Aunque la Procuraduría General confirmó el fallo mediante el cual destituye e inhabilita al alcalde Gustavo Petro por la implementación del modelo de aseo de Bogotá, será el presidente Juan Manuel Santos quien, en máximo 10 días después de que Petro sea notificado, ejecute el fallo y nombre un alcalde encargado.
A pesar de que Santos ha evitado referirse al tema y la única vez que se pronunció dijo que "tanto el procurador como el alcalde saben que no voy a tomar partido a favor de ninguno de los dos. Tomo partido a favor de las leyes", los analistas apuntan a que esta decisión será una jugada política del presidente en plena campaña de reelección.
Lo anterior queda claro en el mismo fallo de la Procuraduría que ordena que: "a través del procurador se comunicara el contenido de la presente decisión al Presidente de la República, funcionario competente para la ejecución de la sanción impuesta, conforme lo indican el decreto 1421 de 1993 y el artículo 172 del Código Disciplinario Único".
Frente a lo anterior, el constitucionalista Juan Manuel Charry ha dicho que a Santos no le queda otra alternativa que acatar las decisiones disciplinarias, y que por lo mismo la incidencia política en su reelección "es muy poca porque no puede hacer nada distinto a respetar la Constitución y la ley".
El exministro Fernando Cepeda Ulloa también destacó que "el presidente Santos no tiene más alternativa que cumplir las decisiones disciplinarias, bien de la Procuraduría o bien de la CIDH. Lo que lo puede afectar políticamente son las decisiones que pueda tomar después".
Se refiere a que si el fallo de destitución queda en firme, como parece que será, lo que tendrá incidencia política es a quién nombra como alcalde encargado.
Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, afirma que al alcalde sólo le queda esperar a que se dilate la firma del presidente de la destitución, o que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se solidarice con su caso emitiendo una medida cautelar que, a estas alturas, será simbólica.
"Las movilizaciones convocadas tienen el efecto de aglutinar a la izquierda y generar presión sobre las facultades del Procurador, pero no tendrán el efecto de mantenerlo en la Alcaldía", dijo Garzón.
Petro ha insistido desde el mismo 9 de diciembre cuando se conoció el fallo de la Procuraduría que "Santos debe decidir si avala o no la decisión del procurador". Ayer, lo volvió a decir: "Calma, la justicia llega. A veces se demora, pero llega. La decisión del Procurador era lógica viniendo de una persona que quiere dar un golpe de Estado en Bogotá. Pero esa no es la única decisión, vienen otras. La decisión no está en firme, el único que puede destituir al Alcalde de Bogotá es el presidente".
Uno de los abogados del alcalde Petro, Mario Iguarán, citado por Colprensa, explicó que aún hay tres opciones para evitar su destitución: interponer recursos ante el Consejo de Estado, ante el Tribunal Superior de Bogotá y esperar el concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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