Este 2011 fue sin duda el año en el que los grandes defectos del Sistema de Seguridad Social en Salud salieron a flote.
Multimillonarios e ilegales recobros, la intervención estatal a Saludcoop -la más poderosa EPS del régimen contributivo-, una creciente cartera que tiene en jaque a los hospitales públicos y un aparente acuerdo sellado entre las EPS para negar servicios dibujan un preocupante panorama.
Si bien en años anteriores las mayores falencias del sistema habían sido denunciadas hasta la saciedad, fue solo hasta este año cuando la crisis del sector fue reconocida y vista en su real dimensión.
En gran medida porque ha sido el mismo Gobierno quien se ha encargado de darles la razón a los miles de usuarios inconformes. También porque todos los actores, desde las EPS hasta las ligas de usuarios, coinciden en que al sistema le llegó el momento de la reingeniería.
Cronología de la crisis
Enero arrancó con la promulgación de la ley 1438, "por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud".
Vacua para algunos, una mejora para otros, los alcances de esta ley, como el giro directo a hospitales, están por verse. En especial porque cuando el país se preparaba para aplicar sus disposiciones y analizar su peso dentro de un sistema mediado por la tutela, estallaron los escándalos que desviaron el foco de la opinión pública.
A principios del mes de mayo fue el mismo presidente Juan Manuel Santos quien anunció que la corrupción de la salud se había enquistado en el mismísimo Ministerio de la Protección Social.
Por medio de empresas ficticias, infiltrados en el Gobierno y otros métodos fraudulentos, la Policía calcula que fueron sustraídos más de cuatro billones de pesos a través de recobros irregulares. A este propósito también se habrían prestado algunas EPS.
La Policía calcula que por esta vía se apropiaron de forma irregular de más de cuatro billones de pesos. Ese mismo mes vino la intervención de la Superintendencia a Saludcoop y luego a un puñado de EPS del subsidiado.
Cuando la corrupción y los malos manejos hacían parecer que la situación tocaba fondo, los hospitales públicos y los privados se unieron para denunciar una creciente cartera que amenaza la estabilidad misma de todo el sistema.
En Medellín, centro de referencia de Antioquia y el noroccidente colombiano, esta situación se hizo evidente en el cierre de camas y una desbordada demanda de servicios médicos.
El año termina con la renovación del Plan Obligatorio de Salud (POS) y la promesa de unificar los servicios de los regímenes contributivo y subsidiado.
Como uno de los países del continente que más gasta en salud, con una inversión cercana al ocho por ciento del PIB, resolver la crisis se convierte en uno de los principales retos de la sociedad colombiana para el 2012.
Pico y Placa Medellín
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2 y 8
