La reciente inauguración del edificio de la Facultad de Artes en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ha desatado una controversia que trasciende el acto de la entrega de infraestructura física.
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Lo que debió ser un acto académico y administrativo se transformó, según el exrector Ricardo Mosquera Mesa, en un escenario de “exaltación personal” y “abuso de poder” por parte del Ejecutivo, según señaló en su más reciente columna publicada en El Espectador este jueves 14 de mayo.
El debate central, de acuerdo con el exrector y miembro del Consejo Superior, no gira solo en torno a los ladrillos, sino a la tensión histórica entre la autonomía universitaria y la tentación del mesianismo político.
La aritmética contra el mito fundacional
El discurso oficial ha intentado presentar la culminación de los “Nuevos Espacios para las Artes” como una obra fundacional de la actual administración. No obstante, las cifras suministradas por la oficina de Planeación de la Sede Bogotá ofrecen una narrativa distinta.
La denominada Fase II, aprobada bajo el actual gobierno el 1 de junio de 2023, representó una inversión de 70.000 millones de pesos, correspondiente al 40 % del valor total del proyecto. El 60 % restante, “equivalente a 101.344 millones de pesos, fue gestionado y ejecutado por administraciones anteriores".
Los registros indican que la Fase I —que incluyó la obra civil de los bloques B, C y la plataforma D— fue aprobada el 2 de enero de 2020 con diversas fuentes de financiación, como créditos de Findeter y recursos de estampillas. En este sentido, Mosquera sostuvo que “quien pone el 40 % de una obra no es su fundador; es, en el mejor de los casos, un continuador”.
Un siglo y medio de herencia institucional
La pretensión de refundar lo existente choca con la profundidad cronológica de la UNAL. El edificio actual hunde sus raíces en la Escuela Nacional de Bellas Artes (1886) y la Escuela Nacional de Música (1882). Fue Alfonso López Pumarejo quien, en 1935, consolidó la unidad administrativa bajo la premisa de que estas instituciones debían “orientar y depurar nuestra actividad artística”.
Bajo la reforma del rector José Félix Patiño en 1965, estas escuelas se integraron finalmente en una sola facultad. Por ello, se argumenta que intentar presentarse hoy como el creador de una estructura con casi 150 años de existencia armónica es una inexactitud histórica.
La matriz doctrinaria de la universidad, diseñada para edificar la república sobre la educación pública, se consolidó bajo la “Revolución en Marcha” de López Pumarejo, quien visualizó la Ciudad Universitaria no como el capricho de un mandatario, sino como la “Universidad de la Nación”.
La diferencia entre fundar y figurar
El legado de López Pumarejo se distingue por el respeto absoluto al fuero interno y la autonomía. A diferencia de las prácticas actuales, el estadista liberal multiplicó el presupuesto e instituyó la cátedra libre sin violentar la independencia de la institución. Para Mosquera, existe una “distancia insalvable entre el estadista que construye para el futuro y el activista que milita para el presente”.
La crisis de gobernabilidad actual, marcada por intentos de alterar las reglas de juego y saltarse procedimientos jurídicos, ha tenido que ser contenida por fallos del Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Bogotá. Estos fallos han recordado que la autonomía universitaria no es un permiso para que el Ejecutivo imponga su voluntad.
“La Universidad de la Nación fue concebida para trascender la fugacidad de los cuatrienios presidenciales”, afirmó el exrector, subrayando que el Estado financia, pero el Gobierno tiene prohibido dictar la conciencia académica.
El riesgo de la instrumentalización política
La actual estrategia de sugerir que la infraestructura es una “dádiva” del mandatario de turno traiciona la esencia de la Reforma de 1935. Este enfoque, según él, busca reducir al estudiantado —la “clase rectora” del futuro— a una clientela política o grupos de choque para validaciones gubernamentales efímeras.
Para el exrector Ricardo Mosquera, la UNAL no es una sucursal del Palacio de Nariño, sino un contrapeso crítico necesario para la democracia, nacido desde la educación para acompañar a los jóvenes en su camino profesional.
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La defensa de la institucionalidad y el respeto a la misión de búsqueda del conocimiento deben “prevalecer sobre los mesianismos y populismos que resultan letales para la academia”. La universidad no requiere salvadores efímeros, sino “el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley”.
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