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Los raros gastos de los fondos de las contralorías

  • Desde la Contraloría General de la República se viene promoviendo la reforma al sistema de control fiscal en el país. FOTO Colprensa.
    Desde la Contraloría General de la República se viene promoviendo la reforma al sistema de control fiscal en el país. FOTO Colprensa.
Por Sergio Andrés Correa | Publicado el 19 de junio de 2019
en definitiva

Aunque la Auditoría General de la República recomienda liquidar los fondos de bienestar de las contralorías, dichos entes defienden el modelo y aseguran que el presupuesto está bien invertido.

El viaje de integración a Santa Marta, por el que en 2017 el Fondo de Bienestar de la Contraloría de Putumayo pagó $18 millones con dinero de todos los colombianos, no acabó con el estrés de sus funcionarios. O por lo menos así parece, porque tiempo después, la misma entidad invirtió cerca de $7 millones en masajes relajantes.

Por casos como este, la lupa está puesta otra vez en los recursos que administran las contralorías en el país, que son las encargadas de vigilar el manejo que de los recursos públicos hagan las entidades del Estado o terceros, al punto que desde el Ejecutivo se incluyó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que busca reformar todo el sistema de control fiscal.

Un informe emitido a finales de abril por la Auditoría General de la República cuestiona los gastos ordenados por los fondos de bienestar social para sus funcionarios (ver recuadro). El documento técnico, que tiene por finalidad hacer recomendaciones, revela que 6 de los 30 fondos constituidos en el país gastaron, entre 2017 y 2018, un monto aproximado de $1.960 millones de pesos en productos y servicios no relacionados con su objetivo misional de capacitar a los trabajadores de las contralorías y mejorar su calidad de vida (ver infografía).

Ese detalle es crucial, pues aunque muchos de los fondos están constituidos como entidades con autonomía administrativa y su propia personería jurídica, es decir, son entidades aparte de su respectiva contraloría, de acuerdo con la estructura general del Estado su esquema de contratación debe respetar los parámetros estipulados en la Ley 80 de 1993, es decir, los que aplican a cualquier entidad pública.

Sin embargo, alertó la Auditoría, “existe toda una gama de gastos que se hacen a través del presupuesto de los fondos, que tienen poca o ninguna relación con su objetivo de velar por el bienestar laboral. Por el contrario, esos dineros se usan para sufragar gastos propios de las contralorías. Esto ocurre, no en pocas oportunidades, para posiblemente desatender los principios de la contratación pública”. Por ejemplo, hacer contratación directa en casos en que debería abrirse licitación.

Independencia, en duda

El informe cuestiona la independencia con la que los funcionarios de las contralorías territoriales hacen vigilancia y control fiscal a los contratos que celebran los fondos de bienestar a los que están afiliadas.

En el caso del Atlántico, llama la atención el alto número de contratos suscritos de manera directa y los montos comprometidos. Por ejemplo, en el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría del Atlántico, se suscribieron entre 2017 y 2018 11 contratos por valor de $2.013 millones de pesos y en solo tres de ellos, se comprometió el 90,87 % del total de recursos asignados para ambas vigencias.

El primero, se suscribió en 2017 con la Fundación Observatorio de la Calidad de Vida, para prestar servicios profesionales en el proceso de fortalecimiento de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata). Por ese concepto, se pagaron $1.o63 millones de pesos.

El segundo, también de 2017, es un contrato con la Corporación Ceifit, para brindar capacitación a agentes intersectoriales en mecanismos de participación ciudadana, vigilancia fiscal y defensa de los Derechos Humanos. El valor fue de $571 millones de pesos.

Y el tercero, ya en 2018, se trata de un contrato con la Fundación Social Salvando Vidas (Funsavid), para el fortalecimiento del sector turístico del Atlántico bajo el enfoque de la economía naranja, por valor de $114.093 millones de pesos, que se ejecutaron en tan solo 20 días.

Según explicó la Auditoría, “en estos casos podría estarse dando una verdadera tercerización en la contratación pública, pues los tres obedecen a la suscripción de contratos interadministrativos celebrados entre el Fondo de Bienestar Social del Atlántico, la Gobernación, las secretarías de Desarrollo Económico y del Interior, con objetos contractuales idénticos a los que el Fondo suscribió con la corporación y las fundaciones anteriormente señaladas”.

Los ojos también están puestos en los dineros ejecutados en los fondos de La Guajira, Montería, Norte de Santander, Boyacá y Putumayo, también suscribieron contratos con objetos desfasados de la destinación que deberían tener dichos recursos (ver infografía).

Cada uno con su motivo

Otro de los fondos cuestionados en el informe de la Auditoría, es el de la Contraloría de Norte de Santander, pues buena parte (36 %) del presupuesto asignado para gastos en el bienestar de los empleados, se destinó a la compra de tintas, resmas de papel y otros insumos de oficina.

Sobre estos gastos en particular, el director del Fondo, Héctor Yovanny Alba, manifestó a EL COLOMBIANO que lo único que su dependencia ha hecho es “cumplir con el apoyo para el buen desempeño de los funcionarios”.

Según Alba, la Contraloría ha tenido que echar mano del presupuesto asignado al Fondo porque esa entidad “ha pasado por una difícil situación, nosotros dependemos del recaudo del Departamento, de los ingresos y por estar en una zona fronteriza, el contrabando nos azota mucho en el tema de la gasolina, la cerveza, los licores, las carnes”.

El director del Fondo calificó el manejo que se viene haciendo de los recursos públicos como “muy responsable” y destacó el plan de auxilios que ha beneficiado a los trabajadores de la Contraloría, subsidiándoles, por ejemplo, el costo de matrícula en universidades y otras instituciones de capacitación.

Y aunque la auditoría recomendó liquidar los fondos de bienestar, Alba se mostró en desacuerdo y señaló que cuando sea necesario “vamos a sustentar todo esto jurídicamente y demostrar que tenemos fundamento legal”.

De otro lado, sobre los contratos directos ejecutados en las vigencias 2017 y 2018, el Fondo de Bienestar de la Contraloría del Atlántico explicó que el caso de esa dependencia es muy particular, pues la Asamblea departamental, desde 2004, le ordenó crear una escuela de capacitación anexa.

“Dicha escuela tiene dos objetivos misionales: el primero, hacer capacitaciones y el segundo, desarrollar actividades de asesoría a las instituciones públicas e inclusive a personas de derecho privado”, señaló el Fondo.

De ahí, indicó la dependencia, que aún cuando la Auditoría haya manifestado que algunos fondos no están ejecutando sus recursos de acuerdo con la misión que les corresponde, “en el caso del Atlántico, se ejecutan unas actividades distintas porque las desarrolla la Escuela de Capacitación anexa al Fondo de Bienestar”.

La entidad confirmó que estudia la manera de “no entrar en en choque con la posición que ha adoptado la Auditoría”, pero indicó que los primeros perjudicados serán los funcionarios de la Contraloría, “porque sus salarios son bastante bajos, entonces a través del fondo se busca ayudarles en algunas necesidades”.

Alertas y reformas

El debate sobre el manejo de dineros en las contralorías del país no es nuevo. De hecho, esos organismos, encargados de ejercer control sobre el uso de recursos públicos, han sido fuertemente cuestionados por los hechos de corrupción que en varios de ellos se han cometido, como ocurrió en la Contraloría de Bogotá cuando en 2007, el contralor Óscar González fue destituido por la Procuraduría al confirmar que él y su esposa tuvieron un incremento patrimonial injustificado durante los dos primeros años de su gestión.

Su reemplazo, Miguel Ángel Moralesrussi, que permaneció en el cargo hasta 2011, fue condenado por el Carrusel de la Contratación, pues se comprobó que pedía sobornos para no investigar determinados contratos irregulares.

Un proyecto de investigación de la Universidad Externado, titulado “¿Por qué la presencia de las contralorías no disminuye la corrupción en Colombia? Análisis desde la perspectiva de un modelo de agencia”, cuyos resultados fueron presentados en abril del año pasado, llegó incluso a concluir que “es tal el nivel de la corrupción en estas entidades, que debe hacerse ‘borrón y cuenta nueva’ para establecer un modelo que funcione”.

Uno de los puntos álgidos es el modelo de elección de los contralores territoriales, quienes tienen la tarea de controlar la correcta destinación de los recursos públicos. La ley dispone que sean los concejos municipales y asambleas departamentales los organismos encargados de elegir a dichos funcionarios por medio de convocatoria pública. Eso les da a alcaldes y gobernadores, sobre quienes recaerá la auditoría del contralor, un amplio margen de maniobra para influir en la elección, pues cuentan en esas corporaciones con aliados políticos.

Así las cosas, varias voces se han levantado para proponer reformas al control fiscal en el país. Por ejemplo, el artículo 322 del Plan Nacional de Desarrollo le otorga facultades especiales al presidente Iván Duque, para no solo reestructurar la Contraloría General de la República, sino crear nuevas dependencias o modificar las funciones de las ya existentes.

Por su parte, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, presentó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo, que fue aprobado en tercer debate el 23 de mayo y que busca desarrollar un modelo preventivo en inversiones públicas de grandes montos, y ha sostenido además que el sistema necesita “más y mejores profesionales, y más tecnología” para que el modelo sea efectivo .

Contexto de la Noticia

¿CÓMO FUNCIONA? La extraña mezcla de los fondos de bienestar

La Ley 106 de 1993 creó el primer fondo de Bienestar, adscrito a la Contraloría General de la República, y lo dotó de personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio. Para el caso de las contralorías territoriales, son los concejos municipales y las asambleas departamentales las corporaciones encargadas de crear los respectivos fondos. Pero no en todos los casos se le ha dado a estas entidades su propia personería jurídica sino que varias de ellas actúan como cuentas para administrar el presupuesto asignado a las contralorías en los renglones de bienestar y capacitación. Incluso, muchos de los fondos tienen en su patrimonio aportes de particulares.

Informe Allanamientos en antioquia

· El pasado 14 de mayo, funcionarios del CTI allanaron la sede de la Contraloría Departamental de Antioquia e incautaron contratos, hojas de vida, documentos y computadores, entre otros, a raíz de una investigación que actualmente adelanta el ente acusador por presuntos actos de corrupción. En la misma jornada se hicieron diligencias similares en las alcaldías de La Estrella y Copacabana. El contralor, Rubén Naranjo, confirmó que el operativo se hizo por denuncias de ciudadanos que consideran que en la entidad se cometen actos ilícitos.

Sergio Andrés Correa

Tengo la maleta siempre hecha y mi brújula, que por lo general apunta al sur, me trajo al periodismo para aclarar mi voz. Busco la pluralidad y no le temo a la diferencia.

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