su color, olor y textura, al mezclarlo con otros componentes, y así poder enviarlo al mercado estadounidense o europeo”.

El paulatino protagonismo de “la Teta” y sus secuaces en la vigilancia y transporte de cargamentos que salen al extranjero, tiene inquietas a las agencias colombianas, norteamericanas y británicas. Sus movimientos están siendo rastreados en el Eje Cafetero, la Costa Caribe, Panamá, Argentina y México, adonde, según las fuentes, viajan jóvenes del combo para cometer delitos distintos al narcotráfico, como el hurto y la extorsión.

Por ahora, los cabecillas de la facción carecen de orden de captura, pues las autoridades están tratando de establecer sus plenas identidades.

SECUESTROS Y ASESINATOS
En el Valle de Aburrá, según la Policía Metropolitana, “La Viña” se dedica al sicariato, el hurto y fleteo, desplazamiento forzado, extorsiones, microtráfico, amenazas y desapariciones. Mantiene alianzas con otros grupos de crimen organizado, como “la Oficina”, “la Terraza”, “Caicedo” y “los Chatas”. Recientemente, sus integrantes resultaron involucrados en crímenes que despertaron la atención de la opinión pública.

Ingeniero civil Alejandro Ramírez, desaparecido en el 2015. Cortesía.

Mediante allanamientos en Manrique, la Sijín capturó el pasado miércoles a Daniel Esteban Grajales Gallego (“Kumbis”), Carlos Andrés Castillo Mejía (“Tita”) y Jostyn Alex Castaño Martínez (“Frijol”), sospechosos de participar en los asesinatos a bala de dos extranjeros en Medellín.

El primer crimen sucedió el 4 de junio de 2016, en una vía pública del barrio Los Alpes. La víctima fue el mexicano Jesús Gustavo Estrada de la Rosa, de 48 años. El segundo episodio ocurrió el 16 de junio siguiente, en una calle de El Poblado, donde el muerto fue el danés Thomas Willemoes, de 41 años.

Las hipótesis preliminares incluyen intentos de robo como posibles causas, aunque las autoridades no descartan otras motivaciones detrás de estos hechos. A los tres detenidos, la Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado, los cuales fueron rechazados por los procesados. El Juzgado 15 Penal Municipal de Medellín les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

En otro operativo, el Gaula Metropolitano arrestó el pasado 22 de agosto a 13 presuntos integrantes de la agrupación, los cuales tenían órdenes de captura por concierto para delinquir agravado con fines de secuestro, receptación, tráfico de armas y de estupefacientes: “Konan”, “Chinga”, “Roger”, “Emanuel”, “Humberto”, “Luigi”, “Trucha”, “Cachetes”, “Polaco”, “el Primo”, “Ángel”, “Loro” y “la Flaca”.

En el informe de este caso, la Policía reportó que la banda está sindicada por los secuestros de dos ciudadanos: Mauricio Martínez Parra (18 de agosto de 2015) y el ingeniero civil Alejandro Ramírez Acosta (2 de marzo de 2015). Este último hecho, perpetrado en la localidad de Girardota, ha generado la movilización de la comunidad, con protestas en redes sociales y marchas pacíficas; a la fecha, no hay razón del paradero de Ramírez.

Y el pasado mayo, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín condenó a 15 años de cárcel a Juan Sebastián Sucerquia Jaramillo (“Orejas”), por el asesinato durante un atraco del subintendente de la Policía Hernán Darío Agudelo Londoño.

Según la Fiscalía, el crimen se perpetró el 11 de noviembre del 2015, cuando el sentenciado y su compinche Jhon Alex Gómez Ceballos (“Coco”) pretendieron cometer un fleteo contra el alcalde de Venecia, Juan Guillermo Bolívar, quien iba a retirar dinero en un banco del barrio San Diego (ver la NOTA RELACIONADA: Presunto ladrón y escolta mueren en intento de robo).

El subintendente Agudelo escoltaba al mandatario y se enfrentó a tiros con los delincuentes. En el acto falleció, al igual que alias “Coco”. Por este crimen, informó la Fiscalía, otros tres integrantes de “la Viña” están siendo investigados.

La banda continúa actuando en el área metropolitana y brindando servicios a organizaciones de narcotráfico transnacional, a la sombra de unas autoridades que aún no logran golpearla de forma contundente.

NOTA RELACIONADA: De pelaos de esquina a mafiosos de alto peligro.

El Inspector.

Su captura, de acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, se produjo en la tarde de este viernes (enero 9)  en la localidad de Los Mártires, en zona céntrica de Bogotá. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“Barny” fue detenido cuando caminaba solo y desarmado por una calle de Bogotá. Cortesía Policía.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, en particular del grupo que investiga el tráfico de insumos químicos, para el que la detención de González era un asunto de honor, desde el 12 de julio de 2012.

Aquel día, en la entrada del Jardín Botánico de Medellín, sicarios motorizados acribillaron a dos miembros de ese equipo, los cuales pretendían infiltrarse en “la Oficina” para detener a sus cabecillas: los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro.

La investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado conduce a que la orden de asesinar a los investigadores habría sido emitida por “Barny” y su socio Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”.

La cacería desatada contra este par de sospechosos y su círculo de confianza, los obligó a refugiarse en Centroamérica y el culto de la santería y la magia negra, esperando así evadir el cerco.

Pero la hechicería fracasó y uno a uno fueron cayendo el socio y los lugartenientes: “Pichi Gordo” en Panamá (10/2/13), “Yordi” en El Poblado (06/8/13) y “Saya” en el municipio antioqueño de Támesis (03/8/14).

Estas personas integraban la cúpula de la “Odín la Terraza” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la facción ilegal que coordina a los combos de las comunas 3 y 4 de Medellín, y además formaban parte de la mesa directiva de “la Oficina”, la mafia más poderosa del Valle de Aburrá.

“Barny” se fue quedando solo y se refugió en Costa Rica. Allí contrajo matrimonio con Diana Sánchez y obtuvo la nacionalidad tica, a la vez que invirtió dinero en una empresa de seguridad privada.

La mujer falleció en un accidente automovilístico y el viudo también se estrelló borracho en su carro en la localidad costarricense de Santa Ana, el pasado mes de agosto.

Cuando las autoridades de dicho país le hicieron la respectiva reseña, encontraron que en su contra había una Circular Azul de Interpol, diseñada para rastrear información sobre personas involucradas en procesos penales.

La estadía de González en aquella nación fue posteriormente difundida en medios de comunicación, lo que hizo más insegura su estadía allá.

“Ya tenemos ejemplos de sujetos que forman este tipo de empresas (de seguridad privada) por el simple hecho de conseguir armas y adquirir guardaespaldas. Tenemos una revisión totalmente exhaustiva en este caso”, expresó el viceministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, al canal local Teletica.

Fuentes policiales relataron a este diario que “Barny” volvió al país hace 20 días, al parecer para disfrutar de la temporada navideña.

Los agentes comenzaron a seguirle la pista y este viernes se dieron cuenta de que asistiría a una reunión con abogados en un establecimiento público de Los Mártires.

Un puñado de policías fue hasta el sitio y allí vieron al sospechoso de ordenar la muerte de sus colegas, vistiendo bluyín, chaqueta negra, camiseta azul y gorra. La cacería terminó.

EL PRONTUARIO

La primera vez que las autoridades reseñaron a González Vásquez fue el 25 de abril de 2009, durante el operativo de captura de su patrón, José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”.

“Barny” y “Pichi” estaban con él en un apartamento de El Poblado, cuando los sorprendió la Dijín.

En esa oportunidad lo dejaron en libertad, pues no tenía orden de captura, pero se interesaron en él y determinaron que, presuntamente, actuaba como jefe de sicarios de “la Oficina”.

En la actualidad tiene una orden de captura por concierto para delinquir, aunque también está investigado por varios asesinatos perpetrados en Medellín.

Además del citado caso de los policías antinarcóticos, la Fiscalía indaga su supuesta participación en la muerte del agente de la Policía Metropolitana Rodolfo Gaviria Barragán, abaleado en la entrada de su casa del barrio Aranjuez (25/10/08); la de John Edwar García Chavarría, tiroteado en una panadería del mismo vecindario (26/8/08); y la del empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, a quien asesinaron por error cuando manejaba su moto por una vía de Campo Valdés (10/8/08).

Con las reiteradas capturas o muertes de varios patrones de la estructura, “Barny” ascendió hasta convertirse en uno de sus principales líderes.

Mas no solo en Costa Rica y Colombia lo están investigando. El pasado mes de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton y congeló sus transacciones financieras.

El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese despacho, Adam J. Szubin, comentó que González era un subjefe (underboss) de “la Oficina”, que operaba en el nororiente de Medellín y que las autoridades colombianas lo buscaban por la muerte de los subintendentes Castro y Moreno.

“CELEBRAMOS LA CAPTURA”

El secretario de Seguridad (e) de Medellín, Jair Jiménez, celebró anoche la detención y dijo: “Este es un mensaje claro para todos los bandidos, el que hace la tiene que pagar, y dónde sea que estén los vamos a capturar”.

Reiteró que las comunas de la ciudad más afectadas por su accionar son Manrique y Aranjuez y que, “según las fuentes de Inteligencia que tenemos, él también se articulaba con otras bandas para el tema del narcotráfico”.

Aún es pronto para establecer quién podría ser el sucesor de “Barny” en el mando de “la Terraza” y su representante en “la Oficina”; no obstante, en los análisis estructurales de la Policía figura que entre sus principales lugartenientes están “el Chivo”, “Richard”, “Nano” y “el Buey”, coordinadores de combos en el nororiente de la urbe.

En las próximas horas González será trasladado a la capital antioqueña, donde se realizarán las audiencias de control de garantías y la Fiscalía imputará los cargos.

El Inspector.

El cabecilla de 36 años y oriundo de Bogotá, fue detenido a las 6:00 a.m. de este domingo en una finca del corregimiento Palermo, en el municipio antioqueño de Támesis. En la operación de la Dijín fue sorprendido con algunos familiares, varios celulares y un revólver calibre 32. Este es el seguimiento del caso, elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Camilo Rendón, alias "Saya" o "Peluco", quedó a la espera de la sentencia. Al aceptar los cargos, podría recibir rebajas en la pena. Cortesía.

Tras el arresto lo condujeron al Palacio de Justicia de Medellín, donde la Dirección Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó los cargos.

El primero fue el homicidio de John Edwar García Chavarría, abaleado el 26 de agosto de 2008 en una panadería del barrio Aranjuez. Por este hecho ya había sido condenado en 2013 el patrón del “Saya”: Juan Pablo Taborda Zamora, alias “Yordi”, quien paga una sentencia de 16 años (ver la NOTA RELACIONADA: Miembros de “la Terraza” reconocen actos de sicariato).

El segundo episodio fue la muerte de Rodolfo Gaviria Barragán, agente de la Policía Metropolitana, acribillado el 25 de octubre de 2008 en el mismo vecindario. El funcionario estaba en tiempo de descanso, afuera de su casa, cuando unos sicarios en moto le dispararon (ver la NOTA RELACIONADA: Sicariado policía en su casa).

Los otros cargos aceptados por Rendón Castro fueron concierto para delinquir agravado (en calidad de cabecilla) y porte o tráfico ilegal de armas.

El juzgado le dictó medida de aseguramiento y el Inpec lo trasladó a la cárcel El Pedregal, donde espera que la justicia le señale la condena.

Frente la posibilidad de un incremento de los asesinatos en el nororiente de la ciudad, motivado por un eventual reacomodo al interior de la banda “la Terraza”, las autoridades manifestaron que están en alerta. “Nosotros, con el grupo que tenemos de Objetivos de Alto Valor, estamos preparados para cualquier movimiento que se genere por la captura de esa persona y de otras que van a venir”, señaló José Jair Jiménez Londoño, subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

NOTA RELACIONADA: En una finca arrestaron a “Saya”, cabecilla de “la Terraza”.

El Inspector.

Juan Camilo Rendón Castro, alias "el Saya" o "Peluco". Cortesía.

En una finca del municipio antioqueño de Támesis terminó la cacería contra uno de los hombres más peligrosos del Valle de Aburrá: alias “el Saya”.

A las 6:00 a.m. de hoy (agosto 3), el Sol apenas se asomaba por las montañas del corregimiento Palermo, cuando los comandos de la Dijín ya rodeaban el predio. Además de fusiles, llevaban una orden de captura por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, por lo que a Juan Camilo Rendón Castro no le quedó más de otra que rendirse.

Su historia, de acuerdo con investigadores judiciales, comenzó en una barbería del barrio Castilla, varios años atrás. Allá atendía a algunos cabecillas de la organización criminal “la Oficina”, como “Pichi Gordo” y “Barny”, que terminaron aprovechándose de su curiosidad en las lides mafiosas e incorporándolo a las filas.

Fue así como el muchacho que entonces llamaban “Peluco”, se convirtió en “el Saya”, el terror de muchos habitantes de Manrique y Aranjuez, dos comunas del nororiente de Medellín adonde fue enviado por sus patrones.

Se destacó en el sicariato y paulatinamente ascendió en la banda “la Terraza”, desde mediados de la primera década del siglo XXI. El asesinato de “Fresita” y las capturas de “Chicho”, “Pichi Gordo” y “Yordi” le dejaron el camino libre hacia la cúpula de la organización que lidera a 30 combos.

Dos crímenes de revuelo nacional pusieron a esta agrupación y al “Saya” en la mira de la Dirección de la Policía: la muerte del gerente de Coopebombas (ver la NOTA RELACIONADA: Un año del crimen que enlutó a los taxistas) y el doble homicidio de dos agentes antinarcóticos (ver la NOTA RELACIONADA: Mataron a dos policías que investigaban a “la Oficina”). Sus cabecillas se convirtieron en “objetivos de alto valor estratégico” y las agencias del Estado comenzaron a pelearse la asignación de sus expedientes, pues es sabido que tras la captura de estos peces gordos vienen el dinero de las recompensas, las medallas y las felicitaciones en la hoja de vida de los policías.

Así cayeron, como fichas de dominó, los patrones del “Saya”. Y “Barny” se dio a la huida, dejando al anterior encargado de una empresa criminal sin cabeza, en la que empezaron las divisiones internas y pugnas que dispararon el índice de homicidios en Aranjuez en los últimos cuatro meses (ver la NOTA RELACIONADA: Tres comunas de Medellín arden por pugnas de bandas). Esto hizo más apremiante la persecución de los responsables del desorden.

Tras la detención del “Saya”, en el bajo mundo ya se barajan sus sucesores en “la Terraza”: se comenta que “Richard” o “Rayo” y “el Chivo” son los candidatos a liderar la cofradía y quedar en la mira de las autoridades.

El Inspector.

Su cadáver fue hallado a las 8:00 de la mañana de hoy (julio 26), tendido en la entrada de una casa en ruinas, en un paraje baldío de Manrique. Tal parece que los asesinos lo sometieron en el deplorable sitio, le oprimieron el rostro con el cañón de un arma de fuego, y la detonaron sin piedad.

El cadáver del patrullero Mauricio Jaime Sánchez será llevado a su natal Gamarra, en el departamento de Cesar. Cortesía Policía Metropolitana.

El funcionario tenía 25 años, era soltero y oriundo de Gamarra, Cesar. A su arribo a la capital antioqueña fue asignado a la nueva estación policial de Buenos Aires (comuna 9).

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, comentó que Mauricio Jaime estaba en tiempo de descanso, por lo cual andaba desarmado y con atuendo de civil. Fue a Manrique en la noche anterior, a visitar a la novia, antes de ingresar a su turno laboral a las 2:00 de la tarde.

Fue lo último que se supo de él. Las autoridades creen que el homicidio se perpetró entre las 5:00 y las 6:00 a.m., por las condiciones en que fue hallado el cuerpo.

En el sitio no apareció el teléfono celular de la víctima ni el de su novia, que al parecer portaba. El general Mendoza sugirió que el móvil del crimen podría un hurto.

Sin embargo, la evidencia preliminar parece apuntar hacia otro lado. No es común que en un robo de celulares la víctima sea llevada hasta un lote abandonado, tampoco que la muerte sea tipo ejecución, con el arma pegada a la cara, pues los técnicos forenses hallaron señales de ahumamiento en su tez (o “tatuaje”, en el argot judicial).

NOTA RELACIONADA: Mataron a otro policía cuando estaba desarmado.

El Inspector.

Se trata de la banda de  ‘Motor’, cuyas actividades incluyen el sicariato, cobro de extorsiones y hurto a vehículos y personas.

Por información que lleve a su captura, la Policía ofrece hasta 20 millones de pesos.

La persecución por lo pronto está enfocada desde los delitos asociados al atraco, por lo que la Policía Nacional distribuyó este volante de ‘los más buscados por fleteo’.

El presunto cabecilla del combo es precisamente alias ‘Motor’, que está en la mira de las autoridadesde desde 2010, y a quien también le figura una investigación por un asesinato.

El Inspector.

Por eso es que la muerte del investigador criminalístico Jaime Alberto Henao Arteaga es tan sorpresiva, máxime cuando los asesinos lo esperaban en la esquina de su propia residencia, en el barrio Manrique Central de Medellín.

El ataque ocurrió en la calle 70 con la carrera 42 de Manrique Central. La víctima murió en un centro médico. Foto de Manuel Saldarriaga.

El finado tenía 40 años y llevaba 22 de servicio en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Desde mediados de enero ejercía como coordinador del Grupo de Bandas Criminales de la Seccional Medellín de ese organismo.

A las 8:00 p.m. de antier (lunes 16 de mayo) arribaba a su casa en una moto Yamaha XT 250 de la institución, cuando dos sujetos lo atacaron. Él portaba una pistola Jericho 9 milímetros de dotación y respondió al fuego, pero en el cruce de disparos un proyectil le quitó la vida. Los homicidas huyeron en una moto Suzuki AX-100 de color rojo.

Jaime Alberto Henao Arteaga, según familiares y compañeros, no tenía amenazas.

La causa del crimen no está esclarecida, aún no se sabe si proviene de su trabajo como miembro del CTI o si fue una venganza personal. Lo cierto es que en solo siete meses han matado a dos integrantes del Grupo de Bandas Criminales, cuya misión es desvertebrar a la delincuencia organizada en Antioquia.

El caso anterior sucedió en el centro de Medellín, el 6 de octubre de 2010, y la víctima fue David Fernando Murillo Mosquera, de 30 años y quien llevaba cuatro meses en ese equipo.

Lo asesinaron de forma similar a Henao Arteaga: sicarios en moto lo esperaron junto a su casa a que llegara del trabajo, y allí lo abalearon, robándole después una pistola. Por este incidente ya circula un retrato hablado.

Hasta ahora no se conoce de alguna amenaza en concreto contra el Grupo, cuyo logro más importante de este año ha sido la judicialización y captura de 15 presuntos integrantes del combo ‘Los Conejos’, que delinque en la comuna 13 de la ciudad.

Por información que ayude a esclarecer estos hechos hay recompensas de hasta 50 millones de pesos.

NOTA RELACIONADA: INVESTIGADOR JUDICIAL fue asesinado en el Centro.

El Inspector.

Eso se debe a la matanza de cuatro hombres por parte de sujetos que al parecer portaban uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública.

En esta vivienda entraron los asesinos a dispararle a los inquilinos. Foto de Edwin Bustamante.

A las 7:30 p.m. de ayer arribaron a una casa de este vecindario, localizado en un extremo de la comuna de Manrique, abordo de un automóvil gris. Se cree que serían cuatro o más, cargando fusiles de calibre 5.56 y pistolas 9 milímetros. La descripción de la comunidad es confusa y aún no se esclarece, unos dicen que los agresores iban vestidos de negro como el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) y otros que tenían prendas de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal de la Policía).

Entraron a una casa donde siete personas llevaban a cabo una reunión. “¡Al suelo, gonorreas!”, les gritaron, y una vez los inquilinos se tendieron los acribillaron a bala. Producto de esta acción murieron, pese a ser llevados a la Policlínica, Cristian Ayala Higuita, de 22 años; Arley Quinchía Zapata, de 18; y Andrés Bernardo Vásquez Londoño, de 30, todos ellos eran desempleados.

Aquí resultaron heridos Alexis Orozco, de 22 años; Jorge Alberto Muñoz Álvarez, de 48; y Yeiker Ospina Bastidas, de 22, estos dos últimos están graves en la unidad de cuidados intensivos. De la vivienda sobrevivieron dos jóvenes ilesos.

Los sicarios cazaron otro objetivo: José Ferney Cano Osorio, de 22 años, quien estaba en una casa vecina y salió corriendo. Fue perseguido y abaleado a dos cuadras, y en la madrugada de hoy falleció en la clínica León XIII.

En esta sala departían las víctimas cuando las atacaron.

Algo que cuestionó con vehemencia la vecindad es que la cuadra donde ocurrieron los hechos se mantiene custodiada por la Policía y el Ejército, debido a que Santa Inés está ubicado en medio del área de influencia de tres combos delincuenciales: ‘El Desierto’, ‘Balcones’ y ‘La Terraza’. A pesar de todo, los homicidas lograron perpetrar la matanza.

El patrullero Leider Yovany Navarro, de 26 años y adscrito a la estación policial de Manrique, reaccionó al ataque y se enfrentó a los criminales, pero resultó herido por un balazo en una pierna.

Después de la balacera no cesaron los oprobios para los residentes del barrio. Cerca de 30 antisociales incursionaron en varias residencias y las saquearon, con el pretexto de buscar a los enemigos de una pandilla rival. Se presume que esta acción guarda relación con el mortal ataque que la precedió.

En la asonada, donde hubo daños en bien ajeno y hurtos, resultó desaparecido Iván Ramiro Acevedo Echavarría, de 32 años y quien al parecer fue sacado a la fuerza de su hogar.

La Policía ejecutó un operativo envolvente en la zona, logrando la captura de tres tipos que portaban una subametralladora, un silenciador y tres revólveres. Se investiga si están involucrados en los hechos relatados.

El modus operandi de usar prendas de la Fuerza Pública no es nuevo en la guerra de combos que afecta a Santa Inés. El año pasado varios miembros de ‘La Terraza’ disfrazados de Sijín llegaron a una tienda, les pidieron documentos a los presentes, los hicieron acostarse boca abajo en la acera y les dispararon, matando a un hombre e hiriendo a siete más. De esos malandros hay dos detenidos ya.

El Inspector.

El crimen, en el cual resultó herido un hombre de 65 años, sucedió en el barrio Manrique Las Nieves, al nororiente de Medellín.

En este bus se presentó el ataque con arma de fuego. Foto de Carlos Taborda.

Eran las 3:30 p.m. de ayer, cuando el conductor iba en la marcha y escuchó los disparos y luego vio cómo los pasajeros se precipitaron hacia su cabina.

En la penúltima silla estaba ya sin vida el desempleado Jeferson Ciro Mejía, de 20 años, asesinado de tres balazos. Cerca de él estaba un pasajero de 65 años y comerciante de antigüedades, quien recibió un tiro en la garganta.

Todas las personas se bajaron del bus aterradas y en desorden, y la hipótesis es que entre ellos iba escondido el homicida (uno o varios).

El comerciante, residente en el barrio Santo Domingo Savio,  fue llevado a una clínica, donde se encuentra con pronóstico reservado. El finado vivía en Manrique Central y las causas de su muerte aún no se han esclarecido.

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El Inspector.

Esta violenta acción fue cometida a las 10:30 a.m. de ayer en el barrio Manrique Oriental, al nororiente de Medellín. El perpetrador fue Félix María Méndez Santos y su instrumento, un revólver.

Todos los vecinos de la cuadra salieron a ver la tragedia, en Manrique. Foto de Esteban Vanegas.

Aquella mañana este sujeto ingresó a la casa y en la cocina le disparó a su suegra Amparo Zea Macías, de 59 años. Luego subió al tercer piso y acribilló a su hijastro, un adolescente de 17 años. Junto a él estaba la cónyuge Claudia Yaneth Montoya Zea, de 34 años, quien recibió también varios proyectiles.

Cuando llegó la Policía, Méndez los repelió a bala. Se refugió en la terraza y ahí oprimió por última vez el gatillo, segándose la vida.

Su esposa, la cual ya lo había denunciado en el pasado por violencia intrafamiliar, sobrevivió y está hospitalizada. De la matanza salió ilesa una niña de 9 años e hija de la pareja, quien estuvo presente cuando ocurrieron los hechos y escuchó los tiros y los gritos de sus seres queridos.

Esta, más allá de una desgracia familiar, es una tragedia social. Y lo peor es que no se trata de un caso aislado o infrecuente, por el contrario, parece la copia calcada de muchísimos otros en Antioquia, Colombia y el mundo.

Los familiares de las víctimas de Manrique, según las autoridades, sabían los antecedentes de violencia.

Hace pocos días les conté un hecho similar. El 15 de febrero pasado, un policía de la Dirección Antinarcóticos se encerró con su hijo en un hotel del barrio Florida Nueva, en Medellín. Aunque apenas se trataba de un bebé de 26 días de nacido, su padre lo mató de un balazo y después se autoeliminó con la misma pistola (ver NOTA RELACIONADA: BEBECITO ASESINADO por un papá deprimido).

El 21 de diciembre anterior en el municpio de Bello, barrio El Porvenir, el dueño de una tienda asesinó a bala a su esposa y a su hijo de 21 años, y después se quitó la vida también (ver NOTA RELACIONADA: UN HOMBRE ACABÓ con su propia familia).

Todavía no aprendemos a solucionar los problemas por las buenas, así vivamos diciendo que “los buenos somos más”.

Según el informe de homicidios de Medicina Legal de 2009, Antioquia fue el departamento de Colombia donde se cometieron más asesinatos: 4.455, un aumento del 85.7% con relación a las 2.399 muertes de 2008. Le sigue el Valle del Cauca (3.294 casos) y Bogotá D.C. (1.645).

Abordando el tema por ciudadades capitales, Medellín está en el tope de la lista con 2.176 homicidios perpetrados en 2009, mientras que en 2008 fueron 1.066 (aumentó el 104.1%). En segundo lugar está Cali (1.814).

De acuerdo con los investigadores, la primera causa de los asesinatos en territorio paisa son las guerras entre bandas criminales, seguida de las venganzas personales y la violencia intrafamiliar.

Pero nuestra ligadura con la muerte no termina aquí. El mismo informe de Medicina Legal advierte que Antioquia fue el departamento donde hubo más suicidios en 2009: 284 casos, seguido de Bogotá D.C. con 252.

El pasado 18 de febrero, en esta cuadra junto al estadio Atanasio Girardot, hubo una gresca entre dos barras del Independiente Medellín: dos muertos a bala.

Y por si esto no fuera suficiente, Antioquia también está al tope de las muertes accidentales (es decir, por quemaduras, ahogamientos, sumersión, caída de altura, electrocución, intoxicación y demás): 452 incidentes, seguido del Valle del Cauca con 325.

En accidentes de tránsito, Antioquia está de segunda en la lista, con 807 muertes en las vías en 2009. Primero fue Valle del Cauca, con 851 víctimas fatales.

Hago énfasis en estos datos, no con el ánimo de estigmatizar nuestra tierra, sino para demostrar una verdad dolorosa que desde hace años cargamos como una cruz: la muerte se nos está volviendo muy cotidiana, y no solo por homicidios, sino también en suicidios y hasta por mero accidente (¿será una coincidencia? No lo creo).

Ya es hora de que los antioqueños hagamos una verdadera revolución contra las muertes violentas. ¡Reaccionemos como sociedad, no esperemos a que las instituciones estatales actúen solas!

La última tragedia familiar en el barrio Manrique no fue fortuita, ya se venía anunciando desde las violentas discusiones de esa pareja, con el agravante de que el marido, por su trabajo de vigilante, estaba acostumbrado a usar armas. Este tipo de situaciones hay que combatirlas desde el origen, para no lamentarse después, en la marcha fúnebre.

El poeta alemán Friedrich Hölderlin, en la época del Romanticismo, decía (palabras más, palabras menos) que quien es capaz de lograr grandes hazañas, al mismo tiempo es capaz de producir grandes desgracias. Como nuestra cultura, hermosa cuando produce orgullo y progreso, y horrible cuando genera violencia por doquier.

¿Cuándo vamos a romper este espiral de muerte? ¿Cómo podemos lograrlo? Se escuchan (y se leen) sus ideas y comentarios.

El Inspector.

Mónica Janet Rúa Rojas, de 27 años, estaba sola esperando el transporte para desplazarse a su lugar de trabajo en el municipio de Itagüí. Eran las 7:00 a.m. cuando cayó al asfalto con varios orificios en el cuerpo.

Escena del crimen, en la carrera 41 con la calle 70A. Foto de Carlos Taborda.

 Al tiempo que los agentes de la Sijín practicaban la inspección técnica al cadáver, los vecinos se aproximaban y lamentaban el hecho. Contaron que la víctima residía en Manrique Oriental y era madre de un pequeño de 5 años.

Hace tres años laboraba como cajera en la Clínica Antioquia de Itagüí, donde sus compañeros la reconocieron como una “excelente persona”.

Los sujetos implicados en el homicidio se fugaron. La Policía indicó que tenía algunas hipótesis sobre el incidente, pero no adelantó nada. Ojalá sea porque muy pronto tendrán resultados.

El Inspector.

Después de las desmovilizaciones de las grandes estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en todo el territorio nacional aparecieron las llamadas bandas emergentes, conformadas entre otros por desmovilizados que no renunciaron a los tratos con el bajo mundo. Unos se llamaron neoparamilitares, otros ‘Héroes de Castaño’ y también ‘Nueva Generación’. Pero la chapa que más se grabó en la mente de las víctimas fue ‘Águilas Negras’.

En los primeros cinco meses del 2008, en la zona nororiental de Medellín comenzaron una circular unos volantes de manera clandestina. Las hojas, la mayoría fotocopias de escasa calidad, contenían listados de nombres con su respectivo alias, eran unas verdaderas listas negras con mensajes como este: “Debido a múltiples quejas de la comunidad, acerca del mal comportamiento de algunos jóvenes identificados en esta lista, se ha tomado la decisión de emplear medidas drásticas con los sujetos que no acaten esta advertencia, incluyendo menores de edad”.

Otros panfletos rezaban “acuesten a sus hijos antes de las 10:00 p.m. o nosotros los acostamos” y unos más se concentraban en oficios específicos de la población: “muerte a prepagos”. Eso sí, todos sin escepción estaban firmados por supuestas ‘Águilas Negras’ y circularon sobretodo en los barrios El Playón de los Comuneros, Manrique Central y Oriental, Campo Valdés y Santa Lucía.

El nivel crítico se registró con un caso de homicidio del 12 de abril de 2008, en el barrio Manrique Santa Cecilia, al oriente de la capital paisa. José Giovanny García, de 36 años, fue hallado sin vida en su propia cama, con señales de asfixia mecánica. En la pared adjunta al lecho, los homicidas dejaron un grafitti con letras oscuras que decía: “Ya llegamos, Águilas Negras, muerte a viciosos y ladrones”. Según los propios familiares de José, él sí era un consumidor de alucinógenos reconocido en el barrio, pero nunca le hacía mal a nadie.

La investigación me llevó a preguntar si en realidad en Medellín existían dichos grupos y el resultado hasta el momento es que no hacen presencia en el área metropolitana. La razón es la siguiente: de manera casi natural, la aparición de las ‘Águilas Negras’ ocurre en territorios abandonados por las Auc tras su reinserción, y en los cuales hay amenaza latente de que la guerrilla los ocupe de nuevo.

Fuentes judiciales me han ratificado que en la capital antioqueña no hay una presencia fuerte de las Farc ni del Eln, como sí ocurre en otros municipios de la región como Tarazá y Cáceres. Y lo más grave pero cierto, es que en muchas zonas de la ciudad no ha desaparecido el control ‘paraco’, todavía cobran sus extorsiones y meten miedo a los que consideran indeseables.

Estos dos factores descartan entonces la presencia de ‘Águilas Negras’, ¿para qué si los ‘paras’ no se han ido y la guerrilla es casi nula? Así que surge la cuestión de quién firma los listados del horror, amenazando a marihuaneros, prostitutas, homosexuales y ladronzuelos de las comunas populares.

Hace un mes, el Gaula Urbano de la Policía detuvo en el centro de Medellín a un par de sujetos de 19 y 22 años, los cuales se hacían pasar por ‘águilas’ para extorsionar a un comerciante. Sin embargo, solo eran delincuentes comunes que usaron la famosa marca terrorista para atormentar a su víctima.

Y esta es la punta que representa al iceberg: los combos de la urbe asumen el nombre de una organización delincuencial más grande para tratar de garantizar el éxito de su trabajo. Lo novedoso es la marca de las ‘águilas’, porque el método ya es repetido y hoy también se presenta con bandidos que se hacen pasar por guerrilleros de las Farc o criminales de la ‘Oficina de Envigado’.

Pero me preocupa bastante que no solo los pillos amenazan con estas chapas, sino que algunos ciudadanos comunes, sin antecedentes penales y con un alto grado de intolerancia, también lo están haciendo y prueba de ello es el panfleto del barrio Santa Lucía, al occidente de Medellín. En él, un supuesto grupo de ‘águilas’ amenaza a los dueños de unos establecimientos públicos que hacen bulla por las noches y a los drogadictos de una cuadra.

A pesar de la siniestra firma, todo apunta a que fueron algunos vecinos incómodos con el desorden los que distribuyeron la lista para atemorizar a los implicados. Los volantes comenzaron a circular luego de una noche en la cual la Policía tuvo que atender múltiples quejas de la ciudadanía por excesivo ruido en la vía pública y desórdenes por parrandas. Además, solo fueron repartidos en los locales amenazados y en algunos puntos críticos por el consumo de alucinógenos, mas no en todo el barrio.

Que los ciudadanos comiencen a copiar tácticas del terrorismo es algo muy delicado. Ese dicho que se escucha entre susurros en algunas esquinas, de que “a ese man hay que darle un buen susto”, tiene tintes de verdad en un trasfondo social de intolerancia. Y es triste.