Los indígenas de la comunidad emberá que permanecen asentados en la UPI La Rioja de Bogotá tendrán que ser trasladados de ese espacio. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver una acción de tutela.
La acción legal había sido interpuesta por la Personería de Bogotá en contra del Distrito. El Tribunal accedió, en segunda instancia, a proteger los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad y la vivienda digna de los miembros del pueblo emberá que permanecen en esa Unidad de Protección Inmediata.
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El Tribunal le ordenó al Distrito que, en un plazo máximo de tres meses, encuentre un inmueble idóneo para garantizar las condiciones dignas de la comunidad.
El fallo de tutela advierte al Distrito que deberá seguir garantizando el acceso a la prestación de servicios públicos y apoyo psicosocial a los miembros de la comunidad mientras se concreta su retorno o reubicación.
Isabelita Mercado, consejera para Víctimas y Reconciliación de Bogotá, afirmó que ya están en la búsqueda de nueva alternativas para dar con el cumplimiento al fallo.
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“(...) Bogotá está explorando una serie de predios que nos permitan cumplir con las condiciones impuestas en el fallo. Le hemos pasado a la Nación una serie de solicitudes para que este esfuerzo pueda complementarse y pueda llevarse a buen puerto. Es un esfuerzo grande para el Distrito, por esta razón acudimos de manera subsidiaria a la Nación para que apoye con los requerimientos que hemos solicitado”, apuntó Mercado.
Hasta septiembre del año pasado, los datos oficiales indicaban que al menos 714 personas permanecían en la UPI de La Rioja. La Consejería de Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá apuntó que hasta cierre del año pasado en Bogotá permanecían 1.560 indígenas emberá.
La selva húmeda y sus resguardos son cada vez un lugar menos seguro para ellos: la violenta disputa por el territorio entre grupos armados, la pobreza y el hambre son solo algunos de los problemas que cargan sobre los hombros. Desde 2021 estas comunidades están en un constante éxodo desde sus territorios en Risaralda y Chocó hacia la capital del país.
