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Fiscalía pedirá en extradición a capturados por crimen de Yulixa Toloza: así cayeron los homicidas

Los presuntos implicados fueron ubicados y capturados en la noche del martes en Maracay, estado Aragua, y en Portuguesa (Venezuela).

  • Los dos capturados por el caso de Yulixa Toloza. Foto: SIP Venezuela
    Los dos capturados por el caso de Yulixa Toloza. Foto: SIP Venezuela
hace 2 horas
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Edinson José Torres Sarmiento (40 años) y María Fernanda Delgado Hernández (30), dos de los tres capturados en Venezuela para responder por el crimen de Yulixa Toloza, ocurrido tras su salida de un centro de estética, serán solicitados en extradición por Colombia.

Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, que sustentará la solicitud en el Tratado Bolivariano de Extradición, instrumento internacional suscrito el 18 de julio de 1911 en Caracas por Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, con el fin de regular la entrega mutua de procesados y condenados.

Los presuntos implicados fueron ubicados y capturados en la noche del martes en Maracay, estado Aragua, y en Portuguesa (Venezuela), en cumplimiento de una notificación azul de Interpol.

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La detención se produjo durante un operativo adelantado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP).

Las autoridades venezolanas capturaron a la propietaria del centro de estética Beauty Láser ML y a su pareja, requeridos por la justicia colombiana por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio.

De acuerdo con el reporte oficial, divulgado por el periodista venezolano José Marcano a través de su cuenta en X, ambos fueron interceptados en el municipio de Guanare cuando regresaban desde Colombia junto a sus dos hijos menores de edad y la madre de Delgado.

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El arresto se llevó a cabo en la parroquia Quebrada de la Virgen, municipio Guanare (de donde ambos son oriundos).

El comandante de la Policía Estadal de Portuguesa, Luis Alberto Morales Guerrero, informó que el procedimiento estuvo coordinado por el comisario Freddy Segovia, director del SIP-Guanare, quien lideró las labores de ubicación y seguimiento.

El vocero aseguró que la institución policial mantiene bajo resguardo a estas dos personas mientras se concretan las acciones legales entre las dos naciones.

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El caso se originó el pasado 13 de mayo en el sur de Bogotá cuando Yulixa Toloza, de 52 años, ingresó al centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, para realizarse un procedimiento de lipólisis láser.

Las investigaciones revelaron que el establecimiento operaba de manera ilegal y sin los permisos sanitarios correspondientes. Horas después de la intervención, la mujer presentó graves complicaciones de salud y cámaras de seguridad registraron el momento en que fue sacada inconsciente del lugar y trasladada en un vehículo particular.

Días más tarde, el automóvil utilizado para el traslado fue encontrado oculto en un garaje de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, lo que permitió a las autoridades seguir el rastro de los sospechosos.

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Posteriormente, la Fiscalía confirmó este martes el hallazgo de un cadáver en una vía del municipio de Apulo, en Cundinamarca, cuyas características coincidían con las de Yulixa Toloza.

Horas después, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó oficialmente que el cuerpo correspondía a la víctima y calificó el caso como un asesinato que ha causado conmoción nacional.

“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, que en el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy, sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca”, afirmó el mandatario de los y las bogotanas.

¿Pueden ser extraditados?

El abogado penalista Andrés Jiménez, en diálogo con el medio Minuto 60, dijo que las capturas en Venezuela por el caso de Yulixa Toloza “representan un grande reto en materia de justicia para que esas personas sean presentadas frente a un juez de la República de Colombia”.

Para el jurista, “si estas personas fueran de nacionalidad colombiana, lo procedente sería activar los mecanismos de extradición para que, una vez verificado —conforme al tratado de extradición vigente entre Colombia y Venezuela— que existe una orden de captura y que la solicitud se fundamenta en conductas tipificadas como delito en ambos países, dichas personas sean entregadas a las autoridades colombianas”.

Lo anterior, dijo, es solo una primera opción de lo que puede venir ahora, partiendo de la base de que los capturados tengan también nacionalidad colombiana.

“La otra opción que se ha usado en otras ocasiones es una deportación, para que esas personas pudiesen ser entregadas de una manera expedita a autoridades colombianas en la frontera, y en virtud, bien sea de una deportación o en algunos casos de alguna expulsión, se entregaran a Colombia. Sin embargo, las informaciones preliminares parecieran indicar que las personas que han sido detenidas son de nacionalidad venezolana, y eso sí representa un reto muy grande en materia de justicia, pues Venezuela, por virtud del artículo sesenta y nueve de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no extradita a sus nacionales”, expresó el abogado Jiménez.

Para el el abogado Francisco Bernate, en su cuenta de X, estos hechos de especial gravedad, advierte, configuran varias tipologías penales.

En primer lugar, se estaría frente al delito de violación de medidas sanitarias, toda vez que un establecimiento de esta naturaleza no podía operar y, menos aún, realizar procedimientos quirúrgicos sobre seres humanos.

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En segundo lugar, atendiendo la magnitud de la conducta desplegada, los hechos podrían configurar un homicidio doloso agravado, en la medida en que los niveles de temeridad bajo los cuales funcionaba este lugar permitían prever claramente que la muerte era un resultado perfectamente posible y, aun así, continuaron desarrollando sus actividades.

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Adicionalmente, hoy se conoce que el cuerpo de Yulixa Toloza habría sido ocultado en una zona rural, circunstancia que daría lugar al delito de desaparición forzada, considerando que el país permaneció durante varios días sin conocer el paradero de esta persona o de sus restos.

“Todas estas conductas podrían acarrear para los responsables penas que oscilarían entre cincuenta y sesenta años de prisión efectiva. En consecuencia, correspondería al Estado colombiano activar los canales diplomáticos pertinentes para lograr que estas personas comparezcan ante la justicia colombiana”, puntualizó el abogado Bernate.

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