El proceso judicial contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores en el Distrito Sur de Nueva York retoma su curso mañana en una jornada que definirá la viabilidad de su estrategia de defensa. Tras su captura el pasado 3 de enero de 2026, la pareja enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y uso de armas pesadas, delitos que, según el Código Penal de los Estados Unidos, conllevan una pena mínima de 30 años y una máxima de cadena perpetua.
La audiencia programada ante el juez federal Alvin Hellerstein se centrará en la “ofensiva legal” presentada por el abogado defensor Barry Pollack. De acuerdo con reportes de CNN en Español y la BBC, la defensa sostiene que el Gobierno estadounidense ha bloqueado el acceso a los fondos necesarios para costear una representación privada de alto nivel, lo que constituiría una violación al debido proceso.
El argumento de la insolvencia frente a los activos incautados
La defensa ha radicado declaraciones juradas en las que Maduro y Flores se declaran “insolventes”. El argumento central es que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impiden que el Estado venezolano o entidades privadas transfieran fondos para sus honorarios legales. Sin embargo, este reclamo choca con la evidencia presentada por el Departamento de Justicia.
Documentos judiciales citados por medios internacionales indican que las autoridades estadounidenses han identificado y bloqueado activos vinculados a la pareja por un valor cercano a los 700 millones de dólares solo en jurisdicción norteamericana. La investigación financiera, que incluye rastreos en paraísos fiscales, estima que la red de corrupción movilizó hasta 4.000 millones de dólares. Entre los bienes confiscados figuran propiedades de lujo en Florida y República Dominicana, además de una colección de vehículos de alta gama.
La Fiscalía ha sido enfática: si los acusados no pueden costear su defensa con fondos lícitos, el tribunal debe asignarles defensores públicos. Para Pollack, esto es inaceptable, dado que la complejidad del caso requiere un equipo especializado que ya ha trabajado en la recopilación de pruebas durante los últimos meses.
Cilia Flores: de “Primera Combatiente” a operadora logística
Un aspecto crítico que se discutirá mañana es la ampliación del pliego de cargos contra Cilia Flores. Según documentos obtenidos por la prensa, la Fiscalía ya no la considera solo una figura política acompañante, sino una “estratega operativa” dentro de la estructura criminal.
Los cargos contra Flores incluyen la supervisión de redes de tráfico de cocaína y la coordinación de acciones coercitivas para asegurar los pagos de la droga. La acusación formal sostiene que utilizó su influencia política para facilitar la logística del “Cártel de los Soles”, permitiendo que aeronaves cargadas con estupefacientes despegaran desde pistas militares venezolanas con destino a Centroamérica y Estados Unidos.
El contexto de la captura y la reacción internacional
La reactivación del juicio ocurre en un clima de alta tensión geopolítica. Maduro y Flores fueron capturados en Caracas durante la “Operación Resolución Absoluta”, un despliegue que contó con el respaldo de sectores de las fuerzas armadas venezolanas y agencias de inteligencia extranjeras.
Mientras que la actual administración encargada en Venezuela, bajo el mando de Delcy Rodríguez, ha intentado distanciarse del proceso para evitar mayores sanciones, aliados históricos como Rusia han denunciado el juicio como una “instrumentalización del sistema judicial con fines políticos”. Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump ha reiterado que el caso es una victoria contra el “narcopopulismo” que desestabilizó la región por más de dos décadas.
Lo que se espera de la audiencia
Se prevé que el juez Hellerstein tome una decisión sobre dos puntos fundamentales: 1. La procedencia de los fondos: Determinar si existe alguna vía legal para que la defensa acceda a cuentas congeladas para el pago de honorarios. 2. El calendario del juicio: Establecer la fecha de inicio del juicio oral, que la Fiscalía solicita para el segundo semestre de 2026, dada la magnitud de la evidencia testimonial que incluye a más de 20 colaboradores protegidos.
Mañana 26 de marzo a las 10:00 a.m., el sistema judicial de Nueva York pondrá a prueba la solidez de una acusación que busca cerrar uno de los capítulos más complejos de la historia contemporánea de América Latina.
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