La llegada de las instituciones estatales al departamento de La Guajira coincidió con una denuncia local sobre dos muertes de menores por enfermedades asociadas a la desnutrición. Según la líder indígena Tania Galván, el niño Elian Epinayú, de dos años, falleció porque sus familiares no tenían con qué alimentarlo. Algo similar sucedió con Ángela María Epieyu, de un año, quien murió en la comunidad Compamana, según Blu Radio.
Con estas dos muertes se completarían nueve en La Guajira, según denuncias de la comunidad wayúu que fueron confirmadas por la Defensoría del Pueblo. Alfonso Cajiao, defensor encargado, recorre el departamento para reportar un balance sobre la situación de los menores.
Ante la incertidumbre de lo que está sucediendo en municipios como Manaure y Uribia, la Procuraduría instaló un Consejo de Política Social en el municipio de Riohacha con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Dentro de los avances que ha mostrado el Icbf en La Guajira está un estudio de microfocalización que señala que en Uribia, Manaure y Maicao hay 897 niños y niñas que están en situación delicada de desnutrición. En total son 15.345 los menores de cinco años que habitan esta zona, por naturaleza árida y hoy golpeada por el fenómeno de El Niño.
Los estudios, según la Procuraduría General, no son suficientes. Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para los derechos de la infancia, dijo que el problema de desnutrición no solo ha afectado a los niños sino que “también se están muriendo las madres gestantes en La Guajira”.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció que se están tramitando 11 procesos disciplinarios por “las responsabilidades públicas en materia de muertes por desnutrición. Hay una gran debilidad institucional que ha permitido que esto avance de manera reiterada”.
Según el organismos disciplinario, en La Guajira “es evidente la debilidad en la planeación territorial. No se evidencia la priorización de la población indígena, no hay comprensión de los enfoques diferencial, de género, territorial y de derechos. Son mínimas las intervenciones dirigidas al área rural”.
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