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Estas son las pruebas de la Corte en el caso de Uribe

  • Hace una semana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia notificó al senador Álvaro Uribe Vélez sobre su medida de aseguramiento. FOTO Colprensa
    Hace una semana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia notificó al senador Álvaro Uribe Vélez sobre su medida de aseguramiento. FOTO Colprensa
Publicado el 11 de agosto de 2020

El expresidente Uribe tiene derecho a la defensa, la misma que podrá llevar en esta etapa de instrucción y, si fuera el caso, en el juicio que podría darse en la Sala Penal de la Corte. Detalles del auto de ese alto tribunal.

La determinación de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento en contra del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez está basada en el cumplimiento de los requisitos que para tal fin impone la Ley 600, entre ellos que exista la posibilidad de la comisión de los delitos imputados, en este caso soborno en la actuación penal y fraude procesal, pero para los magistrados va más allá.

“El examen probatorio deja expuesta con suficiencia su concurrencia, advertida como está la existencia de las conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”, se lee en el auto 52.240 al que tuvo acceso EL COLOMBIANO.

Y agrega que: “debe señalarse que el caudal probatorio arroja prueba directa de la participación del congresista. En concreto, por vía de los varios testimoniales que afirman y así se comprobó que la petición de retractarse, como en el caso de Juan Guillermo Monsalve o de extender declaraciones a su favor y de su hermano, que fue lo acaecido en el de Carlos Enrique Vélez, provino directamente del senador Álvaro Uribe Vélez; ello, además de que la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente, de su condición de determinador de las conductas punibles avistadas”.

Aquí encontrará una selección de los siete puntos más importantes del auto, especialmente en lo referido a los testigos que supuestamente fueron sobornados y los documentos que de forma ilícita habrían sido allegados a los expedientes, así como la participación del representante Álvaro Hernán Prada, quien es investigado en este mismo proceso.

Ayer, el abogado defensor del expresidente Uribe, Jaime Granados, radicó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que “se dejen de aplicar las normas que regulan la reserva sumarial y se haga público el expediente”.

Esto para facilitar “a los medios de comunicación y a la ciudadanía el acceder a la información de forma libre y completa, sin filtros ideológicos como ha venido sucediendo”.

Contexto de la Noticia

Juan Guillermo Monsalve, el testigo que nunca se retractó

Sobre las presuntas presiones que varios emisarios llevaron a cabo en contra del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, también conocido como “Villegas” o “Guacharaco”, versa casi todo el expediente. De las 1.554 páginas del auto, 903 están dedicadas a las interceptaciones, testimonios e interpretaciones de la Corte frente a este asunto, sin contar las dedicadas a la explicación que sobre ellas encuentran la defensa y la parte civil, en representación del senador Iván Cepeda. Juan Guillermo es hijo de Óscar Monsalve, quien fue el mayordomo de la Hacienda Guacharacas, de la familia Uribe Vélez, y en once oportunidades rindió testimonio ante la Fiscalía General de la Nación sobre la supuesta participación de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas, grupo que fue responsable de masacres en Santo Domingo y San Roque (Antioquia).

De acuerdo con el expediente, a través de once personas fue invitado, instado y presionado a reversar su testimonio y a decir que fue por cuenta del senador Iván Cepeda que lo dijo inicialmente. Los emisarios, entre los que se encuentran el representante a la cámara Álvaro Hernán Prada, el abogado Diego Cadena y otros reclusos de diferentes cárceles del país, le pidieron directamente o por intermedio de otros que grabara un video para la opinión pública y una carta que sería radicada a instancias de la Corte; pero nunca lo hizo, aunque la defensa de Uribe lo estuvo esperando hasta última hora, como consta en las pruebas recopiladas por la Sala Especial de Instrucción. En el expediente reposan los testimonios de varios de esos emisarios, las transcripciones de las conversaciones que con ellos tuvo a través de Whatsapp, en las que se observa cómo le ofrecían beneficios jurídicos a cambio de su retractación.

De otro lado, la Sala encontró que el testimonio de algunos familiares de Monsalve en su contra fueron obtenidos gracias a la presión indebida de amigos y cercanos del expresidente estaban ejerciendo.

Así mismo se constató un riesgo extraordinario para su seguridad, por lo que la Sala ordenó al Inpec garantizar su seguridad, ya que “podría ser objeto de abordaje a futuro por terceras personas o ser intimidados de alguna manera, en procura de que varíe o cambie su declaración”.

Carlos Enrique Vélez, el testigo que recibió dinero

Una carta llegó a la Corte Suprema de Justicia firmada por el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, quien aseguraba que el senador Iván Cepeda recorría las cárceles del país buscando testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe y de su hermano Santiago Uribe, y que él mismo recibió ofrecimientos económicos para hacerlo a través de Pablo Hernán Sierra, más conocido como el “Tuso Sierra”, y más tarde directamente por Cepeda. La carta en la que hacía esos señalamientos fue radicada por el abogado Diego Cadena, sin que obrara ningún poder como defensor de Uribe, para el caso que en la Corte Suprema de Justicia se surtía en contra de Cepeda por la denuncia radicada por el exmandatario. En las pruebas que obran en el expediente el abogado Cadena, a través de su socio Juan José Salazar, habría autorizado el pago de al menos 7 millones de pesos en diferentes giros a Vélez y su familia, a título de ayuda humanitaria, para la manutención temporal de un menor de edad enfermo, y viáticos para supuestamente adelantar gestiones que permitieran conseguir otros testimonios contra Cepeda en el mismo sentido, tal y como ocurrió con Eurídice Cortés Velasco “Diana”, Jhon Jaime Cárdenas “Fosforito” y Fauner Barahona Rodríguez “Racumin”.

Para la Sala Especial de Instrucción el dinero entregado a Vélez fue un soborno para garantizar su testimonio, tal como dan cuenta los testimonios de familiares y allegados de Vélez, quienes manifestaron que los recursos eran utilizados como estipendio a la colaboración que el recluso les estaba dando. No obstante, luego de recibir las dádivas se retractó de lo dicho contra Cepeda, y aseguró que mintió a cambio de dinero ofrecido por Cadena y Salazar.

La defensa del abogado Cadena argumenta que Vélez se retractó después de que Cadena se negara a pagar una extorsión de 200 millones de pesos, asunto que nunca fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Los testigos de la Cárcel de Cómbita

Según el auto, entre las “labores de verificación” que el senador Álvaro Uribe Vélez encomendó a Diego Cadena, se encuentran también las entrevistas y manuscritos que obtuvo de tres exparamilitares condenados y privados de su libertad en Combita, son ellos: Máximo Cuesta Valencia “Sinaí”, Elmo José Mármol Torregrosa “el Poli” y Giovanny Alberto Cadavid Zapata. “Sinaí” se encuentra condenado a 40 años de prisión por más de 12 procesos, por los delitos de desplazamiento forzado y desaparición. Según su testimonio, Iván Cepeda y la abogada Mercedes Ardila Arroyave fueron a solicitarle información sobre la masacre de Las Pavas y la relación que esta pudiera tener con el expresidente Uribe, quienes además le insistían que si les colaboraba le podían “ayudar a solucionar sus problemas, para salir de la cárcel lo más pronto posible”. Después Giovanny Cadavid Zapata, otro de los reclusos, le confirmó que le habían hecho el mismo ofrecimiento, aunque aclaró que no tiene conocimiento si alguno los aceptó. “Su respuesta (a Cepeda) fue indicarles que si bien conocía la hacienda las Pavas pues estuvo en esa zona en el 2000, no tenía conocimiento alguno de que hubiere sucedido una masacre o desplazamiento allí. Que no tenía nada contra el senador Uribe Vélez, solo sabía que era un político famoso en Colombia, pero nada más”.

“El Poli”, por su parte, declaró en el mismo sentido de “Sinaí”, sobre la consulta de Cepeda acerca de la participación de Uribe en la masacre de las “Pavas”, desplazamientos o encuentros con Carlos Castaño en el Papayal al sur de Bolívar, para la época en que el declarante había sido paramilitar. Afirmó que Cepeda y Ardila le “manifestaron que no tuviera temor de nada, que ellos podían otorgarle beneficios jurídicos, así como protección a él y su familia, traslado de cárcel, rebaja en su pena”, dice el auto. El testimonio de Cadavid es en el mismo sentido. Los tres manifestaron en el interrogatorio que no denunciaron los hechos y que solo cuando el abogado Cadena los contactó decidieron escribir a la Corte para contar lo ocurrido.

Pablo Hernán Sierra, un testigo contra los hermanos Uribe

Su nombre se hizo famoso por Iván Cepeda, quien en 2014 señaló en una plenaria del Senado que, según los testimonios de varios paramilitares, entre ellos Pablo Hernán Sierra, los hermanos Uribe Vélez eran fundadores, junto a otras familias ganaderas, del Bloque Metro de las Autodefensas. Ahí es cuando el expresidente Uribe radica una denuncia penal en contra de Cepeda, que termina en la apertura de esta investigación ordenada por el magistrado José Luis Barceló al concluir que no existían méritos para investigar a Cepeda y sí los había para hacerlo con Uribe. Sierra, quien responde a los alias de “Alberto Guerrero” o “Pipintá” era el encargado de la venta de combustible hurtado, para financiar el Bloque Metro. Su testimonio brinda elementos de tiempo, modo y lugar en el que los hermanos Uribe habrían participado de la conformación de esa estructura. La defensa del expresidente Uribe ha versado en demostrar que Sierra nunca hizo parte del Bloque Metro. De hecho, por eso, según consta en el expediente, acudió a testigos como Carlos Enrique Vélez para que desmintieran su versión de los hechos, aprovechando diferencias personales que había entre ambos. En su testimonio ante la Corte expresó que solo se ha entrevistado dos veces con Cepeda en la cárcel de Itagüí por petición propia invocando su entonces condición de representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Derechos Humanos. De esa reunión hay video de sus declaraciones y y se la entregó a la fiscal de la época Viviane Morales, con lo que empezó, en sus palabras, “todo este proceso”, tras el cual en 2012 es denunciado por Uribe por injuria y calumnia. “Puntualizó que para esa reunión y declaraciones que hizo el senador Cepeda no le hizo ninguna clase de ofrecimientos pues ni siquiera lo busco, la segunda reunión también fue en la cárcel de Itagüí y para hablar de los mismos temas. Luego de ello refiere que nunca se ha vuelto a entrevistar con Cepeda Castro”, se lee en el documento.

Harlintont Mosquera Hernández y el curioso encuentro con Uribe

Mosquera perteneció al Bloque Central Bolívar (Héroes de los Andaquíes) de las Autodefensas Unidas de Colombia, como encargado de la parte política, se desmovilizó en 2006. El 17 de abril de 2018 la defensa del expresidente Uribe envió un documento a la Corte en el que solicitaba que fuera oído el testimonio de Mosquera, quien supuestamente le había dicho al mismo Uribe en Pacho, Cundinamarca, que a él los señores Iván Velásquez (exmagistrado de la Corte Suprema) e Iván Cepeda le ofrecieron beneficios para acusarlo de ser paramilitar. En su declaración ante la Corte, señaló que le dijo al senador que él no era un testigo de oídas, sino que tenía conocimiento de los hechos presenciales, pero éste no le preguntó respecto de qué hechos hablaba, sino que lo que le refirió fue: “Yo puedo mandarte a alguien... de mi abogado para que hables con él y le comentes, claro no hay ningún problema yo hablo con él, de hecho no, no hay ningún problema”.

Después de dos citaciones ante la Corte aseguró que habló no más de tres minutos con Cepeda, y que “en 2010 cuando llego a la Corte a dar su declaración en los procesos del Caquetá la sorpresa más grande fue que el magistrado investigador de la parapolítica era el doctor Iván Velásquez quien le dijo que necesitaba que hablara en contra de Uribe Vélez y como le manifestó que no sabía nada absolutamente de ese tema, se puso bravo, le dijo ‘vea es que en la Corte hay un magistrado interesado en ese tema, Leonidas Bustos del que hablaban mucho, y lo puede ayudar a salir del país’”. Agrega el documento que “de manera incisiva la defensa del senador Uribe Vélez interrogó al testigo acerca de la precisa información que le dio al senador el día del encuentro y Mosquera, invariable y enfáticamente le respondió que en ningún momento le menciono los nombres de Cepeda y o de Velásquez”.

Hilda Jeaneth Niño Farfán, la exfiscal que declara a favor de Uribe

La abogada Niño Farfán fue fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación y actualmente está privada de la libertad, procesada por los delitos de cohecho, peculado por apropiación, peculado por uso, tráfico de influencias y fraude procesal. Se encuentra en un proceso de colaboración con la Fiscalía Primera delegada ante la Corte, en la cual se realizó el 30 de noviembre de 2017 una matriz que cubre 47 casos, dentro de los cuales, aseguró el abogado defensor de la testigo, se encontraba el tema del presunto complot que involucra al ex fiscal General Eduardo Montealegre y al vice fiscal Jorge Fernando Perdomo contra el senador Álvaro Uribe Vélez, pero para efectos de la aprobación de un principio de oportunidad pendiente desde el 1 de noviembre de 2018, solo se seleccionaron 10 casos entre los cuales no quedó este asunto.

La testigo, dijo a instancias de la Corte, empezó a hablar sobre los actos de corrupción de la Fiscalía desde septiembre de 2017 y no como se viene afirmando que solo lo hizo desde el mes de mayo, junio o noviembre de 2018, por motivación del expresidente Uribe, quien supuestamente la habría beneficiado con un traslado de centro penitenciario.

“Lo que sucede es que hay un interés de que no hable y ha sido por tanto una perseguida judicial”, dijo y agregó que “muy lindos vienen después a decir que todas estas tutelas y que todo lo que me han hecho a mí fue porque el señor Álvaro Uribe me pagó o me trasladó a mí de sitio de reclusión, perdóneme honorable magistrado, pero eso no fue así”.

La exfiscal aseguró que buscó a Uribe porque “tenía información sobre manipulación de testigos en el caso de él (Uribe) y de su hermano”, y ahí fue cuando Uribe envió al abogado Diego Cadena, con quien Niño ya había hablado en dos oportunidades sin siquiera saber que era abogado de Uribe.

El papel del representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga

El representante a la Cámara por el departamento de Huila comparte expediente con el expresidente y senador Álvaro Uribe, como investigado por el presunto delito de soborno en actuación penal, aunque en el auto de la Sala Especial de Instrucción no decidió sobre su situación jurídica ya que su participación se da como “presunto compromiso de responsabilidad penal en el grado de cómplice”, y agrega que “los hechos que son objeto de estudio, encuentra que estuvieron dirigidos a brindar una colaboración o una cooperación en la consolidación del objetivo delictual trazado por otro (Uribe)”. De acuerdo con el expediente, Prada intentó contactar a Juan Guillermo Monsalve, preso en La Picota, de parte del expresidente Uribe, para que grabara un video retractándose de las declaraciones que ha venido realizando en los procesos que se adelantan contra él y su hermano Santiago Uribe, a propósito de su supuesta participación y fundación del Bloque Metro de las autodefensas. Para lograrlo habría acudido a varios emisarios, entre ellos Carlos Eduardo López Callejas “Caliche”, Hernando Mauricio Marroquín y Rodrigo Vidal Perdomo, quienes le manifestaron a Monsalve, según dijo Monsalve mismo, que “si le podía dar la declaración de que yo me retractara y que le mandara un video, era desesperado que yo les mandara un video, y que con ese video se los mostraba y ellos firmaban un documento o lo que fuera, pero que en dos o tres meses estaba en libertad o que qué necesitaba”. Este testimonio fue corroborado por la Sala a través de chats entre Monsalve y los emisarios y el testimonio de la esposa de Monsalve, quien dijo tener pleno conocimiento de que un político del Huila estaba buscando un video y una carta con la retractación, pero que Monsalve nunca estuvo interesado en retractarse, porque sus afirmaciones fueron ciertas. Los emisarios dijeron ante la Corte que intentaron de muchas maneras persuadir a Monsalve, para que la opinión pública supiera que era Cepeda quien estaba yendo a las cárceles a buscar testimonios contra Uribe, pero que nunca fue posible, “no pudieron hacerle ese favor al doctor Prada ni al doctor Uribe”, “no hubo poder humano”, dijo Carlos Eduardo López alias Caliche a la corte, al igual que “como el doctor Prada era el representante del Uribismo aquí en Neiva, me dijo Carlos saquemos esa noticia y ¡caaallémosle la jeta a al Cepeda ese!, eeeso era lo que se quería con eso patrona, sacar una noticia desmintiendo todos los ofrecimientos que le había dicho y pues no sé por qué él, él, él, ‘Villegas’ (alias Monsalve) me dijo a mí, no marica yo no voy a volver..., yo no hablo más de eso”. El plan para lograr la retractación se habría realizado en tres reuniones que ocurrieron en diferentes lugares de Neiva. La intermediación de López Callejas concluye cuando entra en escena el abogado Diego Cadena, ya que sintió que quedó deslegitimado ante Monsalve porque ya tenía un interlocutor directo más cercano a Uribe.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.


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$2.994 millones de la paz están en riesgo

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Contexto de la Noticia

Los once puentes que van a medias en el caquetá

Ocho municipios del Caquetá siguen esperando once puentes y dos obras de drenaje o box coulvert, acordados entre la Gobernación y el Grupo Empresarial Líbano S.A.S. a través del contrato 320 de 2018, suscrito por 8.194 millones de pesos. El puente más avanzado de todos, a 25 de junio, era el de El Doncello, con un 62 % de progreso, seguido por el de Morelia, con 34 %, y después el de Florencia, con 3 %. Y, sobre las obras de drenaje, el avance era de 62 % y 86 %. Por el contrario, los puentes de La Montañita, Milán, Puerto Rico, San Vicente y Albania ni siquiera se habían comenzado. El encargado de la construcción recibió un adelanto por 2.347 millones de pesos a través de Fiduciara Bogotá S.A., aunque en el pliego de condiciones esto no estaba previsto, dice la Contraloría, pero con un otrosí durante el plazo de ejecución modificaron la forma de pago. A pesar de la existencia de un contrato de interventoría entre Invías y el Consorcio DICO-INCOL, el ente de control considera que el trabajo fue insuficiente. De hecho, encontró que en julio del año pasado el Departamento Nacional de Planeación cesó los giros de regalías al proyecto, justamente por los incumplimientos detectados.

La Gobernación argumentó que el proyecto fue presentado por el municipio de San José del Fragua, por lo que las deficiencias técnicas no son su responsabilidad y que la vigilancia sobre la ejecución correcta del contracto es de la interventoría. Por su parte, Invías defendió el trabajo del interventor señalando que cumplió con las funciones acordes a la ley y al mismo contrato. Para la Contraloría, “las entidades no desvirtúan la observación comunicada, por lo que se valida y confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $2.347.931.275”. Según el ente de control, por el valor de dicho adelanto existiría un presunto daño patrimonial.

La alerta por el freno a las mejoras viales de 11 municipios del tolima

El municipio de Ataco, Tolima, suscribió el contrato 218 del 6 de agosto de 2020 por 1.047 millones de pesos para mejorar sus vías terciarias en tres tramos distintos, con un periodo de seis meses de ejecución. Sin embargo, cuando solo faltaban veinte días para el plazo (10/2020-06/2021), el avance era de solo 8,9 %, y dos de los trabajos no habían comenzado. La Alcaldía municipal no le respondió las dudas en el plazo legal a la Contraloría y, cuando lo hizo –el 21 de agosto de 2021–, pidió una prórroga para hacerlo. Dijo que no lo cumplió por problemas en el software que le impidieron a sus funcionaros acceder a los correos enviados por la Contraloría. Sin embargo, como el cierre del análisis del ente de control era el 27 de ese mes, no le aceptaron la petición. Por eso, hay un hallazgo administrativo con presunta incidencia penal y disciplinaria.

Lo que pasó a revisión directa de la fiscalía general

De la actuación de la Contraloría, dos de los hallazgos de tipo presuntamente penal corresponden al municipio de Ataco: la etapa precontractual y contractual del contrato 218 de 2020 para la mejora de vías terciarias, por un valor de $1.047 millones . La alerta judicial es porque no se han terminado las obras y en dos casos ni siquiera han empezado. Y por el contrato de obra 649 de 2019, de $4.665 millones para otra obra vial de Ataco, el ente de control solicitó abrir una indagación preliminar para determinar un presunto detrimento patrimonial por demoras. Aunque el plazo de ejecución era de seis meses, pasados 420 días las obras solo estaban en un 31,11 %. La Contraloría también pidió investigar el contrato 320 de 2018, por el avance mínimo en la construcción de 11 puentes en 8 municipios de Caquetá por 8.149 millones. Todos suman 13.907 millones de pesos.

Listos 10 millones de dólares para apoyar a jóvenes en 2022

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Por Sebastián Ramírez Torres | Publicado hace 1 hora
Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

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¿qué sigue? reemplazo de los aviones kfir

El cambio de los aviones de combate Kfir es una tarea pendiente de la Fuerza Aérea, ya que la flota de supersónicos cumple su periodo de vida útil en 2023. Durante el evento Expodefensa, realizado esta semana, se presentaron algunas alternativas que serían tenidas en cuenta: Gripen E/F (Suecia), Rafale C/F3 (Francia) y el F-16 viper block 70 (EE.UU.)

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Comunicador y periodista de la Universidad del Valle, apasionado por las narrativas digitales, la innovación social y los enfoques de género.

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Daniela Osorio Zuluaga | Publicado el 02 de diciembre de 2021
Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

Notas de la sección