Tomarle el pulso al mercado inmobiliario es fácil. Las cifras son generosas: sabemos que en el primer semestre de este año en Antioquia se vendieron 11.000 viviendas, 30% más que en el mismo periodo del 2024; que los extranjeros compran una de cada cuatro viviendas que se ofertan en Medellín; que en esta ciudad el metro cuadrado sube de precio más que en cualquier otra parte del país: 10,3% en el último año; que hay casi 40.000 familias que necesitan un techo en la capital de Antioquia, y hay cerca de 200.000 que tienen que hacer reformas.
Los bancos saben cuántos créditos hipotecarios se entregan a diario, y el Gobierno y las cajas de compensación tienen claras las cuentas de los subsidios. Pero hay un dato que nos falta, que no tienen ni los gremios, ni los gobiernos, ni las cajas de compensación, ni los medios de comunicación, ni Google, ni ChatGPT: el número de estafados en el mercado inmobiliario.
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Miles de familias en Medellín invirtieron sus ahorros con la ilusión de tener su primera vivienda o una fuente alternativa de ingresos. Pero, tras años de espera, incumplimientos, conflictos y litigios, lo único que ha crecido en esos terrenos es la maleza, no las familias que soñaron ver allí su futuro.
No hay estadísticas oficiales: la secretaría de Gestión y Control Territorial dice que solo interviene cuando se incumplen los requisitos de la licencia de construcción, y entre esos, al parecer, no está terminar las obras. El Dagrd solo interviene cuando están en riesgo de caerse, y la justicia solo lo hace cuando los defraudados se tienen que gastar lo de la nevera y la lavadora nueva en un abogado para pelear contra constructoras y fiduciarias no pocas veces millonarias.
Lo único que queda son estimaciones a ojo de buen cubero y un recorrido por cada barrio preguntándoles a los vecinos cuánto tiempo llevan esas columnas sembradas en la esquina, o esos adobes que se ha ido comiendo el sol. Hace cuánto que dejaron de sonar los taladros o los martillos. Hace cuánto se cansaron los dueños de hacer manifestaciones.
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Como un virus, la epidemia de obras sin terminar se expandió por toda la ciudad, especialmente después del Covid-19. Aunque parece haber más casos en barrios populares, existen edificios abandonados pero vendidos en El Poblado y en Loreto, en Laureles y en Aranjuez. También se ven en Envigado, Sabaneta, Itagüí, Bello y por todo el Valle de Aburrá. Hacer el censo es complejo. Aquí hay cuatro casos.
Verticall: ni hotel ni apartamentos
Andrea*, una reconocida cirujana plástica, pagó en los primeros meses del 2021 $160 millones de la cuota inicial del apartamento de 80 metros, a donde pensaba irse a vivir con su hija cuando le llegara la edad de la jubilación, en 2026. Por los mismos días de 2021, Francisco*, un curtido abogado, pagó $500 millones de cuota inicial por el suyo, donde se iría a vivir con su esposa y sus dos hijos. Verónica* y su esposo no compraron uno sino dos apartamentos, uno para ellos y otro para la suegra. Para aprovechar un descuento, dieron más de $1.000 millones de contado, producto de la venta de la casa materna de la suegra, una mujer de más de 80 años.
El proyecto era un lujo: Verticall, construido por Arconsa, una constructora con 80 años de historia, y respaldado por la Fiduciaria Bancolombia, prometía ser uno de los proyectos más exclusivos de la ciudad: los cinco primeros pisos iban a ser un hotel de cinco estrellas y en las plantas de arriba serían más de 50 apartamentos, también de cinco estrellas, de entre 80 y 120 metros cuadrados, y entre $800 y $1.200 millones. La fiduciaria desembolsó la plata en 2022 porque supuestamente ya el constructor había cumplido las condiciones, pero resultó que no era así. Al parecer, la constructora fingió la venta del hotel para demostrar un punto de equilibrio que no existía. Desde marzo de 2023 no se da una palada en el lote. La constructora dice que el proyecto ya no es viable con los apartamentos prometidos. Arconsa entró en reestructuración en 2024. Según su gerente, Juan Camilo Ospina, de 18 proyectos que tenían con problemas ya han solucionado 15. Verticall es uno de los que falta, pero asegura que “todos los días” busca soluciones para devolver la plata.
Ciudadela Antares: a medias y sin respuesta
En 2021, después de la muerte de su padre, Carolina y su hermana pagaron con los $20 millones de la herencia la cuota inicial de su primera casa propia. Diana, otra compradora, también pagó con su hermana, en 2017, $50 millones que había conseguido de los ahorros de su trabajo en el exterior limpiando casas y cuidando niños.
Eran apartamentos pequeños, de menos de 40 metros cuadrados, en la torre 7 de la Ciudadela Antares, uno de los proyectos más ambiciosos de vivienda de interés prioritario (VIP) en el Centro Oriente de la ciudad en las últimas décadas, un complejo residencial ubicado en Loreto con 9 etapas e igual número de torres para un total de 1.274 apartamentos construidos por la firma Antares.
Como respaldo de la inversión estaba Acción Fiduciaria que, como cualquier otra, prometía proteger el dinero hasta que la construcción estuviera asegurada financieramente.
Cosa que no ocurrió, según el abogado Jhon Morales, director de la firma Dumed, que representa a casi una decena de compradores que llevan años esperando o su vivienda o su dinero, ya desvalorizado.
Según Morales, ante los retrasos en los trabajos, el constructor les hizo firmar una planilla en la que le pedían a la fiduciaria que le entregara el dinero y esta así lo hizo.
Pero para sorpresa de más de un centenar de personas, las obras pararon después de la entrega de la torre 6 y de eso hace ya casi un lustro. Carolina y Mónica dicen que la constructora y la fiduciaria no les volvieron a contestar el teléfono celular ni los correos, y que se quedaron sin herencia, ni ahorros ni casa propia. Ahora, en el lote donde alguna vez pensaron que iban a vivir hay un nuevo letrero amarillo de la Curaduría, que dice que Davivienda es el nuevo dueño de un proyecto inmobiliario que pronto empezarán a vender.
Mirador del Diamante: sigue en bruto
En la fachada del edificio, a un costado del restaurante de comida china que funciona en el primer piso, hay un aviso amarillo que anuncia que John Chica Tobón pidió el pasado 8 de julio una nueva licencia de construcción para el edificio Mirador del Diamante, en Robledo, que tiene, en papeles, 28 pisos, 115 viviendas, un local de arroz chino, 49 parqueaderos de carros y 54 parqueaderos de motos.
A menos de 10 metros, sobre la misma fachada, hay otro aviso, este de color blanco y letras rojas, que dice “Sellado”, por la Promotora Amiga S.A.S, el agente liquidador que nombró la Alcaldía de Medellín en 2022 para este edificio de casi 30 pisos en un barrio residencial donde los vecinos más altos tienen cinco, y que lleva más de una década de construcción.
Felipe* tenía 27 años y estaba recién casado en 2012 cuando compró el que iba a ser su primer apartamento en pareja. Le prometieron que iba a estrenar a más tardar en 2015, y pagó casi $20 millones de cuota inicial. La Constructora Amiga (así se llamaba), liderada por Ignacio Galeano (a quien llamamos y no nos contestó), un conocido constructor y hombre de negocios en el nororiente de Medellín, ya había hecho varios edificios en la zona y eso les dio confianza a Felipe y a más de 50 personas que desde hace más de una década han comprado su vivienda en un edificio en el que no se vacía un costal de cemento desde hace más de 7 años.
En diciembre del 2020 el constructor se declaró en liquidación y solo en septiembre de 2022 la Subsecretaría de Control Urbanístico designó a un liquidador para el proyecto. Los compradores pagaron más de $4.918 millones que a diario se devalúan al sol y al agua, mientras el liquidador encuentra quien compre el proyecto que tiene un avance de obra del 37%.
Edificio Berlín: el más alto y el más demorado
Las redes sociales lanzan a la fama a las personas o a las cosas más insospechadas: hace un par de meses le tocó al edificio Berlín, en Aranjuez, del que decían que sería, una vez terminado, el edificio más alto del mundo, pero es difícil saber qué es más improbable: que el edificio más alto del mundo quede en Aranjuez o que algún día lo terminen.
Berlín y Mirador del Diamante serían las Torres Gemelas criollas si no fueran por las calles que los separan: vendidos por la misma fecha, por el mismo constructor y dejados a la intemperie sin puertas ni ventanas, estos dos edificios de Vivienda de Interés Prioritaria (con esa excusa pudieron levantar 30 pisos en zonas donde el POT no permite normalmente más de cuatro o cinco) ya han visto envejecer casi una generación a sus compradores: los recién casados ya se divorciaron, los recién nacidos ya son adolescentes y los recién pensionados ya se murieron.
Los sobrevivientes se organizaron en 2023 e invadieron el edificio. Sacaron a los vigilantes y entraron las colchonetas y una cafetera. Eran casi 50 personas que se rotaban en turnos de día y noche, y así estuvieron más de 100 días exigiendo la vivienda que compraron, desde el 11 de octubre del 2023 hasta el 1 de abril del 2024, cuando salieron por sus propios medios tras llegar a un acuerdo con los constructores en el que estos se comprometieron a entregar antes de que se acabe el 2026.
Berlín, a diferencia de Mirador, no ha sido intervenido, y el próximo año es el último plazo que dio la Curaduría Cuarta, que ha permitido la expansión y la modificación de la licencia de construcción, por lo menos cinco veces desde el 2011.