El drama para las familias de los siete menores que murieron en el bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de alias Iván Mordisco, en zona rural del Guaviare, está lejos de terminar. Desde que Medicina Legal confirmó la presencia de adolescentes entre las víctimas, padres y madres indígenas han recorrido los pasillos de la entidad esperando la identificación plena de los cuerpos y la entrega de los restos de sus hijos, muchos de los cuales habían sido reportados como reclutados forzosamente meses atrás.
Para ellos, el duelo se mezcla con la indignación, la impotencia y las dudas sobre las fallas del Estado antes, durante y después del operativo militar.
Entre esas familias está la de una niña indígena reclutada el pasado 2 de enero. Su padre, que pidió reserva de identidad por seguridad, relató el camino de dolor que comenzó el día en que hombres armados se llevaron a su hija, aprovechando, según él, la ausencia histórica del Estado en los territorios donde viven.
“Mi hija fue reclutada el 2 de enero por fuerzas ilegales de las FARC-EP, por motivos de que no se encuentra el Estado. No hay apoyo del Estado, no hay presencia del Ejército ni de la Policía, ni respaldo del Gobierno para los indígenas. Eso lleva a que los terroristas engañen a los niños diciéndoles que van a tener una mejor vida”, explicó en diálogo con Blu Radio.
El relato sobre cómo se llevaron a la menor es un patrón repetido en comunidades indígenas y campesinas. Promesas falsas, ilusiones de bienestar y la vulnerabilidad económica de las familias. “Ellos llegan a decirle a mi hija que va a tener una mejor vida, que allá no va a estar sufriendo, que no le va a pasar nada. Y mire lo que terminó pasando, en que cayó mi hija”, afirmó.
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Tras el reclutamiento, el padre pasó meses sin saber nada de ella. Hasta que, estando en Villavicencio, recibió una llamada. Su hija le pidió ayuda, le dijo que estaba sola con otros dos menores y que quería escapar.
“Ella me da ubicaciones en tiempo real. Yo busco la ayuda del Ejército Nacional y de la Fiscalía para que me ayuden a sacarla de allá. No hubo posibilidades, no quisieron ayudarme”, aseguró.
El hombre sostiene que la información que entregó terminó convirtiéndose en la pista que ubicó el campamento donde luego ocurrió el bombardeo. “Pienso que toda esa información que di llevó a que todo esto sucediera, porque por medio de eso estaba la ubicación donde mi hija se encontraba”.
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Pero lo más grave, afirma, es la omisión institucional. Denunció la desaparición de su hija ante la Fiscalía, entregó coordenadas y datos de ubicación, pero nunca recibió respuesta. “Hasta el momento tampoco se ha dado una respuesta sobre esa denuncia. Yo quisiera decirle al Estado colombiano que por favor apoyemos más a los pueblos indígenas alejados de las ciudades. No hay educación, no hay trabajo, y eso lleva a que muchos menores tomen la decisión de irse porque los padres no tienen la posibilidad de darles lo que merecen. Con engaños, los grupos armados se llevan a los niños”.
Mientras avanza la identificación de los cuerpos, a las familias se les acumulan las preguntas sobre quién responde por la muerte de menores reclutados a la fuerza o qué hará el Estado frente a las denuncias que nunca fueron atendidas. La presencia de adolescentes en el lugar del bombardeo revive además el debate sobre la legalidad y proporcionalidad de estas operaciones cuando hay indicios de que en los campamentos puede haber menores.
La menor tenía 14 años. Su padre la recuerda como una niña alegre y dinámica, “una persona que le gustaba la diversión”, dice. Al enterarse de su muerte, la familia tuvo que emprender un viaje de varios días para llegar a Medicina Legal en busca de una confirmación.
En el Guaviare, Putumayo, Caquetá y Cauca, comunidades enteras siguen esperando respuestas sobre niños que desaparecieron en los últimos meses. El reclutamiento forzado persiste, la protección estatal es insuficiente y las familias indígenas siguen quedando atrapadas entre actores armados y decisiones del Estado que, en ocasiones, llegan demasiado tarde.
Por ahora, la tragedia continúa en los pasillos de Medicina Legal. Las familias esperan los cuerpos. Y las comunidades indígenas siguen preguntándose qué debe pasar para que sus niños dejen de ser los primeros en desaparecer y los últimos en ser escuchados.
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