La historia de María Enriqueta León representa a una gran cantidad de adultos mayores venezolanos que han visto forzados a dejar su patria por una crisis insostenible.
A sus 79 años, sola y con graves problemas de salud en una pierna, León emprendió un arduo viaje a Bogotá para reencontrarse con su única hija. La escasez de alimentos, la falta de servicios médicos y medicinas en Venezuela la hicieron dependiente y vulnerable.
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Antes de lograr su objetivo, intentó regularizar su situación de forma infructuosa: fue estafada dos veces al intentar obtener su pasaporte, la primera vez sin resultado y la segunda pagando en dólares para un trámite que también resultó un engaño.
En Colombia, sin embargo, su suerte cambió. No solo logró la reunificación familiar, sino que también ganó una batalla legal que no solo regularizó su estatus migratorio, sino que sentó un precedente crucial para otros migrantes.
La decisión histórica de la Corte Constitucional
El calvario legal de León culminó con una tutela que protegió sus derechos fundamentales. La Corte Constitucional colombiana falló a su favor tras constatar un error en el procedimiento: tanto Migración Colombia como la Cancillería le negaron el acceso al Estatuto de Protección Temporal (PPT) alegando que ya tenía en curso una solicitud de refugio, según informó El Espectador.
Este proceso se alargó por cuatro años y terminó en una respuesta negativa. El alto tribunal en su decisión no solo consideró su edad, sino también su grado de dependencia familiar y sus múltiples problemas de salud, que incluyen hipertensión arterial, tendinosas y dolor crónico en la ciática.
De hecho, León acudió a buscar ayuda cuando le negaron el refugio. Las autoridades colombianas respondieron que era una “migrante económica”, pese a la evidencia de que huía de una sistemática violación de derechos humanos. Este rechazo la dejó en la indefensión, con 30 días para abandonar el país.
Un precedente para los más vulnerables
La decisión judicial fue impulsada por una tutela de la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario.
Nicolás Barón González, coordinador de la entidad, explicó que tres criterios hicieron urgente su regularización: sus enfermedades, la unidad familiar y la suma de otras problemáticas, como el hecho de ser una mujer analfabeta.
El fallo abrió el camino para que otros migrantes en condiciones similares —quienes tengan el PPT negado por un trámite de refugio previo o que enfrenten múltiples vulnerabilidades— puedan regularizarse.
El caso de María Enriqueta evidenció las barreras que enfrentan los adultos mayores para migrar y la falta de claridad institucional en los procedimientos.
Migración de adultos mayores y la nueva tranquilidad
Aunque los datos son escasos, informes como “Recomenzar lejos de casa: la migración forzada de personas mayores venezolanas” (2023) indican que 71.492 venezolanos de 60 años o más se prerregistraron para el Estatuto Temporal de Protección en Colombia, lo que representa el 2,9 % del total.
Cifras de Chile también mostraron un aumento significativo de adultos mayores venezolanos migrantes en ese país. La victoria legal de León transformó su vida.
Pudo afiliarse a una EPS, acceder a servicios de salud de manera formal y, sobre todo, recuperar la tranquilidad al no vivir con el temor de una inminente deportación. Sin embargo, persiste una preocupación: el Estatuto de Protección Temporal da un permiso de permanencia de 10 años, que comenzó a regir en 2021.
Ahora, después de todo, a León le quedan seis años de protección, un periodo ajustado para iniciar los trámites de visado que le permitirían obtener una cédula de extranjería, mientras sigue estando separada de los suyos.
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