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Los crímenes que provocaron que la JEP pidiera protección a un pueblo indígena
La muerte de un exguerrillero que solicitaba amnistía destapó una crítica situación en Puerto Leguízamo (Putumayo), por minas y grupos armados.
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Foto: Cortesía Comisión de la Verdad.
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hectáreas de coca hay sembradas en Putumayo, según Unodc (2020).
Dice la leyenda que el pueblo Muina Murui, el de “los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce”, surgió de tres hombres nacidos del barro, por obra del creador. Apenas tuvieron consciencia, se lavaron el pantano en un pozo de agua y la primera comida que probaron fue la carne de una enorme boa.
Hoy, otra serpiente rodea a esa comunidad del sur de Colombia, no con ánimo de alimentarla, sino de sofocarla; no se arrastra por la selva, irrumpe en ella con motos y camionetas; y no sisea, su vocablo son las balas que truenan en la noche de Putumayo.
El destino de los Muina Murui volvió a la memoria del país, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitiera una resolución el pasado 10 de mayo, en la que le pidió al Estado que actuara para librar a esta población de la amenaza del crimen.
El pueblo está ubicado en el municipio de Puerto Leguízamo y pertenece al resguardo del Alto Predio Putumayo. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), también les llaman huitotos, y sus descendientes están repartidos en Amazonas, Caquetá y Putumayo. Los Muina Murui son cerca de 6.500 personas, y en Puerto Leguízamo rondan las mil, que sobreviven de la pesca, la caza y la agricultura.
En este municipio ocupan varias veredas, siendo las más habitadas por ellos Guaquirá, Aguas Negras, El Hacha, Las Delicias, Nasaya, Santa Elena, El Refugio y Yarinal (mapa).
La JEP puso la lupa en ellos cuando su Unidad de Investigación y Acusación (UIA) quiso averiguar datos en Guaquirá, y no pudo. El obstáculo fue que “la comunidad está confinada, su territorio ha sido minado y la señal de internet y teléfono están afectadas y no ha sido posible comunicación, todo esto por el accionar de grupos armados ilegales”, consignó en su reporte del 23 de abril de 2021 el investigador Agustín Jiménez, del Grupo de Enfoque Étnico de la UIA.
El origen del caso
Esta historia comienza con un hecho atroz, narrado en documentos de la JEP, obtenidos por EL COLOMBIANO.
El 30 de mayo/14, cuando en La Habana se discutía el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, un pelotón del Batallón de Selva N°50 fue emboscado en Amazonas. Un explosivo detonó a su paso y los heridos fueron rematados con ráfagas de fusil.
Según el expediente de la Fiscalía 3° Especializada contra el Terrorismo, murieron cuatro militares. El crimen fue doblemente lesivo: no solo les arrebató la vida a esas personas, sino que sucedió en el corregimiento La Chorrera, suelo sagrado de los Muina Murui, donde en el origen de su civilización surgieron del barro los tres primeros hombres.
Las autoridades atribuyeron el ataque al frente 63 de las Farc, y el 6 de diciembre/15 capturaron en Solano, Caquetá, a uno de los sospechosos: Aquilino González Andoque, “Patico”, de 28 años.
La Fiscalía lo acusó por homicidio, terrorismo, tráfico de armas, hurto y rebelión, pero cuando se selló la paz en Cuba, González firmó el acta de compromiso para el desarme y le pidió amnistía a la JEP.
El Tribunal se la concedió por rebelión y tráfico de armas, y se llevó el expediente para analizar los otros delitos. “Patico” obtuvo su libertad.
Su suerte cambió el 20 de octubre del año pasado, en un paraje de Guaquirá. Según la Personería de Solano, fue asesinado por “el Costeño”, miembro de una disidencia de las Farc, al parecer por un malentendido “por un teléfono que se presumió que era satelital”, según los documentos.
La resolución de la Sala de Amnistía de la JEP, signada por el magistrado Juan Cantillo, señaló que cuando el investigador de la UIA trató de corroborar esa muerte, no pudo ingresar ni contactar a nadie, debido al confinamiento de la población étnica.
No hubo registro de defunción, ni denuncia penal de los familiares, “sin embargo, para este despacho no existe duda frente a lo ocurrido, puesto que la información recolectada guarda consonancia con circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas en las declaraciones y demás elementos recaudados por la UIA, que corroboran la muerte violenta del compareciente”.
En consecuencia, se precluyó el proceso de amnistía en la JEP, y quedó en evidencia la situación de los Muina Murui.
Actores ilegales
Según la Policía y la Armada, en Leguízamo hay dos estructuras disidentes: el frente 48, también denominado “Comandos de Frontera”, que obedece las directrices de “Iván Márquez” y la Segunda Marquetalia; y sus enemigos del frente Carolina Ramírez, que trabajan para “Gentil Duarte”.
Desde 2020 se disputan una zona estratégica para cultivar y procesar cocaína, con corredores fluviales y selváticos que la conectan con Ecuador, Perú y Caquetá. En su pelea han generado desplazamientos, confinamiento, homicidios y campos minados.
El pasado 18 de agosto, un adolescente de 16 años perdió su pie derecho al detonar una mina en la vereda Concepción.
Cantillo solicitó una intervención urgente a la Defensoría y al Ministerio del Interior, en especial haciendo uso de sus alertas tempranas. Este diario se comunicó con ambas entidades. De la Defensoría indicaron que esa resolución “no ha llegado aquí”, mientras que el Ministerio no contestó al cierre de esta edición.
El general Jorge Herrera, comandante de la Sexta División, indicó que el pasado 27 de mayo fue detenido en el municipio de Puerto Asís, Carlos Rosero (“Aldair”), presunto cabecilla financiero de la disidencia del frente 48. “Se desempeñaba como coordinador internacional con las mafias ecuatorianas y brasileras, a las que les enviaba la droga desde Putumayo”, dijo.
El esfuerzo tendrá que ser más grande para proteger a este pueblo que brotó de la tierra, y cuyo tiempo de regresar a ella no debe acelerarse.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.
