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El Congreso de la República tiene hasta el 20 de julio para sacar adelante proyectos de gran impacto para el país, como el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, la creación del acto legislativo para la paz, la ley estatuaria para reglamentar el Tribunal de Aforados y la reforma pensional. A los trámites de estos proyectos se suman los debates de control político por temas delicados de coyuntura, como los costos adicionales en la construcción de la Refinería de Cartagena.
Hoy el Senado debatirá dos temas cruciales: el nuevo Código de la Policía (que contempla, entre otras medidas, cámaras en los vehículos de transporte público y multas hasta 325.000 pesos para los “colados”) y los sobrectostos e impactos ambientales de la Refinería de Cartagena (Reficar). La bancada de los partidos Polo Democrático, Centro Democrático y Alianza Verde le exigirán respuestas claras al Gobierno por el sobrecosto por más de 4.300 millones de pesos que tuvo la construcción de la refinería.
Mientras avanzan estos dos trámites, el senador Juan Manuel Galán presentará ante algunos representantes de la Cámara el proyecto que busca regular la marihuana con fines médicos. Si pasa, el Estado deberá regular el otorgamiento de licencias a los cultivadores de marihuana a través de los ministerios de Agricultura, Salud y Justicia. Este proyecto, que podría ser aprobado antes de julio, permitirá que los pacientes que sufren de enfermedades como VIH Sida, cáncer o que tienen esclerosis múltiple puedan acceder a la marihuana.
“Esperamos que el proyecto de la marihuana sea votado en las próximas dos semanas. El Código de Policía puede tardar un poco más porque es necesario mirar ese código a la luz de los acuerdos de paz”, señala Galán. El senador Jaime Amín, del Centro Democrático, considera que “el nuevo código pone a tono a la Policía con los tiempos que estamos viviendo. Actualiza normas que tienen 30 o 40 años de estarse aplicando por la autoridad. La convivencia se ha vuelto más dinámica y hay muchas conductas y modalidades de delitos que el código no tenía previstas”.
Otro proyecto clave es el Acto Legislativo por la Paz, que será discutido en la Comisión Primera del Senado. De este proyecto depende que el Gobierno cuente con un conjunto de instrumentos jurídicos para agilizar el trámite legislativo con el fin de implementar los acuerdos de La Habana. El proyecto ha sido comparado con el ‘Congresito’ de 1991. Si es aprobado, se crearía una a Comisión Legislativa Especial, la cual estará integrada por 60 congresistas.
Lograr que el Congreso apruebe el Acto Legislativo por la paz no será una tarea sencilla, pues tanto desde el Centro Democrático y el Polo Democrático han criticado las facultades que tendría el gobierno para tramitar los proyectos relacionados con los acuerdos de la mesa. De hecho, dentro de la misma Unidad Nacional hay discrepancias. “Veo al Gobierno con ganas de quedarse con las facultades y no con la comisión. No me gusta eso porque las facultades deben ser acompañadas por el Congreso”, dijo el senador Armando Benedetti.
Otro proyecto que deberá sacar adelante el Gobierno para garantizar que se juzguen a los altos funcionarios es la Ley estatutaria para reglamentar el Tribunal de Aforados. Con este proyecto se espera poner en funcionamiento un nuevo tribunal que remplace la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, radicó el proyecto de ley en noviembre pasado.
Para Mauricio Reyes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, la “aplanadora” de la Unidad Nacional se puede desintegrar: “El grave problema de esta legislatura es que el gobierno lo pactó con ‘mermelada’, y eso no le da sostenibilidad a los acuerdos. Hay proyectos de ley que pueden dejar de ser sostenibles para partidos como Cambio Radical, lo que puede debilitar el proceso”.
Reportero. Creo, como Rainer Werner Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”.