Todavía no se ha instalado formalmente la mesa de “paz total” con los excomandantes paramilitares, en su segundo intento por parte de la Casa de Nariño, y el proceso ya está levantando polémicas por la supuesta manipulación política que le haría el Gobierno en época electoral.
Quien le puso el picante político al asunto fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de asistir a una reunión con representantes de los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su despacho, este miércoles.
“Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia y sobretodo a la verdadera clase política que estuvo en el establecimiento con ellos, que además es cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento”, manifestó en una rueda de prensa posterior.
Y añadió: “Varios de esos actores políticos (que en el pasado de beneficiaron de las AUC) hoy son candidatos, ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad, o sustentándose en lo que se debe hacer”.
La mesa de paz con los exparamilitares, cuya promesa era darle un cierre a los procesos de verdad, justicia y reparación expuestos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, estaba suspendida desde el pasado mes de junio.
En ese entonces, los antiguos jefes de las AUC renunciaron a su condición de gestores de paz, alegando en una carta que la razón eran los pocos avances en las conversaciones con el Gobierno, y criticaron severamente al consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, por su aparente falta de compromiso.
Sin embargo, Gustavo Petro decidió revivir la mesa en plena carrera electoral por la presidencia de 2026, mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.
Allí volvió a concederles el estatus de gestores de paz a 16 excomandantes: Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), Salvatore Mancuso, Arnubio Triana Mahecha (“Botalón”), Carlos Mario Jiménez (“Macaco”), José Baldomero Linares Moreno, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), Rodrigo Pérez Alzate, Edwar Cobos Tellez, Juan Francisco Prada Márquez, Héctor Germán Buitrago Parada, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Manuel de Jesús Pirabán y Ramiro Vanoy Murillo (“Cuco”).
A diferencia del primer intento fallido, esta vez a la cabeza de las conversaciones no está Otty Patiño, sino el ministro Benedetti, quien por sus funciones tiene una mayor injerencia en política que el anterior.
Además, el presidente Petro incluyó esa vez un Comité Técnico que revisará los avances de los diálogos, que tendrá representantes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y será liderado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), Angie Rodríguez.
Las implicaciones jurídicas de la “nueva verdad”
EL COLOMBIANO conversó sobre este tema con fuentes cercanas al proceso de Justicia y Paz, el marco jurídico diseñado en 2006 para darle el tratamiento de justicia transicional a los desmovilizados de las AUC.
Bajo reserva de identidad, señalaron que la supuesta verdad que dirían los exparamilitares en la mesa con Gustavo Petro tendría graves implicaciones legales, más allá de su contenido.
“Eso implica que durante los 19 años de vigencia de la ley de Justicia y Paz no contaron toda la verdad, que era uno de los requisitos para recibir las rebajas de pena (8 años de prisión). Eso quiere decir que mintieron y, en consecuencia, tendrían que perder ese beneficio y volver a la cárcel a pagar las sentencias que tenían en la justicia ordinaria”, narró una de las fuentes.
Otra de las paradojas jurídicas es que el Congreso no ha aprobado un marco de ley para las mesas de diálogos de la “paz total”, por lo que no es claro de qué manera se investigarían y procesarían los hechos que relaten los excomandantes: ¿bajo la jurisdicción ordinaria o la justicia transicional?
Algunos de ellos, como “Macaco” y “Jorge 40”, tienen además la condición de haber sido expulsados de Justicia y Paz por no haber cumplido con el requisito de verdad y delitos posteriores a la reinserción. “¿Entonces qué valor puede tener su verdad ahora? ¿Será que ya se acordaron de cosas que antes no confesaron en las audiencias?”, se preguntó otra fuente.
EL COLOMBIANO también consultó al abogado Michel Pineda, quien representa en este proceso a dos excomandantes paramilitares: Diego Murillo (“don Berna”) y Ramiro Vanoy (“Cuco”).
Ante la pregunta de si esta reactivación de la mesa obedecía a intereses político-electorales del Gobierno, afirmó: “Yo soy optimista, espero que se den avances positivos en favor de la paz”.
Desde su perspectiva, la ley de Justicia y Paz “estaba pensada para que durara 8 años, pero ya lleva 19 y no ha producido todas las sentencias. Es necesario que haya un cierre, porque la justicia transicional no puede ser eterna”.
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