El Consejo de Estado admitió una demanda que acusa a los legisladores de ser cómplices del entramado de corrupción más mediático del actual gobierno. En caso de que considere que la demanda tiene razón, los congresistas podrían enfrentar la pérdida de investidura.
El expediente por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) volvió a moverse en el escenario judicial. Este lunes, el Consejo de Estado dio luz verde al estudio de una demanda que busca retirarles la investidura a nueve integrantes del Congreso, señalados de haber participado en una red de favores políticos ligada al uso indebido de recursos públicos.
La acción fue impulsada por el abogado Pablo Bustos, presidente y fundador de la Red de Veedurías ciudadanas, y apunta contra legisladores de varias bancadas, entre ellos la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, cuyo nombre aparece de manera reiterada en los testimonios que dieron origen al escándalo.
Junto a ella figuran otros cinco senadores y cuatro representantes, todos mencionados en el entramado que rodea el desfalco a la Ungrd. Ellos son: Berenice Bedoya (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal). Y en la Cámara de Representantes los señalados son Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique (curules de paz).
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Según la demanda admitida por el alto tribunal, los congresistas habrían intervenido para direccionar contratos y cargos dentro de la entidad a cambio de respaldar proyectos clave del Ejecutivo. Estas conductas, de acuerdo con el recurso presentado, configurarían tráfico de influencias y una vulneración directa al régimen de incompatibilidades que rige a los parlamentarios.
El proceso por pérdida de investidura es independiente de las investigaciones penales que avanzan en la Corte Suprema y en la Fiscalía General de la Nación, pero se alimenta de la misma fuente: las declaraciones de exdirectivos de la Ungrd que decidieron colaborar con el ente acusador.
Sus relatos describen un esquema de negociación política en el que los recursos para la atención de emergencias habrían sido usados como herramienta para consolidar mayorías en el Congreso.
En ese contexto, Martha Peralta fue señalada por el ente acusador —tras escuchar los testimonios de los eximinstros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco — como una de las congresistas que habría tenido un papel activo en la coordinación de apoyos legislativos, especialmente durante el trámite de la reforma pensional.
De acuerdo con la Fiscalía, su nombre surge en reuniones y gestiones orientadas a distribuir proyectos regionales para asegurar votos favorables dentro de la Comisión Séptima del Senado.
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Las investigaciones también revelan que varios contratos fueron asignados en distintos departamentos bajo ese supuesto esquema de incentivos políticos, con obras enfocadas en mitigación del riesgo y atención de emergencias. Para los investigadores, estas decisiones no respondían a criterios técnicos sino a compromisos adquiridos con congresistas de la coalición de gobierno.
Otro de los nombres que ha concentrado atención es el de la senadora Berenice Bedoya, cuya presunta participación fue puesta bajo la lupa tras los testimonios de exfuncionarios de la Ungrd.
De acuerdo con esas versiones, habría intervenido en gestiones relacionadas con proyectos regionales durante el trámite de la reforma pensional. La defensa de la congresista, sin embargo, rechaza de plano esas acusaciones y sostiene que las pruebas citadas no guardan coherencia temporal con las decisiones legislativas.
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El pasado septiembre, el abogado de Bedoya aseguró que las conversaciones mencionadas por los testigos ocurrieron después de que la reforma ya había sido aprobada, por lo que niega que existiera un intercambio de favores. Además, anunció que no descartarían acudir a acciones legales por presuntos señalamientos falsos.
Tras la admisión de la demanda, los legisladores involucrados deberán responder en un plazo de cinco días a los cuestionamientos formulados por el Consejo de Estado. La decisión final podría desembocar en la salida definitiva del Congreso, una sanción conocida como “muerte política”.
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