Aunque Saab defendió la transparencia y el alcance técnico del contrato con Colombia, múltiples vacíos y comparaciones internacionales reavivan las dudas sobre costos, capacidades operativas y la verdadera competencia que tuvo la oferta sueca.
El extenso comunicado emitido por la fabricante sueca Saab, a propósito de la polémica compra de 17 aeronaves Gripen por parte del Gobierno colombiano, buscó transmitir transparencia, solidez técnica y rigor financiero.
Sin embargo, en varios de sus puntos centrales, el documento abre más interrogantes de los que resuelve.
La compañía insiste en que todo el proceso fue “transparente y ético”, que no hubo intermediarios y que la negociación se hizo bajo los estándares de Suecia.
No obstante, la decisión del Ministerio de Defensa de mantener en reserva el contrato —pese a tratarse de la inversión militar más costosa en lo que va del siglo— ha incrementado la suspicacia pública y llevó a la Contraloría a abrir vigilancia preventiva y a exigir los detalles del negocio al ministro (r) Pedro Sánchez.
Así mismo, la empresa Saab tampoco ha publicado información detallada sobre el proceso: lo único que conoce la ciudadanía son comunicados escuetos.
Saab asegura que las ofertas entre países “no son comparables”. Pero los datos conocidos muestran que sí existe un patrón comparable: el precio por aeronave.
Colombia pagó alrededor de 1,02 billones de pesos por cada Gripen, mientras que Tailandia —tres meses antes— adquirió un paquete similar por un 55 % menos. La empresa no explica por qué la diferencia es tan amplia, considerando que ambos acuerdos incluían soporte, entrenamiento y componentes técnicos.
La ambigüedad del comunicado choca con lo revelado por fuentes oficiales: el paquete sueco costó 16,5 billones de pesos, casi un billón más que la oferta estadounidense por los F-16 Block 70, aeronaves nuevas, ensambladas desde cero, y con mayor historial operativo.
Saab afirma que Colombia “adquiere una capacidad integral y nueva”. Pero el contraste con la información conocida sobre la propuesta de Estados Unidos revela inconsistencias significativas en el discurso del Gobierno colombiano.
El presidente Gustavo Petro ha repetido que no existió una oferta formal de F-16 y que lo que se puso sobre la mesa fueron “aviones de segunda mano”.
Documentos oficiales contradicen esa versión: la propuesta enviada en noviembre de 2022 —según conoció este diario— incluía 12 F-16C y 4 F-16D Block 70, todos nuevos. Además, tenía vigencia hasta julio de 2024, en pleno mandato de Joe Biden, y ofrecía un paquete integral de modernización, sistemas de entrenamiento y soporte técnico.
El comunicado de Saab no aborda ninguno de estos elementos, aunque sí insiste en que la selección respondió a criterios de “superioridad aérea” y eficiencia.
Otro de los puntos que refuerza el debate es el estado de desarrollo de los Gripen adquiridos.
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Saab afirma que Colombia obtendrá sistemas de “vanguardia”, pero analistas como Erich Saumeth, en conversación con EL COLOMBIANO, advirtieron que las aeronaves aún no cuentan con doctrina operacional completa: no están habilitadas para disparos aire-aire de manera plena y la doctrina para ataques aire-tierra apenas se desarrollará a partir de 2027.
La inversión de esta magnitud —la más alta en defensa en décadas— contrasta con la realidad técnica: una plataforma que aún está en evolución y que exige años de adaptación para alcanzar capacidades que otros modelos, como el F-16, ya tienen probadas en combate en múltiples fuerzas aéreas del mundo.
La declaración de Saab insiste en “tolerancia cero a la corrupción”. Sin embargo, el principal vacío sigue intacto: el contrato no es público.
Sin acceso al detalle financiero, técnico y operativo del negocio, la ciudadanía depende únicamente de comunicados y declaraciones que se contradicen entre sí y que, hasta ahora, no logran aclarar las dudas sobre el proceso.
Por ahora, la Contraloría y otros entes de control avanzan en la revisión de las ofertas alternativas.
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