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La minería ilegal deja más plata que la coca
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Explotación de terrenos convertidos en Minas ilegales en el bajo Cauca. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero -
Explotación de terrenos convertidos en Minas ilegales en el bajo Cauca. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
18 de enero de 2019
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Mientras el Gobierno y la Fuerza Pública concentran sus acciones en la cadena del narcotráfico, el crimen organizado ha aprovechado el tiempo para sofisticar otras economías ilegales. La minería se ha convertido en el ingreso vital de esas estructuras, mucho más fácil de conseguir, de mantener y legalizar que la coca.
Solo en Antioquia hay 8.855 hectáreas cultivadas con hoja de coca, mientras 26.323 son explotadas en la minería de oro de aluvión (que es el que se desarrolla a cielo abierto, en ríos), de las cuales el 80 % corresponde a explotación ilegal. Sin contar con la minería de veta (subterránea), sobre la cuál no hay un cálculo preciso.
Obviamente no todo llega a manos de los criminales, miles de familias viven de la minería artesanal, amparadas en los derechos de explotación que les da una actividad ancestral. Pero grupos armados como el Eln, el Clan del Golfo, los Caparrapos y las disidencias de las Farc las extorsionan, por lo que ganan de esta manera entre el 10 % y el 20 % de la producción.
“Identificamos que de 300 municipios con vocación minera en 170 hay presencia de grupos armados ilegales, en estas zonas hay una financiación directa o indirecta de esos grupos, cada región, cada municipio y cada grupo tienen una forma diferente de financiar al guerra. Más de 80 % se da por la extorsión”, aseguró Leonardo Güiza, director del Observatorio Colombiano de Minería de la Universidad del Rosario.
Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, un centro de estudios del crimen organizado, explicó que con las denominadas “vacunas” o impuestos, los grupos ganan su gran tajada. “Por ejemplo, la retroexcavadora debe pagar un peaje para entrar, una mensualidad y para salir, y así con los insumos, y finalmente por el gramaje del oro que sale de las minas informales”, explicó.
La explotación ilegal
Otro mecanismo que utilizan es que el grupo armado sea el dueño de las máquinas y opere las minas directamente, ahí toda la producción es suya, e incluso ellos mismos hacen el beneficio del oro de veta en entables propios en municipios como Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, por lo que ganan en toda la cadena de producción.
“En algunas ocasiones utilizan títulos mineros que ya no producen pero declaran el oro que en realidad sacaron de otros lugares”, dijo Güiza.
Y es justamente durante la explotación que la intitucionalidad tiene más dientes para atacarlos, mediante operativos de la Fuerza Pública en los cuales la Policía destruye la maquinaria amarilla utilizada de manera ilegal.
De ahí que, según información del Ministerio de Defensa, entre enero y octubre de 2018 se intervinieron 2.423 minas ilegales, se capturaron 1.539 personas, se incautaron 240 máquinas amarillas y 294 máquinarias de otro tipo en todo el país.
Explotación de terrenos convertidos en Minas ilegales en el bajo Cauca. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El problema es que cuando se habla de un negocio tan grande y rentable la destrucción de una retroexcavadora, cuyo valor puede ser cercano a los 250 millones de pesos, no se compadece con la magnitud de las ganancias, y, según fuentes militares, al otro día otra máquina está explotando el mismo terreno.
Además, según el informe especial “Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, de la Defensoría del Pueblo, también se da la importación de oro de contrabando, proveniente de países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá, para hacerlo pasar como producción de minas fachada.
La magnitud del negocio
Las cuentas son sencillas: las autoridades calculan que en Colombia se producen 66 toneladas de oro al año, de ellas 60 son de la minería ilegal y al menos el 30 % de esa producción financia directamente al crimen (por extorsión y explotación), según las estimaciones más conservadoras que son las que realiza el Observatorio, así que el beneficio se traduce en 24 toneladas de oro al año mínimamente.
En el mercado internacional un gramo de oro cuesta aproximadamente 130.000 pesos, lo que quiere decir que una tonelada (1 millón de gramos) estaría costando 130.000 millones de pesos. Si son 24 toneladas se estaría hablando de 3 billones de pesos cada año. Sin embargo, la Unidad de Información y Análisis Financiero asegura que la suma puede ascender a 10 billones de pesos anuales, sin un gran trabajo y sin correr muchos riesgos.
“Con la coca el negocio es ilegal desde que la hoja se siembra hasta que la cocaína es inhalada en cualquier lugar del mundo, los cultivos, los laboratorios, el transporte, la comercialización, todo es ilegal; mientras que el oro es ilegal en el momento de la explotación ilícita del yacimiento y el lavado es casi que automático”, explicó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.
Al respecto, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que aunque ahora la mayoría de los esfuerzos está concentrada en la lucha contra el narcotráfico: “debo decir que las investigaciones de la Fiscalía muestran que se están construyendo alrededor de la minería ilegal unas estructuras empresariales que tienen una rentabilidad por lo menos igual a la del narcotráfico en Colombia”.
La falta de dientes
De acuerdo con el informe especial de la Defensoría, “entre los años 2008 y 2017, según cifras de la Policía Nacional entregadas para este estudio, se habrían realizado 13.219 capturas por delitos asociados a la producción y comercialización de oro de origen ilegal y se habrían decomisado 33 toneladas del metal. Sin embargo, muy pocos casos han llevado a procesos judiciales, y menos aún a condenas, debido a la falta de evidencia y a la poca capacidad que tienen las autoridades judiciales de procesar los casos”.
El general Ramírez habló de un cambio en la normativa que permitiera combatir la minería ilegal de otras maneras, iniciativa que será presentada por el ministro de Defensa Guillermo Botero ante el Congreso en marzo próximo.
“La queremos mejorar, porque la ley de minería está hecha con el contexto de años anteriores y los bandidos han cambiado la forma de generar rentas ilegales a través de la minería, por eso toca generar instrumentos más asertivos para la problemática actual”, señaló el oficial.
Esto si se tiene en cuenta que el Consejo de Estado frenó la formalización minera iniciada en el gobierno de Juan Manuel Santos y únicamente la Policía tiene la facultad de luchar contra la minería ilegal y no las otras Fuerzas.
Además, de acuerdo con Gúiza, “la institucionalidad ha hecho una lectura errónea de la ley, por lo que realizan los operativos únicamente en las zonas libres no tituladas, cuando en los títulos es donde más minería ilegal hay”.
Precisamente por eso, la candiense Gran Colombia Gold (GCG), que opera en el Nordeste antioqueño y en Marmato (Caldas), le reclamó al Gobierno Nacional un operativo de la Fuerza Pública que le permita explotar los derechos de su título como le corresponde, ya que en él operan más de 200 minas ilegales que producen alrededor de 100.000 onzas de oro al año.
“Sus operaciones impiden que la GCG desarrolle y amplíe adecuadamente sus operaciones actuales y sus métodos precarios de extracción y procesamiento representan un riesgo para la salud y la seguridad de las operaciones de GCG, para los pequeños mineros que trabajan en dichas operaciones y para las personas que viven en el área; además constituyen un desastre ambiental que nunca se recuperará”, dice la carta enviada por esa compañía al presidente Iván Duque.
Pero analistas consultados por EL COLOMBIANO consideran que no es solo perseguir la explotación, porque eso es como buscar el muerto aguas arriba, “hay que atacar toda la cadena de comercialización que mueve el oro sabiendo que es de origen ilegal” .
PROYECTOS MINEROS EN ANTIOQUIA:
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veredas del Bajo Cauca son afectadas con la minería ilegal de oro.
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