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La mamá de influencer cercana a Petro trabajó en la DNI y acepta que recomendó contratar a familiares en la Aerocivil

Los contratos suscritos con Muñoz, su hermano y sus primos fueron ejecutados entre 2025 y 2026.

  • La influencer Gabriela Muñoz es cercana al presidente Gustavo Petro. La señalan de influir en la Aerocivil. Fotos: Presidencia y cortesía
    La influencer Gabriela Muñoz es cercana al presidente Gustavo Petro. La señalan de influir en la Aerocivil. Fotos: Presidencia y cortesía
hace 16 minutos
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En algunas entidades del Estado están raspando la olla metiendo a varios miembros de una sola familia. Esta vez, por cuenta del ventilador que prendió Angie Rodríguez, el país conoció que una joven influencer estaría manejando la Aerocivil “a su antojo”.

Se trata de Gabriela Muñoz, que ha estado en el ojo público durante los últimos días. Con apenas 20 años, ha tenido varios familiares y allegados trabajando en la entidad.

Es más, algunas fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO, bajo reserva, que habría manejado ese entramado junto a su hermano Santiago David Muñoz Olaya, con quien incluso tendría una oficina contigua a la del director de la Aerocivil.

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Justamente, las palabras puntuales de Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, fueron que Muñoz manejó la Aerocivil bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero, a quien Petro quiso nombrar viceministra de juventudes, pero no pudo por el escándalo de falsificación de su título profesional en la Fundación San José.

Rodríguez, además, ya instauró una denuncia formal en contra del presidente Petro por violencia política basada en género. Muñoz es una influenciadora y estudiante de derecho cercana a Petro.

El Tiempo dio a conocer ayer que la madre de los hermanos Muñoz trabajó hasta hace poco como coordinadora de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El medio, citando fuentes del gobierno Petro, informó que la psicóloga llegó a ese cargo gracias a Jorge Lemus, exdirector de esa entidad y antiguo hombre de confianza de Petro.

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En diálogo con la unidad investigativa de ese periódico, Olaya no hizo alusión a su nexo con Lemus ni con la DNI, pero sí reconoció que al menos seis personas de su familia han tenido contratos con el Estado: Olaya, sus dos hijos y cuatro sobrinos.

Los contratos suscritos con Muñoz, su hermano y sus primos fueron ejecutados entre 2025 y 2026.

“Yo los recomendé, están recién graduados y otros están estudiando. Dos son ingenieros y dos bachilleres. Yo se los recomendé al general Pinto, exdirector de la Aerocivil. No ganan millonadas como dicen y les dije que cumplieran con sus funciones”, dijo la mujer a ese medio.

Denuncias por nepotismo

Desde que Rodríguez mencionó a Muñoz, han surgido nuevas denuncias relacionadas con la contratación de familiares de la joven en la Aeronáutica Civil.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expuso cómo se habrían movido los hilos de poder de esta familia dentro de la entidad. En el caso de Gabriela Muñoz, fue nombrada el 20 de mayo de 2025 como Auxiliar I.

Ese mismo día también fue nombrado su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, como Auxiliar V. “Una afortunada coincidencia. Incluso, la resolución de Gabriela es la 01224 y la de su hermano la 01225”, señaló Briceño.

De acuerdo con el congresista, ninguno de los dos presentó una declaración de conflicto de intereses en la que reportara el vínculo familiar, pese a que este es un deber de los servidores públicos.

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Pero el linaje familiar tuvo más contratos en la Aeronáutica. El 17 de enero de 2026 llegó a la entidad Silvana María Muñoz Jaramillo, quien sería prima de Gabriela Muñoz.

Según la denuncia, tampoco reportó ese parentesco en su declaración de conflictos de interés. Fue contratada por prestación de servicios para “apoyar actividades de carácter estratégico para el cumplimiento de las competencias y responsabilidades de la Secretaría General”.

Briceño también cuestionó su experiencia laboral. La ingeniera industrial registraba únicamente seis meses de experiencia en Rappi S.A.S., una compañía sin relación directa con el sector aeronáutico.

Sin embargo, no sería la única familiar vinculada a la entidad. Menos de dos semanas después, el 26 de enero, Samuel Muñoz Rayo llegó a la Aerocivil. Según la denuncia, tampoco mencionó a sus familiares dentro de la entidad en la declaración de conflictos de interés.

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Su contrato contemplaba la prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades relacionadas con gestión documental y labores operativas para la Secretaría General. El valor total ascendía a 35 millones de pesos por 335 días de ejecución, equivalente a ingresos cercanos a tres millones de pesos mensuales.

Las denuncias también mencionan a Daniel Felipe Arias Olaya, señalado por algunos funcionarios como otro familiar de Gabriela Muñoz.

Según estas versiones, fue contratado por la Aerocivil pese a no contar con experiencia profesional.

Crisis técnica e institucional

Es inevitable, con todo este entramado, cuestionar cómo alguien sin experiencia se pone al frente, de facto, de la entidad que regula los vuelos comerciales en el país.

Es clave recordar los incidentes en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, que casi se convierten en tragedias por errores de control de tráfico aéreo y quejas por falta de capacidades técnicas y logísticas.

Otro de ellos es que esta “red de influencias” de Muñoz llega después de que la Aerocivil ha enfrentado cuestionamientos en los últimos meses por presuntas irregularidades en procesos de contratación multimillonarios.

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El director encargado de esa entidad, Luis Alfonso Martínez Chimerty, expidió una resolución que habilita varios sábados, domingos y festivos para adelantar, aprobar y firmar contratos estatales “por razones especiales de servicio”.

Curiosamente, la resolución fue expedida días antes de que un grupo especial de la Contraloría realizara una inspección a la entidad por los crecientes cuestionamientos.

A comienzos de julio renunció Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General de la Aerocivil, tras denunciar presunto acoso laboral y presiones para firmar estudios previos de un contrato cuya legalidad había cuestionado.

En sus reparos, advirtió sobre un proceso relacionado con el sistema de gestión documental que, según expuso, pasó de tener un costo cercano a los $400 millones a proyectarse en alrededor de $12.000 millones.

Entérese: Las veces que Petro ha defendido a cercanos untados de corrupción

Salto al Congreso de la República

El caso es que, al parecer, habrá Gabriela Muñoz para rato. El Tiempo reveló que trabajará en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Marco Emilio Hincapié, del partido político Pacto Histórico.

¿Seguirá acumulando poder desde el Congreso y moviendo hilos del poder cómo en la Aerocivil? Al fin y al cabo, hasta hace apenas unos días era una cara poco conocida dentro del ámbito político.

Preguntas y respuestas

¿Quién es Gabriela Muñoz y por qué es noticia en Colombia?
Gabriela Muñoz es una influencer y estudiante de Derecho que ganó visibilidad por su cercanía pública con el presidente Gustavo Petro y por denuncias sobre su presunta influencia en la Aerocivil. Ella ha rechazado las acusaciones y anunció acciones legales frente a señalamientos en su contra.
¿Qué denuncias existen sobre Gabriela Muñoz y la Aerocivil?
Las denuncias señalan posibles vínculos familiares y de influencia dentro de la Aerocivil, además de cuestionamientos sobre contrataciones de personas relacionadas con Muñoz. Estos señalamientos han sido planteados por funcionarios y congresistas, pero deben ser establecidos por las autoridades competentes.
¿Cómo se investigan posibles casos de nepotismo en entidades públicas de Colombia?
Los posibles casos de nepotismo o conflictos de interés pueden ser revisados por organismos como la Procuraduría, la Contraloría o autoridades judiciales, que analizan contratos, declaraciones de intereses, requisitos de los cargos y eventuales incumplimientos de la normativa.
¿Qué puede pasar con las denuncias sobre contratación en la Aerocivil?
Si los organismos de control encuentran irregularidades, podrían abrir investigaciones disciplinarias, fiscales o penales según corresponda. El resultado dependerá de las pruebas recopiladas y de las decisiones que adopten las autoridades encargadas de revisar los hechos.

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