La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal contra la jueza Claribel Fernández Castillón por conceder libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el escándalo de Centros Poblados.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Fernández Castillón, por la decisión que tomó el pasado 11 de abril de concederle la libertad condicional al contratista Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
La investigación de la jurisdicción disciplinaria busca esclarecer la actuación de la funcionaria judicial, no solo por haber otorgado el beneficio al contratista, sino también por una presunta demora injustificada para tramitar el recurso de apelación que interpuso la Procuraduría General de la Nación en contra de esa medida.
El Ministerio Público apeló la determinación de la juez al considerar que no se cumplían los presupuestos legales para otorgar la libertad condicional. La Procuraduría fundamentó su recurso en varias normas, entre ellas el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, y el artículo 36 de la ley 190 de 1995, que exige que las entidades públicas perjudicadas en delitos contra la administración pública se constituyan como parte civil en el proceso penal.
El proceso disciplinario contra Fernández Castillón comenzó el 22 de abril de 2025, cuando la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para iniciar la actuación.
A principios de mayo se ordenó una indagación preliminar para recopilar pruebas y, finalmente, el pasado 17 de septiembre, con base en la información recaudada, el organismo disciplinario ordenó la apertura de la investigación formal para determinar si la juez incurrió en alguna falta disciplinaria.
Emilio Tapia fue condenado tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que lo señaló como el “cerebro” de la estructura que defraudó al Estado en el contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La maniobra delictiva consistió en la presentación de garantías bancarias falsas por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, lo que permitió el desembolso de un anticipo de 70 mil millones de pesos que nunca fueron recuperados.
El objetivo de dicho contrato era llevar conexión a internet a miles de escuelas en poblaciones vulnerables y zonas rurales del país.
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