La venta de seguridad a las empresas por parte de los grupos armados ilegales y algunos miembros de organismos del Estado es otra de las economías ilícitas que se mueven en el país.
Mauricio Romero, profesor de la Universidad Javeriana, recordó que en la investigación que se adelantó con la Corporación Nuevo Arco Iris sobre el poder de los paramilitares, se estudió el caso de las empresas Chiquita y Drummond, que ahora enfrentan procesos por sus vínculos con paramilitares en Estados Unidos.
Recordó que los empresarios han insistido en que fueron extorsionados por las Auc, pero las investigaciones realizadas han dejado ver la relación entre militares retirados y activos con la oferta de seguridad a las empresas.
En el caso de Urabá, “la convivir Papagayo era gerenciada por un exalcalde de Carepa que fue mayor del Ejército. Eso muestra el puente”.
En el caso de la Drummond, “el segundo del bloque Norte de las Auc era 039, un mayor retirado del Ejército. En la empresa había como jefe de seguridad un exagente de la CIA”.
Estos casos, afirmó Romero, demuestran que en nombre de la integración internacional y la inversión extranjera, al Gobierno no le importa cómo se acomodan las multinacionales a ese esquema”.
Puerto de Buenaventura
Otro caso que está analizando Romero es el narcotráfico a través del puerto de Buenaventura, una zona azotada por la violencia y la pobreza.
Uno de los referentes que tiene es el hallazgo de dólares en varios contenedores tanto en el puerto, como en Manzanillo (México), en 2009.
Para el investigador, una muestra de que el tráfico a través de contenedores se puede estar intensificando está documentado en un estudio de la ONU que señala que el tráfico de drogas al sur del continente ha aumentado a través de Australia y Nueva Zelanda, pero disminuyó la interdicción.
“No se tiene preparación para detectar la contaminación en la carga que viaja por los contenedores”, dice Romero al tiempo que advierte que a diario pueden salir de ese puerto unos 8.000 contenedores y es imposible revisarlos todos.
Aunque hay una separación de la zona porturaria esta puede ser porosa por la entrada y salida de empleados.
Romero advierte que son pocas las estadísticas que la Policía Antinarcóticos tiene sobre los decomisos. En la región del Pacífico el 60 % de lo que se incauta pertenece a las Farc.
No obstante, es poco lo que se sabe de las incautaciones en las vías. Esta zona es manejada por las bandas criminales y “podría ser fuente de corrupción para la Policía y el Ejército”.
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