Las quejas constantes sobre las precarias condiciones en las que viven los presos en el país llevaron a la Procuraduría General de la Nación a poner la lupa en uno de los temas que más preocupa al interior de los centros penitenciarios: la alimentación.
Y es que, tras una serie de visitas de la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos a establecimientos como El Barne (Cómbita, Boyacá), La Picota (Bogotá), El Pedregal (Medellín) y La Tramacúa (Valledupar), se pudo establecer fallas en los servicios de alimentación que allí se presentan.
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Hace una semana, la cárcel El Pedregal se quedó sin gas, lo que ocasionó problemas en el suministro de los desayunos de los cerca de 3.000 presos que pagan sus penas en ese centro carcelario.
Pero los problemas con la distribución de los alimentos vienen desde antes. El 3 de enero algunos internos anunciaron una huelga de hambre, precisamente, por la calidad de la alimentación. Además, advirtieron que la carne que les están dando llega en mal estado y que, incluso, podría ser de caballo.
Por razones como estas, el Ministerio Público solicitó a Ludwing Joel Valero, director (e) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, resultados frente a las inconformidades planteadas, no solo por los directores de los centros penitenciarios antes mencionados, sino de los 125 que hay en el país.
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La Procuraduría delegada para los Derechos Humanos, liderada por Javier Sarmiento, corroboró las denuncias con los 125 directores de los centros de reclusión en una reunión organizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, donde estos manifestaron “inconformidades con el suministro de materias primas (mercado), problemas con la manipulación de alimentos y los horarios para el servicio de alimentación, entre otros”, señaló el Ministerio Público.
“El descontento de los directores de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, agregó la Procuraduría en un comunicado.
La Procuraduría delegada solicitó a la Uspec el listado de contratistas que prestan dichos servicios, sus supervisores e interventores, fichas descriptivas de cada contrato con sus obligaciones, un recuento de las quejas presentadas por mal servicio, así como los informes de interventoría sobre sanciones impuestas hasta el momento.
También requirió el más reciente informe presentado a la Uspec por el Comité de Salud y Alimentación (Cosal), organismo que hace seguimiento al servicio de alimentación en cada prisión. “Con esta información, el Ministerio Público entrará a evaluar qué acciones tomará frente a dicha problemática”, concluyó la entidad.
