Olmedo López pagaría una pena de seis años y dos meses en prisión por su aparente responsabilidad en el desfalco corrupto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esa fue la propuesta que salió de las negociaciones entre el acusado y la Fiscalía: resta el aval de un juez.
López fungió como director de la UNGRD cuando desde allí se direccionaron contratos para, presuntamente, pagar millonarios sobornos a congresistas a cambio de mover la agenda legislativa del Gobierno.
Lea más: La historia de la pelea en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por el caso UNGRD
El exdirectivo ya aceptó su responsabilidad en tres delitos y se comprometió a devolver 724 millones de pesos, monto que, según la Fiscalía, habría terminado en los bolsillos de López como paga por su participación en el entramado de corrupción.
José Luis Moreno, abogado defensor del exfuncionario, confirmó a este diario que el dinero ya fue reintegrado en su totalidad, a través de cuatro consignaciones, razón por la cual confían en que el juzgado avale el acuerdo judicial alcanzado.
Entérese: Expediente de la Corte contra Name y Calle daría la estocada final a la reforma pensional
A Olmedo López también se le impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas.
“La Fiscalía otorga el descuento del 40% de la pena en consideración a la calidad de información y su eficacia brindada por el imputado, a efectos de continuar con el esclarecimiento de los hechos y lograr las declaraciones de responsabilidad penal de otros actores en la investigación”, afirmó la Fiscalía.
El testimonio de López ha sido determinante para que la Fiscalía avance en los procesos contra otros implicados, como la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, salpicada también en el entramado de corrupción.
Siga leyendo: “Usted tiene derecho a mentir”: la inusual declaración del magistrado de la Corte en pleno interrogatorio a Sandra Ortiz
El escándalo ya cobró peso político: los expresidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), fueron enviados a prisión por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de la UNGRD a cambio de respaldar las reformas del gobierno en el Legislativo. En concreto, las reformas de salud y pensional del actual Gobierno.