En manos del juez 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías está la suerte del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, quien esta tarde podría decidir la solicitud de medida intramural que hizo la Fiscalía la semana pasada.
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Palacio fue imputado la semana pasada por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos junto con Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, dos ex subalternas suyas, en una audiencia donde también le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado a Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del cuerpo de bomberos de Itagüí.
¿De qué se le acusa al exdirector del AMVA, Juan David Palacio?
El caso por el que estas cuatro personas están dando explicaciones por estos días, tiene que ver con seis contratos entre el AMVA y los bomberos de Itagüí por un monto cercano a los $18.000 millones, en los cuales se habría presentado presuntas irregularidades que habrían llevado a que particulares se apropiaran de $2.481 millones, según la Fiscalía.
Para ello se habrían valido de maniobras como direccionamiento de contratos que debieron hacerse mediante licitación pero se formalizaron mediante contratación directa, pero también habría habido sobrecostos en productos y servicios, lo mismo que la falsificación de 15 facturas y recibos de pago.
Dentro de este mismo proceso ya fueron judicializados previamente el exgerente y el exjefe de la organización de socorro Misael Cadavid y Elkin González, lo mismo que la funcionaria del Área, María Yaneth Rúa, quien fungía como la supervisora de los mencionados contratos.
En la audiencia del martes pasado, el fiscal pidió la medida de aseguramiento contra Palacio consistente en detención en un centro de reclusión por considerar que hay bastante acervo probatorio sobre su participación en conductas ilícitas.
Pero además porque, en su concepto, representa riesgo para el curso de la investigación. Citó el antecedente de que antes de culminar su periodo en el Área, a finales de 2023, este nombró a 35 personas en cargos dentro de la entidad, las cuales permanecen allí y le podrían brindar información. Fuera de eso, también por los mismos días, dio la orden de formatear computadores que habrían tenido información clave: el suyo, el de su asistente y el de la Secretaria General del Área.
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Mientras tanto, para Roldán y Montoya, el representante del organismo acusador pidió medidas de aseguramiento menos severas, consistentes en la obligatoriedad de permanecer en el país y presentarse periódicamente ante una autoridad.
Luego de que el fiscal presentó estos argumentos, el turno en la diligencia de este lunes, 2 de marzo es para el representante de las víctimas, quien dijo que reforzaría los argumentos y pruebas presentadas por el fiscal 40 anticorrupción que lleva este caso. Igualmente, se espera la contra argumentación de los abogados de la defensa.
Así transcurre la audiencia
2:38 p.m. Comienza e la diligencia con la presentación de todas las partes intervinientes.
2:55: El abogado de las víctimas (Área Metropolitana), Majer Abushihab, anunció que adicionó ocho “elementos más” para reforzar la petición de prisión preventiva contra Palacio, los cuales les fueron enviados a todas las partes para su conocimiento.
Los nexos con los hermanos Quintero: ¿Hubo tráfico de influencias?
3:15: Abushihab expone una línea de tiempo que en su concepto prueba la participación de los cuatro imputados de esta última tanda dentro de este proceso.
Así comienza el relato pormenorizado de los hechos, partiendo de 2012, cuando Palacio fue elegido Secretario del Concejo de Medellín, siendo Miguel Quintero concejal. Ahí mostró un video donde el concejal Óscar Hoyos menciona el vínculo de Palacio con el corporado Quintero y Palacio en su discurso, a su vez saludó muy especialmente a Miguel Quintero, lo mismo que a sus padres y a Daniel Quintero.
Años después y tras la posesión de Daniel Quintero como alcalde de la capital antioqueña, el 2 de enero de 2020, el nuevo mandatario local hace la siguiente declaración en un acto público: “Quiero presentarles a mi candidato, que presentaré esta semanas en la junta del Área Metropolitana, Juan David Palacio; será nuestro candidato par ser el director del Área Metropolitana de Medelín”, dijo.
Luego, el 7 de enero, en reunión ordinaria, Quintero, como presidente de la junta del Área, propuso a Palacio, quien finalmente fue escogido por unanimidad ese mismo día y se posesionó de inmediato
El abogado del Área citó las declaraciones de la testigo que está colaborando con la justicia mediante un principio de oportunidad así como el contenido del chat de “amigos” del que hacía parte esta con Miguel Quintero; el subdirector del AMVA, Álvaro Villada y Jorge Enrique Liévano, el ex gerente de Metroparques.
En este cruce de mensajes se nota como Miguel Quintero daba instrucciones acerca de la contratación en el área y menciona reuniones de coordinación con JP (Juan David Palacio).
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De amigos de juventud a subdirectores ambientales
Ahí está también la conversación del 4 de abril de 2020, referente a la urgencia de nombrar a alguien “de confianza” en el área ambiental, al punto de que Miguel Quintero llegó a sugerir que fuera el propio Villada. No obstante, este no aceptó.
El 9 de julio de 2020 Villada monta una foto en el chat de “amigos” abrazado con la señora Roldán y dice: “Lista” para significar que ya había sido contratada. El esposo de esta, según el abogado Abushichab es un amigo de los hermanos Quintero en la época de juventud en el barrio Tricentenario.
El 21 de julio se posesiona esta como subdirectora ambiental y el 21 de agosto de 2020, se suscribe el primero de los contratos con los bomberos.
A los tres días fue que se realizó la reunión que fue citada en la audiencia contra Yaneth Rúa, porque harbría instruido en ella a varios miembros del cuerpo de bomberos de Itagüí sobre cómo cobrar facturas en convenios interadministrativos generando ventaja económica para la entidad de socorro.
La testigo clave: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”
4:00 p.m.. El abogado Abushihab menciona que Roldán sale el 18 de abril de 2021 por “diferencias con el director (Palacio) y al día siguiente ingresa la señora Montoya, quien había sido pareja de Miguel Quintero en la infancia en el barrio Tricentenario. Esta habría sonado inicialmente como secretaria de Ambiente de Medellín pero finalmente no fue nombrada y Villada la recomendó para ser la nueva subdirectora ambiental del AMVA.
El 29 de septiembre de 2021 Palacio convocó a los diez alcaldes a sesión virtual de la Junta Metropolitana para aprobar apropiación de vigencias futuras Daniel Quintero, como presidente de la Junta, firma el Acuerdo Metropolitano. Uno de los rubros es la “implementación de acciones para mitigación del riesgo”, donde incluyeron casi $9000 millones para dos de los contratos con los bomberos.
4:06 p.m., Abushihab recuerda un audio donde aparece Misael Cadavid diciendo que David Luna sería su formula al Senado. También habla de que se sentaron con Daniel Quintero, quien se había comprometido a ayudar con unos “carguitos”. Posteriormente Cadavid asegura que el audio está “editado” pero no dice que sea falso. “Yo soy amigo de Daniel Quintero, yo soy amigo de Luis Pérez”, le acepta Cadavid al periodista que obtuvo el audio.
4:17 p.m. El abogado del Área llama la atención acerca de que en septiembre de 2021, Diana María Montoya suscribe un contrato por más de 5.900 millones para “reducción en la exposición del riesgo” en las comunidades del Valle de Aburrá, que en su consideración es bastante abstracto para “poder hacer lo que quisieran” y para poder ejecutar en la época preelectoral en la que Cadavid era candidato a la Cámara.
En noviembre 6 de 2021 se suscribe otro contrato por $4.597 millones, también en época preectoral, e igualmente firmado por Montoya pero ahora por los bomberos suscribe Elkin González.
Por ello el abogado sostiene que se infiere que hubo una articulación para cometer los presuntos delitos que fueron objeto de la imputación.
Aduce Abushihab que además de un valor por administración que se cobraba aparte, se buscaba una rentablidad que a vece sugería sobrecostos hasta de un 400% porque tocaba cubrir los “compromisos” con Miguel Quintero.
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Además, señala que el análisis grafológico de los documentos que habría presentado Juan Gómez como cuentas de cobro y recibos dieron como resultado que estas eran apócrifas.
4:56 p.m.. El abogado de las víctimas menciona las grabaciones mostradas en las audiencias de octubre a diciembre que muestran movimientos presuntamente irregulares alrededor de estos contratos, donde se habla incluso de “maquillar” información si es necesario. Así mismo, la entrevista con la testigo que está bajo principio de oportunidad donde habla de la entrega de un BMW por parte de Misael Cadavid a Álvaro Villada, como parte del presunto pago de comisiones por los contratos, el cual fue reversado por dificultades con la transferencia de los títulos de propiedad.
5:02 p.m. Recuerda como seis meses antes de terminar su periodo, Juan David Palacio promueve una reestructuración del Área y que su único fin era atornillar a varias personas de su cuerda, las cuales siguen “atornilladas” porque fueron nombradas en provisionalidad y solo se pueden reemplazar cuando se dé un concurso público.
Del 26 de junio a noviembre se proveen 13 cargos y luego en diciembre, casi para finalizar se nombran el resto de los cargos de la reestructuración (hasta llegar a 25). “Donde más nombramientos se hizo fue en la subdirección ambiental: 8 nombramientos”, apuntó. Esta reestructuración fue demandada.
5:32 p.m. El estudio hablaba en realidad de la necesidad de proveer 128 cargos y el abogado Abushihab se pregunta luego con qué criterio se eligen los 25 cargos donde se nombraron los funcionarios. Esto para sustentar que le habría interesado ubicar a personas de su confianza, que aún siguen en el Área Metropolitana.
Pruebas de obstrucción a la justicia: computadores formateados y cámaras dañadas
Otro hecho “sospechoso”, según el abogado, fue el formateo de los equipos de cómputo del jefe de contratación, de la Secretaria General y de la asistente del director. Fue una labor que le encargaron a un contratista del AMVA, “por orden e instrucción del señor Juan David Palacio”.
El tercer indicio de que habría una intención de Palacio de obstruir la justicia, y por tanto causal de la medida de aseguramiento mientras que avanza la investigación, de acuerdo con Abushihab es la salida de funcionamiento de la cámara de seguridad que da a la entrada del archivo, en el segundo semestre de 2023 (agosto).
Cuando le notificaron a la encargada de mantenimiento hizo caso omiso y en una ocasión dijo que la reparación “no había sido aprobada” por un comité.
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Trae a colación también un diálogo grabado a mediados de 2024, entre Yaneth Rúa y una compañera suya de nombre Sara, donde que la primera dice “Sara, no podemos dejar sin revisar lo que se perdió, lo que les robaron a los bomberos (...) Acuérdese que no se puede hablar de pérdida sino de robo”.
Según el defensor del Área, luego hablan de un contrato 308 de 2024 que al verificar solo se adjudicó apenas en septiembre de ese mismo año y esto significaría que a la fecha de la conversación aún no existía. “Eso lo que nos indica es que la señora Yaneth a través de otros funcionarios o contratistas vienen a tejer coartadas, lo cual advierte que es un servicio para los que allí los dejaron”, dice el abogado. El motivo de traer a colación este hecho sería sustentar que Palacio tiene aún forma de incidir a través de terceros que están dentro del Área en manipulación de información.
Apunta además que era el hermano del alcalde el que disponía la contratación en el Área Metropolitana y “esto es absolutamente grave”.
5:55 p.m. Para terminar, Abushihab puntualizó que la “única medida idónea y necesaria” para Juan David Palacio es la privación de la libertad en un centro carcelario porque de lo contrario tendría la posibilidad de tener contacto bien sea telefónico o personal con las personas que estarían bajo su influencia y que permanecen aún en el Área.
6:03 p.m. El abogado de Juan David Palacio, Andrés López, pide un plazo de unos 15 días para la defensa poder analizar lo puesto en escena por el fiscal y el abogado del Área Metropolitana y si es del caso recoger pruebas que puedan controvertirlos.
6:09 p.m. El juez concede un plazo hasta el jueves 12 de febrero a las 2:30 p.m., para continuaría esta diligencia escuchando a los abogados defensores de los imputados.
Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Quién es Juan David Palacio y por qué lo investigan?
- Es el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La Fiscalía lo investiga por peculado y celebración indebida de contratos relacionados con un convenio de $18.000 millones con bomberos de Itagüí.
- ¿Qué relación tiene Miguel Quintero en este caso?
- Testigos afirman que Miguel Quintero (hermano del exalcalde) daba instrucciones sobre contratación en el AMVA y que personas de su círculo íntimo, como su expareja Diana Montoya, fueron nombradas en cargos clave.
- ¿Por qué piden cárcel para el exdirector del AMVA?
- La Fiscalía y las víctimas piden medida intramural porque consideran que Palacio puede obstruir la justicia, citando el formateo de computadores y el nombramiento de 35 personas para mantener influencia en la entidad.
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