La Fiscalía abrió una indagación contra el cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito en medio de la investigación por la rumba en la cárcel de Itagüí.
De manera paralela, el ente acusador inició otra investigación por prevaricato por omisión y emitió órdenes de policía judicial, según informó 6AMW.
Caracol Radio dio a conocer que la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado le compulsó copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para que investigue a Velásquez.
En el marco de este caso, las autoridades ya emitieron órdenes de policía judicial y realizaron diversas inspecciones, con el fin de recolectar elementos materiales probatorios que permitan establecer si existen fundamentos para abrir una investigación formal.
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En paralelo, también abrió una investigación por prevaricato por omisión contra los funcionarios que habrían permitido el ingreso irregular del cantante y su equipo al centro penitenciario.
La principal hipótesis de las autoridades apunta a que los recursos utilizados para pagar el show podrían provenir de actividades ilícitas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Los hechos se remontan al pasado 8 de abril, cuando se llevó a cabo la fiesta en uno de los pabellones de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde permanecen recluidos reconocidos jefes criminales como alias Douglas, ‘Vallejo’, ‘Tom’ y ‘Carlos Pesebre’, algunos de ellos vinculados a los procesos de diálogo en el marco de la política de “paz total”.
Según fuentes, la celebración habría tenido como propósito conmemorar el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, alias ‘Pocho’, así como la posible salida de prisión de Sebastián Murillo, alias Lindolfo.
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Imágenes conocidas públicamente evidencian cómo el cantante ingresó al penal junto a su equipo para ofrecer un concierto, en medio de una fiesta en la que también hubo consumo de licor, incluyendo whisky, aguardiente, tequila y vino, elementos prohibidos dentro de estos establecimientos.
La investigación de la Fiscalía se desarrolla en dos frentes. Por un lado, busca establecer la responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que habrían facilitado el ingreso de los artistas.
Por otro, indaga el origen de los recursos que financiaron el evento. Como parte de las acciones, agentes judiciales realizaron una inspección en el centro carcelario para recolectar pruebas.
Además, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ordenó el traslado de varios de los capos involucrados a cárceles en Bogotá.
En paralelo, el Inpec expidió la Resolución 2627 del 10 de abril, mediante la cual separó temporalmente de sus cargos a 11 funcionarios mientras avanzan las investigaciones sobre este nuevo escándalo en el sistema penitenciario colombiano.
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Entre los apartados se encuentra Fredy Antonio Ciprián Díaz, quien estaba encargado del control interno del penal ante la ausencia del director Édgar Iván Pérez Ortega. Como medida provisional, fue designado Guillermo Andrés González Andrade.
Como reacción posterior a los hechos, el Inpec decomisó en esa prisión antioqueña tres celulares, un módem Wi-Fi, tres accesorios para celular, un dispositivo de manos libres, un computador portátil, una tablet y una consola de videojuegos PlayStation 5 con seis controles.
También fueron incautados 1.500 gramos de sustancias psicoactivas, cuyo ingreso y posesión están prohibidos dentro de los centros penitenciarios.
En cuanto a bebidas alcohólicas, las autoridades decomisaron aguardiente, champaña y Smirnoff. El operativo dejó además al descubierto una gran cantidad de electrodomésticos y equipos eléctricos no autorizados.
Entre ellos estaban 62 neveras, siete televisores, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras y eléctricas, 26 ollas eléctricas, un microondas, un horno tostador, una lavadora, cinco licuadoras, dos sanducheras, dos aires acondicionados y 11 ventiladores.
Igualmente, se incautaron elementos destinados a la preparación de alimentos, como siete barriles ahumadores y asadores, además de una olla a presión.
Mesa de paz urbana, suspendida
El Gobierno Nacional decidió suspender la mesa de diálogo sociojurídico con estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.
A través de su cuenta en X, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció que el proceso quedará congelado hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos en la cárcel de Itagüí.
Este nuevo episodio se suma a controversias recientes como el ‘tarimazo’ en La Alpujarra y la suspensión —luego parcialmente revocada— de órdenes de captura contra varios capos, lo que incrementa la presión sobre el sistema penitenciario y las políticas de negociación con estructuras criminales.
”No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos”
Álex Eduardo Díaz, mánager del cantante, habló con La FM y El Tiempo sobre el motivo por el cual Nelson Velásquez terminó cantando en el centro penitenciario.
“No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel”, afirmó Díaz a uno de los medios mencionados y agregó que ellos no son “investigadores”.
Respecto al pago, el equipo del artista respondió que ya han tenido relación con el intermediario. “Es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos. No era ningún preso”, dijo el mánager.
Desde el círculo cercano a Nelson Velásquez aclararon ante el medio radial que el cantante “se presenta donde es contratado” y que no tiene relación directa con cabecillas o integrantes de las organizaciones criminales del Valle de Aburrá.
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Bloque de preguntas y respuesta:
- ¿Por qué investigan a Nelson Velásquez?
- Por su presentación en una fiesta dentro de la cárcel de Itagüí, donde se indaga si recibió pagos provenientes de actividades ilícitas.
- ¿Qué irregularidades hubo en la cárcel de Itagüí?
- Se detectó ingreso de licor, dispositivos electrónicos y presencia de artistas en un evento no autorizado dentro del penal.
- ¿Quiénes más están siendo investigados por la fiesta de Nelson Velásquez?
- Funcionarios del Inpec por posible omisión en controles y autorización irregular del ingreso al centro penitenciario.
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