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La tormenta que puede reacomodar las fichas del centro

  • Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Íngrid Betancourt, Juan Fernando Cristo y Jorge E. Robledo hacen parte del centro político del país. FOTO Colprensa
    Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Íngrid Betancourt, Juan Fernando Cristo y Jorge E. Robledo hacen parte del centro político del país. FOTO Colprensa
Publicado el 28 de noviembre de 2021

Fallo de la Contraloría contra Fajardo sacudió a este espectro. Alejandro Gaviria toma fuerza.

Para el autodenominado centro no ha sido nada fácil tender puentes que unan a sus líderes, al punto de que el país fue recientemente testigo de cómo sus dos figuras más mediáticas, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, se señalaron mutuamente de impedir el camino que los lleve a una consulta en marzo para elegir candidato único. Unos hablaron de ego, otros de oportunidad política.

Pero la intermediación de la exsecuestrada Íngrid Betancourt –cercana a ambos– y la invitación a un encuentro privado que planteó el exministro Juan Fernando Cristo, abrieron las puertas a una cita en clave de cónclave prevista para este domingo, y de la cual se esperaba una hoja de ruta para que el centro dispute unido el poder en las presidenciales de mayo de 2022.

Pero la decisión de la Contraloría de ratificar en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas por la emergencia de Hidroituango en 2018, que incluye una multa de 4,3 billones de pesos, se convirtió en la génesis de una tormenta política con tintes judiciales que puede reacomodar a las fuerzas de este espectro político.

En efecto, uno de los sancionados fiscalmente es Fajardo y, según el Código Único Disciplinario, esto implica una inhabilidad para posesionarse en cualquier cargo público, como lo es la jefatura de Estado en caso de que ganara las presidenciales. Él y su equipo político y jurídico están convencidos de que la decisión de la Contraloría afecta sus derechos políticos y que, en todo caso, el fallo está suspendido hasta que el Consejo de Estado no revise su legalidad.

No obstante, para librarse de la inhabilidad tendría que pagar la parte que le corresponda de la multa, esperar que el Consejo de Estado tumbe el fallo –o al menos una parte– de la Contraloría o acudir, como ya lo hizo su rival Gustavo Petro, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto último, de la mano de su abogado Mauricio Pava, ya comenzó a ejecutarlo, e incluso amplió su campo de lucha ante la Oficina para la Independencia Judicial de la ONU.

Pero, mientras todo esto ocurre, el efecto político es inmediato e ineludible. Es cierto que Fajardo puede seguir haciendo campaña y yendo a debates, pues la inhabilidad –como se dijo– sería para la posesión. Ahora bien, la pregunta en el centro, que según supo EL COLOMBIANO ya se planteó, es: ¿qué tanto vale la penar afrontar este desgaste cerrando filas en torno a un candidato con semejante lío encima?

El respaldo a Fajardo ha sido unánime, desde la derecha uribista del Centro Democrático hasta la izquierda petrista de la Colombia Humana, y todos han coincidido en que confían en su inocencia y en que un fallo administrativo no tiene por qué sacarlo de la contienda electoral.

De hecho, Alejandro Gaviria aseguró que la presencia de Fajardo fortalece la democracia. Y la Coalición de la Esperanza, con la que el exgobernador de Antioquia viene recorriendo el país, dijo confiar en su inocencia. Pero la política es práctica.

En ese contexto, el exrector de Los Andes, también con discurso pedagógico fuerte y con un constante llamado a evitar la polarización, tal como se vende Fajardo, puede capitalizar a su favor el fallo de la Contraloría.

Tiene aceptación en las huestes del centro, y aunque tímidamente ha venido creciendo en mediciones de intención de voto –en algunas es tercero tras Fajardo y Petro–, lo que le da una ventaja.

EL COLOMBIANO estableció que este punto, de acelerar la búsqueda de acuerdos para incluir a Gaviria en la consulta de marzo y, de ganar, respaldarlo plenamente, será abordado en el cónclave de este domingo.

Eso sí, el discurso público sería de respaldo a Fajardo, como hasta ahora, pero el político podría girar para comenzar a desmarcarse de una figura que ahora entra en el desgaste de defender su inocencia ante un fallo que el grueso del país considera más político que jurídico.

Si esto pasa, como todo indica que podría darse, el centro comienza a reacomodarse en medio de una tormenta que, incluso, abriría la puerta a una primera fórmula que ya se planteó: Gaviria candidato a la Presidencia, y Betancourt –mujer con amplio reconocimiento– fórmula a la Vicepresidencia. El nuevo camino apenas inicia, pero el reloj también ya comienza a correrles en contra.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Aún les queda una alternativa

Los principales miembros de la Coalición de la Esperanza (Íngrid Betancourt, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y Humberto de la Calle) confían en la inocencia de Sergio Fajardo tras el fallo de la Contraloría en su contra. Pero también se plantean alternativas que les permita seguir siendo protagonistas del debate electoral y tener una carta fuerte para las presidenciales de mayo. Ahí entra a jugar el nombre de Alejandro Gaviria. La duda está en qué tan dispuesto está Fajardo a ceder.


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Las ampollas que levantó el magistrado Abreo por revocatoria

  • El alcalde Daniel Quintero cuestionó a la Procuraduría por prohibirle que haga campaña en la revocatoria. FOTO jaime pérez
    El alcalde Daniel Quintero cuestionó a la Procuraduría por prohibirle que haga campaña en la revocatoria. FOTO jaime pérez
  • 1. César Abreo, magistrado del CNE 2. Alejandro Posada, comité promotor 3. María Camila Villamizar, secretaria Privada. FOTOS cortesia y el colombiano.
    1. César Abreo, magistrado del CNE 2. Alejandro Posada, comité promotor 3. María Camila Villamizar, secretaria Privada. FOTOS cortesia y el colombiano.
Publicado hace 5 horas

Contexto de la Noticia

el espíritu de esta figura, según la ley

En un proceso revocatorio, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, confluyen los elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto es la ciudadanía la que incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido a cabalidad la representación que le han conferido. La figura fue instituida como un mecanismo de participación en el artículo 103 de la Constitución Política y fue regulada a través de la Ley 1757 de 2015, la cual contempla un juicio político, iniciado por la misma ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante. Por tal motivo, el legislador estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido un periodo de 12 meses contados desde la posesión en el cargo para realizar la evaluación de su gestión, por cuanto consideró que este juicio es válido a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno.

En síntesis, el mecanismo de revocatoria del mandato está diseñado para defender el voto programático.

Por ello, los habitantes de un determinado municipio o de un departamento pueden pedir que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos cuando exista una de dos cosas: o insatisfacción general de la ciudadanía frente a la labor del mandatario, o cuando se presente incumplimiento del programa de gobierno.

Ahora bien, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar este derecho. En primer lugar, solo se puede iniciar este trámite hasta el momento en el que falte menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, es decir, solo durante el segundo y tercer año de gobierno. En segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no prospera.

De lograrse el umbral necesario (debe votar como mínimo el 40 % de todos los sufragios que se dieron en la votación de 2019), la votación mínima (la mitad más uno de los votos) y previo informe del resultado de los escrutinios, el registrador nacional del Estado Civil debe comunicar al Presidente de la República o al gobernador respectivo para que procedan, según el caso, a la remoción del cargo del respectivo gobernador o alcalde revocado.

Luego, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Registrador certifica los resultados de la votación, se convocará a elecciones para escoger al sucesor y no podrá inscribirse como candidato el gobernante al que le fue revocado el mandato.

pescando en el río revuelto de las elecciones

La intervención de aspirantes a la Presidencia y al Congreso de la República en el proceso revocatorio contra el alcalde Daniel Quintero le agrega un ingrediente adicional de polarización que, como lo planteó una fuente consultada por este diario, desdibuja el derecho que tienen los ciudadanos de expresar su sentir frente a la gestión del gobierno de Medellín, más allá de la contienda electoral y de los enfrentamientos entre políticos.

En ese ir y venir de declaraciones, y en su paso por la ciudad, los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño ya se han expresado a favor y en contra de la revocatoria. Recientemente, lo hizo Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, al asegurar que “esto le va a salir mal a todo el mundo. Gane el que gane, en una eventual revocatoria, la ciudad es la que va a perder”, y añadió que el proceso “se convirtió en un trofeo de los políticos (...) que de nada le sirve a la gente”. Y una cascada de reacciones se le vinieron encima, entre ellas la del exalcalde Alonso Salazar, quien vio en las palabras de Galán un apoyo a Quintero “que tiene en su equipo lo más corrupto de la clase política de Antioquia”.

En esa misma dirección, el candidato Alejandro Gaviria también cuestionó la gestión de Quintero, del que dijo “es un mal gobernante y preocupa lo que está pasando en algunos de los programas e instituciones emblemáticas de la ciudad”. Y aunque dijo que la revocatoria también es una forma legítima de participación ciudadana, “y detrás de ella no solo está el uribismo”, sí expresó algunas dudas frente al mecanismo.

Por su parte, el exalcalde Federico Gutiérrez, candidato en la coalición del Equipo Colombia, ha arreciado sus críticas contra Quintero de quien asegura “es un mar de mentiras, se dedicó a dividir, a generar odios” y se convirtió en el “jefe de debate de Petro”.

Precisamente, el senador y aspirante por el Pacto Histórico a la Presidencia es uno de los defensores más acérrimos de la gestión del alcalde y quien ha insistido en afianzar el discurso según el cual “son los corruptos quienes quieren revocar al alcalde. Le propongo a la ciudadanía no apoyar a los corruptos. Más bien revoquemos a todos los corruptos de la historia nacional”.

Y así como los presidenciales tiran y jalan la pita de la revocatoria como caballito de batalla para obtener respaldos ciudadanos en Medellín a sus aspiraciones, los aspirantes al Senado y a la Cámara también median en el debate.

Los más activos a favor de la revocatoria son los militantes del Centro Democrático, entre ellos Paola Holguín, Margarita Restrepo y Juan Espinal. En contraposición, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde; el liberal Iván Agudelo, y los integrantes del Pacto Histórico lideran la defensa del mandatario.

casos de peñalosa y petro, dos antecedentes

El Consejo Nacional Electoral ha sido crucial en otras revocatorias del país, sobre todo las tramitadas durante los periodos de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa como alcaldes de Bogotá.

El más reciente fue el caso de Peñalosa (2016-2019). Terminando el segundo año de gobierno, el 26 de octubre de 2017, la Registraduría Nacional avaló 473.700 firmas de las 706.708 que recibió y le dio vida al proceso que pretendía sacar al mandatario del palacio de Liévano. Cinco meses después, en febrero de 2018, el CNE tumbó el proceso luego de hallar posibles irregularidades en las cuentas del comité que recogió las firmas. El movimiento no pudo justificar $70 millones que dio Sintrateléfonos, el sindicato de la ETB. Los tiempos fueron más o menos así: en junio de 2017, el Fondo Nacional de Financiación Política, un brazo del CNE, entregó un informe de las cuentas del comité en el que halló las supuestas irregularidades. Luego pasaron ocho meses, entre recursos de defensa del comité, rotaciones del expediente y recusaciones de los magistrados, para que finalmente se conociera la decisión de febrero de 2018, aprobada con seis votos a favor y dos en contra.

El caso de Gustavo Petro como alcalde (2012-2015) tuvo otros matices, aunque también estuvo plagado de recursos y demandas que empantanaron los términos. El 7 de junio de 2013, la Registraduría Distrital expidió una resolución que certificaba las firmas válidas para solicitar la revocatoria del mandato, sin embargo, Petro presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que pedía la verificación de las firmas por parte de los grafólogos. El Tribunal le dio la razón al alcalde en un fallo del 25 de junio de ese año. La Registraduría cumplió ese mandato pero, tras la revisión de los grafólogos que incorporó al proceso el fallo de tutela, el organismo electoral se mantuvo en que las firmas eran válidas.

Después siguió una pelea sin cuartel con apelaciones e impugnaciones de la defensa del alcalde contra las decisiones de la Registraduría.

El proceso quedó en el aire varios meses porque pata le nació a la historia: en diciembre de 2013 el procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Petro y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, el proceso revocatorio cumplió los requisitos ante el CNE y el comité fue certificado, incluso, la Registraduría alcanzó a citar dos veces la votación de la revocatoria. Sin embargo, el 20 de marzo la Procuraduría dio por terminado el proceso al considerar que la revocatoria carecía de objeto porque Petro ya no era alcalde.

Gustavo Petro fue restituido en el cargo en abril de 2014 por el presidente Santos, pero los términos ya no dieron para que el proceso se reactivara.

¿cuál es el papel del cne en este proceso?

Cualquier campaña de recolección de apoyos para avalar mecanismos de participación ciudadana, entre los que se cuenta la revocatoria, requieren de una logística que demanda recursos.

Por eso la normatividad considera necesario salvaguardar los principios de transparencia, igualdad, participación ciudadana y pluralismo político. La Ley 1757 de 2015 establece para el promotor de cualquier propuesta sobre mecanismos de participación ciudadana la obligación de presentar ante la Registraduría del Estado Civil los estados contables de la campaña de recolección de apoyos.

En estos estados contables deben figurar los aportes, en dinero o en especie, que cada persona natural o jurídica realice durante la campaña respectiva.

La Corte Constitucional ha considerado en su jurisprudencia que la transparencia en la financiación de las contiendas electorales y, en general, en los debates que supongan la participación directa de los ciudadanos, constituye una “condición ineludible de la democracia que puede asegurarse, en una buena medida, con el debido diligenciamiento y conservación de registros contables”.

Por eso la norma es clara: el registrador no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos legales cuando el promotor no haya entregado los estados contables dentro del plazo contemplado en la ley o cuando estos reflejen que la campaña excedió los topes individuales y generales de financiamiento permitidos por el CNE. La Sala Plena del Consejo, previo análisis de las cuentas y demás documentos que considere pertinentes, expedirá la certificación respecto al cumplimiento o no de las normas contables y electorales. Sin ese aval, la revocatoria se cae. En el conocido auto que suspendió la certificación del proceso contra Quintero, el magistrado ponente le solicitó al comité revocador entregar cuatro precisiones sobre sus finanzas: 1) despejar qué pasó con el ingreso de un crédito bancario, evidenciado en el formulario 14, pero del cual no se anexó soporte; 2) aclarar por qué se anularon varias hojas del libro contable de gastos y algunas aparecen sin firmas del respectivo contador; 3) explicar de dónde salió la plata aportada por Corporados Primero Antioquia, entidad con un patrimonio verificado de $0; y 4) precisar el valor aportado para la recolección de firmas por parte de esta persona jurídica.

Las preguntas del CNE serán abordadas en la audiencia que se celebrará el próximo miércoles 26 de enero, encuentro que será la base para las decisiones que se tomen sobre el futuro de la certificación. Una claridad final: hasta que el CNE no emita su veredicto sobre los estados contables, el proceso revocatorio no podrá avanzar en la Registraduría que espera esa luz verde para que se pueda programar la votación final.

Otro plantón en el General por tercerización

  • En el plantón estuvieron algunos empleados. Fue una protesta pacífica, con pancartas y vítores. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    En el plantón estuvieron algunos empleados. Fue una protesta pacífica, con pancartas y vítores. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Publicado hace 5 horas

Armada reforzará la búsqueda de familia desaparecida en el Cauca

  • El operativo es liderado por las autoridades regionales y apoyado por bomberos municipales en una amplia zona del Suroeste. FOTO cortesía
    El operativo es liderado por las autoridades regionales y apoyado por bomberos municipales en una amplia zona del Suroeste. FOTO cortesía
Publicado hace 5 horas

Comenzaron las obras de la Biblioteca España: así será

  • La intervención tardará 14 meses y tiene un costo total, incluyendo la interventoría, de $30.800 millones. FOTO: jaime pérez
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Publicado hace 5 horas
Miguel Osorio Montoya

Comunicador Social-Periodista de la UPB. Redactor del Área Metro de El Colombiano. Entre los géneros periodísticos me inclino por la crónica.

¿Cómo salió Enka de la Ley de Quiebras?

  • En 2002, Enka atravesó por uno de los momentos más coyunturales de su historia debido a unos pasivos que ascendían a los $320.000 millones y que la llevaron a una restructuración. FOTO cortesía
    En 2002, Enka atravesó por uno de los momentos más coyunturales de su historia debido a unos pasivos que ascendían a los $320.000 millones y que la llevaron a una restructuración. FOTO cortesía
ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA | Publicado hace 5 horas

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? inaugurarán planta en antioquia

Según Álvaro Hincapié, presidente de Enka, actualmente están en la construcción de una nueva planta con un valor de US$40 millones para la producción de resina apta para contacto con alimentos. Dicha planta entraría en operación a finales de este año.

La nueva fábrica estará ubicada en Girardota, cerca de su centro actual, y les permitirá duplicar sus niveles de recolección al pasar de 3 a 6 millones botellas PET diarias.

Alejandra Zapata Quinchía

Periodista de la Universidad de Antioquia. Me gustan los temas sobre justicia ambiental, territorio y comunidades. Mi pasión: conocer historias y contarlas.

El 51,9 % de los niños entre 3 y 11 años aún no se ha vacunado contra el covid

  • Cerca de 3,5 millones de niños faltan por recibir una dosis anticovid, Foto: Camilo Suárez
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Publicado hace 5 horas

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? Hay 82 millones de vacunas anticovid

En una reciente entrevista con este diario, el viceministro de Salud (e), Germán Escobar, aseguró que el país espera que lleguen cerca de 2 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer en las próximas dos semanas y otros 2,4 millones por medio del mecanismo Covax. Escobar, además, señaló que hay cerca de 6,3 millones de dosis anticovid de Sinovac para asegurar la vacunación anticovid de niños entre tres y once años. Según el Ministerio de Salud con corte al pasado 4 de enero, a Colombia habían llegado 82.231.304 dosis anticovid.

Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

Freno al glifosato: Corte tumbó el Plan de Manejo para su uso

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Carlos López

Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.

2 gringos entre mercenarios que mataron a “Romaña” y “El Paisa”

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Jaime Horacio Arango Duque

Periodista, apasionado por el cine, la televisión y el fútbol. Egresado de la U. de A, y envigadeño de nacimiento y residencia.

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El Colombiano | Publicado el 19 de enero de 2022
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