Desde inicios de su Gobierno, el presidente Gustavo Petro incluyó en su plantilla de funcionarios a varios de los que fueron compañeros suyos en la extinta guerrilla urbana conocida como M-19. Sin embargo, a pocos meses de dejar la Casa de Nariño, varios de ellos han tenido destinos desfavorables: dos fueron despedidos y uno está fugitivo. El resto siguen en el Estado, pero con grandes cuestionamientos.
Las entidades en las que se han concentrado tienen que ver con inteligencia estatal y seguridad. Fueron a parar fueron la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Consejería para la Paz, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), filiales de Ecopetrol y en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Pero, ¿quiénes son y qué pasó con cada uno de ellos?
Manuel Alberto Casanova Guzmán
Manuel Alberto Cassanova fue el primero en ser despedido del Gobierno de Gustavo Petro, quien en 2022 lo había nombrado como director de la DNI.
El ex M-19 fue destituido de su cargo tras ser señalado por, presuntamente, haber extorsionado al entonces canciller Álvaro Leyva con $30 millones de pesos. ¿Para qué? Leyva dijo que le prometieron información sensible sobre Thomas Greg and Sons.
Todo se dio justo en el momento en el que el problema con la elección de la empresa para fabricar los pasaportes colombianos estaba en su punto más álgido.
Otty Patiño
Otty Patiño tiene en sus manos uno de los problemas más grandes de la actualidad colombiana: la paz total. Las mesas de negociaciones de paz no ha dado los frutos que el Gobierno Nacional y el país esperaban. De hecho, para noviembre de 2025 solo tres mesas de diálogo quedaban en pie.
Recientemente, uno de los grupos que aún tiene un espacio en el proceso de paz son las disidencias de alias Calarcá. Sin embargo, ese grupo ha dado de qué hablar en mala manera. Tanto así que la fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que estaban estudiando la posibilidad de volver a emitir orden de captura contra Calarcá.
Entre los escándalos recientes se encuentran reportes por reclutamiento forzado, infiltración de la guerrilla en los grupos de Inteligencia colombianos y transporte de armas en carros del Estado. En medio de la lista (que podría ser más larga), ha reinado el silencio del Gobierno.
Algo similar ocurre con el Clan del Golfo, organización que, a pesar de estar en diálogos, registró un crecimiento del 140 %. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) calculó que la organización mencionada pasó de tener 4.099 integrantes en 2022 a un total de 9.840 miembros en diciembre de 2025.
Vera Grabe
Vera Grabe fue llamada por el Gobierno para que fungiera como negociadora con el ELN en el proceso de paz total. Pero no ha salido bien. En declaraciones recientes, Otty Patiño dijo que no se podía negociar con ellos, y el ELN añadió (en el marco de las elecciones legislativas de 2026).
“Ante el fracaso de la Paz Total y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del Papa León XIV señalando que la paz no se puede imponer por vías de la fuerza”, dijo el funcionario.
Además, este 26 de marzo de 2026, se conocieron detalles de cómo el ELN habría negociado armas con el régimen sirio de Bashar al-Asad mientras estaba en la mesa de negociación de la Paz Total.
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Aunque eso es lo más reciente, el expediente tampoco es favorable. Para septiembre de 2025, la mesa de negociación con el ELN estaba congelada. El grupo criminal pidió la reactivación de la misma y Grabe aseguró: “no es suficiente decir que quiere dialogar y volver sobre los acuerdos firmados en el 2023”, dijo en entrevista con La W.
Jorge Lemus
Este 1 de abril, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia formal a Jorge Lemus, actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en medio del escándalo por la supuesta infiltración de las disidencias de las Farc a las agencias de Inteligencia del Estado.
Su nombre comenzó a generar atención pública desde octubre, cuando se conocieron fragmentos del contenido de los dispositivos electrónicos incautados a Alexánder Díaz Mendoza, líder de una disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
Para ese entonces, Lemus dirigía la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y en los archivos decomisados aparecían supuestas menciones a uno de sus subordinados, Wilmar Mejía, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Estratégica.
Según las investigaciones judiciales, Mejía estaría bajo sospecha de haber filtrado información reservada a la organización de “Calarcá”. Sin embargo, él ha rechazado esas acusaciones desde el inicio y sostiene que se trataría de un montaje.
Finalmente, en las últimas horas se conoció la renuncia de Mejía, quien llegaría a reemplazar a Lemus, precisamente, en la UIAF.
Augusto Rodríguez
Augusto Rodríguez aún está en el Gobierno. Sin embargo, la polémica no se ha alejado de él en los últimos meses.
Recientemente, se conoció que la Fiscalía pidió retirar la imputación por presunto prevaricato por omisión en el marco de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, un caso marcado por los cuestionamientos al precario esquema de seguridad que tenía la víctima, pese a que en múltiples ocasiones había solicitado refuerzos.
Días después del atentado, Rodríguez aseguró: “Reconocemos que ese número de personas de protección no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial y que ha iniciado de manera personal su proselitismo aunque la campaña no se ha desatado oficialmente”.
Sin embargo, actualmente niega su responsabilidad directa en los hechos, y asegura que su orden de imputación fue una persecución política por parte del ministro de Justicia, Andrés Idárraga.
Carlos Ramón González
Carlos Ramón González, una de los presuntos responsables más grandes dentro del escándalo de corrupción de la Unidad para Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD), está prófugo. Sobre él reposan una orden de captura internacional y una circular roja de interpol.
El ex M-19 (quien antes ejercía como director del Dapre) es señalado por la Fiscalía colombiana como supuesto autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
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Los fiscales a cargo del caso son la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño y el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Sandoval. Según este último, Carlos Ramón González supuestamente se habría reunido con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño.
Allí, como director del Dapre, González le habría ordenado que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República.
Por el momento, González asiste a las audiencias de manera virtual mientras se encuentra protegido en Nicaragua bajo la figura de asilo político.
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