Algunas organizaciones internacionales reportaron violaciones graves contra la educación de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado en Colombia .
La ONU verificó reclutamiento, homicidios y mutilaciones, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, secuestros y restricciones al acceso humanitario. UNICEF reportó que en 2024 atacaron una escuela cada seis días y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) documentó, en el primer semestre de 2025, un aumento de afectaciones a la comunidad educativa en varios departamentos.
¿Qué está pasando con la educación y el conflicto armado?
Por un lado, la ONU verificó 42 ataques directos contra infraestructuras educativas y de salud en Colombia para 2024: 27 afectaron a escuelas y 15 a hospitales. De estos, 22 fueron atribuidos a autores no identificados, 17 a disidencias de las Farc-EP —incluido el Estado Mayor Central con siete y Comandos de la Frontera con dos—, uno al Clan del Golfo, uno al Eln y uno a las Fuerzas Militares.
Además, documentó el uso militar de 35 escuelas en distintos territorios. De ellas, 14 fueron ocupadas por disidencias de las Farc-EP (seis del EMC y uno de Comandos de la Frontera, entre otros), nueve por actores no identificados, cinco por el Clan del Golfo, cuatro por el Eln y tres por las Fuerzas Militares.
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En todos los casos, los planteles fueron posteriormente desalojados, pero la afectación incluyó la suspensión de clases y la interrupción de actividades pedagógicas.
UNICEF informó que en 2024, en Colombia, una escuela fue atacada cada seis días. Estas acciones afectaron, al menos, a 7.024 estudiantes y docentes, lo que muestra la magnitud de la interrupción educativa y la necesidad de medidas de prevención y respuesta en el sistema escolar.
La combinación de ataques directos y uso militar de escuelas genera cierres temporales, traslados y pérdida de jornadas. Este impacto no se limita a los planteles, sino que alcanza rutas escolares, servicios de salud cercanos y redes comunitarias.
La ONU instó a Colombia a implementar de forma integral el plan nacional relativo a la Declaración sobre Escuelas Seguras, como medida para proteger los entornos educativos de los efectos del conflicto armado. En esa línea, pidió que se pongan fin a campañas cívico-militares con participación de niños, pues exponen a estudiantes y escuelas a riesgos adicionales.
UNICEF, por su parte, alertó que en 2024 una escuela fue atacada cada seis días en Colombia. Ante ello, recomendó diseñar y aplicar protocolos de continuidad educativa, reforzar la infraestructura escolar y poner en marcha planes de contingencia locales. Estas medidas deben ir acompañadas de coordinación interinstitucional y participación activa de autoridades territoriales y directivos docentes.
¿Y cómo va el 2025?
Peor. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) registró, entre enero y junio de 2025, contabilizó 523 ataques contra la educación, lo que equivale a un promedio de un ataque cada tres días en los seis departamentos analizados.
La mayoría ocurrieron dentro de las sedes educativas (61%), mientras que el 39% se registraron en los caminos hacia ellos. Esta proporción representa un aumento respecto a 2024, cuando solo el 51% de los hechos tuvieron lugar en las escuelas, y refleja una disminución del respeto por el carácter civil de estas instituciones en medio del conflicto.
Del total de personas afectadas, 8.752 eran niños, niñas y adolescentes, además de 499 docentes y 185 trabajadores escolares, es decir, más del 90% de los impactos recayeron directamente sobre estudiantes. Aunque la organización registró menos ataques que el año anterior, la concentración de los hechos en las escuelas explica el incremento en el número de víctimas.
Es así que el NRC subraya la importancia de realizar evaluaciones de riesgo con participación de comunidades, garantizar que las Fuerzas Armadas incorporen la prohibición del uso militar de escuelas en su doctrina y reforzar la presencia institucional en los departamentos más afectados.
Pero los tres organismos internacionales trazan una misma hoja de ruta: proteger los planteles como espacios civiles, asegurar que los estudiantes puedan continuar sus estudios incluso en medio del conflicto y reducir las vulnerabilidades que ponen en riesgo a miles de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
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