El testimonio de Misael Cadavid permitiría dar un salto cuántico en el proceso penal que se lleva por la presunta corrupción que habrían sufrido el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y muchas esferas de la administración de Medellín entre los años 2020 a 2023, hasta el punto de comprometer la posible responsabilidad del exalcalde Daniel Quintero.
El caso específico en el que el exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí está dando su versión se refiere a la celebración supuestamente irregular de seis contratos por casi 18.000 millones de pesos del AMVA con el mencionado cuerpo de socorro, entre los años 2021 y 2022.
En octubre del año pasado fueron capturados Cadavid, el exjefe de la misma organización bomberil, Elkin González, y la exfuncionaria del Área María Yaneth Rúa. Los cargos que les imputaron fueron peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos.
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Cadavid y Rúa fueron cobijados por medida de aseguramiento en un comienzo, pero posteriormente el primero quedó en libertad cuando le fue aceptada su colaboración dentro de la figura de un principio de oportunidad.
En enero de este año y dentro del mismo proceso, la Fiscalía sumó las imputaciones al exdirector del AMVA, Juan David Palacio; a las exsubdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya, lo mismo que a Juan Alberto Cardona, quien ha fungido como tesorero y contador de los bomberos. Los cargos se repiten para los funcionarios, en tanto que al cuarto de ellos es por supuesta falsedad en documento privado.
En febrero pasado un juez de control de garantías no avaló una petición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Palacio, en una decisión de primera instancia, y hoy, en la audiencia que está programada a partir de las once de la mañana, se anunciaría qué determinación tomó otro juez de segunda instancia después de que los abogados de las víctimas y la Fiscalía apelaran. Es decir que se definiría si sigue afrontando el proceso libre o tras las rejas.
Igualmente, en esta diligencia, se espera conocer si los jueces avalaron las peticiones de principios de oportunidad que instauraron Rúa y González. El gran reto para ellos era demostrar si poseen información que sea valiosa para esclarecer el tinglado de corrupción. Pero además, los elementos deben ser complementarios y no reiterativos a lo que ya han dicho tanto Cadavid como otra testigo que estuvo implicada en las presuntas irregularidades dentro de otra contratación: la del Área con varias empresas que se habrían cartelizado para obtener de forma tramposa contratos por otros $18.000 millones relacionados con obras y mantenimiento en el Parque de las Aguas.
El desafío no es menor si se tiene en cuenta que, hasta ahora, la primera testigo con principio de oportunidad entregó información apoyada en chats, audios y fotos que implicarían a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero; al exsubdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada, y al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano.
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Y según conoció EL COLOMBIANO por fuentes cercanas a este proceso, las declaraciones de Cadavid serían todavía más explosivas en el sentido de que no solo reafirmarían esos señalamientos sino que estarían permitiendo unir otras piezas del rompecabezas que escalarían incluso hasta el propio exalcalde Daniel Quintero.
Vale la pena recordar que los contratos con el cuerpo de Bomberos de Itagüí se firmaron entre finales de septiembre de 2021 y octubre de 2022, por concepto de capacitaciones, otras acciones de fortalecimiento de cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá y suministro de elementos de bioseguridad para actuar en el marco de la pandemia por el coronavirus.
Una de las cosas que objeta la Fiscalía es que para ellos no hubo una licitación sino que los contratos habrían sido direccionados con el fin de beneficiar a Cadavid, quien habría utilizado parte del dinero para financiar su campaña política con la que pretendía alcanzar una curul en la Cámara de Representantes, en marzo de 2022, aunque se “quemó”.
El exalcalde Quintero habría aparecido de la siguiente manera: fue él como presidente de la Junta del Área el que nominó a Palacio para que los mandatarios metropolitanos lo eligieran director de la entidad que hace las veces de articuladora del desarrollo y autoridad ambiental en los diez municipios del Valle de Aburrá, el 7 de enero de 2020.
Acá hay que recordar que Palacio fue asistente de Miguel Quintero cuando fue concejal de Medellín (2012 a 2015) y múltiples versiones que hacen parte del expediente de la actual investigación indican que el hermano del entonces alcalde habría sido el poder detrás del poder en el AMVA, de manera que Palacio seguía sus órdenes.
La otra pieza es el Acuerdo Metropolitano 21 del 7 de octubre de 2021, que autorizó a Palacio para que utilizara vigencias futuras por $141.366 millones para financiar varios proyectos que se ejecutarían entre 2022 y 2023.
Cadavid habría dicho que ese fue un marco que permitió financiar los contratos con los bomberos de Itagüí.
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Y el elemento adicional que los investigadores de la Fiscalía están analizando, a ver si encaja, es el audio divulgado por el portal periodístico Vorágine, a finales de 2021, en el cual Misael Cadavid alude a que el alcalde Daniel Quintero colaboraría con la campaña política en la que él iría para la Cámara y David Luna para el Senado.
“Te cuento que el lunes pasado (...) nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, le dice Cadavid a un destinatario de la comunicación cuyo nombre no fue divulgado por el medio para no entorpecer una posible investigación.
Luego, le sugiere a la otra persona que le envíe su hoja de vida a alguien “porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”.
Aunque el audio fue difundido el 21 de noviembre de 2021, no es claro la fecha en que se produjo la conversación y ese sería un dato crucial.
Según habría revelado Cadavid recientemente dentro de su matriz de colaboración con las autoridades, los contratos se habrían inscrito dentro de esa ayuda prometida por el entonces mandatario de Medellín. Pero además estaría revelando datos significativos que develarían cómo habría operado la corrupción en otras instancias de la administración distrital.
“Cobraban mordida del 20%”
La primera implicada en la corrupción del Área Metropolitana que empezó a colaborar con la justicia afirmó que por cada contrato en esa entidad cobraban un 20% de comisión. “Diez por ciento era para Miguel y el resto para repartirlo entre ellos”, dijo refiriéndose al hermano mayor del entonces alcalde y al combo de amigos que él mismo había ubicado alrededor del AMVA y de Metroparques, entre los cuales estarían Villada, Liévano, María Eugenia Domínguez y Juan Pino.
La testigo, quien también era funcionaria y amiga de ellos, mencionó que esa forma de actuar además se habría replicado en el Instituto de Deporte y Recreación (Inder) y en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), otras dos dependencias de la administración de Medellín en las que Miguel Quintero también, según ella, daba igualmente órdenes.
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Las coimas, al parecer, eran entregadas en efectivo y en algunas ocasiones se valían de “regalos” como carros y otros elementos de lujo. De hecho, esta mujer les entregó a las autoridades los mensajes que se cruzaban por WhatsApp en los que Miguel chicaneaba con un automóvil Ferrari y un reloj Rolex, los cuales habría obtenido de esa manera, de acuerdo con el testimonio.
Sería el segundo caso que lo enloda
Este sería el segundo caso de presunta corrupción que alcance de manera directa al exalcalde Quintero.
En otro proceso en etapa de juicio, él está acusado de presunto peculado por apropiación y prevaricato. Es el escándalo por el negociado alrededor de Aguas Vivas. En diciembre de 2019, este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir obligaciones urbanísticas, pero en la administración de Quintero intentaron que el Distrito pagara más de $40.500 millones a dos empresas y una persona; luego, devolvieron el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal. Para rematar, debido a que fracasaron los intentos previos por presuntamente favorecer a los particulares, expidieron un decreto que ampliaba la posibilidad de uso del predio y lo valorizaba.
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