El hombre la tiene más clara que cualquiera. A los 43 años de vida sabe que sus días están contados como conductor de servicio público. Y no es propiamente porque lo esté matando una enfermedad terminal o cosa por el estilo. Lo que está a punto de sacarlo de circulación es una pesada culebra de 45 millones de pesos con el Tránsito de Medellín, por el no pago de 156 comparendos.
Sí, leyó bien: 156 multas que le han puesto por 21 diferentes infracciones, a un conductor que sigue bajando pasajeros al Metro, desde un barrio popular de calles estrechas, empinadas y congestionadas.
Gonzalo, como él prefiere que lo llamemos para proteger su identidad, nació en el municipio antioqueño de Segovia, pero se crió en Medellín. A los 14 años volvió a su tierra natal, atraído por la fiebre del oro. Un oficio rentable, sin duda, al que renunció por el acoso de la violencia.
Hace más de 20 años llegó a Medellín y desde entonces no se ha despegado de la cabrilla de los vehículos de transporte colectivo. En esta capital vive, trabaja y ama, rodeado por su esposa y tres hijos.
Afable y muy sincero. Así se muestra Gonzalo durante los 65 minutos de un recorrido de ida y vuelta en buseta, en la calurosa tarde del miércoles 14 de abril. Su tono y lenguaje revelan que no se siente el superhéroe de los comparendos. Pero es el rey indiscutido y ese título comenzó a ganárselo en 1995, cuando le impusieron el primer parte por sobrecupo. Pagarlo no era entonces problema, porque en su memoria está que bastaban de 4.000 a 8.000 pesos para salir del apuro.
Las cosas se complicaron cuando la administración municipal decidió apretarles las clavijas a los transportadores ilegales. Su época más negra fue el período 2002-2003, cuando unos guardas implacables le pusieron a Gonzalo 50 comparendos. A su juicio, la sanción más injusta fue porque le faltaba un guardapolvo a un vehículo nuevo y con todos los papeles en regla.
La empresa en la que hoy labora se formó, ilegalmente, en 1994, con ocho colectivos, y fue legalizada en el 2003, cuando la flota era ya de 19 vehículos. Es una historia pasada por sangre, porque un hijo de la actual gerente fue asesinado al negarse a entregarle la ruta a una organización al margen de la ley. Los conductores también la vieron negra. La directiva señala que el Tránsito los persiguió sin cuartel, les retuvo los vehículos y los asfixió con multas. La mujer coincide en que así fue como se volvieron impagables los comparendos de los conductores de servicio público, como Gonzalo, a quien distingue desde hace más de dos décadas, y los de otros 17 trabajadores de la misma compañía.
Todos ellos están en el Top 100 de infractores de la Secretaría de Tránsito de Medellín, un grupo que adeuda más de 2.314 millones de pesos, por 7.130 comparendos. Tan solo cuatro conductores son privados. Los restantes 96 son de servicio público.
"Imagínese cómo puede ser posible que un padre de familia, con tres hijos, pague multas de 300.000 pesos o más, sabiendo que debe cubrir el arriendo, el mercado y los servicios", exclama la gerente de la cooperativa.
Frente al gran total de 2.314 millones de pesos la suma que debe Gonzalo parece una bicoca. En efecto, sus 45 millones 197.339 pesos equivalen al 1,94 por ciento. Para su bolsillo, sin embargo, es todo un dineral que no ve de dónde pueda sacar. Ni siquiera acogiéndose a la rebajona del 50 por ciento, que la reforma al Código de Tránsito estableció, con una vigencia hasta el 16 de marzo de 2011.
Sin apartar su mirada de las calles por las que transita con gran pericia, el conductor saca cuentas. Con el alivio comentado espera bajar a 20 millones de pesos. Primer error. Él tenía en su cabeza una obligación de 39,1 millones de pesos y el Tránsito da un monto actualizado de 45,1 millones. Entonces la mitad serían más de 22,5 millones de pesos.
Segundo error, él cree que le pueden borrar otros 10 millones de pesos, por los comparendos que expiran al cabo de tres años. Mala noticia. El Tránsito comenta que los partes que iban a fenecer tendrán cinco años más de vida, con lo cual Gonzalo no vería cumplida su expectativa de un saldo que se le desinflaría hasta los 10 millones de pesos.
Así las cosas, su panorama es el siguiente: la licencia, que le ha sido suspendida en tres ocasiones, está a punto de vencerse. El Tránsito le inició 67 procesos de cobro coactivo. Ya le esculcaron sus propiedades y rentas, las mismas que podrían ser embargadas y rematadas a favor del Estado.
En la historia del Tránsito sería el primer remate. El promedio de las deudas en la entidad es de 700.000 a 800.000 pesos y por una suma como esa, o por dos o tres millones de pesos, es difícil encontrar a alguien sensato que quiera perder su casa o carro.
El combo de embargo y remate no asusta al transportador. Gonzalo manifiesta que él y sus 17 compañeros morosos no tienen nada a su nombre. En escrituras y otros documentos de propiedad las que brillan son sus mujeres y hasta las casas son patrimonio familiar inembargable.
El consejo de la gerente de la cooperativa es que más bien dejen trabajar a conductores como Gonzalo, al que describe como una persona excelente y apreciada por los usuarios. Ni él ni sus colegas pueden con semejantes deudas, "porque trabajan de día para comer en la noche". Si les van a cobrar, añade, ellos mejor se retiran del oficio, con lo cual aumentaría el desempleo y se generaría un problema social.
Gonzalo ya vio en blanco y negro su destino: pondrá fin al ciclo de conductor de servicio público y con el dinero que le quedó de la venta de una tienda de video, montará otro negocio con su esposa, posiblemente de remates.
"Si yo tuviera 10 millones de pesos tampoco se los entregaría al Gobierno", concluye este agobiado rey de los comparendos.
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