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HISTÓRICO
Así extorsionan a los transportadores de La Loma
Juan David Ortiz Franco | Publicado el 06 de agosto de 2014
*Los nombres de algunas de las fuentes consultadas fueron omitidos por razones de seguridad y acogiendo su solicitud expresa.

En el recorrido de 11 kilómetros que separa la vereda La Loma del Parque de Berrío, los conductores de una de las rutas de buses de esa zona del occidente de Medellín identifican por lo menos 13 puntos en donde emisarios del ‘combo’ de Peñitas, un sector ubicado en límites entre la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, abordan los vehículos para cobrar las extorsiones que en los últimos años han estado secundadas por asesinatos, amenazas y desplazamientos.
 
Son lugares concurridos, paraderos fijos en su mayoría, en los que, mediante una transacción rápida, se paga una vacuna de 60 mil pesos por bus. Esa suma, sin embargo, a veces puede triplicarse según la voluntad de cabecillas, mandos medios o de los mismos cobradores. "Se arriman por la ventana, por la registradora o por cualquier lado y nos dicen: 'nos colabora con la plata de Peñitas'. Uno sale a trabajar, pero no sabe si llega vivo a la casa", dice uno de los conductores.
 
Lo usual es que el cobro sea una vez a la semana, sin un patrón definido, ocurre en días y horarios diferentes. Los encargados también varían. Transportadores y usuarios hablan incluso de niños de 10 o 12 años que se acercan a los buses y recogen el dinero en lo que sería una estrategia de esa agrupación armada para no involucrar a sus integrantes y evadir responsabilidades penales.
 
En La Loma operan tres empresas transportadoras a cargo de las rutas C-23, C-23I, 223 y 227-IA. Solo una de ellas dice no ser extorsionada en la zona, mientras las otras reconocen las presiones por parte del 'combo' de Peñitas. Según cálculos de una de las flotas, solo por las vacunas a los 50 buses que opera en el sector, ese grupo armado obtiene rentas cercanas a 12 millones de pesos mensuales.
 
A esa situación se atribuye la muerte de tres conductores y un funcionario administrativo en los últimos tres años. Además, en ese mismo periodo se contabilizan por lo menos seis paros, todos relacionados con vacunas y con replesalias de los 'combos' contra los transportadores.

El último cese de actividades fue el pasado 29 de abril, cuando los conductores dejaron sus buses estacionados luego de un triple homicidio en el sector de Bellavista. Cuenta uno de los transportadores que ese mismo día varios hombres armados abordaron uno de los vehículos, obligaron a uno de sus compañeros a modificar su ruta y luego bajaron a un pasajero, quien resultó herido en el forcejeo, pero logró escapar.

De acuerdo con dirigentes gremiales, los paros no han sido útiles y por el contrario han generado tensión con las autoridades. Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá, dice que las acciones de la Alcaldía de Medellín en esos casos se han enfocado en fortalecer temporalmente el pie de fuerza y exigir a las flotas que los conductores retomen sus actividades: "No ven las consecuencias de lo que está pasando. Sancionan y amenazan a las empresas incluso con cancelar los permisos de operación cuando los conductores deciden parar. Eso no se puede hacer así porque este es un problema que está afectando a todos los sectores de la economía".  
 
“Dígales que les vendemos esa empresa”
El pasado 12 de junio, el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a cuatro personas, entre ellas, Álvaro Antonio Posso, alias “el Loco”, un hombre de 33 años señalado por las autoridades como cabecilla del 'combo' de Peñitas. Junto a él cayeron alias “Santiaguito” o “el Hechicero”, quien sería el segundo al mando, y otros dos hombres conocidos con los alias “Juancho” y “Juana”.
 
Todos se encuentran sindicados por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada y el último de ellos, además, por porte ilegal de armas. Aunque fuentes penitenciarias confirmaron que los cuatro hombres, incluyendo a los dos supuestos cabecillas, continúan privados de la libertad, tres de ellos en la cárcel Bellavista y uno en El Pedregal, algunos conductores aseguran que el espacio que dejaron vacante fue ocupado de inmediato por otros integrantes del mismo 'combo'. Dicen, incluso, que en las últimas semanas se ha intensificado la presión.
 
“Usted sabe que bajan a uno y queda otro encargado. Después de que los cogieron estuvo la Policía muy pendiente, pero eso solo duró como 20 días o un mes. Otra vez nos dejaron solos”, dice otro de los transportadores.
 
En el último mes, según cuentan los conductores, las extorsiones se han hecho cada vez más frecuentes. Esa situación obligó a la renuncia y al desplazamiento de seis conductores que residían en la zona, al parecer, porque recibieron amenazas directas. “Les salieron al camino amenazándolos por ‘sapos’ (...) Salen niños, jóvenes, hasta mujeres embarazadas. En la estación San Javier del Metro, en el Parque de Berrío, en la entrada a Las Peñitas, a la vuelta del CAI de La Loma (...)”, dijo otro conductor. 
 
Las dos últimas renuncias fueron el pasado 30 de julio, después de que uno de sus compañeros fue golpeado en el centro de la ciudad. La versión de los transportadores es que lo agredieron porque no tenía el dinero de la vacuna. Un incidente similar ocurrió una semana antes, cuando dos personas abordaron uno de los buses cerca a la entrada de los sectores de San Pedro y Las Peñitas e intimidaron al conductor. “Se salvó porque se metió al CAI, los manes se asustaron y se volaron”.
 
Esa situación, de acuerdo con lo que afirma un directivo de otra agremiación de transportadores, ha hecho que el negocio sea insostenible. “Dígales que les vendemos esa empresa si eso es lo que quieren. Lo que pasa es que se dieron cuenta que el negocio del transporte colectivo es tan bueno que a veces la plata alcanza hasta para los dueños de los buses. Si es el caso, señor alcalde, queremos vender, ¿quién nos compra esos carros?”. Agrega que los gastos que enfrenta el sector por el impacto de la ilegalidad deja un margen de ganancia cada vez más reducido para empresarios y conductores. Cálculos de una de las empresas indican que las vacunas se llevan el 20 por ciento de la utilidad que genera cada vehículo. 
 
El directivo agrega que a la problemática de la extorsión se suma la infiltración por parte de los 'combos'. Según dice, el dinero de las vacunas ha permitido que grupos armados de diferentes sectores compren vehículos por medio de testaferros y los afilien a las empresas con el propósito de ampliar sus rentas e incluso presionar decisiones administrativas.
 
Al respecto, Carlos Arcila, vocero de la Mesa de Derechos humanos del Valle de Aburrá, dice que esa infiltración es un fenómeno que se ha extendido en varias comunas: “Se ha visto que los 'combos' no solamente reciben la plata sino que invierten, una de esas modalidades de inversión es comprar carros de segunda, afiliarse a las empresas transportadoras y de esa forma se mueven en la legalidad".
 
Por su parte, Arnulfo Serna, subsecretario Operativo de Seguridad de Medellín, dijo que sí existen indicios y las autoridades investigan esa práctica, sin embargo no se conocen casos concretos: "Lo cierto es que las estructuras criminales invierten el dinero que acopian. Una de esas inversiones puede ser en el mismo sistema de transporte, pero oficialmente eso no está establecido, es una posibilidad".
 
La ruta de la extorsión
El recorrido de los buses de una de las rutas de la zona empieza en un depósito de buses ubicado en San Cristóbal. Desde allí, toman la vía de la vereda La Loma que conduce desde la carretera al mar hasta la comuna 13.
 
Los conductores dicen que la primera parte del trayecto es tranquila. Sin embargo, pocos metros más adelante se encuentra la entrada al sector de San Pedro, uno los puntos más críticos pese a que se ubica a menos de 300 metros del CAI Periférico de La Loma. Allí, el 11 de octubre de 2013, fue asesinado el conductor Gustavo Bedoya Pulgarín, conocido como “Guanábana”. Según las versiones de la comunidad, ocurrió luego de que circularan amenazas por la supuesta colaboración de uno de los conductores con la Policía.
 
Después de superar ese punto, y en el recorrido hasta San Javier, se ubican esporádicamente varios puestos de control de la Policía. Sin embargo, los conductores afirman que esos controles están solo en el día y nunca han acogido la sugerencia de detener sus vehículos y verificar quiénes son los pasajeros.
 
La ruta desciende desde La Loma, pasa por el barrio Antonio Nariño y desemboca en el CAI del sector de San Michel. También en ese punto cobran las extorsiones. Lo mismo ocurre más adelante, frente a la estación del metro de San Javier y luego en la calle San Juan, cerca al Parque Biblioteca.
 
Si bien los conductores dicen sentirse más seguros después de salir de la comuna 13, las vacunas se cobran en cualquier punto del recorrido. Es así como, según los conductores, en San Juan, entre la carrera 92 y la Avenida del Ferrocarril, hay por lo menos cinco puntos más.
 
También es frecuente que los cobradores los aborden en el paradero de La Alpujarra, a escasos metros de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Pero ese no es el último. Los paraderos del centro, en especial el ubicado en los alrededores de la estación Parque de Berrío del metro, son lugares frecuentes para el cobro de las extorsiones.
 
No es el único cobro
Varios conductores de la zona fueron consultados de forma independiente y todos negaron que existe otro cobro extorsivo que deben cancelar las rutas que operan en La Loma. 
 
Sin embargo, el subsecretario Operativo de Seguridad y directivos del transporte confirmaron que el 'combo' de la parte central de San Cristóbal también cobra extorsiones a los conductores. Esa agrupación recibe 65 mil pesos semanales por bus, lo que indica que sumados los dos cobros, la cifra mensual asciende a 500 mil pesos por vehículo. Esa cifra indica que los 50 buses que pagan esas dos vacunas dejan a los 'combos' 300 millones de pesos al año.  
 
Sobre los motivos de los conductores para denunciar solo una de las extorsiones, un miembro de una agremiación explicó que el de San Cristóbal podría considerarse un cobro “tradicional”. Según dice, a diferencia de lo que ocurre con el 'combo' de Peñitas, no existe una relación conflictiva con la otra agrupación: “Los conductores dicen que ahí se llevan bien con los muchachos. Es una relación de hagámonos pasito, todo el mundo juega a la ley del silencio”.
 
Otro directivo del transporte explica que algunos grupos tratan de generar confianza entre los conductores para que, de esa forma, se facilite el cobro de las extorsiones. “En algunas empresas existe una relación gana gana. Se paga la vacuna y a cambio los ilegales se encargan, por ejemplo, de controlar la informalidad”, dijo la fuente consultada. Agrega que esa sería otra manifestación del interés de las estructuras ilegales por copar cada vez más espacios y ganar influencia entre los empleados de las empresas formales.
 
El subsecretario Operativo de Seguridad de Medellín, dice que el tema se ha abordado con las directivas de las empresas: “Les dijimos que ellos mismos estaban patrocinando el crecimiento de esas estructuras por esa actitud pasiva que tuvieron. Cuando los extorsionaron por primera vez guardaron silencio porque consideraron que eso económicamente no los afectaba”. Sin embargo, agrega Serna, la aparición de nuevos 'combos', y con ellos otras extorsiones, ha generado situaciones conflictivas.
 
“Si está la actividad extorsiva generándose por parte de uno, dos o tres grupos, entonces denunciemos todos esos casos, pero no de manera parcial. No sé qué otro tipo de criterios tienen para denunciar eso. No sé si es connivencia, o es miedo. No sé qué es lo que pasa, pero es preocupante”, agregó el subsecretario al explicar que ha solicitado a la empresas que implementen filtros y depuren su personal.
 
Sin embargo, los transportadores aseguran que en varias ocasiones han solicitado a las autoridades que faciliten esa depuración. “Es que nosotros no somos policías. No podemos verificar si el pasado judicial que les entregan a las empresas es de verdad o es falso. Les hemos dicho: ‘pidan la información de todos los empleados, que nos investiguen a todos si es necesario’, pero nunca lo han hecho”, dijo un representante gremial.
 
“No puede ser paisaje”
Aunque la extorsión es un delito que puede investigarse de oficio, el subsecretario Serna dice que los conductores y las flotas deben denunciar y canalizar la información para que puedan implementarse acciones puntuales.
 
Explicó que algunas empresas han contratado asesores jurídicos que se encargan de recopilar las denuncias y entregarlas a las autoridades con el objetivo de no poner en riesgo a los conductores y a los empleados que permanecen en las zonas más críticas.
 
“Se necesita que los conductores informen para poder reaccionar. Todo el mundo se queja de la extorsión que hay en la ciudad, pero la cantidad de denuncias no se compadece con la realidad que uno encuentra en la calle. No puede ser que en Medellín la extorsión sea algo de paisaje, que sea normal”, dice Serna.
 
Sobre el llamado de los conductores para que los puestos de control sean permanentes y se tomen mayores medidas de seguridad en ese sector, el funcionario agrega que la Policía ha definido puntos que cuentan con presencia constante, pero insistió en la necesidad de mayor colaboración por parte de la comunidad y los conductores: "Esos puestos están ahí para facilitar el transporte seguro de los usuarios y tratar de identificar a presuntos extorsionistas que se desplacen en esos medios de transporte, pero es necesario el apoyo y la información de la comunidad para poder judicializar en los eventos en que sea necesario".
 
Los transportadores, por su parte, coinciden en que se deben implementar otras estrategias. “Hace falta inteligencia, Incluso les hemos dicho que les dejamos los carros, o que saquen los que están guardados porque van para chatarrización y que pongan policías de civil infiltrados para que los manejen”.  La misma fuente agregó que esas acciones de inteligencia son necesarias porque las modalidades han variado. Según dice, se han conocido desde rifas de motos en las que son los conductores los encargados de vender las boletas y responder por el dinero, hasta grupos que entregan formatos de consignaciones diligenciados para que los conductores paguen en un banco. 
 
Con esa situación, dice otro de ellos, además de la actividad de la Policía y de los procesos de judicialización, se requieren otras medidas como la implementación de sistemas electrónicos de pago. “No sirve coger a dos o tres cobradores, hay que darle duro a sacar la plata de los carros. Deberían buscar otra forma de evitar que esto pase ahora que en Medellín la palabra de moda es innovación".