Hacia las 4:30 de este miércoles, la Fiscalía imputó a cuatro personas involucradas en el escándalo de Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, proceso que se inició tras la pérdida de $70.000 millones de anticipo.
Los judicializados son Luis Fernando Duque, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres. Todos ellos se asociaron para delinquir de forma consciente –según el ente acusador– con el contratista Emilio Tapia, quien no estuvo presente por fallas de conexión en la cárcel La Picota, de Bogotá.
En medio de la audiencia, la fiscal Andrea Muñoz les leyó a los señalados cada uno de los delitos que habrían cometido a la hora de desviar irregularmente la plata del anticipo que les entregó el Ministerio para conectar a Internet a escuelas rurales de 16 departamentos.
El cerebro de este plan sería Tapia, y desde él se dieron las movidas para que los otros actuaran a favor del negocio que si se hubiera terminado de ejecutar, les iría a dejar una tajada de $100.000 millones. Esa cifra la entregó Laverde en una intervención ante la Fiscalía el año pasado.
Esta vez, los delitos que les imputaron fueron enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación en favor de terceros (a Duque), y peculado por apropiación en favor propio (a Cáceres).
Ninguno de ellos aceptó tales cargos, y a la par se conoció que tanto Lascarro, Cáceres y Laverde se encuentran colaborando con la justicia. El abogado de este último, Hernán Miranda, le ha dicho en varias ocasiones a este diario que su cliente y él están a la espera de que la Fiscalía les conteste la colaboración a la que quieren llegar.
Eso mismo tiene pensado Emilio Tapia, quien también iba a ser imputado por los anteriores delitos. La mala conexión en La Picota no hizo posible dicha cita.
